Las anotaciones de las libretas intervenidas por la Guardia Civil a Leire Díez reflejan que la exmilitante socialista se interesó por el funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) inmediatamente después de la aprobación del rescate de Plus Ultra. Según la documentación incorporada al sumario, a la que ha tenido acceso El Independiente, Díez anotó con detalle la estructura interna de la SEPI y el procedimiento de concesión de estas ayudas apenas unos días después de que el Gobierno autorizara en marzo de 2021 una inyección de 53 millones de euros a la aerolínea. Aquel rescate terminó judicializado y dio lugar a una causa en la que actualmente está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Los apuntes contienen referencias directas al procedimiento seguido por el fondo, a sus asesores externos y a la situación de la compañía beneficiaria de las ayudas públicas. En una de las páginas, encabezada bajo el epígrafe "Fondo Solvencia", se recogen observaciones realizadas apenas días después de la aprobación del rescate de la aerolínea.

40 asesores

Entre ellas figura una referencia al flujo de información sensible entre las empresas solicitantes y los consultores contratados por la SEPI. "Se les está pasando información de las compañías a los 40 asesores antes de subastar las operaciones", puede leerse en una de las anotaciones. A continuación, el texto añade una advertencia sobre las posibles implicaciones legales de esa práctica: "En el caso de las cotizadas, podría estar incurriendo en un delito al revelar información confidencial".

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, creado en 2020 para sostener a compañías afectadas por la crisis del COVID-19, movilizó miles de millones de euros y articuló su funcionamiento mediante la participación de consultoras y despachos externos encargados de analizar la viabilidad de las empresas solicitantes. Las notas atribuidas a Díez se detienen precisamente en ese punto, el papel de los asesores y la trazabilidad de la información que manejaban.

El real decreto-ley

En otra de las hojas se recoge una referencia al encaje jurídico del sistema utilizado por la SEPI para articular el apoyo técnico externo. "SEPI contrató los servicios de apoyo externo cuando el procedimiento estaba impugnado", señala la supuesta 'fontanera', y atribuye a un tal "J. L." la explicación de que la contratación se realizó "al amparo de lo dispuesto en el apartado 9 del artículo 2 del RDL 25/20 de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo que establece el funcionamiento del fondo de solvencia".

Este real decreto-ley fue la base normativa del instrumento de rescate utilizado durante la pandemia y regulaba el funcionamiento del fondo, incluyendo la posibilidad de apoyo técnico en la evaluación de operaciones.

De Plus Ultra a Air Europa

Las anotaciones también reflejan interés por la situación concreta de Plus Ultra. En una de las páginas aparece una referencia directa al contexto del fondo y el posible miedo de la trama por el "anuncio de Vox de querellas a los gestores del Fondo de Solvencia”". A continuación, se añade una reflexión: "Si la Justicia lo admite a trámite se puede dar la situación de que B. Lora esté en la misma situación que Vicente".

Estas referencias parecen aludir a Bartolomé Lora, entonces vicepresidente de la SEPI y presidente en funciones del organismo durante la aprobación de algunas de estas operaciones, y a Vicente Fernández, expresidente del holding público. Lora presidía el Consejo Gestor encargado de elevar las operaciones al Consejo de Ministros y actualmente está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 49 de Madrid por el rescate de Air Europa.

En otra anotación se formulan preguntas de carácter político-institucional: "¿Y qué pretende sacar adelante el Fondo con alguien que ha mostrado su posición al frente de SEPI o de Bartolomé Lora imputado?" o "¿Por qué el PP pide que se nombre a Bartolomé Lora?". También aparece una referencia a una "excusa de haber pasado meses desde la presentación de la solicitud de Plus Ultra".

Un rescate de 53 millones

El rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado el 9 de marzo de 2021, ascendió a 53 millones de euros mediante un préstamo participativo y otro ordinario. La operación se justificó por la supuesta relevancia estratégica de la aerolínea en determinadas rutas entre España y América Latina, así como por su papel en el mantenimiento del empleo.

Sin embargo, desde el primer momento surgieron dudas políticas y mediáticas sobre si la compañía cumplía los requisitos exigidos para ser considerada "estratégica", dado su reducido peso en el mercado aéreo español y su situación financiera previa a la pandemia. Estas controversias derivaron en denuncias e iniciativas judiciales para analizar el procedimiento seguido.

