En poco más de un mes, el fondo New Amsterdam Developers provocó el desahucio de una familia en Barcelona e intentó otro, frenado por la movilización social. En ambos bloques, quiere poner colivings, anglicismo que el sector inmobiliario utiliza para definir el alquiler de habitaciones. Junto a los flex livings, como han rebautizado al alquiler de temporada, son las inversiones inmobiliarias que más crecen en España, destinadas a expats, nómadas digitales y otros perfiles jóvenes con ingresos por encima de la media o con necesidades temporales, y con ellas los fondos esquivan las restricciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos en suelo residencial. En Barcelona, pueden saltarse los topes a los precios. 

Los flex living y los colivings avanzan en las capitales con precios por encima del mercado de alquiler en plena crisis de vivienda, sobre todo en los barrios más atractivos y tensionados, mientras sigue en el cajón la regulación del alquiler de temporadas y habitaciones. Cuentan con gimnasios, coworking, buenos acabados y gastos incluidos que permiten poner precios elevados. 

Proyectos como el recién estrenado flex living Flipco en el barrio de Pacífico de Madrid ofrecen estancias de desde 155 euros al día a 1.386 euros al mes por apartamentos de 20 metros cuadrados con piscina, con la flexibilidad de las fechas de entradas y salida, mientras colivings como Urban Campus en Atocha llegan a cobrar 900 euros por habitaciones con baño pero sin cocina. 

Fuera de la LAU

Los contratos de habitaciones o temporada no están obligados a cumplir con los cinco años de la Ley de Arrendamientos Urbanos ni pueden acogerse a las prórrogas del alquiler. Los contratos se firman mediante el Código Civil sin condiciones reguladas por ley, porque no se consideran vivienda. Pese a ello, ocupan suelo residencial en la mayoría de ciudades, que podría ir destinado a vivienda para familias, pero a precios más elevados, pensado para expats y estudiantes con mayor poder adquisitivo, y tensan al alza los precios. 

Susana Rodríguez, directiva de Savills que dio una charla sobre flex living en Madrid durante la feria inmobiliaria Sima, reconoce a elDiario.es que “existe un debate en el sector inmobiliario sobre si es o no vivienda”, pero que para ella “no lo es” y que, por tanto, entiende que “sería preferible que no ocupe residencial”. “Si nadie va a poner oficinas en Leganés, ¿por qué no hacer colivings en el suelo destinado para oficinas allí?”, se pregunta. La mayoría de los principales ayuntamientos, sin embargo, permiten que se desarrolle en suelo residencial y, de hecho, Barcelona va en sentido contrario y “exige que solamente pueda estar” en este tipo de suelo. En Madrid, se permite que se desarrollen en suelo industrial, pero también en residencial y hotelero.

Para Rodríguez, el flex y el coliving no son vivienda porque están destinados a “perfiles intermedios que no pueden acceder de entrada a la vivienda habitual aunque pueden pasar después”. “Jóvenes extranjeros que acaban de llegar con un trabajo o a hacer un posgrado, ingenieros que vienen a proyectos temporales, pero también personas que han comprado un piso y están esperando a que se lo den o divorciados que acaban de salir de su casa y deberán buscar otra”, enumera. 

Pero en lo que describe Susana hay una situación de falta de oferta que obliga a aceptar viviendas temporales a quienes aspiran al mercado residencial. La regulación del alquiler de temporadas y habitaciones, que está en el cajón en el Congreso ante la falta de apoyos, prevé limitar también los precios de estas modalidades (aunque son las Comunidades quienes las aplican) y aumentar el control de cuántas hay (pese a que el Supremo tumbó el registro único que ya incluía la vivienda de temporada) y obligar a justificar la temporalidad de la vivienda. 

Mucha inversión y poca regulación

La posible regulación no amedrenta a los inversores, que siguen apostando por este modelo. “La regulación en sí no es mala, lo que no conviene es que la incertidumbre o restringir al mercado. En lo que debemos trabajar todos es en que haya oferta asequible”, dice Rodríguez, que estima en un 5% las rentabilidades medias de los flex living y colivings, un punto por encima de la vivienda de alquiler. 

