El exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este viernes que la celebración de primarias abiertas a la ciudadanía debe ser la base para construir una candidatura unitaria de la izquierda alternativa al PSOE de cara a las próximas elecciones generales. No obstante, ha advertido de que para ello es necesario que las distintas organizaciones políticas asuman el "riesgo" y la "valentía" de someterse al veredicto de los votantes.

Durante una mesa de debate celebrada en la Fiesta de la Primavera de Podemos, en Madrid, Iglesias sostuvo que la participación ciudadana en la elección de candidatos sigue siendo la gran asignatura pendiente de la izquierda. A su juicio, las dificultades para alcanzar acuerdos electorales entre las distintas fuerzas progresistas hacen más necesario que nunca un mecanismo abierto que permita a la ciudadanía decidir.

Sus palabras llegan en un momento de intenso debate dentro del espacio situado a la izquierda del PSOE sobre cómo afrontar el próximo ciclo electoral. Mientras el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha mostrado dispuesto a encabezar un frente amplio si contribuye a la unidad, Podemos apuesta por una fórmula que combine el liderazgo del dirigente republicano con el de la exministra de Igualdad Irene Montero. Paralelamente, IU, Comuns, Movimiento Sumar y Más Madrid trabajan para reconstruir una alianza electoral amplia, aunque todavía sin candidato ni marca definidos.

Iglesias defendió que las experiencias políticas más exitosas de América Latina demuestran que las coaliciones más competitivas no son necesariamente las más homogéneas ideológicamente, sino aquellas capaces de articular mecanismos efectivos de participación popular.

En ese sentido, planteó que unas primarias abiertas permitirían implicar a amplios sectores sociales y reforzar la legitimidad de una eventual candidatura unitaria. "La gente vería que esto no va de repartirse sillones entre partidos, sino de construir un proyecto colectivo", vino a señalar.

El exvicepresidente recordó además que Podemos fue pionero en la implantación de procesos de primarias masivas en España y aseguró que algunas organizaciones son reticentes a competir en ese terreno. Por ello, insistió en que la izquierda alternativa debe demostrar "voluntad de riesgo" y "valentía" si realmente aspira a construir una alternativa sólida.

"Si las bases pueden votar un programa electoral, también pueden decidir quién encabeza una candidatura de unidad", argumentó. En tono irónico, llegó a afirmar que incluso dirigentes socialistas podrían presentarse a ese proceso: "Que se presente Óscar Puente a las primarias, no hay ningún problema. Si las listas las decide la gente y el programa lo decide la gente votando, entonces no hay problema".

Para Iglesias, el principal obstáculo sigue siendo el "miedo a la participación". A su juicio, si la izquierda quiere frenar el avance de la derecha y la ultraderecha en las próximas elecciones, debe apostar por mecanismos que permitan a la ciudadanía tomar decisiones directas. "Si lo más ilusionante que se presenta es simplemente el mal menor, ya sabemos cómo acaba eso", advirtió, en una aparente referencia crítica al espacio de Sumar.

Durante su intervención, Iglesias también cargó contra el PSOE por la gestión del denominado "caso Leire Díez". El exlíder de Podemos acusó a los socialistas de actuar sin determinación en cuestiones clave como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y afirmó que han terminado "haciendo el ridículo" con las informaciones relacionadas con el llamado "comando garrapata".

Según sostuvo, el Gobierno debería haber impulsado cambios legislativos para modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces en lugar de recurrir a estrategias que, en su opinión, han resultado contraproducentes.

Asimismo, cuestionó la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que "está haciendo el ridículo" al mantener en puestos clave a responsables vinculados a posiciones conservadoras dentro del Ejecutivo. En concreto, señaló a los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.

En el mismo acto intervino también el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, quien defendió la necesidad de construir candidaturas de unidad, aunque advirtió de que esos procesos no pueden realizarse desde la "prepotencia" ni mediante la marginación de algunos actores políticos.

Sánchez hizo referencia a la experiencia de la coalición Por Andalucía, donde Podemos quedó relegado a posiciones poco relevantes en las listas electorales. Aunque reconoció que algunos partidos consideraron que aquella fórmula permitió salvar la situación, reclamó una visión más amplia y centrada en el proyecto colectivo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido este sábado su ofensiva contra Pedro Sánchez al acusar al presidente del Gobierno de ser capaz de "cualquier cosa", incluida una supuesta "cacería" contra jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por ejercer sus funciones. Durante un multitudinario acto celebrado en O Pino (A Coruña), el dirigente popular ha sostenido que España atraviesa una grave crisis institucional y ha prometido una profunda regeneración política si llega a La Moncloa.

