Hola,

Hace unos días tuve que pedir una cita con mi médica de familia. El primer hueco disponible en mi centro de salud estaba a once días vista. Es una realidad que viene replicándose en Madrid desde hace años, al menos en determinados barrios de la ciudad —podrás imaginarte cuáles—. No es nada grave así que supongo que puedo esperar, pero el primer reflejo suele ser recurrir a la puerta que siempre está abierta: las urgencias acaban sufriendo también la crisis de atención primaria. 

Al margen de la anécdota, esto me ha hecho pensar en las condiciones en las que trabajan muchos médicos y médicas de familia. Agendas hasta arriba, mucha burocracia, poco tiempo para ver —y conocer— a sus pacientes y gente cabreada porque lleva días y días esperando para ser atendida. 

Con estas condiciones, es muy difícil trabajar. Y, aun así, estos días se han incorporado a centros de salud de todo el país unos 2.500 nuevos residentes, que han terminado la carrera y se especializarán en Medicina Familiar y Comunitaria durante los próximos años. 

A veces caemos en la idea de que es una especialidad poco atractiva, que siempre se elige la última. Hace unos días me entretuve mirando el ritmo de elección de esta convocatoria MIR: cuántas plazas se elegían en cada turno, cuáles se acababan antes o cuántas hay de cada rama. Aunque hay lecturas que refrendan esa teoría, yo no me atrevería a afirmarlo tan tajantemente. 

Es cierto que algunas especialidades, como dermatología y cirugía plástica, suelen agotarse rápidamente, en el primer turno. Tienen fácil salida a la privada y en derma no se suelen hacer guardias. Además de muchas menos plazas: 140 y 53, respectivamente. También es cierto que las últimas plazas en elegirse son las de familiar y comunitaria. Hay hasta el último turno, pero suponen 1 de cada 3 de las 9.275 ofertadas. Recuerda, por poner en perspectiva, 2.544 en total.

Te pongo algunos ejemplos de cómo este número tan elevado puede distorsionar la percepción. Cuando reumatología agotó sus 98 plazas, ya habían elegido familia más de 200 personas. El turno en el que cirugía cardiovascular (24 plazas), pediátrica (20), torácica (22), angiología y cirugía vascular (57) o urología (161) agotaron sus cupos en el octavo turno de elección, ya habían elegido medicina familiar y comunitaria 209 médicos. 

“El problema no está en la especialidad, sino en la cuestión laboral. Lo que está en crisis es la atención primaria”, me contaba Jorge Lema, que es vocal de docencia de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc). “Tal y como están las cosas, bastante vocación hay”, coincidía su colega de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Pilar Rodríguez Ledo. 

Sé que es un tema complejo, pero los números siempre se entienden mejor con gráficos. En este enlace puedes ver unos cuantos que te ayudarán a entender mejor cómo ha ido este año la elección de plazas MIR. 

Receta rápida

Cuánto podemos fiarnos de un ratón

Como sabes, antes de probar un nuevo fármaco o una terapia innovadora en humanos, se testa en animales. Este tipo de experimentación permite obtener información crucial a la hora de desarrollar tratamientos, pero a veces genera expectativas poco realistas. Generalmente, estas pruebas se hacen en ratones, que comparten con nosotros entre un 85 y un 90% de la información genética, pero, a la hora de dar el salto a la clínica, la gran mayoría de las innovaciones fracasan. Es evidente que hay muchas diferencias que nos separan de los ratones.

Sobre esto escribió hace unos días mi compañera Irene Martínez Martínez. En su artículo, recogía que en el caso del cáncer, cuando los resultados eran positivos en animales, la tasa de éxito en humanos rondaba el 10%. En general, era del 5%, una de cada 20. El tema me ha parecido muy interesante, te lo dejo por aquí si te apetece leértelo. 

Con esto me despido por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Pasa buena semana y ¡salud!

La brecha abierta entre Mónica García y los sindicatos médicos no hace más que ensancharse. Y los últimos pasos para tratar de resolver el conflicto no hacen sino agrandarla. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este miércoles, en el que Sanidad pretendía abordar con las comunidades autónomas algunas de las reivindicaciones de las organizaciones es un ejemplo. “La ministra está sola”, trasladaron con una sola voz los consejeros autonómicos que, si bien habían solicitado la reunión, optaron por no intervenir.

