“Sí se puede, claro que se puede”, gritaba un grupo de sindicalistas mientras se llenaba este jueves el Palacio de Vistalegre de Madrid. Varios miles de personas han asistido a un acto del sindicalismo europeo en la capital que quería mandar justo ese mensaje a la población y gobiernos de la Unión Europea. Que se puede crecer económicamente, ser líderes en creación de empleo, avanzar en derechos laborales y defender la paz. “España es el ejemplo”, ha sostenido Esther Lynch, secretaria general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES).

Bajo el lema ‘Europa en democracia. Trabajo decente, justicia social y paz’, el sindicalismo europeo ha concentrado a unas “10.500” personas en el palacio de congresos, según las centrales sindicales españolas CCOO y UGT, organizadoras del acto. Sindicatos de Bélgica, Francia, Italia y Noruega, entre otros países, han subido al escenario con sus banderas nacionales en la apertura del acto, arropados por un largo aplauso.

“Habéis venido al país del 'No pasarán'”, ha saludado a la audiencia extranjera el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en medio de una gran ovación.

En el acto, que se desarrolla esta mañana, intervendrá la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que también ha sido reconocida con aplausos por su liderazgo de las políticas laborales dentro del Gobierno español.

España como “prueba del éxito” de las políticas sindicales

Antes de empezar el acto, Esther Lynch ha señalado a España como “el ejemplo para el resto de la Unión Europea” de que se puede gobernar de manera “exitosa” aplicando políticas que reclaman los sindicatos, como el aumento del salario mínimo, el refuerzo de la negociación colectiva y el avance en derechos laborales.

Con estas medidas, España se ha situado a la cabeza del crecimiento de la economía y del empleo en toda Europa. Y no lo dicen los sindicatos, ha destacado la líder del CES, sino organismos como la OCDE y el FMI.

“España ha probado que aumentando el salario mínimo hay más trabajo y dinero en el bolsillo de los trabajadores”, ha celebrado Esther Lynch. “Así es como podemos ser más competitivos”, ha emplazado a los gobernantes en Bruselas y el resto de países de la UE.

Amenaza de empobrecimiento y menos derechos

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha subrayado el “referente” que es España cuando los sindicatos viajan a otros países debido a las políticas laborales, del gobierno progresista, pero que ha recordado que en la mayoría de casos surgen fruto del acuerdo con los sindicatos en el seno del diálogo social.

No obstante, el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido de que nuestro contexto “impide que la sociedad española conozca la situación” que hay en muchos países de la UE y, en concreto, en la Comisión Europea.

Álvarez ha subrayado que están avanzando varios proyectos regulatorios en Bruselas que apuestan por la desregulación de derechos, también laborales y sindicales, “y el Pacto Verde está prácticamente abandonado”, ha lamentado el secretario general de UGT, que ha exigido su recuperación.

“Europa está en un dilema. Del avance o del retroceso”, ha resumido Unai Sordo, que ha exigido a Europa “la necesidad” de avanzar en derechos, de reducir dependencias estratégicas del exterior, y en especial de EEUU, en aspectos clave como la energía y la defensa.

El líder de CCOO ha advertido de que el auge del gasto en defensa, que reivindican varios países y la OTAN, puede suponer “recortes en cuestión de tiempo”. “Hay que oponerse a los intentos de austericidio”, que llevarán el ampobrecimiento de la población y, en especial, de la clase trabajadora y popular, ha sostenido Sordo.

El líder de la gran patronal, Antonio Garamendi, ha elevado el tono contra el Gobierno en la Asamblea General de la CEOE, celebrada este miércoles en Madrid, por las causas judiciales que rodean al Ejecutivo. En concreto, el empresario vasco ha sostenido que “es brutal el ataque se está haciendo a los jueces”, a los que ha mostrado todo su apoyo, así como “a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Garamendi ha insistido en que es “lamentable” el contexto actual, que ha afirmado que deja “perplejo” a cualquier ciudadano.

