El pleno de las Corts ha dado el carpetazo definitivo a la comisión de investigación de la dana con la aprobación gracias a los votos del PP y de Vox del dictamen final calificado como “fake” por las asociaciones de víctimas mayoritarias, cuyos representantes han presenciado la sesión desde la zona de invitados del hemiciclo. También ha estado en su escaño y ha votado a favor junto al resto del grupo popular el expresidente, Carlos Mazón.

Aunque la votación de las conclusiones se ha abordado en la sesión vespertina, por la mañana, al inicio del pleno, la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, ha pedido que se retirara del orden del día argumentando que el chat del grupo de Whatsapp del Consell, que se conoció días después del cierre de la comisión de investigación, invalida el dictamen. Tanto el PP como Vox se han opuesto, lo que ha posibilitado su aprobación por la tarde. En los mencionados mensajes se evidencia que desde primera hora de la mañana los responsables de la Generalitat eran conscientes del peligro que podía darse aquella trágica jornada del 29 de octubre de 2024.

Precisamente, el portavoz de coalición valencianista, Joan Baldoví, ha protagonizado uno de los momentos más tensos durante la mañana cuando ha recordado lo que escribió el expresidente, Carlos Mazón: “A las 8.00 de la mañana del 29 de octubre de 2024 Carlos Mazón dijo vamos a inundar a los medios de datos, desprende sensación de estar alerta que te cagas, después desapareció y se encerró en un reservado mientras morían 230 personas”, momento en el que Mazón, al escucharlo desde su escaño ha soltado una carcajada.

Ya por la tarde, antes del debate de aprobación del dictamen, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales dana del 29 de octubre, Rosa Álvarez, ha considerado “una vergüenza” el cierre de la comisión de investigación de Les Corts sobre la gestión de la dana, y ha criticado que Carlos Mazón siga ocupando un escaño en Les Corts y siga “riéndose de las víctimas”.

Las tres asociaciones mayoritarias de víctimas han sido invitadas por el PSPV y Compromís al pleno de Les Corts Valencianes para presenciar la aprobación definitiva del dictamen de conclusiones de la comisión de investigación parlamentaria de la dana presentado por el PP y por Vox.

“Queremos presenciar la vergüenza de que cierren una comisión de investigación que desde el primer momento dijimos que era una investigación 'fake'” porque no se ha llamado a declarar a las dos personas investigadas en la causa judicial: la exconsellera Salomé Pradas y el secretario autonómico Emilio Argüeso, ha dicho Álvarez quien también ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que “se deje de las joyas de la abuela [en referencia a Zapatero] y se centre en que aquí hay 230 víctimas que necesitan respuesta” y que Mazón “esté fuera de la política”.

Indignación del PSPV y Compromís

El PSPV y Compromís han defendido sus votos particulares al dictamen, que han sido rechazados, en los que denuncian que el PP y Vox han instrumentalizado la comisión para proteger al Consell, que no ha habido interés por investigar la gestión de la dana y que la comisión se ha cerrado de forma precipitada y sin justificación, y exigen la constitución de una verdadera comisión de investigación.

La socialista Alicia Andújar ha asegurado que esta comisión “no pasará a la historia por intentar esclarecer la verdad sobre la muerte de 230 personas”, sino por ser “una comisión de exculpación” y para “encubrir” la gestión del Consell del Carlos Mazón, y ha advertido de que esta comisión es “ilegal”.

Isaura Navarro (Compromís) ha considerado “inviable” hacer un dictamen con la documentación aportada y las comparecencias llevadas a cabo; ha afirmado que el PP y Vox “nunca han querido saber la verdad”, y ha prometido que ganarán las elecciones y reabrirán la comisión “para que se sepa toda la verdad”.

El síndic del PP, Fernando Pastor, ha defendido el dictamen porque “no nace en un despacho ni de una consigna o de un relato”, sino de las comparecencias, del trabajo y de la documentación recibida en una comisión que, según ha destacado, ha hecho “el ejercicio de participación más amplio” y en el que “no ha habido vetos”.