Ante unos 4.500 simpatizantes, según cifras facilitadas por el PPdeG, Feijóo ha convertido los casos de corrupción que afectan al entorno socialista en el eje central de su intervención y ha presentado lo que definió como los compromisos de un futuro Gobierno popular.

El presidente del PP ha confirmado que una de sus prioridades será impulsar una regeneración "política, institucional y moral" de la vida pública española. Para ello, ha prometido revisar en profundidad la actuación del actual Ejecutivo y depurar todas las responsabilidades que puedan derivarse de las investigaciones abiertas.

"Haré una limpieza total", ha asegurado Feijóo, convencido de que el Gobierno socialista "lo ha podrido todo". A su juicio, los escándalos conocidos en los últimos meses reflejan un proceso de degradación política que, según ha dicho, afecta a distintos ámbitos de la Administración. "No ha faltado nadie en esta podredumbre; es una serie interminable que se supera capítulo a capítulo", ha resumido.

Feijóo también ha recurrido a una de las expresiones más duras de su intervención al aventurar cuál será, en su opinión, el legado político de Pedro Sánchez. "El epitafio político está escrito", ha afirmado antes de definir al presidente como "un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió".

En la misma semana que se ha conocido el valor de las joyas que Zapatero guardaba en su caja fuerte, el presidente de los 'populares' se ha referido a él como "el referente moral" y "la joya de la corona" de Pedro Sánchez, de cuyas siglas "P.S", ha enfatizado, están llenas las "cloacas" del PSOE.

"La cloaca lo ha manchado todo porque P.S. es realmente el que maneja la gran cloaca de la política españoles" y porque los socialistas, "que venían a limpiar de corrupción" el país, han gobernado estos años como "una organización criminal".

El dirigente popular ha reclamado además la convocatoria de elecciones generales anticipadas y ha defendido que la respuesta adecuada a la actual situación política pasa por devolver la palabra a los ciudadanos. A su juicio, la comparecencia de Sánchez en el Congreso no será suficiente para disipar las dudas existentes sobre los distintos casos que afectan al entorno del PSOE.

En este contexto, ha prometido que un eventual Gobierno del PP revisará todas las actuaciones bajo sospecha y ha asegurado que "no quedará una alfombra por levantar ni un cajón por abrir". También ha avanzado que exigirá responsabilidades políticas por todos los asuntos que actualmente se encuentran bajo investigación.

Y, en este punto, ha querido dejar claro que no se trata de cambiar al PSOE por el PP, sino de pasar "de la degeneración a la decencia, de devolver el dinero a los españoles, de recuperar las instituciones y de apartar a los partidos de los árbitros del Estado, que son los jueces, los fiscales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Más allá de la crítica al Ejecutivo, Feijóo ha aprovechado el acto para presentar algunas de las líneas maestras de su proyecto político. Entre ellas ha destacado la reforma del sistema de financiación autonómica, que, según ha apuntado, deberá construirse desde el consenso entre todas las comunidades y con el objetivo de garantizar servicios públicos de calidad en todo el territorio.

El líder popular ha rechazado cualquier modelo que responda a acuerdos puntuales o necesidades parlamentarias y ha defendido un sistema basado en criterios de igualdad y solidaridad entre territorios. "Lo que es de todos se habla entre todos y se reparte entre todos", afirmó.

Asimismo, ha denunciado que el Gobierno central favorece a determinadas comunidades autónomas por motivos políticos y ha criticado lo que considera un trato desigual hacia los territorios gobernados por el PP.

Finalmente, aunque ha reconocido que la convocatoria electoral depende de Pedro Sánchez y de los partidos que sostienen al Ejecutivo, Feijóo se ha mostrado convencido de que el cambio político llegará. "Antes o después habrá un cambio en España", ha apuntado, para concluir que el país necesita un Gobierno "a la altura de los españoles".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este sábado que encabezará la candidatura de la formación morada a las próximas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, previstas para mayo de 2027, con el objetivo de disputar el liderazgo político a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El anuncio se ha producido durante el acto central de la Fiesta de la Primavera, una de las principales citas políticas y programáticas de Podemos, donde Belarra ha confirmado su intención de liderar personalmente la batalla electoral en una comunidad que el partido considera estratégica para su futuro político.