“Levantemos las alfombras, porque los casos de corrupción son increíbles”, ha afirmado el dirigente empresarial, que ha subrayado que “fuera” están mirando a España. “Esto no nos viene nada bien”, ha dicho respecto a las empresas.

Critica la “inestabilidad institucional”

En su discurso al auditorio de la Asamblea General de CEOE, Antonio Garmendi ya había destacado que “la inestabilidad institucional a la que asistimos es el peor contexto posible para una buena marcha de la economía y el empleo”.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno apenas pueda aprobar leyes en el Parlamento y que el país lleva tres años sin Presupuestos Generales del Estado.

Preguntado por los medios de comunicación sobre si con estos mensajes está emplazando a un adelanto electoral, Antonio Garamendi ha evitado llamar a unas elecciones. Ha afirmado que hay varías “fórmulas” que tiene disponibles tanto el Parlamento y el Gobierno. “Ahí están, tómenlas”, ha afirmado.

Culpa a Yolanda Díaz de impedir un acuerdo de salaros

En la línea habitual de duros ataques al Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, Antonio Garamendi ha cargado contra la “asfixia normativa” de su departamento, el “continuo abuso” de la vía reglamentaria y la “desnaturalización” del diálogo social, que ha calificado de “irreal” e “interesado”.

Antonio Garamendi ha señalado específicamente a Trabajo y la “inseguridad” jurídica –“que no va a parar”– para sostener que así es “muy difícil” poder negociar un acuerdo con los sindicatos de negociación colectiva, el gran acuerdo de salarios y otras materias clave de los convenios colectivos que debería revalidarse este año.

Los sindicatos CCOO y UGT llevan meses emplazando a la patronal a sentarse a iniciar esta negociación, sin éxito. Garamendi ha rechazado que se les acuse de “bloqueo” y ha insistido en criticar la “intromisión” del Ministerio en cuestiones como las reglas de compensación y absorción de los complementos salariales, entre otras.

La asociación ASFACUME, de familias con hijos con enfermedades graves que perciben la CUME, denuncian que la reforma propuesta por el Ministerio de la Seguridad Social de la ayuda, que amplía las enfermedades y el periodo de percepción inicial y de las prórrogas, es un “recorte encubierto”. “Quitaría la prestación a miles de familias que hoy la tenemos”, denuncia su vicepresidenta, Ainhoa Urones.

La conocida popularmente como CUME es una prestación económica de la Seguridad Social destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo (mínimo un 50%) para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra grave enfermedad.

El departamento de la ministra Elma Saiz subió este lunes a Audiencia Pública el texto del real decreto para reformar la ayuda, que cita expresamente a las familias como uno de los impulsos para clarificar los requisitos para acceder y renovar la prestación.

Así, por ejemplo, se incorpora de forma expresa el derecho a la ayuda en determinadas situaciones asistenciales equivalentes o “asimilables” a un ingreso hospitalario de larga duración, sin exigir este obligatoriamente.

Denuncian que se ciñe la ayuda a cuidados “clínicos”

Sin embargo, en ASFACUME advierten de que en la redacción de estos supuestos se ciñe el derecho a la prestación a los “cuidados clínicos”, sostiene Urones, algo que ahora no se exige, aunque sí la necesidad de un cuidado “directo, continuo y permanente”.

“Hay muchas familias con la prestación cuyos hijos necesitan cuidados continuos, pero que no son clínicos. Esto les dejaría fuera”, denuncia la afectada, que considera que con este texto percibirían la ayuda solo las familias en situaciones muy críticas y en cuidados paliativos.

Urones sitúa como un “engaño” la ampliación del listado de enfermadades, que incluye el autismo (TEA), pero que considera que en muchos casos no podrían acceder a la ayuda al no requerir de los cuidados clínicos que se exigen.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social insisten en que “el objetivo del nuevo reglamento es dar seguridad ante situaciones que antes no se recogían”. “Se trata de proteger más casuísticas. En todo caso, el texto ha iniciado su tramitación y ahora se encuentra en audiencia pública, por lo que se pueden realizar aportaciones para su consideración”, añaden en el departamento de Elma Saiz.