El síndic de Vox, José María Llanos, ha celebrado que la comisión haya llegado a su fin y haya podido presentar sus conclusiones, pese a que sus trabajos han estado “mermados por la ausencia de comparecientes e información por parte del Gobierno de España”.

Los bulos del dictamen aprobado por el PP y Vox

Como informó elDiario.es, el documento de PP y Vox, de 126 páginas, señala que existía cobertura legal para que el Estado hubiera asumido la dirección de la emergencia y critica tanto las “deficiencias” en la información meteorológica e hidrológica transmitida durante la emergencia como la falta de ejecución por el Gobierno central de infraestructuras hídricas en zonas de riesgo.

Además, dedica gran parte de las conclusiones a derivar la responsabilidad de la gestión de la catástrofe al Gobierno por no haber declarado la emergencia nacional que se puede activar a petición de la autonomía o de oficio por el ejecutivo central, algo que no hizo porque el expresidente Carlos Mazón se opuso. De hecho, en su comparecencia para presentar su dimisión afirmó que uno de sus errores fue no pedir la declaración de emergencia nacional, reconociendo además que hizo caso omiso a la recomendación de su líder Alberto Núñez Feijóo.

A ello se une que tanto la jueza instructora como la Audiencia de Valencia han avalado por activa y por pasiva que la Generalitat Valenciana era la responsable de gestionar la catástrofe. De hecho, en uno de sus autos, la magistrada del juzgado de Catarroja que investiga el caso afirmó que “las víctimas no necesitaban la emergencia nacional sino la acción de la Administración autonómica”, es decir, que se les avisara con tiempo.

Las conclusiones también recurren al bulo del apagón informativo, amplia y reiteradamente desmontado por ambas instancias judiciales: “A lo largo de la Comisión, existe una coincidencia al concluir que la toma de decisiones se desarrolló en un contexto de elevada incertidumbre, derivado de deficiencias en la transmisión de datos hidrológicos, limitaciones en los sistemas de predicción y problemas en la integración de la información en tiempo real. Esta situación ha sido descrita como un auténtico apagón informativo, especialmente en relación con la información procedente de la Confederación Hidrográfica del Júcar”.

Sin embargo, en base a la misma información, la Universitat de València suspendió sus clases, lo mismo que diversos ayuntamientos como el de Utiel, y la Diputación de Valencia mandó a todos sus funcionarios a casa por las previsiones de la Aemet, las mismas que sirvieron a la embajada de Japón para recomendar el 28 de octubre, un día antes de la dana, a sus ciudadanos ubicados en la provincia que se preparan para una situación de emergencia,

Además, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mandó a Emergencias numerosos correos de pluviometría y de caudales por superación de umbrales. Uno de los primeros ingenieros en declarar como testigo en el juzgado, en concreto el ingeniero de caminos de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Francisco Vallés, destacó el papel de la Aemet: “Sus predicciones tenían que haberse tenido en cuenta. Hay que tomarse en serio a Aemet, que hizo un gran papel avisando desde días anteriores”.

Por último, atribuye también el escrito de conclusiones un amplio apartado para las obras hidráulicas no ejecutadas. Si bien es cierto que atribuye a la responsabilidad a “los sucesivos gobiernos de la nación”, la realidad es que como evidenció el vicepresidente para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) dejó sin ejecutar las obras de encauzamiento por los recortes derivados de la crisis económica, lo que, en consecuencia, hizo caducar la declaración de impacto ambiental y obligó a tramitarla de nuevo.

“¡Y encima se ríe, encima se ríe! ¿Se reiría delante de las víctimas? ¿No les da vergüenza mantener a una persona así, subirle el sueldo, darle coche oficial, enchufar a todos sus asesores?. Cómplices de Vox, ¿no les da vergüenza mantener a este tipo aquí?”.