"He decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid porque creo que es lo que hay que hacer, porque creo que tenemos que dar esta pelea con toda la fuerza (...) torcerle de una vez por todas el brazo a esa mala persona insufrible que es la señora Ayuso", ha dicho.

Belarra ha cargado duramente contra la gestión del Gobierno regional y ha asegurado sentirse cansada de los actuales dirigentes políticos de la comunidad. "Tengo mucha rabia de que todo el mundo se haya rendido en esta comunidad", ha afirmado la dirigente de Podemos, que ha añadido que está harta de la "mierda de gobernantes".

El anuncio supone el primer gran movimiento de la formación morada de cara al próximo ciclo electoral autonómico y sitúa a Belarra como la principal apuesta del partido para recuperar espacio político en una comunidad donde Podemos ha sufrido una importante pérdida de representación institucional en los últimos años.

El movimiento de Belarra se asemeja al que hizo el exlíder de Podemos Pablo Iglesias en 2021, cuando decidió dejar su cargo de vicepresidente del Gobierno y presentarse como candidato de la formación morada ante el adelanto electoral en Madrid. Tras esos comicios, dejó la política activa.

La líder de Podemos ha subrayado que da el paso al ver que el PSOE "no pone más que candidatos de cuarta" en la Comunidad y que sus dirigentes se pelean por "no ir a Madrid". A su vez, ha apostillado que tampoco convence la opción de la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, pese a que dicen cosas que "están bien".

"Unos y otros ya han renunciado. Se nota, se siente que han renunciado. Por eso yo creo que esta pelea hay que darla con mucha más fuerza", han agregado para defender que la izquierda alternativa tiene que ofrecer una alternativa a la actual presidenta autonómica, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso.

El Ministerio del Interior ha salido al paso de las críticas del Partido Popular sobre la concesión de una medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Víctor de Aldama, el empresario investigado en el denominado 'caso Koldo', y ha defendido que el procedimiento seguido para otorgar estas distinciones cuenta con suficientes garantías de control, publicidad y transparencia.

La controversia ha resurgido después de que el PP denunciara el supuesto "oscurantismo" que, a su juicio, rodeó la concesión de la condecoración a Aldama en 2022, cuando el empresario mantenía una estrecha relación con distintos ámbitos de la Administración y antes de verse implicado en diversas investigaciones judiciales.

En una respuesta parlamentaria remitida a la Cámara Baja, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska rechaza las acusaciones de falta de transparencia y sostiene que la normativa vigente ya incorpora mecanismos destinados a garantizar la adecuada supervisión de las condecoraciones otorgadas por la Guardia Civil.

Según Interior, el procedimiento contempla distintas fases de control, entre ellas la propuesta de concesión, la instrucción del expediente, la emisión de informes, la resolución final y su publicación oficial. Además, recuerda que la legislación prevé incluso la apertura de expedientes para impedir el uso de una medalla cuando concurran circunstancias posteriores que cuestionen la idoneidad de quien la recibió.

La respuesta del Gobierno llega después de que el PP comparara la regulación de la Guardia Civil con la reciente reforma impulsada en la Policía Nacional para reforzar los criterios de ejemplaridad profesional exigidos a los condecorados. Los populares consideran llamativo que no se hayan introducido modificaciones similares en la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

En sus preguntas parlamentarias, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo señalaba expresamente el caso de Aldama y advertía de que sobre esta condecoración se había extendido "un manto de oscurantismo", al tratarse de una persona actualmente investigada por su presunta participación en distintas tramas de corrupción.

Sin embargo, Interior sostiene que la normativa de la Guardia Civil ya incorpora requisitos de conducta y mecanismos de control suficientes. Entre ellos destaca que las propuestas de concesión deben estar respaldadas por hechos concretos, informes justificativos y la correspondiente valoración jerárquica.

Asimismo, recuerda que la concesión puede ser denegada cuando la persona propuesta esté inmersa en procedimientos judiciales o disciplinarios, o mantenga antecedentes desfavorables que no hayan sido cancelados.

El Ministerio también pone el foco en una circunstancia que considera relevante para el debate político abierto en torno a esta medalla. Según recuerda, ya se ha iniciado un procedimiento para impedir que Víctor de Aldama pueda hacer uso de la distinción que recibió en 2022.