Como no existe una vinculación directa entre la calificación urbanística y el contrato de arrendamiento, los inversores pueden saltarse la ley de vivienda en suelo calificado para este uso sin pestañear. “El urbanismo podría vincular estos modelos a los planes urbanísticos o limitar cuánta vivienda de este tipo necesita o se puede permitir una ciudad”, apunta Jaime Palomera, investigador de vivienda en el Institut Indra que justo está investigando sobre el efecto de este tipo de vivienda en los precios, ya que “hay pocos datos a este respecto”. 

“Estos términos han nacido en entornos marketinianos nacidos a raíz de la crisis financiera de 2008 tras la cual las empresas invirtieron en vivienda como activos a bajo coste. Intentan transformar la vivienda en formas de habitar más líquidas y temporales y, por tanto, más rentables”, desarrolla Palomera, que constata que “allí donde crecen las viviendas de temporada, cae la oferta y aumentan los precios”. 

El flex living y el coliving cuentan a día de hoy con un stock de 19.000 camas en España, que prevé duplicarse con las 19.600 más en cartera. Aunque no es una cifra muy elevada en proporción al parque de viviendas español, el 60% de las camas actuales y el 72% de las que están en construcción se concentran en Madrid y el resto están mayoritariamente en Barcelona, València y Málaga, y concretamente en barrios céntricos de atractivo para expats y nómadas digitales. 

Casi 3.000 millones de inversión en un año

Para desplegarse en estos lugares, la inversión en residencias de estudiantes (una forma de coliving) alcanzó un récord de 2.300 millones en 2025 y el flex living ascendió a 790 millones de euros, según CBRE, cifra considerable si se tiene en cuenta que es un sector cuya denominación nace en 2022. Sumados a los 1.079 millones de 2024 y los 306 de 2023, son ya 2.000 millones los invertidos en esta modalidad (sin contar residencias), que podrían duplicarse en los próximos años. El flex living roza el 5% de la inversión inmobiliaria y ya supera a las oficinas. 

Be Casa, con 4.000 viviendas en stock y 1.000 en cartera; Flexy Living, con menos de 1.000 pero casi 5.000 proyectadas; Calido y Kora, ambas con cera de 3.000 proyectadas; y Livensa, con 2.000 en stock, lideran el sector. También Node Living, ahora Episode, supera las 2.000 camas entre las que tiene y las que proyecta. Greystar, Stoneshueld, Dazia y Kategora son los principales inversores. 

Por proyectos, se estima que hay más de 300 en Madrid, 150 en Barcelona y menos de 100 en Málaga. Los tres bloques de Flexy en Valdebebas con más de 3.000 camas proyectados para 2028 son los más ambiciosos. Madrid concentra el 72% de los proyectos en cartera. 

Pero más allá de la inversión reconocida, la institucional, cada vez es más común que emprendedores o especuladores particulares dividan pisos para alquilar las habitaciones, en ocasiones quitando el salón, para obtener aún más rentabilidad que con un alquiler de vivienda habitual. 

“Lo vamos a petar”

Pocas horas después de que en Barcelona New Amsterdam Developers ejecutara el pasado 20 de mayo el desahucio de Olalla y sus tres hijos para hacer un coliving, en Madrid se celebraba una conferencia en la feria inmobiliaria SIMA sobre el coliving y el flex living. “¿Quién de vosotros viviría en un piso sin cocina?”, preguntaba Susana Rodríguez, de Savills, y aunque nadie levantó la mano no importó, porque había una imagen proyectada de personas con las manos alzadas. 

Aunque en estas ferias se habla también de asequibilidad y de vivienda social (sobre todo como forma de hacer dinero), la rentabilidad es el motor de las conversaciones y los inversores celebraban que “el sector está en su mejor momento y esto no va a empeorar, porque hay mucha más demanda que oferta”. 

Enrique Oliete, country head de Episode, defendía que en su caso los colivings se desarrollan siempre en suelo hotelero. Definía el modelo de coliving como “un episodio de nuestras vidas”, que son ahora más nómadas y cambiantes, con un flujo migratorio y temporal mucho mayor. “¡Lo vamos a petar!”, concluía eufórico, mientras otra inversora avisaba: “Del senior coliving tenemos que hablar…”. Traduciendo: inversiones para sacar rentabilidad de gente de avanzada edad compartiendo piso. 