El portavoz de Compromís en las Corts, Joan Baldoví, se ha mostrado así de indignado en la sesión plenaria que se celebra este miércoles tras observar las carcajadas del expresidente, Carlos Mazón, cuando le ha recordado los mensajes que mandó al grupo de Whatsapp del Consell el día de la dana a primera hora (ver vídeo).

“Mire si son peligrosos que a las 8.00 de la mañana del 29 de octubre de 2024 Carlos Mazón dijo vamos a inundar a los medios de datos, desprende sensación de estar alerta que te cagas, después desapareció y se encerró en un reservado mientras morían 230 personas”, ha comentado Baldoví.

Justo en ese momento, las cámaras de las Corts han enfocado a Mazón quien ha soltado una carcajada mientras manipulaba su teléfono móvil.

Rechazas las enmiendas al presupuesto

La situación se ha dado en un momento del debate por el que el PP y Vox han rechazado las enmiendas de totalidad del PSPV-PSOE y de Compromís contra los presupuestos autonómicos, que pedían su devolución al Consell.

El proyecto de ley presupuestario asciende a 33.305 millones de euros, un 3,1 % más que el año anterior, y fue aprobado por el pleno del Consell el pasado 29 de mayo, tras al acuerdo alcanzado entre el PP y Vox para sacar adelante las que serán las terceras cuentas de esta legislatura y las primeras de Juanfran Pérez Llorca como president.

Durante el debate, Compromís y el PSPV han afirmado que los presupuestos son “una farsa”, están hechos “a medida de Vox” y debilitan los servicios públicos, mientras que el PP ha defendido que responden al compromiso del Consell con la ciudadanía y Vox ha acusado a la oposición de querer “generar inestabilidad” con estas enmiendas“.

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha abierto su intervención defendiendo que estos presupuestos son “útiles y justos”, pensados para el bienestar de los ciudadanos y el fortalecimiento de la Comunitat Valenciana, elaborados “en un contexto de deuda y liquidez muy adverso marcado por la injusta infrafinanciación”, y ha agradecido el apoyo de Vox para sacarlos adelante.

Los problemas no dejan de crecer en el seno de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que dirige la presidenta Mar Chao. En este caso, viene motivado por un expediente abierto por la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI), un organismo público estatal de carácter independiente, que podría finalizar en una sanción administrativa de hasta 1 millón de euros por irregularidades en las cláusulas del contrato adjudicado a la empresa Asesores Forenses y Financierso, SL (GPartners) para la gestión del canal interno de denuncias.

Según ha averiguado elDiario.es, a raíz de una denuncia anónima, la AIPI abrió una investigación preliminar que ha concluido en la apertura de un expediente y su traslado al departamento de procedimiento sancionador por posibles incumplimientos de la Ley 2/2023 de Protección del Informante. Si la conducta se calificara finalmente como una infracción muy grave, tal y como pone de relieve la denuncia, la multa podría situarse entre 600.001 y 1.000.000 euros, al tratarse de una entidad pública equiparada a una persona jurídica.

La denuncia cuestiona la independencia y la correcta gestión del sistema de alertas interno incluido en el buzón de denuncias de la entidad portuaria, una función que habría delegado en una empresa externa a la que además se le atribuyeron funciones de investigación reservadas legalmente al responsable interno del sistema, es decir, a la APV. La investigación de la AIPI concluye que existen indicios suficientes para abrir un expediente sancionador específico contra la Autoridad Portuaria de Valencia.

Según la denuncia, la APV habría actuado de forma contraria a la Ley 2/2023, hasta el punto de que su conducta podría constituir una infracción administrativa grave o muy grave, especialmente en lo relativo a la independencia, imparcialidad y gestión adecuada de los expedientes del buzón interno.

El núcleo del problema se sitúa en el contrato que la APV formalizó en mayo de 2023 con la empresa Asesores Forenses y Financieros, S.L. (GPartners) por importe de 74.959 euros (IVA incluido) y por un plazo de tres años para gestionar el canal interno de denuncias. La ley permite encargar a un tercero la gestión técnica del canal (por ejemplo, la plataforma informática o la recepción inicial de las comunicaciones), pero limita esa externalización a funciones instrumentales, reservando la investigación de fondo y la valoración de los hechos al responsable interno del sistema.