De hecho, el propio Marlaska defendió esta actuación durante una comparecencia en el Senado celebrada a finales del pasado año. Entonces explicó que el expediente para retirar la posibilidad de utilizar la condecoración ya estaba en marcha y subrayó además que la relación de Aldama con la Guardia Civil era anterior a la llegada del PSOE al Gobierno.

El ministro recordó que la colaboración del empresario con el Instituto Armado se remontaba, al menos, a 2017, durante el mandato de Mariano Rajoy. Según sostuvo, los contactos y actuaciones que sirvieron de base para la posterior concesión de la medalla comenzaron en una etapa en la que gobernaba el Partido Popular.

Vox ha presentado una querella contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por los presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y tráfico de influencias, en relación con las actuaciones que se investigan en torno a la exmilitante socialista Leire Díez y sus reuniones con la Fiscalía General del Estado (FGE).

La iniciativa judicial de la formación de Santiago Abascal se produce después de que la institución reconociera ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso que Díez mantuvo al menos dos reuniones con Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica y considerado uno de los principales colaboradores de García Ortiz.

En su escrito, Vox sostiene que existen elementos suficientes para investigar la actuación del exjefe del Ministerio Público y reclama la apertura de diligencias judiciales destinadas a esclarecer el alcance de los contactos mantenidos entre miembros de la Fiscalía General del Estado y personas vinculadas a la investigación.

La querella solicita que Álvaro García Ortiz sea llamado a declarar y pide además la incorporación de diversa documentación relacionada con denuncias, reuniones y comunicaciones que, a juicio del partido, podrían resultar relevantes para determinar posibles responsabilidades.

La formación también reclama que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para aclarar los hechos y verificar si existió alguna actuación irregular en el seno de la Fiscalía General del Estado.

El escrito hace referencia a las pesquisas abiertas sobre Leire Díez, investigada por presuntas maniobras destinadas a obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Vox considera especialmente relevante la existencia de encuentros celebrados en la sede de la Fiscalía General del Estado durante la pasada primavera.

Según recoge la querella, los días 3 y 10 de abril de 2025 se celebraron dos reuniones en las dependencias de la Fiscalía en las que participaron Diego Villafañe, el abogado Jacobo Teijelo, defensor de Santos Cerdán, y la propia Leire Díez, que habría acudido presentada como colaboradora profesional del citado letrado.

La formación de Abascal subraya además que, de acuerdo con informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y mensajes atribuidos a la exmilitante socialista, Díez habría manifestado que tenía "vía libre para ir a ver al Fiscal General del Estado", una circunstancia que, a juicio de Vox, debe ser objeto de investigación judicial.

Con esta acción, el partido pretende que los tribunales determinen si los contactos mantenidos entre los distintos protagonistas del caso tuvieron alguna repercusión en las actuaciones de la Fiscalía y si de ellos puede derivarse algún tipo de responsabilidad penal.

La nueva investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por contrabando y delito fiscal tras aflorar en una caja fuerte de su despacho joyas valoradas en 1,3 millones de euros ha provocado una mezcla de inquietud y desconcierto en amplios sectores del PSOE. Hay que tener en cuenta que el exlíder socialista ha sido uno de los grandes "tirones" del "sanchismo" en cada uno de los comicios autonómicos de este año.

Pero ante la sorpresa de la situación judicial del expresidente, el PSOE mantiene una "confianza absoluta" en él. Así lo ha asegurado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, días previos a la imagen de Zapatero ante un juez declarando en calidad de investigado.

En una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Servimedia, Mínguez ha indicado que el PSOE confía "en la presunción de inocencia" del expresidente. Además, aseguró que entonces Zapatero "se podrá defender y se podrá explicar".

A su juicio, es "normal" que haya pedido tiempo porque fue "todo muy rápido". "Hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas policiales que afectan a la derecha. El señor Montoro está imputado desde hace un año y todavía nadie le ha llamado a declarar y el señor Zapatero lo imputaron un día y al cabo de siete tenía que estar declarando", ha recalcado.

La portavoz socialista ha indicado que el PSOE presta siempre "colaboración máxima" a la Justicia e ha insistido en su "confianza plena" en Zapatero. "Defendemos la agenda y la figura de Zapatero como persona y evidentemente confianza absoluta en él y en lo que tenga que decir", ha concluido.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha expresado su "absoluto respaldo" a los "grandes profesionales" de la carrera judicial y en especial a aquellos jueces que "se ven afectados por actuaciones y presiones que no son propias de una sociedad democrática avanzada, ni de un Estado de Derecho".

