Junio de 2008. Apenas llevo 3 meses como ministro de Industria, Turismo y Comercio (además de Energía y Telecomunicaciones), pero la agenda es enloquecida. Mi colega, el ministro de Asuntos Exteriores (MAE) español me pide que vaya a Arabia Saudí el fin de semana, para asistir a una reunión internacional de ministros de energía en Jedah. No era un viaje previsto en la agenda, era fin de semana y me resistí porque mi equipo estaba muy tensionado. El ministro me insistió, porque se trataba de un deseo personal del rey Abdalá, importante para las relaciones de Estado y me ofrecía uno de los Falcon para ese viaje, poder estar de vuelta el domingo por la noche y no tener que alterar más la agenda. Y allá que nos fuimos.

El rey, en efecto, estaba muy contento con mi presencia y, cuando íbamos a despegar de vuelta, un emisario real trae a pie de pista un regalo envuelto en papel de seda. Se trataba de una bonita cartera de piel. Como yo tenía varias, le ofrecí el regalo a los miembros de mi equipo, que se habían sacrificado tanto o más que yo con este viaje. El asesor que se quedó con la cartera, cuando ya estábamos en vuelo, descubrió que la cartera no estaba vacía. Contenía diversas joyas: una pulsera, unos pendientes, un anillo, todos de esmeraldas y brillantes, así como un reloj de brillantes. Todos ellos aparecen en la foto que encabeza este artículo.

Nuestro avión aterrizó en el aeropuerto militar de Torrejón, donde me esperaba el coche oficial, también a pie de pista, para trasladarme a mi domicilio, pues ya era una hora bastante intempestiva. Pedí a mi equipo que las joyas las llevaran al Ministerio al día siguiente, para ver qué hacía con ellas. Y ahí surgió el debate. Mi equipo estaba dividido sobre qué hacer con el obsequio, las secretarias me señalaban que todos los ministros se llevaban sus regalos, pues eran personales.

Consulté a mi oficiala mayor, la recientemente fallecida Laura Morso, que me indicó que lo habitual era que los obsequios se los quedaran los ministros, pues se trataba de regalos a la persona y, más en mi caso, cuyo motivo era satisfacer un empeño personal del monarca saudí. Me dijo que no había un protocolo establecido, que no se trataba de renta en especie, porque no era remuneración por ningún trabajo (los ministros nunca cobramos por ningún servicio, dentro o fuera de España), por lo que no se tenía que declarar y que era una decisión personal mía.

Nunca pudimos sospechar el valor de esas joyas, a nadie se le ocurrió pedir una valoración a Ansorena ni a ningún joyero. Tampoco quise elevar el tema al resto del gobierno y, discretamente, mandé construir una vitrina en la sala de espera de las visitas al Ministerio, donde iríamos colocando todos los regalos de un cierto valor y ahí siguen, propiedad de Patrimonio Nacional y convenientemente registrados.

Nunca he considerado que dejarlos en el Ministerio en vez de llevármelos a mi casa, fuera una decisión “moralmente superior”. Detesto la moralina puritana que se ha instalado en nuestro país y nunca he sacado pecho de este gesto. Tampoco lo he mantenido en secreto, pues las joyas están a la vista del que quiera verlas. He guardado un discreto silencio sobre este episodio hasta hoy, en que ya no puedo soportar más las barbaridades que se están diciendo, en medios y redes, sobre las joyas encontradas en el registro del despacho profesional de Zapatero.

Me repugna escuchar que las joyas estaban “ocultas”. Curioso lugar para “ocultar” unas joyas: guardarlas en un despacho. Siempre he considerado “ocultar” el dárselas a otra persona, enterrarlas, esconderlas en un altillo o, si me apuran, llevarlas a una caja de un banco. Pero ¿tenerlas a la vista en una caja fuerte de un despacho es “ocultar”? Es el lugar habitual para guardar, y eso es lo contrario a “ocultar”.