Para la AIPI, el contenido del contrato y de su pliego técnico se excede en las competencias atribuidas a la empresa, ya que incluye servicios de análisis de las denuncias, determinación de si existen evidencias razonables, recomendación del alcance de las investigaciones internas e incluso la emisión de informes motivados y servicios de investigación. En la práctica, esto habría convertido al proveedor externo en un actor central en la instrucción de los expedientes, desdibujando el papel del responsable interno del sistema y comprometiendo la independencia que exige la Ley 2/2023.

La AIPI concluye que se ha incumplido la Ley 2/2023 en lo relativo a la configuración del sistema interno de información, el papel del responsable del sistema y los límites a la externalización de la gestión del canal. Jurídicamente, encuadra los hechos en el régimen de infracciones previsto en el artículo 63.1.g de la ley que considera infracción muy grave cuando se incumple de forma sustantiva la obligación de disponer de un sistema interno de información conforme a los requisitos legales.

Del informe a la posible sanción

Con la fase de comprobación ya cerrada, la AIPI ha finalizado las actuaciones del expediente y lo ha remitido al procedimiento sancionador, al apreciar que los hechos podrían ser constitutivos de infracción administrativa. Esto significa que, a partir de ahora, se abrirá un expediente específicamente sancionador en el que se valorará si la Autoridad Portuaria de Valencia es responsable y qué tipo de infracción (leve, grave o muy grave) se le imputa finalmente.

Por su parte, fuente de la APV han confirmado que “a raíz de una denuncia anónima presentada ante la AIPI ésta, en el marco de sus competencias y en fase de comprobación, solicitó información en relación al funcionamiento del Canal de Denuncias de la APV. Por Resolución de 14 de abril de 2026 se declaró concluida la fase de comprobación e instrucción, sin que conste el inicio de procedimiento sancionador alguno”, una situación que se da porque aún no hay pronunciamiento de este departamento al respecto.

La Autoridad Independiente de Protección del Informante es un organismo público estatal, de carácter independiente, creado a raíz de la Ley 2/2023 para proteger a las personas que informan sobre infracciones normativas y luchar contra la corrupción en el sector público y privado. Entre sus funciones están gestionar el canal externo de comunicaciones, adoptar medidas de protección frente a represalias y tramitar procedimientos sancionadores por las infracciones previstas en dicha ley, entre ellas la de no constituir los canales éticos en las empresas u organismos o, constituidos, que estos no funcionen conforme a ley.

La reunión del president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, con el ministro de Hacienda, Arcadi España, que en principio no iba a ser bilateral ni a abordar la financiación autonómica, acabó siendo precisamente eso. Y ello pese a los esfuerzos del jefe del Consell por relegar este asunto a un segundo plano, como si se hubiera tratado de forma tangencial y a última hora.

No es para menos después de que la dirección nacional del PP anunciara que ningún barón popular —incluido el presidente valenciano— mantendría reuniones bilaterales con el Gobierno para negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. Sin embargo, Pérez Llorca ya había solicitado un encuentro con el nuevo ministro valenciano, al que incluso reprochó el retraso en la respuesta.

Finalmente, la reunión llegó y quedó fijada para este lunes. Por ello, el jefe del Consell —que sigue sin estar oficialmente confirmado por Génova como candidato a la Presidencia de la Generalitat en las próximas elecciones— insistió hasta la saciedad en que aquello no era una reunión bilateral. “Hoy no ha habido una reunión bilateral. Ha sido un encuentro que solicité y que, por cierto, ha tardado mucho en producirse, sobre cuestiones de necesidad como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), las entregas a cuenta o los créditos dana. Ellos van a iniciar rondas bilaterales sobre el nuevo modelo de financiación, pero los presidentes autonómicos del PP no van a participar. La Comunitat Valenciana no participará en reuniones bilaterales, sino dentro del Consejo de Política Fiscal. Ahí irá a pedir un sistema justo, equitativo y que sea igual para todos”, dijo Pérez Llorca.