En su lugar, los y las responsables de sanidad de los diferentes territorios optaron por leer un acuerdo conjunto, en el que señalan a Sanidad como responsable del conflicto en torno al nuevo estatuto marco, que rechazan los médicos. “Es precisamente el contenido y la tramitación de esta norma lo que ha motivado la actual convocatoria de huelga de ámbito estatal, dirigida al Ministerio, tal y como evidencian tanto el origen de las reivindicaciones como el propio marco de interlocución de las organizaciones convocantes”, trasladaron.

El texto lo firmaron 16 comunidades —todas salvo Catalunya, que compartía los argumentos, pero evitó echar más leña al fuego— con gobiernos de todo signo. Desde el de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, del PP; hasta los de los socialistas de Asturias, Adrián Barbón; Navarra, María Chivite; y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; pasando por el de Coalición Canaria, Fernando Clavijo; o el vasco.

Precisamente, fue el consejero del PNV, Alberto Martínez, el elegido como portavoz. Martínez ya había avanzado el día previo que las consejerías trabajaban en un documento conjunto que trasladaron a Sanidad durante la tarde. El anuncio lo hizo en una intervención en la que comprometió 70 millones de euros anuales del presupuesto autonómico para responder a algunas de las demandas del Sindicato Médico de Euskadi, como la reorganización de las guardias, la mejora de la retribución o el incremento de los complementos de productividad.

Tras la reunión de este miércoles, la ministra García se mostró contrariada con la posición de las comunidades ante la primera reforma del estatuto marco y las condiciones de los médicos en más de dos décadas: “No sé si tiene que ver con lo peor del statu quo o con lo de que el que pueda hacer que haga”. “Traíamos una serie de puntos que resuelven una gran parte de las reivindicaciones del comité de huelga y del colectivo médico, pero las comunidades han rechazado comprometerse. Podrían haber desbloqueado el conflicto asumiendo su parte de las competencias y han decidido no hacerlo y mirar para otro lado”, dijo en rueda de prensa.

Los acuerdos que Sanidad quería poner sobre la mesa, “para dotar de armonía” a todas las comunidades, pasaban por un límite a la jornada de guardia y su mejora retributiva, el establecimiento de la jornada ordinaria de 35 horas y la reducción progresiva de la jornada máxima semanal. “En su día nos dijeron que no eran competencia del estatuto marco y, toda vez que lo sacamos del estatuto marco y lo traemos al acuerdo del Consejo Interterritorial, es contradictorio que justo cuando vamos a hablar de esos acuerdos se nieguen y digan que no son su competencia”. “No pueden hacer de perro del hortelano, que ni resuelven ni dejan resolver”, ha espetado García sobre la actitud de unos consejeros que a la que no encuentra “explicación, a no ser que no quieran ver el fin del conflicto”.

El estatuto marco recoge unos mínimos que todas las comunidades deben asumir. Por ejemplo, el texto que pasó hace unos días por el Consejo de Ministros reduce el máximo de horas de guardia de 24 a 17 horas, reduce la jornada laboral máxima a 45 y establece oposiciones cada dos años. “Pero las consejerías pueden llegar a los acuerdos que quieran [a mejor]”, ha insistido García, que ha denunciado que los responsables autonómicos tampoco han querido hablar de la reducción progresiva de la jornada laboral máxima.

La retribución de las horas de guardia es uno de los temas más representativos. Según un informe del Sindicato Médico Andaluz, en 2023 había una diferencia de casi 10 euros por hora en un día laborable, de más de 11 en festivo y de hasta 38 euros en jornada especial entre las comunidades que menos y más pagaban.

El principal frente abierto está con los sindicatos médicos, que no están conformes con la negociación entre Sanidad y las organizaciones del ámbito. El leitmotiv de su reivindicación es que no están representados en esa mesa, donde se negocia las condiciones de todos los trabajadores del sector, donde los médicos solo representan en torno al 20%.

Este miércoles, el comité de huelga respondió públicamente a una carta que el Ministerio le había trasladado el día anterior —y que no había hecho pública entonces—, para criticar que “ni la ministra, ni sus representantes en la mesa de negociación han mostrado la menor confianza en el diálogo como vía de solucionar el conflicto”. “Por el contrario, han insistido en presentarnos soluciones jurídicamente inviables y en confundir a la opinión pública con comunicados tendenciosos e inexactos, haciendo recaer sobre nosotros la responsabilidad del conflicto”.

En el comunicado, señalan que es “falso” que el estatuto marco recojan sus reivindicaciones; que es “discriminatorio” que solo los facultativos estén “obligados a hacer horas extra pagadas por debajo de la hora ordinaria”; que no se ha modificado la clasificación profesional; o que es falso que la creación de una mesa de negociación específica esté en manos de las comunidades autónomas.

