El MV Hondius parte en una nueva expedición al frío polar, aunque esta vez al Ártico. El crucero en el que estalló un brote de hantavirus en abril abre “un nuevo capítulo”, ha informado la compañía OceanWide, propietaria de la embarcación, a través de sus redes sociales. A diferencia del viaje anterior, en el que el pasaje lo componían en su mayoría ornitólogos, fotógrafos e incluso algún influencer de viajes, esta vez el barco transporta a miembros de la oficina central de la propia empresa marítima, para acompañar y resolver dudas de “los invitados” . La compañía no ha respondido a las preguntas de este periódico sobre la composición concreta del pasaje.

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Badr El Merroun nació en Tetuán, Marruecos, hace 19 años. No tiene casa, ni móvil, ni pasaporte, ni oportunidades. Duerme en un parque del barrio de Las Rosas, en Madrid, y convive con una paradoja: “Me dicen que no puedo vivir en la calle, pero llevo un año esperando para entrar en un albergue y todavía tengo que esperar otro más porque está todo lleno”, cuenta. En el último mes, ha sido víctima tres veces de los nuevos protocolos de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, en los que ya no avisan a las personas sin hogar cuando van a limpiar la zona en la que viven. Le han tirado su ropa, su saco de dormir, su tienda de campaña, los documentos de un curso de comercio que estaba siguiendo y un collar que le regaló su madre como recuerdo. “Ya no se trata de las cosas que me han quitado. Estoy perdiendo la vida”, dice.

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Cuando el Ayuntamiento de Madrid programaba una limpieza a fondo de una zona de la ciudad en la que vivían personas sin hogar, los Equipos de Calle municipales les avisaban con antelación para que pudieran recoger sus zapatos, su medicación, su documentación o el resto de sus pertenencias a tiempo para no perderlas. En marzo de este año, la Concejalía de Políticas Sociales trasladó la orden a estos trabajadores de no volver a dar aviso. EL PAÍS ha accedido a los correos electrónicos en los que estos empleados municipales trasladaron su preocupación por el asunto al Colegio Oficial de los Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid porque consideraron que se estaba produciendo una “vulneración de principios éticos profesionales”. El Consistorio no ha desmentido esta orden en ninguna de las dos ocasiones en las que este diario ha preguntado por ella.

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