Sin embargo, acto seguido reconoció que sí había trasladado al ministro su posición sobre el nuevo modelo, momento en el que desplegó un complejo ejercicio de equilibrio político para justificar el rechazo impuesto desde Génova sin incurrir en una crítica frontal a una propuesta que, al menos como punto de partida, cuenta con el respaldo de la patronal y de los sindicatos.

De hecho, este mismo jueves, tras reunirse con Pérez Llorca, el ministro de Hacienda aprovechó su visita para mantener encuentros con el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Vicente Lafuente, y con los secretarios generales de CCOO PV y UGT PV, Ana García Alcolea y Tino Calero.

Así, el president valoró positivamente que el Gobierno haya puesto sobre la mesa un nuevo modelo a partir del cual empezar a hablar y negociar. “No me parece descabellado”, afirmó. En el caso de la Comunitat Valenciana —la peor financiada de España—, la propuesta supondría una aportación adicional del Estado de 3.699 millones de euros, una mejora tan significativa que resulta difícil justificar, como mínimo, no sentarse a negociar. Además, el plan contempla una quita de más de 11.000 millones de deuda de la Generalitat con el Estado, con la consiguiente reducción del pago de intereses.

De hecho, y anticipando lo que se perfila como la estrategia del PP para frenar un eventual acuerdo, toda la crítica de Pérez Llorca se centró en que el nuevo modelo no puede debatirse si no viene acompañado de un borrador de ley orgánica y de unos Presupuestos Generales del Estado que lo sustenten. Entre otras razones, argumentó, porque no está claro el origen de los recursos adicionales que se repartirían entre las autonomías. En otras palabras: que la propuesta no sería más que fuegos de artificio sin base real.

La exigencia de los populares está condicionada por la debilidad parlamentaria del Gobierno, que atraviesa enormes dificultades para aprobar iniciativas legislativas y, más aún, unos Presupuestos Generales del Estado, cuyo proyecto el Ejecutivo se ha comprometido a presentar una vez más. Pese a ello, Arcadi España aseguró que el objetivo del Gobierno es que el nuevo sistema de financiación entre en vigor el próximo 1 de enero.

El nuevo modelo deberá aprobarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y posteriormente pasar por el Congreso de los Diputados. Allí, todos los grupos —incluidos PP y Junts— tendrán que retratarse.

Más allá de esta crítica, y presionado por las insistentes preguntas de los medios sobre si esos 3.699 millones adicionales constituían un buen punto de partida y a partir de qué cifra podría alcanzarse un acuerdo, Pérez Llorca se limitó a insistir en que cualquier modelo debe incorporar “el criterio de población ajustada” y que, tal y como está planteada la propuesta del Gobierno, esta resulta inaceptable porque “la Comunitat queda por debajo de la media española”.

Se trata de un argumento que no comparten ni los expertos de la Generalitat que trabajan en el nuevo modelo de financiación ni buena parte de la sociedad civil valenciana. Es más, esos 3.699 millones duplican ampliamente los recursos que el propio president reclamó en su primera y única reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Respecto a la condonación de parte de la deuda histórica de la Generalitat —11.220 millones de euros, que previsiblemente se aprobarán en el Congreso—, Pérez Llorca vino a decir que, si finalmente sale adelante, no la rechazará: “Soy respetuoso con las instituciones. Si se aprueba, lo acataremos aunque no lo compartamos”.

Pero la línea política parece clara: la comunidad autónoma gobernada por el PP que más gana con el nuevo modelo de financiación —junto con Murcia— se opone a él. La pregunta es qué harán el resto de autonomías populares. Todo apunta a que acabarán alineadas con las directrices de Alberto Núñez Feijóo. Aunque cueste un dineral a las arcas de la Generalitat.