Perelló ha realizado estas declaraciones durante su discurso de clausura de las XXIV Jornadas de presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales de España después de que el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, señalara esta semana que "hay jueces que prevarican" y que "si no son ellos, es alguien de su entorno".

En este acto, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ ha sostenido que "la democracia no consiste simplemente en votar. Ni los votos recibidos legitiman cualquier activación de los representantes elegidos por los ciudadanos, pues esta también está sometida a la ley y al derecho".

"La democracia se cumple también cuando cualquier persona, cualquiera que sea su posición, cualquiera que sea su situación, pueda encontrar un juez independiente que resuelva con arreglo a la ley", ha argumentado Isabel Perelló. EFE

La Fiscalía General del Estado ha informado al juez Santiago Pedraz que en marzo y abril de 2025 el que fuese mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se reunió con el abogado Jacobo Teijelo y con la exmilitante socialista Leire Díez, que fue presentada como una "compañera de despacho".

Según informan fuentes fiscales, el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, se reunió el 6 de marzo de 2025 y posteriormente, entre finales de marzo y principios de abril, con este letrado y con Leire Díez -"una mujer que tuvo una intervención menor" y que supo de su identidad posteriormente por los medios de comunicación-.

"El fiscal general del Estado -entonces Álvaro García Ortiz- fue informado a posteriori de ambas reuniones", indican las fuentes, que subrayan que ni Villafañe ni la fiscal Belén López, que estuvo en una de las reuniones, recibieron "indicación alguna" de García Ortiz.

En las reuniones, el letrado informó de "hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal", y "de su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos", y los fiscales entendieron que sus alegaciones estaban "carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto".

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', que reclame a Estados Unidos más información sobre cómo tuvo acceso al contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea también investigado en la causa.

En un escrito al que ha tenido acceso Ep, el letrado de Zapatero, Víctor Moreno, pone de manifiesto la "ausencia de los datos completos" acerca de la aprehensión del dispositivo de Reyes, así como del método de volcado, la autenticidad de las comunicaciones y de la conservación y custodia del dispositivo al que la policía estadounidense accedió.

Todo ello después de conocerse que Calama ha solicitado "cooperación jurídica internacional" a Estados Unidos para utilizar como medio de prueba el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, en el marco de la investigación que apunta a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones que el Gobierno concedió a Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, Moreno señala que las circunstancias en la que se produjo el intercambio de información entre las policías estadounidense y española plantea "dudas razonables sobre el respeto del derecho a proceso con todas las garantías".

Por ello, el abogado de Zapatero insta al juez a que reclame a Estados Unidos "la concreta resolución judicial", orden o autorización administrativa que amparó la incautación o el clonado del celular de Reyes y la posterior extradición y análisis del dispositivo en España.

También se interesa por la indicación del procedimiento o la investigación abierta contra el exdirectivo de Plus Ultra en Estados Unidos, en el curso de la cual se produjo la intervención del móvil, y los informes y actas relativos a la extracción telefónica, identificando a la autoridad estadounidense que llevó a cabo la actuación.

Asimismo, pregunta el detalle sobre el alcance de la extracción que se practicó, indicando si se trató de una extracción "total, parcial, física, lógica, remota o selectiva", así como el 'software' o la herramienta utilizada para ese fin y la autoridad que llevó a cabo el análisis del dispositivo, según el escrito.

El abogado del expresidente pide que se informe de los mecanismos de verificación de la integridad de la información ofrecida, incluidas las actas de desprecinto y el volcado del dispositivo intervenido.

También que se informe sobre el modo de preservación de la información obtenida y del dispositivo intervenido y la cadena de custodia de dicha información hasta la entrega a las autoridades españolas, además de la remisión de las evidencias a las unidades policiales españolas, indicando la forma y la fecha de entrega, así como las comunicaciones precedentes entre las unidades policiales españolas y la Homeland Security Investigations (HSI) estadounidense.

Por último, el letrado del exlíder socialista solicita que Estados Unidos informe sobre las autorizaciones del órgano competente en ese país que hayan permitido "la remisión de las conversaciones de WhatsApp a la unidad policial española", así como "su alcance para ser utilizada tanto en las investigaciones policiales como en la instrucción judicial".