García ha insistido este miércoles en ese punto. “La creación de mesas específicas de negociación del colectivo médico es algo que recoge el Estatuto Básico del Empleado Público y que las comunidades pueden hacer desde hoy mismo amparándose en el artículo 39.4, como se ha hecho en otras categorías y áreas”, ha dicho. Ese punto establece que “el establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas”.

Ante este panorama, los sindicatos médicos mantienen la huelga prevista para la próxima semana —la quinta en lo que va de año—, con los puentes rotos con Sanidad. “La persistencia de la convocatoria evidencia que el problema de fondo continúa abierto y que no se ha alcanzado el necesario consenso con el colectivo médico. Esta situación hace imprescindible reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo”, consideran desde las comunidades.

Un nuevo diálogo que ha puesto en alerta a los sindicatos de la mesa del ámbito, que han enviado a su vez una acrta a las consejerías advirtiéndoles de que es en esos espacios donde se abordan las condiciones laborales de los profesionales. En concreto, les han pedido no “desplazar de facto la negociación colectiva hacia espacios distintos de los legalmente previstos” ni “crear precedentes que debiliten los mecanismos ordinarios de participación y negociación colectiva”. Una posición que suma un nuevo quebradero de cabeza a un conflicto ya de por si complejo.

La Ministra, por su parte, sigue convencida de sacar adelante un estatuto, el primero en 23 años, que considera “la primera piedra para acabar con la precariedad y la inestabilidad” de los médicos: “No vamos a renunciar, porque me parecería una traición a los profesionales”.

“La ministra se ha quedado sola”. El consejero vasco de sanidad, Alberto Martínez, ha tomado la palabra en nombre de todas las comunidades para avanzar una posición conjunta de cara a la reunión del Consejo Interterritorial que se celebra este miércoles. A las puertas de la sede ministerial, Martínez ha afirmado la disposición de los gobiernos autonómicos a “tender la mano al Ministerio para retomar la relación” con Mónica García para, a renglón seguido, avanzar que no intervendrán en ninguno de los puntos del día previstos para este encuentro.

Todas las consejerías, salvo Catalunya, han firmado un documento que leerán al inicio de la reunión. Será su única aportación a un Consejo en el que estaba previsto abordar cuestiones como el límite máximo de jornada ordinaria de 35 horas, la retribución de la hora de guardia, la creación de mesas específicas de negociación o la clasificación profesional.

Las consejerías justifican su decisión en que el estatuto marco contra el que se levantan los médicos es “una norma básica de carácter estatal, cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico”. Y son las comunidades autónomas, dicen, “como responsables de la organización y prestación de la asistencia sanitaria”, quienes están “asumiendo las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de un conflicto cuya raíz no se sitúa” en su “ámbito competencial”.

En el documento, que han leído en la reunión con Sanidad, exigen al Ministerio que reabra “con urgencia un proceso de diálogo, real, efectivo y constructivo” e impulse, “con carácter inmediato, medidas estructurales y sostenidas en el tiempo”.

“Al terminar la lectura y la explicación” del documento, señaló Martínez a la prensa, “daremos por terminada nuestra intervención”. El consejero vasco ha aclarado, no obstante, que no se levantarán de la mesa, aunque no realizarán más aportaciones.

Navarra ha hecho un apunte al documento, en el que hace constar que “puesto que todos sus profesionales son funcionarios del Gobierno de Navarra, el estatuto marco afecta tan solo en cuestiones relativas a la jornada, siendo las soluciones a la mayoría de las reivindicaciones del colectivo médico competencia de la propia comunidad, no estatal salvo en el caso de los médicos en formación, de manera diferenciada al resto de las comunidades”.

Desde el departament de Salud catalán aclaran que “el hecho de no adherirse a este texto no implica desacuerdo con su contenido”. “Compartimos buena parte de las reflexiones que en él se expresan, pero no compartimos iniciativas que puedan profundizar en el actual contexto de conflictividad”, apuntan.

El conflicto entre Sanidad y los sindicatos médicos se prolonga ya durante meses. De hecho, las organizaciones sindicales establecieron en enero un calendario de huelgas de una semana al mes, al menos hasta junio. La última prevista está convocada para el próximo lunes. “La responsabilidad de su resolución sigue estando exclusivamente en manos de las administraciones, por lo que mientras no lleguen propuestas serias para desbloquearlo, el colectivo médico mantendrá la movilización y responderá con la unidad, firmeza y determinación con las que lo ha hecho hasta ahora”, señalaban desde el Comité de Huelga en un comunicado la semana pasada.