El presidente del Gobierno valenciano del PP, Juanfran Pérez Llorca, y el ministro de Hacienda, el socialista valenciano Arcadi España, han mantenido una reunión bilateral este lunes en el Palau de la Generalitat. El encuentro, solicitado en su día por el jefe del Consell, se ha producido en un momento clave de las negociaciones para la reforma del sistema de financiación autonómica, un asunto en el que la Comunitat Valenciana se juega su viabilidad económica a corto y medio plazo.

Tras el encuentro, Pérez Llorca ha comentado que el encuentro, que ha durado en torno a una hora, ha sido en un tono tan distendido por su “afinidad personal” como serio y riguroso.

Sobre el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno que portaría a la Generalitat Valenciana 3.669 millones de euros adicionales, el jefe del Consell ha comentado que la negociación se debe dar desde un modelo aportado por el Gobierno, como así ha sido, pero plasmado en un borrador de Ley Orgánica y de Presupuestos del Estado, de lo contrario, “cualquier propuesta no es real”, si bien es cierto que ha reconodido que no le parece “descabellado” que el Gobierno plantee un modelo, pero ha insistido en que tiene que estar “justificado en algo” de forma que se vea negro sobre blanco de dónde salen los recursos adicionales que se repartirán entre las diferentes comunidades.

Pérez Llorca ha tratado de evitar la idea de que la reunión de este lunes haya sido bilateral para hablar de este tema, puesto que tanto él como su partido advirtieron de que solo hablarían del nuevo modelo en el marco del Consejo General de Política Fiscal y Financiera, es decir, de forma conjunta con el resto de autonomías: “Hoy no ha habido una reunión bilateral, ha sido un encuentro que solicité y que por cierto, ha tardado mucho en darse, sobre cuestiones de necesidad como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), las entregas a cuenta o los créditos dana. Ellos van a iniciar rondas bilaterales sobre el nuevo modelo de financiación, por los presidentes autonómicos del PP no van a participar. La Comunitat Valenciana no va a participar en reuniones bilaterales”.

Preguntado sobre si le parece positiva la propuesta del Gobierno como base para iniciar una negociación ha insisitido en que cuando esté plasmado el nuevo modelo en una Ley podrán valorarlo y ver qué es lo más justo para la Comunitat Valenciana y ha recordado que “hay un criterio que es la población ajustada que se debe incluir” al tiempo que ha añadido: “Como está no la podemos aceptar porque la comunitat queda por debajo de la media. He convencido a los barones de mi partido de que si tiene que haber una excepcionalidad en alguna comunidad es en la valenciana por ser la peor financiada y por la dana. Eso es lo que voy a defender”.

El presidente, ante la insistencia de los medios, ha reiterado que se abro a negociar un nuevo modelo para la Comunitat Valenciana, pero siempre dentro del Consejo de Política Fiscal, “ahí la Comunitat Valenciana irá a pedir un sistema justo, equitativo y que sea igual para todos”. En ese consejo “cada autonomía deberá hacer sus aportaciones” y ha apuntado que “el cambio de modelo no es una lucha entre territorios, eso dijo Arcadi y esa frase la comparto, todos juntos en una mesa es la mejor manera de afrontarlo”.

En cuanto a la quita de 11.220 millones de la deuda histórica de la Comunitat Valenciana que se aprobará próximamente en el Congreso de los Diputados, Pérez Llorca ha afirmado que defenderé “lo mejor para esta tierra” y que en estos momentos no puede valorar aquello que no se ha concretado en los Presupuestos ni en la Ley Orgánica. Con todo, ha dicho que es “respetuoso con las instituciones” y que si se aprueba lo acatarán aunque no lo compartan.

El jefe del Consell ha insistido también en la necesidad de un fondo de nivelación que compense la infrafinanciación hasta que esta se apruebe, a pesar de España le ha trasladado que no se va a poner en marcha ese fondo, cuando lo reivindicaba el propio socialista como conseller de Ximo Puig, no existía una propuesta de nuevo modelo. Ahora, sin embargo, ya está esa propuesta encima de la mesa y según ha afirmado España la idea del Gobierno es aprobarlo el próximo 1 de enero.

