El Tribunal Supremo no ve razones que justifiquen el indulto a Álvaro García Ortiz. La Sala que condenó al ex fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos por la filtración de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha informado, por mayoría, en contra de la concesión de la medida de gracia solicitada para él por varios ciudadanos al no apreciar razones de justicia, equidad o utilidad pública que la sustenten.

Para el tribunal, los hechos por los que fue condenado "fueron graves" y han provocado "una afectación importante de la institucionalidad del Ministerio Público por la relevancia de su función, como promotor de la Justicia, garante de la independencia judicial y del ejercicio de los derechos de los ciudadanos de acuerdo a la legalidad”.

Según exponen los magistrados, "la contravención de la norma referida al mantenimiento del secreto y confidencialidad de sus actuaciones es un hecho grave, que, declarado en sentencia firme, debe ser ejecutado, aunque sea con una consecuencia jurídica de escasa relevancia".

Además, añaden que tampoco han constatado "una actuación posterior del condenado que suponga un reconocimiento de la vigencia de la norma y un acatamiento al orden jurídico".

"Se indultan las penas, no el delito"

El tribunal aprecia una sustancial falta de contenido del indulto que se solicita para García Ortiz y recuerda que "se indultan las penas, no el delito". Y a este respecto precisa asimismo que "no se indultan las penas ya cumplidas sino sólo las que están en ejecución", según la propia Ley de Indulto.

La "pérdida de relevancia de la consecuencia jurídica" de la condena (la inhabilitación para ejercer el cargo, dado que ya fue designada su sucesora en el mismo, la actual fiscal general Teresa Peramato, para un periodo de cuatro años, no pudiendo ser cesada salvo por causas tasadas por ley) es puesta de manifiesto -recuerda el Supremo- por el Ministerio Fiscal (que sí respalda el indulto). La Sala recalca que "también es procedente afirmar esa pérdida de relevancia respecto al indulto que se propone".

En este caso, recuerdan los magistrados, únicamente está pendiente de ejecución la pena de inhabilitación para el ejercicio del cargo de fiscal general del Estado (García Ortiz renunció al puesto en noviembre del pasado año, una vez hecha pública la sentencia, anticipándose a su ejecución).

Por ello, la Sala acuerda informar desfavorablemente la petición de indulto. Al mismo tiempo, señala que los proponentes del derecho de gracia no justifican en modo alguno, ni informan sobre las supuestas razones de justicia, equidad y de utilidad pública que justificarían la adopción de la medida.

Ahora, el alto tribunal envía su informe a la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, quien será la encargada de remitirlo al Ministerio de Justicia para que el Gobierno adopte la decisión al respecto.

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Los fiscales han alzado la voz en contra de las explicaciones que ha ofrecido la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a las dos reuniones de la exmilitante socialista Leire Díez en la sede institucional. Este jueves la Asociación de Fiscales (AF) expresaba en un comunicado su desconcierto ante el hecho de que dos "particulares" -Leire Díez y el letrado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo- se reunieran y dieran cuenta del contenido al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ahora, a sus reproches se ha sumado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ha emitido otro duro comunicado en el que ha expresado su "preocupación" por las reuniones del entonces Teniente de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, y miembros de las ya denominadas "cloacas" del PSOE.

La organización considera que estos encuentros generan serias dudas sobre la independencia y la apariencia de neutralidad política de la institución fiscal. Más aún, que estas reuniones se conozcan cuando aún se están "recuperando de la situación vivida por el Ministerio Fiscal que tuvo que presenciar cómo su Jefe, el Fiscal General del Estado, sin dimitir de dicho cargo, tenía la condición de acusado y se sometía a un procedimiento penal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, finalmente, fue condenado por la comisión

de un delito en el ejercicio de su cargo".

En el documento, la Asociación recuerda que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado es el órgano encargado de asesorar al Fiscal General y de elaborar documentos doctrinales de obligado cumplimiento para todos los fiscales del país. Por ello, la asociación se pregunta cuál fue el motivo de dichas reuniones, qué objetivo perseguían y por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción sobre su contenido.