“Nos vamos a movilizar, esto hay que pararlo”

La portavoz de ASFACUME lamenta que la reforma obligaría a que las prórrogas de la CUME las autorice un médico especialista, en lugar del médico de Atención Primaria como sucede en la actualidad, lo que consideran que obstaculiza los trámites. “Los pediatras y médicos de familia son los que tratan y conocen a nuestros hijos”, dice Ainhoa Urones, que recuerda la saturación y la dificultad de conseguir citas en las especialidades.

Además, se incluye un nuevo requisito a las familias, pasar por la Inspección Médica del servicio público de salud cada dos años. “No es que tengamos miedo a ningún control. Las familias estamos hartas de que valoren a nuestros hijos, para la prestación, para la discapacidad... La cuestión es qué detrás de todo esto, para qué quieres que pasemos una inspección médica”, sostiene Urones.

Esta asociación de familias denuncia también las declaraciones médicas para dar derecho a la ayuda “son un calco de las de la Mutua Umivale”, la más señalada por ASFACUME por sus criterios restrictivos.

“Estamos muy enfadadas, nos sentimos engañadas”, afirma la portavoz de ASFACUME, que asegura que su asociación va a iniciar movilizaciones y contactos con otras asociaciones de familias para que se modifique el texto legal. “Esto hay que pararlo”, reclama Urones.

El Ministerio de la Seguridad Social ha iniciado los trámites para reformar la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (CUME), con varias medidas para concretar su percepción y clarificar los requisitos para su reconocimiento. La reforma llega tras las persistentes denuncias de colectivos de familias de menores enfermos, como ASFACUME, que critican las negativas injustificadas y diferencias de trato en varias mutuas.

La conocida popularmente como CUME es una prestación económica de la Seguridad Social destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo (mínimo un 50%) para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra grave enfermedad.

El departamento dirigido por Elma Saiz ha subido este martes a Audiencia Pública un texto del Real Decreto para reformar la regulación de la prestación CUME, que derogará el anterior, de 2011. La fecha límite para la presentación de aportaciones es el próximo 25 de junio. Al tratarse de un real decreto, el Gobierno tiene la facultad de aprobar estas medidas en solitario, sin pasar por el Parlamento.

El Gobierno justifica la nueva norma por las propias peticiones de las familias y el Defensor del Pueblo, así como por “la experiencia acumulada en la gestión de la prestación”, que “ha evidenciado determinadas cuestiones interpretativas y operativas que requieren una nueva reforma reglamentaria”.

Sin embargo, la asociación ASFACUME es muy crítica con el actual texto, que considera que puede limitar más aún la percepción de la ayuda, y reclama cambios para que no salga así adelante, indican en desde esta organización de familias a elDiario.es.

Nuevas enfermedades como el autismo

Entre las novedades que modifican el acceso a esta ayuda el real decreto actualiza el listado de enfermedades graves que permiten el acceso a la prestación, incorporando nuevas patologías. En concreto, se incluyen el trastorno del espectro autista –ya reconocido en tribunales– y el síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu.

Además, se prevé la posibilidad de actualizar dicho listado mediante norma reglamentaria “cuando así lo aconsejen los avances científicos o médicos”.

Más meses de reconocimiento inicial y prórrogas

También se reconoce la prestación CUME durante más meses en el reconocimiento inicial y en las prórrogas posibles, “con el fin de responder a las demandas formuladas por las familias y asociaciones representativas”, apunta el decreto, “configurando un sistema más flexible y ajustado a la realidad clínica de las enfermedades graves”.

En la actualidad el subsidio se reconoce “por un periodo de un mes, prorrogable inicialmente por un periodo de dos meses y sucesivos de cuatro meses”. El decreto que pretende aprobar la Seguridad Social recoge que el subsidio se reconocerá “por un periodo de cuatro meses, prorrogable inicialmente por un periodo de seis meses y sucesivos de ocho meses”.