Lo segundo que me repugna es apelar al “origen turbio” de las joyas. No hay ningún origen turbio. No lo hubo en mi caso y, con toda seguridad, no lo habrá en el caso de Zapatero. Se tratará de un regalo de algún país árabe con motivo de alguno de sus viajes. En cuanto vi sus fotos en la prensa, por cierto, un secreto revelado a toda la población, pese a tratarse de muchas joyas familiares, violentando su derecho a la privacidad, vi que algunas de ellas guardaban una semejanza con las que yo había recibido en 2008 y que adjunto en la foto. Ni turbio ni remuneración por ningún servicio.

Y lo tercero que más me repugna es la hipocresía de la clase política española con respecto a este tema. Sobre todo, del Partido Popular, que ha gobernado 15 años en España, algunos de ellos con importantes negocios bilaterales con Arabia Saudí, como, por ejemplo, el AVE de La Meca a Medina. ¿Es que hemos sido Zapatero y yo los únicos ministros, presidentes de gobierno, alcaldes o presidentes de comunidades autónomas que hemos recibido joyas o regalos valiosos de los países árabes? Por mis sesgos cuantitativos, sé que la probabilidad de ese suceso es cero. No hemos podido ser los únicos. Por otra parte, ¿en serio se puede considerar “contrabando” aceptar un regalo personal y llevártelo a tu casa? ¿Por qué no se ha llenado entonces la vitrina ya habilitada en el Ministerio? ¿De verdad hay que declarar todos los regalos que se reciban? Es posible que en la actualidad lo sea, lo desconozco, porque llevo 15 años fuera de la política. Pero no lo era en 2008. E insisto, no me parece “moralmente superior” el dejarlo en una vitrina en el ministerio correspondiente. Es una opción personal tan aceptable como la otra.

Para terminar, por mis sesgos estadísticos, considero imposible que España haya sido el único país al que los monarcas del Golfo hayan hecho regalos. Pero no conozco ningún otro Estado en el que esto haya sido motivo de escándalo nacional y de vapuleo personal de una familia. Esta hipocresía no nos la merecemos como país.

Se cumplen ahora 15 años de la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), que el Gobierno de Zapatero había conseguido eliminar en 2008, tras años de intensa lucha ideológica, fundamentalmente con parte de la izquierda, pero también con elementos de la derecha española, que siempre se manifestó a favor de este impuesto.

Con razón este impuesto se mantuvo durante tantos años, pese a que fue instaurado en 1978 de forma “excepcional” en un país que no tenía IVA y donde el IRPF era un instrumento débil y poco consolidado, por lo que se tenía poca información sobre las verdaderas rentas de los contribuyentes. Pese a que siempre ha estado sujeto a una fuerte controversia, el impuesto ha tenido una relevancia cuantitativa casi testimonial.

En el gráfico presento su recaudación en términos del PIB nominal desde 1993 hasta 2024, el último año disponible. Desde ese año, la recaudación promedio en los años en los que estuvo vigente apenas ha alcanzado el 0,15% del PIB, con oscilaciones en función de las fluctuaciones cíclicas de los precios de los activos, tanto financieros (la Bolsa) como inmobiliarios. Y en los datos encontrados desde 1978 a 1985, el promedio fue incluso menor: el 0,09% del PIB.

Sirva como ejemplo la recaudación del último año disponible, la correspondiente a las declaraciones de 2024 liquidadas en 2025. El total del IP ascendió a 2.133 M€. Como referencia comparativa, el coste anualizado de subvencionar el gasóleo y la gasolina durante 2023 ascendió a unos 5.600 M€. Y las rebajas recientes de la fiscalidad a carburantes y electricidad, unos 5.000 M€ en términos anualizados. Es decir, más del doble de lo que se recauda por el Impuesto sobre el Patrimonio.

Para entender por qué considero que su recuperación es un acontecimiento “triste”, conviene recordar su cronología, que consta de 3 etapas:

1. Orígenes y consolidación (1977 - 2007). En 1977 se crea el “Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas” para conocer la riqueza real de los ciudadanos y facilitar el control del IRPF. En 1991 el impuesto pierde su carácter extraordinario y se integra de forma permanente en el sistema tributario español. Y su recaudación se cede a las Comunidades Autónomas, permitiéndoles modificar el mínimo exento, la tarifa y las deducciones.