Aunque el foco está puesto en la ministra, en varias comunidades los sindicatos han mantenido huelgas autonómicas, también frente a sus propias consejerías. Es el caso de la Comunitat Valenciana, Madrid o Aragón, donde algunos especialistas han renunciado a hacer 'peonadas', las horas extra con las que se rebajan las listas de espera.

García ha hecho referencia este martes al encuentro con las consejerías de sanidad. “Pondremos encima de la mesa aquellas reivindicaciones que no son de nuestra competencia”, insistió durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Entre ellas, enumeró “las retribuciones de la hora de guardia”, “la disminución más allá de los límites que hemos puesto en el estatuto marco de las guardias” , la puesta en marcha de ,esas de partición de decisión que sean exclusivamente médicas“ o la implantación de las ”35 horas de jornada laboral“.

“Lo que trae el estatuto marco son límites al abuso de aquellos que ejercen las competencias en materia de sanidad, que están transferidas desde el año 2002”, ha hecho hincapié la ministra: “Eso significa que la gestión, la planificación, los recursos humanos, las plantillas y el abordaje de las mejoras de las condiciones laborales son competencia de las comunidades autónomas”.

Por su parte, los sindicatos Satse, Comisiones Obreras, UGT y CSIF han enviado sendas misivas a las consejerías recordando que los asuntos que pretenden abordar “forman parte del ámbito propio de la negociación colectiva”. Es ese ámbito, en el que estas organizaciones están presentes, donde Sanidad pactó el nuevo estatuto marco.

En ese sentido, estos sindicatos muestran su “preocupación” porque los acuerdos que puedan adoptarse en el marco del Consejo Interterritorial, lleguen a “alterar o condicionar procesos de negociación ya iniciados o en curso en el Ámbito de Negociación”, “desplazar de facto la negociación colectiva hacia espacios distintos de los legalmente previstos”, “generar desequilibrios o respuestas parciales dirigidas exclusivamente a determinados colectivos profesionales” y “crear precedentes que debiliten los mecanismos ordinarios de participación y negociación colectiva”.

Los sindicatos del ámbito solicitan a las consejerías que cualquier asunto del orden del día que afecte a las condiciones laborales, clasificación profesional, jornada, retribuciones, organización del trabajo o estructuras de negociación “respete plenamente” el “espacio legítimo de negociación colectiva”. Además, piden que las comunidades, “como administraciones empleadoras y responsables de la gestión de los servicios sanitarios, participen activamente en el fortalecimiento de los espacios de negociación colectiva y diálogo social”.

Cualquier ciudadano que haya necesitado un medicamento financiado por el Sistema Nacional de Salud habrá visto a su farmacéutico cortar el cupón de la caja con un cúter y pegarlo con celo en una hoja. El fin de este proceso cotidiano, y arcaico, en las farmacias es trasladar la información a la administración que asume una parte o la integridad del coste del fármaco. Este sistema tiene los días contados.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para actualizar la regulación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos. La norma incluye la sustitución progresiva de ese cupón precinto por un identificador único que “permitirá avanzar hacia un modelo más digital para la gestión de la prestación farmacéutica, simplificando procedimientos administrativos y mejorando la eficiencia de los sistemas de información”, indican desde el departamento que dirige Mónica García.

La reforma, señalan, “adapta el marco normativo a la evolución tecnológica del sistema y actualiza determinados aspectos de su funcionamiento, para mejorar la interoperabilidad y el intercambio seguro de información en las administraciones sanitarias”.

El identificador que irá incorporándose en los envases permitirá “comprobar su autenticidad y garantizar su trazabilidad”. Así, se espera que suponga una barrera más a la entrada al sistema legal de fármacos falsificados en cualquier punto de la cadena de distribución.

Una nueva ley de organizaciones de pacientes

El Consejo de Ministros ha aprobado también el proyecto de ley de las Organizaciones de Pacientes, que “refuerza la participación de estas entidades en el desrrollo de las políticas sanitarias”. “Viene a cubrir una laguna jurídica”, ha indicado García.

La norma reconoce “derechos específicos de participción, información y representación institucional ante la Administración General del Estado” y mandata la participación de ocho representantes de estas organizaciones en el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud.