La vivienda pública recupera el pulso en 2026 tras un 2025 en el que cayó la finalización de pisos protegidos. El Ministerio de Vivienda ha publicado los datos del primer trimestre del año, el mejor desde 2012, con 5.215 viviendas protegidas finalizadas, de las que Catalunya ha concluido el 60%, 3.073 unidades. Sin embargo, Catalunya ha dado un bajón en viviendas públicas iniciadas, con tan solo 237 en el primer trimestre, sobre un total estatal de 4.048 en los tres primeros meses que también es la mejor cifra en los últimos 14 años. Las más de 5.000 viviendas del primer trimestre en toda España auguran la posibilidad de que el Gobierno cumpla con su objetivo de finalizar 15.000 VPO al año, cifra que puede verse reforzada con la puesta en marcha de Casa 47, que ha empezado a licitar los primeros lotes de vivienda pública, y con el Plan Estatal de Vivienda, aprobado junto a las Comunidades Autónomas y que prevé 2.800 millones hasta 2030 en construcción de vivienda pública.

Más allá de Catalunya, la Comunidad de Madrid ha construido 1.127 viviendas públicas y, en este caso, no ha dado un bajón en iniciadas, 1.242 en el primer trimestre. Andalucía, la comunidad autónoma más poblada, se queda lejos con tan solo 410 viviendas protegidas finalizadas y 755 iniciadas en los primeros tres meses del año. Entre el resto, todas están por debajo de 200 finalizadas: País Vasco con 154 (y 510 iniciadas), Galicia con 131 (y 36 iniciadas) y Navarra con 117 (y 323 iniciadas) son las únicas con más de 100 viviendas concluidas. Asturias, Canarias y Región de Murcia se han quedado a cero tanto en viviendas públicas iniciadas como en finalizadas en los tres primeros meses del año.

La vivienda pública finalizada se empezó a recuperar en 2024 tras una década de letargo, pero frenó en 2025 y aún está muy lejos del ritmo previo al estallido de la burbuja inmobiliaria. Las 14.371 viviendas públicas de 2024 fueron la mejor cifra desde 2014, pero cayeron a 12.858 en 2025. En los años 90, se llegaron a finalizar 85.028 viviendas públicas en 1997, en la primera década de los 2000 el máximo fue de 62.850 en 2005 y en los años 10 la cosa empezó a caer desde los 53.332 de 2012 a los 17.000 de 2013 y de ahí a cifras inferiores a las 10.000 viviendas públicas anuales desde 2015 hasta 2021.

En cuanto a las calificaciones de viviendas protegidas provisionales, 2024 marcó un récord desde 2011 con 23.976, que puede ser el que ha propiciado el aumento de viviendas públicas finalizadas. En 2025 la cifra cayó a 15.503 vviviendas públicas iniciadas, con un primer trimestre de 1.832 viviendas públicas iniciadas, menos de la mitad que las más de 4.000 del primer trimestre de 2026, por lo que el número de VPOs iniciadas este año debe experimentar también una mejora.

Entre enero y marzo se registraron también cifras récord de licitación pública en vivienda, con 465 millones en el primer trimestre, mejor dato desde 2008.

El problema con la vivienda pública en España es que, a la vez que se va construyendo a mayor o menor ritmo, se van perdiendo las calificaciones de protección. En los últimos cinco años se han perdido 21.400 viviendas públicas y hasta 2030 lo harán 17.000 más, según publicó recientemente Civio con cifras oficiales.

Pongamos que eres de Madrid o Baleares. Vives con tus padres, que te pagan todos los gastos y empiezas a trabajar con 18 años con el único objetivo de comprarte una vivienda que prefieres pagar de una vez para no afrontar los costes hipotecarios. Hasta que no cumplas 33 años no podrás irte de casa y empezar a cobrar tus primeros sueldos que no vayan destinados íntegramente a comprar la vivienda, porque estas dos comunidades requieren más de 15 años íntegros de sueldo para la compra, un 78% más que la media española, que es de 8,4 años, y un 42% de la vida laboral media de un español.