Para la organización, estos interrogantes "no han sido contestados por la FGE" y esto produce "una lógica intranquilidad porque tiñe a estas reuniones de fines espurios, de fines que no pueden explicarse porque no tienen amparo legal".

"La Fiscalía, el Ministerio Fiscal, es una institución básica en un Estado de Derecho y, por tanto, no sólo debe funcionar de manera independiente sino que además debe parecerlo. Estos comportamientos nos alejan seriamente de esa apariencia de neutralidad política y de independencia", aseguran.

En su comunicado, APIF sostiene que las informaciones conocidas sobre estos encuentros perjudican la credibilidad de la institución, profundizan el descrédito que afecta al Ministerio Fiscal, y va en contra de las manifestaciones de la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de "curar heridas" y "pasar página". Al contrario, dicen, "nos hunde aún más en un descrédito que no nos merecemos y, mucho menos, se merecen los ciudadanos".

Como medida inmediata, la asociación solicita a la Fiscalía General del Estado que ordene la apertura de diligencias de investigación para esclarecer los hechos. Asimismo, pide que se tome declaración a diversos fiscales que habrían tenido relación con los encuentros y con las circunstancias investigadas como son Álvaro Garcia Ortiz, Diego Villafañe y la fiscal de la Audiencia Nacional Beatriz López Pesquera.

© EFE

La Audiencia Provincial de Barcelona tiene previsto decidir el próximo 3 de julio si ordena reabrir la investigación contra [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/mossos-fuga-puigdemont-ven-solo-sospechas-conjeturas-intento-reabrir-causa_202605266a155ecd339dd32ea9967008.html|||tres mossos dEsquadra]] por haber auxiliado supuestamente a Carles Puigdemont a esquivar la orden de detención en vigor contra él el 8 de agosto de 2024 y huir de nuevo a Bruselas tras reaparecer en Barcelona con motivo de la investidura de Salvador Illa.

Así consta en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, en la que la letrada de la Administración de Justicia de la Sección 7ª del citado tribunal fija esa fecha para "la deliberación, votación y fallo" de los recursos interpuestos por la Fiscalía, Hazte Oír y Vox contra la decisión de la instructora de archivar el procedimiento el pasado 27 de abril al no apreciar indicios de delito tras casi dos años de investigación.

El ponente de la resolución (encargado de redactar el fallo) será el magistrado Pablo Díez Noval, según consta en ese mismo escrito.

Aunque coinciden en que la investigación judicial debe proseguir, Fiscalía y acusaciones populares discrepan sin embargo respecto a los delitos que deben imputarse a los tres mossos encausados -Jordi Rodrigo, Xavier Manso y David Goicoechea-. El Ministerio Público únicamente aprecia indicios suficientes para seguir investigándoles por omisión del deber de perseguir delitos, pero no por encubrimiento. Por contra, tanto Vox como Hazte Oír no ven motivos para apartar de la causa este último delito.

El fiscal no ve encubrimiento

Según las dos acusaciones populares, el encubrimiento no precisa de una intervención material directa "sobre el desplazamiento físico" de Puigdemont, ni la ejecución de "actos visibles de ocultación en sentido estricto". Es suficiente, según pusieron de manifiesto, cualquier conducta "objetivamente orientada a favorecer" que el expresidente de la Generalitat consiguiese "sustraerse a la acción policial o evitar su captura". No obstante, el fiscal descarta el encubrimiento, pues señaló que los tres mossos no actuaron "con abuso de funciones públicas".

Para la Fiscalía, existió una "actuación coordinada y organizada" entre los tres mossos para ayudar a Puigdemont a sortear la orden de detención contra él cursada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del "procés". Según pone de manifiesto en su recurso, llevaron a cabo un comportamiento "colaborador y activo".