Situaciones asimilables al ingreso hospitalario

Se incorpora también de forma expresa el derecho a la ayuda en determinadas situaciones asistenciales equivalentes o “asimilables” a un ingreso hospitalario de larga duración, sin exigir este obligatoriamente. “Incluyendo supuestos de hospitalización domiciliaria y tratamientos ambulatorios complejos que, aun sin requerir hospitalización convencional, implican la necesidad de un cuidado directo, continuo y permanente por parte de las personas progenitoras, guardadoras o acogedoras”, recoge el texto.

“Esta actualización permite reforzar la seguridad jurídica y garantizar una aplicación homogénea de la prestación en todo el territorio”, indica el Gobierno.

Posibilidad de cobro simultáneo por los dos progenitores

Además, la Seguridad Social incorpora la posibilidad de percibir de forma simultánea la prestación CUME por parte de los dos progenitores en determinados casos, ahora no disponibles.

Se establece el acceso a la ayuda a los dos progenitores cuando “exista más de una persona afectada por una enfermedad grave que requiera un cuidado directo, continuo y permanente”, siempre que cada una de ellos cumpla los requisitos exigidos y la reducción de jornada se refiera al cuidado de personas distintas.

El gran aumento de bajas médicas de trabajadores en España es una de las mayores preocupaciones de los empresarios a día de hoy, como ha reflejado la jornada sobre “absentismo” organizada este martes en Madrid por la gran patronal, CEOE, con una gran cantidad de organizaciones sectoriales y regionales. Su líder, Antonio Garamendi, ha lanzado “una llamada de atención” ante un “problema de país”, para el que en la jornada se han expuesto varias propuestas. Desde que las mutuas puedan dar el alta por enfermedad común, una de las más repetidas, a que se recupere el despido por absentismo, que derogó el Gobierno en 2020.

La convocatoria ha reunido la voz de muchas patronales. Desde la Confebask de Euskadi, liderada por su presidenta Tamara Yagüe, que ha situado el gran aumento de bajas desde una perspectiva más social, que especialmente desde la pandemia ha disparado las ausencias por enfermedad de los trabajadores y que requiere un enfoque multifactorial para ser abordado. Hasta la visión del responsable de la CEOE en Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, también director gerente de una mutua, que ha llamado “memos” a los jóvenes por las bajas de salud mental. Antonio Garamendi se ha distanciado de sus palabras al ser preguntado por la prensa.

Las distintas organizaciones empresariales han situado el aumento de las bajas médicas como un gran “problema de país”, tanto a nivel social y sanitario como económico, por el coste para las empresas y para la Seguridad Social, así como el lastre que supone para la competitividad de las compañías y la economía española.

Los responsables patronales han advertido de las grandes dificultades para sustituir a las plantillas de baja por enfermedad, en algunos sectores de manera agravada por la falta de profesionales disponibles, lo que han señalado que “pone en riesgo” incluso algunos servicios públicos, como la dependencia, ayuda a domicilio y seguridad.

La hoja de ruta de los empresarios

Los empresarios han señalado los problemas que enfrentan por el aumento de bajas médicas, pero también qué medidas reclaman para reducir estas ausencias. “La respuesta no puede limitarse al diagnóstico”, ha dirigido Antonio Garamendi al Gobierno y, en concreto, al Ministerio de la Seguridad Social, que tiene una mesa de diálogo social abierta en esta materia.

La medida más repetida por los responsables empresariales, expresada de manera más o menos clara, ha sido que las mutuas puedan dar el alta médica en casos de enfermedad común. Algo que está reservado a los médicos del sistema público, y para lo que han reclamado un cambio normativo.

Garamendi ha pedido en general el refuerzo de la sanidad, que se contraten “más médicos” y que aumenten también los controles sobre los trabajadores de baja.

El presidente de CEOE ha recuperado una de las reclamaciones ya tradicional de las empresas: que la Seguridad Social pague toda la prestación por incapacidad, desde los 15 primeros días. En la actualidad, las empresas abonan la prestación del día 4 al 15, y los tres primeros no hay prestación por incapacidad temporal, pero la gran mayoría de convenios colectivos recogen la cobertura de esos días a cargo de la empresa.