Un estudio de Infojobs y Fotocasa ha calculado con cifras de ambos portales el salario medio y el precio de la vivienda en España y en las comunidades autónomas. Y el resultado promedio da que en España una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta de media 230.316 euros y que eso exige 8,5 años de esfuerzo para comprarla. Es una cifra un año por encima de la tasa de esfuerzo del Banco de España, que la fija en 7,3 años, seguramente porque el estudio de Fotocasa es con el precio de oferta y no con el final y oficial, que es el que usa el BdE.

El esfuerzo medio de 8,4 años a cierre de 2025 es un 18% más que en 2024, cuando eran 7,1 según el mismo estudio y representa una subida del 44,83% con respecto a 2019, cuando fue de 5,8 años.

Aunque los salarios también han subido y se sitúan en 27.336 euros brutos anuales de media en España, el ritmo de subida de los precios de la vivienda es mucho más alto y acaba disparando el esfuerzo de las familias.

Si Baleares, con 15,1 años, y Madrid, con 15, son las Comunidades donde más años de sueldo son necesarias para pagar una vivienda (pese a que los sueldos también están por encima de la media), Castilla-La Mancha y Extremadura son las que menos esfuerzo requieren. En ambos casos, una vivienda se paga con 4,1 años de sueldo, la mitad que la media española. También Casttila y León, con 4,9 años, y La Rioja, Asturias y Aragón, con 5,2 años, están muy por debajo de la media.

En la otra cara de la moneda, y aunque lejos de Madrid y Baleares, Canarias y Euskadi, con 10,1 años cada una, empatan en el tercer puesto de las que más esfuerzo exigen. Catalunya es la cuarta con 9,1 años y la última con un esfuerzo superior a la media. Justo por debajo de la media se encuentran Andalucía,con 7,9 años, y Valencia y Cantabria, con 7,6 cada una.

Las que exigen más esfuerzo son también las que más lo han aumentado. Así, en Madrid pasaron de 12,2 años necesarios en 2024 a 15 en 2025, un incremento del 22,9% en solo un año, y en Baleares de 13,5 a 15,1, subida del 11%.

Si la mirada se fija en las provincias, más allá de los 15 años de Baleares y Madrid, que como es obvio repiten cifra, Barcelona sube la media catalana a los 10,2 y Girona la calca con 9,2 años de sueldo para pagar una vivienda. Málaga, con 12,9 años, Guipuzkoa, con 11,7, y Santa Cruz de Tenerife, con 11,3, están también muy por encima de la media.

También existen casos que están muy por debajo de sus medias autonómicas, como Jaén, donde tan solo se requieren 3 años de sueldo para pagar una vivienda, o Ciudad Real, con 3,2 años.

La directora de estudios de Fotocasa, María Matos, señala la “falta de vivienda” como uno de los motivos por los que se disparan los precios y apunta que “nunca antes se había necesitado tanto esfuerzo para comprar una vivienda”.

“A ver, corazón, me lo exige la marca. Este piso es sí o sí con Kiron”. Álvaro estaba interesado en un piso anunciado en Tecnocasa por 220.000 euros en el barrio de Las Águilas de Madrid, hasta que la comercial de la inmobiliaria le aseguró que solo se lo vendía si para la hipoteca utilizaba la financiera filial de la empresa, que se llama Kiron. Dos clientes han contado a elDiario.es las presiones de comerciales de la inmobiliaria para contratar la financiera y este medio tiene constancia de al menos dos casos más. Las asociaciones de consumidores y el Ministerio de Consumo coinciden en que se trata de una práctica ilícita. Tecnocasa niega que obligue a contratar la financiera.

Ya se lo había sugerido a Álvaro la comercial con otras palabras menos explícitas, pero a base de preguntarle, la trabajadora acabó reconociendo que si no firmaba con Kiron ni siquiera podría ver la vivienda. “Lo siento, no puedes ver el piso”, “Kiron y Tecnocasa van de la mano”, son algunas de las frases más explícitas de la comercial en las conversaciones de WhatsApp a las que ha tenido acceso elDiario.es. Kiron realiza un estudio de mercado y negocia con las entidades bancarias para cerrar la hipoteca y después cobra unos honorarios de intermediación de entre el 3% y el 4% sobre el valor total.

