Según explican fuentes del PP, el veto impuesto por la Mesa "es una nueva cacicada de Francina Armengol en esta Cámara" y subrayan que "se trata de un cambio de criterio oportunista, ya que en otras ocasiones sí que se han permitido estos debates".
El pasado martes, PP y Junts registraron sendas enmiendas a una moción en las que pedían a Sánchez que disolviera las Cortes y convocara elecciones generales. La votación de dichas enmiendas no habría tenido significado jurídico, ya que la convocatoria electoral es prerrogativa del presidente, pero sí habría tenido un impacto político de calado. Porque hasta 184 diputados, mayoría absoluta, habrían votado a favor. Además de la oposición, también piden comicios Junts, el PNV y Coalición Canaria, todos ellos socios del Gobierno.
La Mesa, sin embargo, decidió vetar esas enmiendas para que no se llegaran a votar. El argumento es que no procedía, precisamente, porque la convocatoria electoral le corresponde al presidente. Sin embargo, las mociones instaban a algo, no obligaban, y la Mesa ya ha aceptado en diversas ocasiones iniciativas en las que se insta al presidente a hacer algo que es prerrogativa suya.
Ese mismo martes, el PP envió un escrito de reconsideración a la Mesa porque consideraban que su decisión "tiene como único fin impedir que el Parlamento exprese su voluntad".
Este jueves el Congreso de los Diputados iba a ofrecer una de las imágenes más demoledoras de la legislatura para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La Cámara Baja iba a votar una iniciativa en la que se recomendaba al presidente del Gobierno que disolviera las Cortes y que convocara elecciones generales anticipadas. Aunque el resultado de la votación no conllevaba ningún tipo de obligación, ya que pulsar el botón electoral corresponde únicamente al presidente, habría sido devastadora en términos políticos.
Principalmente, porque habría salido adelante y se habría constatado de manera firme que no es sólo que el Ejecutivo no cuente con los apoyos para sacar medidas adelante, es que ni siquiera cuenta con los apoyos para mantener viva la legislatura. Porque, además de la oposición, también están pidiendo un adelanto electoral Junts, el PNV y Coalición Canaria, todos ellos socios de investidura de Sánchez que consideran que la situación ya es insostenible, que la legislatura se puede dar por amortizada.
Si estos socios hubieran votado en consecuencia con sus declaraciones públicas, la iniciativa que pide el adelanto electoral habría contado con nada menos que 184 votos a favor. Se trata de una clara mayoría absoluta. Una, además, bastante más amplia que la que consiguió Sánchez para su investidura en 2023, que se saldó con 179 síes.
Sin embargo, el pasado martes, el PSOE y Sumar se valieron de su mayoría en la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la Cámara Baja, para vetar la tramitación de dos iniciativas (una del PP y otra de Junts, ambas pedían lo mismo) y así evitar que el Congreso votara sobre ello. El veto se oficializó en una reunión que se mantuvo por WhatsApp, sin convocar presencialmente a las partes interesadas, y el argumento para sostenerlo era el de que la convocatoria de elecciones es una prerrogativa que corresponde al presidente del Gobierno.
Sin embargo, el Congreso ha tramitado y votado en numerosas ocasiones anteriores iniciativas en las que se insta al presidente del Gobierno a que haga algo que es exclusivamente de su competencia. Por ejemplo, se han debatido y votado mociones para pedirle que presente presupuestos o que se repruebe a ministros, ambas prerrogativas suyas. También se aceptó a trámite en 2025 una iniciativa de Junts en la que se le pedía que se sometiera a una cuestión de confianza, aunque esta no se votó porque los nacionalistas la retiraron.
A pesar de la maniobra de la Mesa para hurtar al Congreso de ese debate y esa votación, el reclamo de elecciones no ha amainado entre la oposición y los socios parlamentarios de Sánchez. Ayer, en la sesión de control al Gobierno, Alberto Núñez Feijóotildó a Sánchez de "cobarde". "Mañana (en referencia a este jueves) tendríamos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero es un cobarde que tiene miedo a la democracia", aseguró el líder popular. Sánchez le respondió que sí, que habrá elecciones, pero volvió a subrayar que estas serían en 2027. Su afirmación sobre que "las elecciones se van a celebrar" provocó una airada reacción de la Cámara, como si no fuera algo que se debería dar por hecho.
También el PNV insistió en la convocatoria electoral en la sesión de control de ayer. Su portavoz, Maribel Vaquero, puso el foco en los presupuestos, dijo que "estamos nadando el último largo de la legislatura" y pidió a Sánchez que convoque elecciones si no consigue aprobar las cuentas generales.
Ante esta difícil situación para el Gobierno y tras el veto de la Mesa del Congreso, el PP ha decidido llevar la batalla al Senado y ayer anunció que registraba exactamente la misma iniciativa que la Mesa vetó para que se votara en la Cámara Alta. Ahí el PP tiene mayoría absoluta, por lo que es seguro que saldrá adelante, pero el PNV y Junts también están representados, así que podría suponer un duro golpe. Aunque lo cierto es que el impacto en el Congreso habría sido mayor.
Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, hipotecó el pasado mes de abril una de sus viviendas en Madrid para recibir, con ella como aval, un préstamo bancario de 240.000 euros. Así figura en la información registral de la vivienda, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. El movimiento de Gómez se produjo poco después de que el juez Juan Carlos Peinado terminara la fase de instrucción de su caso, concluyendo que había motivos suficientes para sentarla en el banquillo.
Este lunes, Gómez tendrá que acudir físicamente a una audiencia preliminar convocada por Peinado, quien propone que sea juzgada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. A esta audiencia están convocados también su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, investigados por la misma causa.
La complicada situación judicial de Gómez requiere que la mujer del presidente disponga de liquidez económica para asuntos como pagar a su abogado, el exministro Antonio Camacho, o incluso para hacer frente a la responsabilidad civil en caso de que se le acabe imponiendo una fianza o, en última instancia, acabe siendo condenada.
Según ha podido averiguar este diario, entre las numerosas propiedades de Begoña Gómez figura un piso de 112,97 metros cuadrados en la calle del Prado de Madrid. La vivienda está ubicada en pleno centro de la capital, a menos de cien metros de la plaza de Santa Ana y a sólo 300 metros del Congreso de los Diputados. Según las tasaciones del portal Idealista, las casas en ese edificio tienen un valor de entre los 261.000 euros y los 963.000.
Gómez compró este piso en 2004 junto a su hermano Miguel Ángel, cuando ella apenas tenía 33 años de edad. Tras tiempo colaborando en los negocios vinculados a la prostitución que regentaba su padre, Sabiniano Gómez, por aquel entonces Begoña ya llevaba tres años trabajando en el Grupo Inmark y conocía a Pedro Sánchez, con el que se casaría dos años después, en 2006.
En aquellas fechas, Miguel Ángel Gómez, el hermano, no tenía un trabajo conocido. Se sabe que estudió Derecho y Gestión Empresarial en la Universidad San Pablo-CEU, después realizó un máster de Dirección de empresas en medios audiovisuales y su primer trabajo conocido es a partir de 2005, cuando empezó a trabajar como director y supervisor de postproducción en empresas como Globomedia o Morena Films.
Como Sánchez y Begoña se casaron en régimen de separación de bienes, la vivienda continuó siendo exclusivamente de ella y su hermano. Sin embargo, hace apenas dos meses ambos acudieron a un notario de Madrid para oficializar una serie de cambios. Según la información registral a la que ha accedido este diario, el pasado 29 de abril Begoña y su hermano disolvieron la comunidad existente entre ambos y ella pasó entonces a ser la única propietaria del piso. Se desconoce si se trató de una cesión por parte del hermano o si, en cambio, ella le compró su parte, su mitad de la propiedad. Esta última opción es, sin embargo, menos probable por la búsqueda de liquidez que se deduce de los movimientos de Gómez.
En cualquiera de los casos, al día siguiente, el pasado 30 de abril, ella firmó una hipoteca con el banco BBVA en la que ponía el piso como garantía de un préstamo de 240.000 euros. Es decir, que recibió casi un cuarto de millón, una importante inyección de liquidez, a cambio de poner esa propiedad como aval de dicho préstamo.
Esta situación se produjo dos semanas después de que, el pasado 13 de abril, el juez peinado concluyera la fase de instrucción de su caso y siguiera con él adelante al ver que había indicios suficientes para la celebración de un juicio.
La fecha es importante porque, al acercarse al banquillo de los acusados, se va materializando la posibilidad de que Begoña Gómez tenga que responder con su patrimonio a alguna de las eventualidades que puedan surgir durante el juicio, como las correspondientes a la responsabilidad civil.
Esto significa que si Gómez acaba siendo condenada, podría tener que hacer frente a ese pago. Pero no se limita solo a eso. El juez Peinado podría imponer una fianza de responsabilidad civil antes incluso de que concluya el juicio, una retención que sirva de garantía de que en caso de que salga condenada no evitará cumplir con sus responsabilidades económicas. Esto es algo muy habitual en este tipo de juicios.
Además, podría no limitarse exclusivamente a esos 113.509,32 euros. En caso de ser condenada, también se podría pedir que con esa responsabilidad civil se repare el daño que haya podido causar a otras personas o a otras empresas que, por ejemplo, hubieran optado a desarrollar ese mismo software. Ello implica que Begoña Gómez podría tener que pagar mucho más de lo que la UCM ha estimado que gastó para desarrollar el software.
La vivienda de la calle del Prado no tiene que ver con el piso en el que residían Begoña Gómez y Pedro Sánchez antes de convertirse en inquilinos de la Moncloa. Esa, su residencia habitual, está ubicada en Prado de Somosaguas, una exclusiva urbanización en Pozuelo de Alarcón (Madrid), que cada año figura entre los municipios más ricos de España. La urbanización tiene amplias zonas comunes y servicio de vigilancia. Ambos siguen conservando la propiedad de ese piso, ya que volvería a ser su residencia una vez la pareja tenga que abandonar la Moncloa, suceda cuando suceda.
Login