A esta, los empresarios han sumado la reclamación de que la Seguridad Social les ahorre la totalidad de la cotización de los trabajadores que contratan para sustituir al personal de baja médica.

Además, varios responsables empresariales han pedido recuperar el “despido por absentismo”, como expresamente han hecho la madrileña CEIM y la patronal de limpieza ASPEL, que han reclamado que se recupere este despido procedente debido a las bajas médicas. Su derogación fue una de las primeras medidas del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, después de que este fuera avalado por el Tribunal Constitucional.

El responsable de la patronal canaria, aunque sin nombrar este despido, ha afirmado que “la legislación laboral en estos años” está consiguiendo “que no haya ningún riesgo por no ir a trabajar”. “No te va a pasar nada. Hay un incumplimiento de la buena fe contractual. Una parte se aprovecha claramente de la otra. Hay un reto de cara al próximo gobierno, para conseguir revertir este tipo de situaciones”, ha afirmado.

Por último, otra de las prioridades de las patronales es reducir los complementos salariales por enfermedad que se han pactado en los últimos años en los convenios colectivos. Algunos de ellos cubren al 100% del salario, complementando la prestación por incapacidad.

La gran mayoría de representantes empresariales han considerado que estos pluses puede generar “incentivos” perversos. “No es lo mismo ir a trabajar que no ir”, ha advertido el líder de la patronal navarra, que ha reclamado a los sindicatos que se abran a negociar este tema, para lo que se ha abierto a abordar por la parte empresarial aumentos salariales y reducciones de jornada.

El presidente de CECAM, la patronal castellanomanchega, ha llamado hoy “memos” a los jóvenes que solicitan una baja médica por salud mental porque “les ha dejado la novia” y no “porque exista un maltrato o un acoso laboral de la empresa” en la que trabajen. Así lo ha manifestado Ángel Nicolás durante su intervención en el Encuentro 'Todos Contamos. Absentismo x IT: un problema de país', organizado por CEOE-CEPYME en Madrid.

Cuando le ha llegado el turno de palabra, ha comenzado afirmando que Castilla-La Mancha es una comunidad autónoma “como cualquier otra, igual de buena, igual de mala” en cuanto al tema central de la jornada. Pero a renglón seguido, ha comenzado a arremeter contra la prestación por Incapacidad Temporal (IT o ITT) como un “fraude manifiesto” en el 20% de los casos.

Nicolás, que también es director gerente de la mutua Solimat, ha añadido que en España “se va al médico a por la baja” y los médicos de Atención Primaria están dando bajas por salud mental a pacientes “cuando ni siquiera les ve un especialista, un psicólogo, o un psiquiatra”, mientras “desde las mutuas estamos pagando esa contingencia común”, ha argumentado. “Nosotros nos inflamos”, decía en alusión de las mutuas, a proponer altas médicas.

Según los datos que ha aportado, Castilla-La Mancha cerró el año 2025 con 279.000 bajas por IT, sobre una población de más de 800.000 cotizantes, algo que “no es razonable”. También ha abundado en que 60.000 trabajadores castellanomanchegos “no acuden cada día a su puesto de trabajo” y que la cobertura de las solicitudes de IT supone un 3,2% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma, “un auténtico disparate”.

Pide más inspectores médicos para supervisar bajas laborales

Al hilo de ello, se ha referido a una reciente reunión de la patronal castellanomanchega con los consejeros de Sanidad, Hacienda y Economía del Gobierno regional, en la que CECAM pidió más inspectores médicos para supervisar bajas laborales. “¿Por qué no se nos atiende nuestra petición y sí se atiende la de los sindicatos, cuando hay 72 inspectores de trabajo y 11 inspectores médicos? Porque los sindicatos están en contra de las medidas que proponemos”, ha remarcado, sin detallar a qué propuestas se refería.

Ha sido en este punto cuando se ha referido a la salud mental y a los jóvenes. Sin ningún tipo de dato que lo demuestre, Ángel Nicolás ha dicho que hay quien se coge la baja “porque le ha dejado la novia, no porque la empresa lo ha maltratado”.