Las plataformas de consumidores Cecu y Facua coinciden en que se trata de una práctica ilegal. En Facua, de hecho, recibieron una reclamación con un caso parecido, pero el consumidor no siguió adelante con la denuncia. “El consumidor siempre tiene derecho a elegir banco, da igual que compre a una promotora, a un particular o a través de un intermediario”, sentencia Rubén Sánchez, portavoz de Facua, que añade que por ello sería una “cláusula abusiva” y admiten la posibilidad de presentar una reclamación si reúnen pruebas al respecto. 

Desde el CAES, el abogado experto en vivienda Víctor Palomo explica que ha trabajado también con un cliente que, en su caso, accedió a la compra obligado a contratar Kiron.

Cecu apunta al artículo 82.1 del RDL 1/2007, que establece que “se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato”.

Las cláusulas que “vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario” o que supongan la “limitación de derechos del consumidor”, en este caso la elección de una hipoteca, se consideran ilegales. 

Tecnocasa lo niega

Preguntada por elDiario.es, Tecnocasa asegura que “la contratación de Kiron no es en absoluto obligatoria”, lo cual argumenta con el hecho de que solo el 37% de las compraventas realizadas a través de Tecnocasa fueron intermediadas por Kiron. “Cualquier práctica de presión, imposición o vinculación entre la compra de un inmueble comercializado por la red Tecnocasa y la contratación de servicios de intermediación de crédito de Kiron es completamente contraria a la política de la compañía”, añaden.

“Lo que hacen los franquiciados de la red Tecnocasa, cuando detectan que un cliente puede necesitar financiación para adquirir una vivienda, es informarle de la existencia de Kiron para que, si así lo desea, pueda recibir información sobre las opciones de financiación disponibles y la viabilidad de su operación. A partir de ahí, la decisión de contratar o no dichos servicios corresponde exclusivamente al cliente y se adopta siempre de forma libre y voluntaria”, abundan.

La versión choca con los testimonios recogidos por elDiario.es. El de Álvaro no es el único caso en que Tecnocasa ha vinculado estas dos prácticas de manera presuntamente ilícita. Facua tiene una reclamación al respecto y este medio ha contactado con otro caso. Julio, nombre ficticio porque el protagonista prefiere el anonimato, llegó más lejos y firmó en el año 2024 un documento de reserva sin conocer estas condiciones. Además, abogados del CAES explican que se han encontrado con personas que habían firmado con la financiera presionadas por Tecnocasa.

“En una reunión que tuve para firmar el documento de responsabilidad hipotecaria (que esclarece el importe por el que responde un inmueble en caso de impago), me di cuenta de que imponían una cláusula obligatoria para hacer la hipoteca con Kiron”, relata Julio. “Además de eso, me imponían unos nuevos honorarios que no estaban contemplados”, añade. 

“Fue un momento desagradable, una conversación muy tensa y compleja, porque te están forzando a comprar un producto, pero al mismo tiempo tienes miedo a perder el piso. Te ves ante el documento y ya sin tiempo de echarte atrás, notas la tensión en el trato personal”, cuenta. “Lo hacen para impedir la competencia”, añade. 

“No puedo coger ninguna oferta que no sea con Kiron”

En el caso de Álvaro, se disponía a visitar el piso cuando le dijeron que era obligatorio presentar documentación para el estudio financiero antes y también que tendría que realizar la hipoteca con la financiera Kiron. “Me exigen que no puedo coger ninguna oferta que no sea con Kiron por este piso. Lo siento, ya si me sale otra cosa te contacto!”, fue el primer mensaje explícito. 

Incrédulo, Álvaro insistió en preguntar, ya que un compañero de la inmobiliaria sí que le había dicho que podía hacerse por otra vía. “En otra ocasión sí, pero este piso se tiene que cerrar con Kiron”, insistía la comercial, “porque Kiron y Tecnocasa van de la mano”. 

“Lo siento, no puedes venir a ver el piso”, concluye la comercial al ver que Álvaro no accedía, tras lo cual advirtió que hablaría con el Ministerio de Consumo para averiguar si se trataba de una práctica abusiva. “Puedes consultar con consumo”, dice. En respuesta a elDiario.es, fuentes del departamento de Pablo Bustinduy reconocen la práctica como abusiva. 