En 2024, último año del que hay datos disponibles, se diagnosticaron en España unas 93.000 infecciones de transmisión sexual. La tendencia es ascendente para las principales ITS que monitoriza el Instituto de Salud Carlos III. Desde el año 2000, han aumentado la gonorrea, la sífilis y la clamidia, señalaba el último informe de vigilancia epidemiológica, del que se ha hecho eco este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García: “Las ITS existen y pueden estar más cerca de lo que pensamos”.

El Ministerio ha presentado su nueva hoja de ruta para el periodo 2026-2030, con el que busca revertir una tendencia que atribuye a “cambios en los comportamientos sexuales y en las formas de relación, así como a la mejora de la vigilancia epidemiológica y del acceso a las pruebas diagnósticas”, indican en un comunicado.

El aumento de los casos no es negativo per se, si este se debe a un mayor control y una mejora de los diagnósticos, porque cada positivo que se detecta y se trata corta la propagación de la infección. De hecho, dos de las palancas que quiere activar Sanidad en su nuevo plan son la “innovación en el diagnóstico” y la “universalidad” en el acceso a la protección de la salud para personas extranjeras.

En el primer caso, el Ministerio ha autorizado el primer kit de autotoma de muestras en España para “facilitar el diagnóstico de ITS fuera de los entornos clínicos convencionales”. En el segundo, “se impulsa la capacidad diagnóstica en la Atención Primaria”.

En el apartado de prevención, el Gobierno tiene previsto destinar más de nueve millones de euros para financiar, a partir de 2027, preservativos para jóvenes de entre 16 y 22 años. “La mayoría de los diagnósticos se produce en adultos jóvenes con una afectación superior en hombres que en mujeres en todas las ITS, a excepción de la clamidia, donde la proporción de mujeres menores de 25 años es elevada”, indican desde el Ministerio, cuya campaña recuerda “que estas infecciones no se limitan a una población, edad o contexto específicos”.

Por otro lado, Sanidad priorizará el control de la gonorrea multirresistente. Una infección que preocupa especialmente, “ante el riesgo de aparición de cepas que comprometan los tratamientos actuales”. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, estas resistencias afectan a fármacos como las tetraciclinas, los macrólidos, las combinaciones de sulfonamidas y trimetoprim y, más recientemente, las quinolonas, lo que dificulta el abordaje de la enfermedad.

En 2024 se notificaron 37.257 casos de infección gonocócica, lo que supone una tasa de 77 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de la Chlamydia trachomatis, se detectaron 41.918 infecciones, con un aumento del 19.6% desde 2016. La sífilis alcanzó los 11.930 casos, un 19,4% más que en 2021.

Además, se notificaron 1.966 casos de linfogranuloma venéreo. No obstante, desde el ISCIII, recordaban en su informe de vigilancia epidemiológica que es necesario implantar el seguimiento de esta enfermedad en todas las comunidades autónomas.

El Papa ha cargado este lunes contra el aborto y la eutanasia durante su comparecencia en el Congreso. León XIV ha aprovechado su intervención en la sede de la soberanía nacional para defender que “la dignidad inviolable de la persona humana” no puede “quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento”.

Prevost, que a lo largo del fin de semana había alertado contra “enfoques identitarios” y contra la “polarización” y había dado voz a migrantes y jóvenes, ha aprovechado en esta ocasión para lanzar un mensaje político ante “quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social”.

Al margen de las mayorías parlamentarias que configuran la legislación española, León XIV ha considerado que “la convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte”. “Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás?”.

La de este lunes era la primera vez que un Papa toma la palabra en el Congreso español. Desde una posición de honor, León XIV ha insistido en que “toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia”. “Cuando esa certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona”.

Las palabras de Prevost llegan en un momento en el que el Gobierno trabaja por blindar el aborto en la Constitución. Una reforma que se está tramitando en la Cámara Baja, pese al rechazo del PP y Vox y algunas críticas de los socios por la fórmula elegida. El objetivo es que los poderes públicos garanticen “el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva en cuantas prestaciones y servicios sean necesarios”.

En cuanto a la eutanasia, el Congreso la aprobó a finales de 2020, con los únicos votos en contra de PP, Vox y UPN, tras 25 años de intentos fallidos. Desde entonces, asociaciones ultras como Abogados Cristianos han batallado contra esa normativa. El último capítulo ha sido el aval del Tribunal Supremo a que un familiar con una “vinculación particularmente estrecha” con un solicitante pueda recurrir judicialmente su muerte digna, aunque esta ya esté avalada por los médicos.