En este contexto, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga actualmente las circunstancias del rescate y la posible existencia de una trama de influencias supuestamente liderada por Zapatero para facilitar la concesión de esta ayuda a la compañía.

Es más que probable que esta legislatura tan cuesta arriba para el Gobierno concluya sin unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Ejecutivo no ha llevado a la Cámara ningún proyecto en estos tres años, pese a haberlo prometido insistentemente, por la evidente falta de apoyos. Pero el mandato emboca ya la recta final y las generales, aunque no tengan fecha, están más cerca. Y ahora sí que Pedro Sánchez puede utilizar unas nuevas cuentas como "relato", como creen en su partido, como programa electoral. Por eso el Gobierno quiere lanzar la señal de que irá más rápido con los trámites. Ya publicó el viernes pasado en el Boletín Oficial del Estado la orden de Hacienda para poner en marcha la maquinaria interna y el 23 de junio estará lista otra piedra fundamental, el cuadro macroeconómico, así que julio se aprovechará, previsiblemente, para que las Cámaras debatan y voten los objetivos de déficit y deuda. Y suceda lo que suceda con ellos, el texto con los nuevos PGE llegaría al Congreso en los últimos meses del año para su tramitación parlamentaria.

Sánchez, por tanto, quiere marchar de vacaciones, que este año previsiblemente serán algo más largas —cuatro semanas sin reunión del Consejo de Ministros, todo agosto— con un paso dado hacia los PGE de 2027. Porque para los socialistas es prioritario enviar la señal de que, pese a todos los casos judiciales que les acechan, el Gobierno continúa trabajando, sigue con su labor y no está paralizado. El mensaje, mil y una vez reiterado, es que agotará la legislatura.

Vamos a avanzar para la presentación de los Presupuestos, presentando el cuadro macro el día 23 de junio, se lo dejo anunciado que a lo mejor es incluso de su interés", espeta Cuerpo al PP

La sesión de control de este miércoles en el Congreso estuvo tomada por el caso Leire. El PP percutió una y otra vez con ella, empezando por Alberto Núñez Feijóo. Pero en la respuesta a la portavoz popular, Ester Muñoz, el vicepresidente primero sí avanzó un compromiso del Gobierno. "Como ya dijo el presidente del Gobierno, vamos a avanzar para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, presentando el cuadro macro el día 23 de junio, se lo dejo anunciado que a lo mejor es incluso de su interés", apuntó Carlos Cuerpo.

Es decir, que el Consejo de Ministros aprobará el cuadro de previsiones macroeconómicas en menos de dos semanas, y justo un día antes de la comparecencia en el pleno de la Cámara baja de Sánchez, en la sesión en la que dará cuenta del caso Leire y de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La idea del Ejecutivo, según avanzan fuentes del área económica a este diario, es que los objetivos de déficit y deuda sean aprobados primero por el Consejo de Política Fiscal y Financiera —la reunión del titular de Hacienda, Arcadi España, con los consejeros autonómicos sería por tanto el lunes 22— y luego por el Gobierno —el martes 23—, ya junto con el techo de gasto.

La idea es que el Consejo de Política Fiscal y Financiera pudiera reunirse el 22 de junio, aunque no está cerrado. La senda de estabilidad se votaría así en julio, y casi seguro será tumbada dos veces

Ese es "el escenario central" ahora mismo, indican fuentes del más alto nivel del Ejecutivo. De este modo, los objetivos de déficit y deuda —la llamada senda de estabilidad— serían debatidos y votados por el Congreso en un pleno extraordinario de julio. Si ocurre como en los ejercicios anteriores, serán tumbados por PP, Junts y Vox. En ese caso, el Consejo de Ministros debe remitir la senda de nuevo al Parlamento —si es la misma, no debe pasar previamente por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)— para un segundo debate y votación. Y si cae por segunda vez, entonces el Gobierno está obligado a elaborar los nuevos Presupuestos con el marco de déficit anterior, menos flexible para comunidades autónomas y ayuntamientos.

Si se cumplen todos estos pasos, entonces el proyecto de nuevas cuentas aterrizaría en el Congreso ya en el otoño. La Constitución obliga a que se presenten antes del 30 de septiembre, aunque en la pasada legislatura, cuando Sánchez sí disponía de mayoría parlamentaria, se enviaban a la Cámara baja avanzado octubre y conseguía, en todo caso, que acabara su tramitación antes del 31 de diciembre, de tal manera que entraban en vigor el 1 de enero del año siguiente. Así se aprobaron las cuentas de 2021, las de 2022 y las de 2023, las que están todavía vigentes.