Nacida en Milán y fundada por Oreste Pasquali, Tecnocasa tiene más de 1.000 oficinas en España, adonde llegó en 1994 con sedes en Madrid y Barcelona. Un año después abrió su financiera Kiron, que hoy tiene más de 100 oficinas en el país y se define en su página web como “el grupo líder en intermediación inmobiliaria y de crédito en Europa”. 

El CEO de Tecnocasa en España es Miguel Ángel Pérez Luna, que ocupa el cargo desde principios de 2018. La empresa facturó 35,4 millones de euros y ganó 12,2 en 2024, últimas cuentas disponibles. Cuenta con cuatro filiales entre las que está Kiron, que facturó 7,8 millones en 2024 y obtuvo 3,7 millones de beneficios.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, le ha entregado este lunes una carta del Sindicato de Inquilinas al Papa durante su visita a la cámara. En ella, no solo le alerta de la crisis de la vivienda que vive España y de cómo empuja a una importante parte de la población hacia la pobreza, sino que también le afea el desahucio de Mariano Ordaz, vecino de 67 años de Madrid que fue expulsado de su casa, propiedad de una orden católica, el pasado mes de mayo. Por ello, el Sindicato le pide audiencia pública.

“Desgraciadamente la especulación inmobiliaria ha llegado a entidades de la propia Iglesia Católica”, dice la carta, que señala que, “movidos por la obtención de lucro inmediato, la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís está subiendo los precios de los alquileres de sus viviendas, llegando incluso a desahuciar a nuestro compañero Mariano el pasado 7 de mayo”.

“Mariano Ordaz vive en un albergue porque la VOT se negó a renovar su contrato y lo más grave de todo, se negó a negociar una solución cuando son propietarios de más de 300 viviendas en el centro de Madrid, donadas por fieles para contribuir con la función benéfica de la Iglesia”, reza la carta.

El pasado 7 de mayo, después de cuatro aplazamientos, la Polícia Nacional ejecutó finalmente el desahucio de Mariano Ordaz en el céntrico barrio de Embajadores de Madrid. En un piso carcomido por la humedad y otras deficiencias, la orden franciscana tan solo se prestaba a reformarlo si se iba Mariano, que acumulaba deudas por impago desde que perdió su empleo como camarero en la pandemia. Finalmente, tras cuatro desahucios frenados por la presión vecinal, fue expulsado y ahora vive en un hostal.

El Sindicato, además, recuerda que la Fundación Fusara, gestionada por el Arzobispado de Madrid, se niega a renovar centenares de contratos a familias que viven en 13 edificios de su propiedad, “porque ha decidido vender su patrimonio a fondos de inversión que actúan como buitres”. “Nos resulta incomprensible que la Iglesia entre en estas dinámicas de especulación y se pueda comportar como un fondo más”, denuncia el Sindicato. Los vecinos de estas viviendas han denunciado su caso al Constitucional.

“¿Cómo puede la Iglesia, que debe ser refugio y defensa de los débiles, participar en decisiones que ponen en riesgo y juegan con la estabilidad habitacional de las personas simplemente por interés económico? ¿En qué momento lo económico ha pasado por encima de lo humano?”, se pregunta la carta, que cita a Isaías cuando dice: “Aprended a hacer el bien; buscad la justicia, socorred al oprimido”.

Por ello, el Sindicato pide una audiencia pública al Papa y le reclama “que aproveche esta visita para intervenir en esta situación”. “Le pedimos una audiencia para dialogar con usted, que conozca nuestro trabajo y mostrarle las experiencias de Mariano, nuestro compañero desahuciado con 67 años, y Maricarmen, señora de 87 años que afronta un desahucio en dos semanas. Ayúdenos a restaurar la dignidad en Madrid, a frenar la especulación y a extender los valores de solidaridad, justicia y fraternidad”, concluye la misiva.

En el texto, aparte de estos casos concretos en que la Iglesia está implicada, el sindicato recuerda al Papa que “la vivienda está siendo el motor que con más fuerza está condenando a la precariedad a miles de familias de nuestra comunidad, como las personas migrantes que ya fueron desahuciadas y actualmente residen en el centro de Emergencia y Atención Integral que usted visitó estos días”.