El ministro de Hacienda también ha desvelado que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) tiene prevista la aprobación esta misma tarde de una partida global de 4.000 millones de euros destinados a la Comunitat Valenciana. Al respecto, Pérez Llorca ha pedido que se vuelva a informar a final de año de las entregas a cuenta y los FLA que se aprobarán para el siguiente ejercicio como se hacía anteriormente en lugar a mediados del año en curso, un cambio impulsado por María Jesús Montero que consideran contraproducente.

Dependencia y atenciones en sanidad a desplazados

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamado al ministro de Hacienda, Arcadi España, el pago de los 5.000 millones de euros que el Gobierno de España adeuda a los valencianos en sanidad y en dependencia y una mayor inversión en las infraestructuras clave para la Comunitat Valenciana.

Tras la reunión mantenida con el ministro, el jefe del Consell ha señalado que “hay un compromiso legal por el cual el Gobierno de España debe abonar el 50% de los gastos derivados de la dependencia y nunca se llega a esa cifra, por lo que la deuda del Ejecutivo central con la Generalitat ha alcanzado los 4.000 millones de euros”. 

De igual manera, ha recordado que también se adeudan 1.000 millones de euros en gasto sanitario de desplazados de otras comunidades autónomas, por lo que ha solicitado que se concrete cuándo se va a producir el reembolso de ambas cantidades.

Ayuda a fondo perdido para la dana y exoneración de intereses

El jefe del Consell también ha achacado que el Gobierno de España “no haya realizado ninguna entrega a cuenta a la Generalitat Valenciana” para hacer frente a las consecuencias de la dana, “y solo nos haya permitido endeudarnos con un dinero que hay que devolver”. Por ello, el president ha exigido que “este crédito se convierta en una ayuda a fondo perdido y sea un tema que se aborde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera”.

También ha hecho referencia al Fonde de Solidaridad de la Unión Europea dotado con 1.000 millones de euros de los que ha pedido explicaciones porque a la Generalitat “apenas ha llegado 100 millones”, así como los fondos Next Generation para la reconstrucción por un valor de 1.200 millones de euros de los que “no hemos recibido ninguno”.

En esta materia, el máximo responsable del Ejecutivo valenciano ha vuelto a reclamar un cambio en la Ley de Contratos “para que las obras de reconstrucción puedan tramitarse como emergencia o excepcionalidad, especialmente para los ayuntamientos que cuentan con el dinero, pero se encuentran con muchos problemas burocráticos para agilizarlas”. Además, ha trasladado la necesidad de introducir la revisión de precios de materiales para los contratistas de estas obras.

Pérez Llorca también ha solicitado al Gobierno la exoneración del pago de intereses por la devolución de subvenciones de la dana para las personas afectadas por las inundaciones. Igualmente, ha reclamado el retorno del IVA pagado por la Generalitat de los contratos de emergencia y reconstrucción que ha cifrado en torno a los 82 millones de euros.

Pérez Llorca pide mejoras en infraestructuras

Aunque no es competencia directa del ministro España, el jefe del Consell no ha desaprovechado la ocasión para trasladarle algunas reivindicaciones históricas de la Comunitat Valenciana en materia de infraestructuras. En este sentido, ha explicado que ha pedido que se agilicen las obras del Corredor Mediterráneo, así como las ampliaciones de los aeropuertos de València y Alicante.

También ha solicitado que se avance en el Plan de Cercanías puesto que “más de la mitad no se ha ejecutado y acabó en 2025” al tiempo que le ha recordado que aún no se ha recuperado la normalidad en la C3 de València a Utiel dañada por la dana. También ha sacado del cajón viejos proyectos como el acceso norte al puerto de Valencia e infraestructuras del agua como el trasvase Tajo-Segura. Por último ha pedido mayor celeridad en las obras vinculadas a la dana en la cuenca del Magro y de los barrancos y ha criticado “la baja ejecución presupuestaria de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), del 3,9%” así como del plan de la Albufera y de las obras de reconstrucción que corresponden al Gobierno.