“Te das cuenta de que tenemos una población joven que no es comparable con otras, son unos memos, cualquier cosa que les suceda en el trabajo ya es un problema, y que tenga que cumplir un horario ya le supone un acoso laboral. ¿Cuántas demandas no tenemos porque el jefe le ha dicho al empleado que trabaje y al día siguiente ya ha cogido la baja?”, ha subrayado.

Durante una segunda intervención, Nicolás ha explicado que CECAM puso en marcha un Observatorio Regional del Absentismo que ya ha realizado una primera encuesta para conocer el impacto en la comunidad autónoma. La encuesta, ha dicho, se circuló entre más de 85.000 empresas de todos los tamaños y confía en tener los primeros resultados antes del mes de agosto. 

De 25.000 empleos, en cuestión de dos semanas, vamos a tener 20.000 bajas. Este es nuestro histórico de los planes de empleo que hacemos

Ha detallado también que cada mes se hace un seguimiento del impacto de las bajas laborales en Castilla-La Mancha, “gracias a los magníficos informes que nos mandan desde AMAT, la Asociación de Mutuas de Trabajo, cosa que agradecemos”.

Las mutuas, ha dicho, están reclamando la posibilidad de realizar “atención integral con capacidad de alta en los procesos traumatológicos”. En el Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha, el proceso medio de ITTC traumatológico está durando 75,74 días. Cuando lo hacen las mujeres ese mismo proceso está durando 40,83 días, detallaba.

Por otra parte, se ha referido a los Planes de Empleo de la comunidad autónoma, que el Gobierno regional pone en marcha en colaboración con ayuntamientos o diputaciones, algo “no muy extendido”, decía, en otros territorios. En este sentido, ha lamentado que los ayuntamientos no hagan “una revisión de salud previa a estos trabajadores”. “Con lo cual, de estos 25.000 empleos, en cuestión de dos semanas, vamos a tener 20.000 bajas. Este es nuestro histórico de los planes de empleo que hacemos”.

“Cuando se hace el reconocimiento médico, todos son válidos para trabajar y en tres semanas los tienes en la mutua para pedir ayuda”, ha concluido, reclamando la colaboración entre las administraciones.

Garamendi rectifica al presidente de CECAM

Preguntado por los comentarios de Ángel Nicolás relativos a las bajas laborales de los jóvenes, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha subrayado en la existencia real de un problema de salud mental entre los jóvenes, que se materializa en los casos más dramáticos con intentos de suicidios.

Por ello, ha pedido abordar este “problema de país” y se ha distanciado de las palabras del dirigente empresarial castellano manchego.

La nueva “cuota de la solidaridad” de los salarios más altos a las pensiones públicas, implementada en 2025, supondrá un ingreso a la Seguridad Social de “567 millones” de euros este año, “un 42% más” que el año pasado, ha cifrado este lunes la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, en su comparencia en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.

Saiz ha comparecido en el Parlamento esta tarde a petición propia, para dar cuenta del cumplimiento de las Recomendaciones del Pacto de Toledo, aprobadas en 2020, así como del informe del Ministerio de la Seguridad Social sobre su nuevo simulador del gasto en pensiones, INTegraSS, que prevé menos peso del gasto que Bruselas y la AIReF.

Las últimas reformas de pensiones recuperaron la subida anual de las pensiones según el IPC, lo que incrementó el gasto previsto para los próximos años, pero también recogió una panoplia de medidas para aumentar los ingresos del sistema público. Especialmente, de los salarios más altos (a través de un incremento de la base máxima de cotización y de una nueva “cuota de solidaridad” para las remuneraciones más elevadas, por encima de esta).

Un gran aumento por más empleo de alto valor añadido

Elma Saiz ha detallado en el Pacto de Toledo lo que supone a las arcas públicas de las pensiones esta última medida, la “cuota de solidaridad” aplicada en los salarios por encima de los 5.100 euros al mes en 2026.