2. Supresión (2008 - 2010). Mediante la Ley 4/2008, el Gobierno Zapatero, tras años de debate finalmente decide suprimir el gravamen. Esto se articuló estableciendo una bonificación del 100% en la cuota, lo que en la práctica eliminó el pago del impuesto sin derogar la ley. En el gráfico se recoge la recaudación cero durante esos años.

3. Restablecimiento (2011 - actualidad). Tras la crisis financiera, y a petición del candidato a las elecciones por el PSOE, el Gobierno Zapatero aprueba el Real Decreto-ley 13/2011 que restablece el impuesto, pero sólo con carácter temporal para reforzar las cuentas públicas, muy deterioradas por la crisis financiera e inmobiliaria. Pero su recuperación sólo debería durar dos años, a partir del cual, el impuesto se caería definitivamente. Pero fue el gobierno de Rajoy y, en particular, su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el que decidió consolidarlo nuevamente. Por eso, se puede afirmar que, si en España existe el Impuesto sobre el Patrimonio, es gracias (o por culpa de) Rajoy-Montoro.

Es cierto que algunas CCAA decidieron bonificarlo al 100% y que, para evitar ese grado de libertad de las CCAA, en 2022 el gobierno Sánchez crea el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Se trata de un impuesto sustitutivo diseñado para gravar los patrimonios superiores a 3 millones de euros a nivel nacional y evitar que regiones con bonificaciones totales (como Madrid o Andalucía) dejen a cero la tributación por riqueza.

Los argumentos que convencieron a Zapatero a eliminar el IP, tristemente recuperado hace ahora 15 a años, son de sobra conocidos. Ya hemos visto que no cumple con el criterio de suficiencia. Desde un punto de vista de la equidad, que es el argumento que suelen utilizar los partidarios de este impuesto, hay que tener en cuenta dos cuestiones clave. La primera, que los verdaderamente ricos, nunca han pagado este impuesto porque se refugian en sociedades que, además, pueden trasladarse fácilmente a otros países de la UE.

Pero, además, a los defensores del IP se les olvida una cuestión clave: la “equidad horizontal”. Es decir, tratar por igual a dos personas iguales desde el punto de vista de los ingresos. Supongamos que dos ciudadanos ganan todos los años 100.000 euros. Se trata, sin duda, de una buena renta, por la que tributarán ambos un IRPF, el que sea. Y ambos pagarán lo mismo. Hasta ahí funciona la equidad horizontal. Pero supongamos que uno de ellos, con gran esfuerzo, consigue ahorrar 50.000 euros cada año, mientras que el otro se lo gasta todo. Le encantan los restaurantes de lujo, los coches deportivos y los viajes de placer. Nada que objetar. Pero, al cabo de 20 años, el primero habrá acumulado un patrimonio de 1 millón de euros, mientras que el segundo no tendrá nada. ¿Sería “equitativo” ponerle un impuesto adicional al primero por ser “rico”? ¿Es que acaso no han tenido los dos la misma renta a lo largo de su horizonte vital? Claramente el IP viola la equidad horizontal. El ahorrador seguirá pagando impuestos de la renta derivada de su patrimonio, eso nadie lo discute, pero no debería pagar otro impuesto más por el stock acumulado con su esfuerzo, impuesto que el segundo evita gracias a su forma de vida, no porque haya tenido menos renta.

El tercer argumento es el de la eficiencia. Es decir, que no perjudique el crecimiento económico a largo plazo. El IP distorsiona la decisión de ahorro, que es igual a la inversión y la que garantiza el crecimiento. Nos quejamos de depender mucho de los hombres de negro o de los mercados financieros. Pero no entendemos que ello se debe a nuestra escasa cultura de ahorro. El IP va en contra de esa cultura. Casi todos los países europeos lo tienen claro. Este no es un buen impuesto y casi ningún país lo tiene. Y los que lo tenían, lo abolieron. Es el caso de Francia en 2018, o de Suecia y Finlandia en 2006-07, más o menos en la misma fecha en la que lo hicimos nosotros, o de otros países europeos en los años 90. Destaca el caso de los países nórdicos, salvo Noruega. Tienen un estado del bienestar robusto y una notable presión fiscal. Pero no tienen este impuesto. Porque saben que no cumple ni la suficiencia, ni la equidad ni la eficiencia.