Y ve tan claros los indicios de la omisión del deber de perseguir delitos por parte de los tres mossos que aboga por el procesamiento de los agentes. Al margen de que no estuvieran de servicio ese día, argumenta, "continuaban sometidos a todas las obligaciones inherentes" a su condición de funcionarios de policía. "Un policía es policía, lleve su uniforme o no", hizo hincapié el fiscal en contra del criterio de la magistrada María Antonia Coscollola, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona.

Tampoco considera determinante que no se hallasen comunicaciones telefónicas entre los mossos y el líder de Junts en esas fechas, pues pudieron "ponerse de acuerdo de muy diversos modos y en momentos anteriores" (Puigdemont había anunciado con antelación que acudiría a la investidura de Illa).

"Plan elaborado"

El fiscal aprecia la existencia de un "plan elaborado" para "permitir la aparición pública" del líder independentista y "facilitar la huida del mismo impidiendo el cumplimiento de la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo, cuya existencia y dictado era conocida por cualquier ciudadano residente en el territorio nacional, dada la enorme cobertura informativa de la que fue objeto".

Por su parte, Hazte Oír atribuye a los tres mossos "una intervención activa, organizada y consciente" en la fuga de Puigdemont "que es justamente lo opuesto a la conducta debida por funcionarios policiales conocedores de una orden de detención en vigor sobre quien tenían delante". "Resulta de muy difícil argumentación que tres agentes en activo del Cuerpo de Mossos d’Esquadra desconocieran la existencia de la orden de detención", argumenta en sus alegaciones el letrado de la acusación popular, Javier María Pérez-Roldán.

"La orden era pública y notoria, ampliamente difundida por los medios de comunicación, y vinculaba a la totalidad de los cuerpos policiales", destacó en su escrito, en el que resaltaba que "su propia condición funcionarial, sus cauces internos de información y la cobertura mediática del asunto excluyen toda hipótesis de ignorancia". No obstante, exponía, "lejos de cumplir su deber" optaron "por acompañar a Puigdemont, ampararle físicamente y favorecer su ulterior salida del lugar".

Las defensas: solo "sospechas" y "conjeturasa"

Pero para las defensas de los mossos investigados, las acusaciones quieren reabrir la causa solo con "sospechas" y "conjeturas". En los recursos contra la decisión de archivarla, se quejan, no se identifican nuevos indicios, enarbolando "una construcción hipotética basada en posibilidades abstractas" sobre una "coordinación previa" de los investigados con Puigdemont y meras "especulaciones sobre teléfonos no intervenidos, comunicaciones no detectadas o planes no acreditados". "No basta una concatenación de sospechas" para reabrir el procedimiento, insisten.

"Ninguna grabación muestra actos típicos de ocultación, ayuda material o facilitación efectiva de la fuga", recalcan las defensas. "No existe comunicación acreditada con el president Puigdemont en esas fechas", destacan, al tiempo que ponen de relieve que tampoco consta "ninguna orden recibida por los investigados".

A este respecto señala que estaban "fuera de servicio". "No estaban ejerciendo funciones operativas, no recibieron orden concreta de actuar, carecían de competencia funcional para ejecutar la detención y no consta, por tanto, conducta omisiva", subrayan las defensas en el escrito en el que se oponen a las peticiones de reapertura.

© Zorraquino/Ep

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado tras un exhaustivo análisis de correos electrónicos y llamadas telefónicas que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez contactaba "de forma habitual" con los patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esas "labores de asistencia" a Gómez en sus actividades privadas, los agentes inciden en que las comunicaciones se centran sobre todo en el desarrollo del software para una plataforma dirigida a las pymes del que supuestamente se había apropiado la esposa de Sánchez pese a que fue costeado con dinero público.

Hasta el punto de que, dadas las "funciones de gestión y auxilio a la dirección de la catedra" que desarrolló, la Guardia Civil le considera "integrada en el equipo de trabajo de la cátedra". "Independientemente de la ausencia de una relación formal con la universidad", queda acreditada que llevó a cabo "una gestión activa" en el marco de la misma, como atestigua el examen de sus comunicaciones.