La previsión de la Seguridad Social es que alcance los 567 millones de euros este año, lo que supone un importante aumento (del 42%) respecto al año pasado, el primero en el que se aplicó esta medida.

Fuentes de la Seguridad Social explican que este gran incremento se debe a varios factores. Por un lado, al progresivo aumento en el porcentaje de cuota de solidaridad que se aplica año tras año. Por otro, también al aumento del empleo de alto valor añadido, y de mayores salarios, en los últimos años. Por último, también influye el crecimiento de estos salarios más elevados, indican en el departamento de Saiz.

En 2026, las cuotas de solidaridad en las pensiones son: del 1,15% a la parte del sueldo entre los 5.101 euros y 5.611 euros euros mensuales; del 1,25% a la parte del sueldo entre 5.611 euros y 7.653 euros al mes, y del 1,46% a la parte del sueldo que supere los 7.652 euros al mes.

Estos tres tramos avanzarán poco a poco hasta una cuota de solidaridad del 5,5%, 6% y 7% en 2045.

En una semana en la que los termómetros escalan hacia los 40 grados en varios puntos del país, la Inspección de Trabajo lanza su ya habitual campaña estival para proteger a los trabajadores del calor extremo en su puesto laboral. Yolanda Díaz ha anunciado que esta semana se enviarán más de 110.000 avisos a empresas de los sectores más expuestos, como la agricultura y la construcción.

“No es un requerimiento contra nadie, al contrario, es a favor de todo el mundo para que conozcan la normativa a aplicar”, ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo durante su intervención en el Congreso de Prevención de Riesgos Laborales en Iberoamérica celebrado en Barcelona.

En concreto, la Inspección enviará 113.916 avisos para informar a los empleadores de la obligación de garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras frente a las elevadas temperaturas.

1,6 millones de euros en multas el pasado verano

La vicepresidenta segunda ha detallado que el verano pasado, entre junio y septiembre de 2025, la Inspección de Trabajo realizó más de 10.000 actuaciones en esta materia, con la detección de casi 300 infracciones (291), que supusieron multas de alrededor de 1,6 millones de euros para las empresas.

También “92 requerimientos a las Administraciones Públicas”, ha afirmado Yolanda Díaz, que ha recordado que la Inspección también actúa para proteger a los empleados del calor cuando el empleador es público.

En los casos de temperaturas extremas, con alertas de la AEMET u otras agencias regionales, la legislación prevé la posibilidad de adaptar el trabajo o la jornada, e incluso suspender la actividad para proteger la salud de las plantillas.

Además, el Gobierno aprobó en 2024 los llamados “permisos climáticos”, con hasta cuatro días de permiso retribuido para las situaciones “de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de una catástrofe o fenómeno meteorológico adverso”. Aunque, si la naturaleza de la actividad es compatible con el trabajo a distancia, las empresas pueden acogerse a esta opción.

Evitar muertes y accidentes evitables

“Trabajar no puede costar la salud ni la vida”, ha insistido este lunes Yolanda Díaz. El verano pasado, trascendieron varias muertes de trabajadores por presuntos golpes de calor en su puesto laboral, como Ovidiu Vranciu, temporero de 61 años que murió este lunes durante su jornada en plena ola de calor en una explotación agrícola de Alcarràs (Lleida).

A veces los siniestros no se vinculan con el calor, pero son el origen de una caída o la pérdida de capacidad o concentración que da lugar a un accidente. Así, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) alerta además de que las altas temperaturas aumentan los accidentes laborales un 17,4% durante las olas de calor.

Según los especialistas en salud laboral, la planificación en los días de calor extremo son fundamentales para evitar los siniestros, con medidas preventivas como adaptar los horarios para evitar los picos de calor, aumentar los descansos, habilitar las zonas de sombra, aumentar la hidratación y modificar los uniformes, entre otras.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) está en el centro de muchos corrillos políticos en España este lunes. Hace unos días, aprobó un convenio histórico para regular derechos de trabajadores en plataformas digitales en el mundo, pero el foco no se lo ha llevado este paso, sino las informaciones que sitúan a la vicepresidenta Yolanda Díaz como posible candidata a presidir el organismo. Aunque en el Ministerio de Trabajo niegan que exista una propuesta formal, su nombre está sonando como una posibilidad para las elecciones del próximo noviembre, según confirman fuentes sindicales.