“Las políticas de vivienda nos están negando el derecho a tener un techo digno, condenándonos a destinar cada vez una mayor parte de nuestros salarios a los arrendadores, dejándonos en situaciones de vulnerabilidad, en las que muchas familias viven angustiadas para decidir entre comprar la comida a sus hijos o pagar a los caseros, denuncia el sindicato, que pone de relieve el aumento del hacinamiento y las infraviviendas en Madrid y en España.

En el texto, el colectivo denuncia que las leyes “permiten estas dinámicas especulativas” en España y acusa directamente al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de no hacer nada por evitarlo. “La especulación se basa en la avaricia y la avaricia es un pecado que está contaminando nuestra sociedad y necesitamos que usted nos ayude a recuperar el sentido común: que las casas son para vivir, no para especular”, apunta la carta.

El freno en el ritmo de compraventa de vivienda no ha producido por ahora un efecto directo en los precios. La subida sigue a doble dígito y la vivienda se encareció un 12,9% en el primer trimestre de 2026 en comparación al mismo trimestre del año pasado, de forma que encadena ya 44 trimestres al alza o, lo que es lo mismo, 11 años sin parar de subir, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes.

Esto ha sido así pese a que se vendieron un 2,2% menos de viviendas que en marzo del año pasado y acumulan un descenso de operaciones del 2,6% en el trimestre, arrastradas sobre todo por la caída de venta de vivienda nueva.

La subida de precios trimestral en comparación al precedente es del 3,5% en marzo y la vuelve a protagonizar la venta de vivienda usada, que se encareció un 13,5% en el trimestre, en comparación al del año pasado, su tasa más elevada, mientras la nueva lo hacía un 9,1%, su crecimiento más bajo desde finales de 2023.

El precio de la vivienda ya subió en 2025 un 12,7%, en parte debido a la falta de construcción para cubrir la creación de nuevos hogares. La presión al alza de los precios del alquiler empujaba a la gente a la compra, pero generando al mismo tiempo una tensión de precios en la compraventa que, según los expertos, ha tocado techo con una elevada tasa de esfuerzo para comprar, lo cual ha frenado el ritmo de compra, pero no ha suavizado los precios.

Esto ha sido así en todas las comunidades: desde el 10,35% del País Vasco hasta el 15,6% de subida de Aragón, todas han visto un incremento en los precios de compra de dos dígitos, en contra de los primeros signos de bajadas publicados por portales inmobiliarios como Pisos.com, que corresponden a descensos de las ofertas pero no de las transacciones. Estas bajadas puntuales, coinciden los expertos, podrían vaticinar más un enfriamiento de los precios que una bajada, que no es previsible a no ser que se produzca una recesión económica.

Desde Fotocasa Research, advierten que la subida de los tipos de interés podría enfriar más las operaciones, impulsadas por “la mejora de las condiciones de financiación”, según María Matos, directora de estudios. “La mejora de las condiciones de financiación ha permitido regresar al mercado a parte de la demanda que había quedado excluida durante el periodo de tipos elevados. En muchos casos, la cuota hipotecaria vuelve a resultar competitiva frente al alquiler, lo que ha reactivado el interés por la compra. Sin embargo, este nuevo impulso de la demanda se produce en un contexto de precios ya muy tensionados y en un escenario económico sujeto a incertidumbres. Aunque esta presión compradora seguirá sosteniendo los precios, la evolución futura dependerá en gran medida de las decisiones de política monetaria”, asegura Matos.

El 18% de la población española, según Fotocasa Research, está buscando una vivienda en propiedad, cifra mayor a la registrada en 2019, cuando era un 12%. El inversor alcanza el 8% y el comprador extranjero el 14% y un 25% se realizan sin financiación, pero el 80% de las compraventas siguen siendo para vivienda habitual.

“El problema radica en la limitada oferta de viviendas disponibles. En las zonas de mayor demanda, la capacidad habitacional de España está bajo presión. Se estima que cada año se necesitan más de 200.000 viviendas para satisfacer la creación de nuevos hogares, pero el sector inmobiliario solo produce unas 100.000 unidades nuevas”, añade la directora de estudios.