Así, la UCO ha hallado más de 200 correos en los que -bien como remitente, destinataria o en copia- se aborda el desarrollo del software. Entre otros, un total de 58 correos, entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023, con Deloitte, a la que se adjudicaron dos contratos de consultoría para el desarrollo de esa herramienta digital asociada a la cátedra. Comunicaciones entre las que se incluye, entre otras personas, a la propia Begoña Gómez.

En esos correos se abordan, por ejemplo, cuestiones relativas a reuniones de la cátedra para el proyecto del software (ocho correos entre el 23 y el 30 de noviembre de 2022), reuniones por videoconferencia (cinco correos para esas citas a las que es convocada entre diciembre de 2022 y enero de 2023) o la firma de convenios.

Los agentes contabilizan más de una veintena de correos desde finales de febrero a primeros de julio de 2022 relacionados con el desarrollo de ese software (con copia a la esposa de Sánchez).

95 correos con veinte empleados de Telefónica

En cuanto a los contactos con Telefónica, que aportó "material humano para el desarrollo de un módulo" de esa herramienta digital, el informe de la UCO señala que veinte empleados de la compañía "mantuvieron comunicaciones vía correo" con Álvarez, la mayoría vinculados con el desarrollo de la plataforma digital de medición de impacto social. En total, se intercambiaron 95 correos.

A su vez, Telefónica aportó 66 correos entre el 14 de enero de 2022 y el 1 de marzo de 2023 centrados en la convocatoria de reuniones a través de Zoom para el desarrollo de esa plataforma, entre cuyos destinatarios figura Begoña Gómez pero no su asesora.

Con Indra, figura como destinataria (o en copia) de 37 correos, aunque en la gran mayoría la Guardia Civil no aprecia una "intervención directa" de la asesora en las cuestiones tratadas sobre el software (salvo las gestiones para que Gómez se reuniera con el directivo de la compañía Ángel Bonet.

Con otra de las empresas que colaboraron con la plataforma, Making Science, los agentes han constatado un intercambio de comunicaciones en relación a tres reuniones celebradas entre enero de 2023 y febrero del año siguiente (cuando la sociedad realizó una oferta para una segunda fase del proyecto que finalmente no cuajó).

Los correos intercambiados con las distintas empresas implicadas en el proyecto son numerosos: Google (26 de mayo de 2022 a mayo de 2023); Devoteam (29 comunicaciones para reuniones de seguimiento, a una de las cuales fue convocada Álvarez)

Las llamadas telefónicas

La UCO cumplimenta así el encargo del juez Peinado de julio del pasado año, cuando el instructor encargó a la Guardia Civil el análisis de las llamadas efectuadas o recibidas desde su teléfono móvil con empresas vinculadas a la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Complutense, con la propia universidad y con el empresario Juan Carlos Barrabés y su grupo de sociedades.

Tras analizar la documentación remitida por Telefónica, Vodafone, Indra y Google, entre otras, los agentes concluyen que Cristina Álvarez "formaba parte de forma habitual en diferentes comunicaciones efectuadas con los colaboradores" de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno (empresas que aportaron los correos electrónicos analizados).

Los investigadores no han hallado rastro de llamadas vinculadas con la Organización Mundial del Turismo (OMT), pero si una comunicación de noviembre de 2024 con el Círculo de Bellas Artes, constando en agosto de 2021 la participación de la cátedra en un foro de innovación en artes y humanidades celebrado en la sede de la institución en Madrid.

Cristina Álvarez también se dirigió a dos de las empresas vinculadas a la cátedra, Numintec Comunicaciones (que asumió el pago de 6.000 euros a la cátedra) y Conpymes. Igualmente, constan contactos telefónicos con la Fundación La Caixa, una de las entidades que suscribieron el convenio de creación de la cátedra codirigida por Begoña Gómez, con personal de la Complutense (en particular, con el codirector de la cátedra, José Manuel Ruano), pero no con Barrabés y sus empresas.

© Jesús G. Feria / LA RAZÓN