La OIT es la entidad de las Naciones Unidas encargada de fomentar los derechos laborales a nivel internacional, “persiguiendo su misión fundadora: la justicia social es esencial para la paz universal y permanente”, recoge el organismo en su página web. En estos momentos afronta un importante reto: un gran bocado en su presupuesto por la demora en el abono de los fondos comprometidos por los Estados Unidos de Donald Trump.

Es la única agencia tripartita de la ONU, que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados Miembros con el objetivo de establecer las normas del trabajo, así como fomentar políticas y programas promoviendo el “trabajo decente”.

En la actualidad, la entidad está liderada por el togolés Gilbert F. Houngbo, director general elegido en marzo de 2022 para un mandato de cinco años, que llegan a su término en septiembre de 2027. El proceso para la elección del próximo director general de la OIT ya se ha iniciado, de momento con su única candidatura para la reelección, pero se espera que puedan surgir algunas opciones alternativas, entre las que algunas voces sitúan la de Yolanda Díaz.

Un “runrún” de una posible candidatura, que no es oficial

“Hay runrún con su nombre”, reconoce una fuente de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, cuyos representantes estuvieron la semana pasada en Ginebra para participar en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, la asamblea anual de la OIT.

Oficialmente, el Ministerio de Trabajo evita pronunciarse sobre la posibilidad de que Díaz opte a liderar la OIT y se limitan a trasladar su preocupación por el estado de la organización, que expresó la vicepresidenta en un crítico discurso durante la Conferencia Internacional de hace unos días. “No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”, sostuvo.

Estas fuentes ministeriales explican que la vicepresidenta no ha recibido ninguna propuesta formal para dirigir la organización. Y, oficialmente, Díaz no se está planteando optar a suceder a Houngbo, pese a habérselo planteado de manera informal algunos dirigentes sindicales.

Una elección que también definen las patronales

El plazo para presentar las candidaturas al liderazgo de la OIT se alarga hasta el próximo 31 de agosto. Estas deberán ser presentadas por un Estado Miembro de la organización o por un miembro del Consejo de Administración de la OIT. La votación está prevista para el 16 de noviembre, que exige una mayoría simple, y el próximo mandato del director/a general se iniciará casi un año más tarde, en octubre de 2027.

En caso de que Yolanda Díaz decidiera presentarse, tendría un camino complicado para alcanzar el liderazgo de la OIT, coinciden varias fuentes. Pese a que podría lograr el apoyo de organizaciones sindicales, estas son solo una pata de los miembros que eligen al director general de la organización. En ellos también están representados patronales y gobiernos. Y en esos dos colectivos, especialmente en el primero, el nombre de la vicepresidenta de un Gobierno de coalición de izquierdas es una rara avis que genera muchas más reticencias.

Algunas fuentes sindicales consideran que la figura de Yolanda Díaz podría destacar como un liderazgo que “ponga coto a la irrupción del trumpismo en la OIT”, como catalizador de algo alternativo a la dirección actual, que trata de acercar a la administración estadounidense (sin mucho éxito, al menos en la consecución de los fondos prometidos).

Sin embargo, otras fuentes recuerdan que el nombre de Yolanda Díaz es solo uno de los que resonaron la semana pasada en Ginebra, y que el propio Gilbert F. Houngbo mantiene “bastantes apoyos”, especialmente entre los países africanos.

Además, hay otro factor que genera incertidumbres sobre una posible candidatura española de Díaz al liderazgo de la OIT y es la ya anunciada del ministro de Agricultura, Luis Planas, para encabezar la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Fuentes sindicales reconocen que podrían quitarse opciones mutuamente, ya que “España no podría conseguir dos liderazgos” de organismos de ONU.