Las otras alternativas

No obstante, como advierten en la cúpula del Ejecutivo, no está todo cerrado, de tal manera que no está sellado aún que el CPFF se celebre el 22 de junio y que, en consecuencia, la senda de estabilidad llegue a Congreso —y, si superara esa pantalla, algo poco probable, al Senado— en julio. Podría suceder, continúan estas fuentes, que el 23 de junio el Consejo de Ministros aprobara el cuadro macro y que posteriormente se diera luz verde a los objetivos de déficit y deuda y al techo de gasto, de modo que los tiempos se estirarían.

El Gobierno señala que esta vez, pese a que no ha cumplido con la Constitución en esta legislatura, sí piensa mandar los PGE "en tiempo y forma" al Congreso. El mensaje, "trabajo y normalidad"

Pero la idea del Gobierno es que esta vez sí se cumpla —no ha ocurrido en toda la legislatura— el calendario ordinario, de tal manera que los PGE puedan ser entregados a la Cámara baja en torno a esa fecha límite del 30 de septiembre. Que se presenten, detallan, "en tiempo y forma". Porque el mensaje, pese a todos los nubarrones que rodean a Sánchez, es de "trabajo y normalidad", subraya un ministro de mucho peso.

Para comparar cómo esta vez el Gobierno está manejando de forma muy diferente los tiempos basta con recordar qué ocurrió el año pasado. El CPFF aprobó la senda de estabilidad el lunes 17 de noviembre, y el Consejo de Ministros del día siguiente, martes 18, la respaldó y dio el visto bueno al techo de gasto y al cuadro macroeconómico, que preveía un crecimiento para 2026 del 2,2% del PIB. Los objetivos de déficit y deuda fueron rechazados por dos veces por el Congreso, con el voto de PP, Junts y Vox, antes de que acabara el año. La entonces vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió presentar los PGE de 2026 en el primer trimestre, pero poco antes de que concluyera el plazo el Ejecutivo echó el freno con el argumento de que había sobrevenido la guerra de Irán, y eso podía alterar las previsiones. Desde entonces, se ha ido monitorizando la situación.

El vicepresidente había calculado que la guerra de Irán podía restar unas décimas de crecimiento. Ahora también se está hablando con los sectores cómo actualizar el plan de respuesta al conflicto

El pasado 28 de abril, ya con Montero fuera del Gabinete y su sucesor, Arcadi España, en Hacienda, el vicepresidente Cuerpo calculó que el conflicto en Oriente Próximo podría traducirse en una merma de entre 0,1 y 0,4 puntos del crecimiento económico y un punto más de inflación media anual. Esa perspectiva se incluyó en el informe de progreso anual remitido a Bruselas, pero no se introdujeron cambios en el cuadro macro, a la espera de cómo evolucionase la contienda. Tras una primera reunión con los agentes sociales el pasado 25 de mayo, ayer miércoles continuó la ronda de encuentros del Gobierno con los sectores para analizar el impacto de la guerra y hacer seguimiento del funcionamiento del plan de respuesta, "con la vista puesta en su continuidad y adaptación más allá del 30 de junio". El vicepresidente primero despachó con las patronales y asociaciones de los sectores del transporte, la logística y la distribución.

En caso de que esta vez el Gobierno cumpla con el mandato constitucional y lleve su proyecto de Presupuestos a la Cámara, la siguiente pregunta es qué ocurrirá con ellos. Aunque Sánchez ha prometido diálogo y ha lanzado guiños sobre todo a Junts, insistiendo en que él desea el despliegue efectivo de la ley de amnistía —que depende de lo que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea— y en que su Ejecutivo desea cumplir con lo firmado en Bruselas en 2023, los posconvergentes siguen muy distantes.

Es muy probable que PP, Junts y Vox se opongan a la senda, y se da por casi imposible que los de Puigdemont, que rompieron con el Gobierno en octubre, puedan dar luz verde a los PGE de 2027

La formación de Carles Puigdemont rompió con los socialistas el pasado octubre y desde entonces no se han retomado las negociaciones. Y, como el PNV, pide el adelanto de las generales, aunque ha reiterado, también como el PNV, que no se sumaría nunca a una moción de censura del PP que, para prosperar, requeriría del concurso de Vox. La derecha independentista recuerda siempre que puede que el Ejecutivo no ha cumplido con lo suscrito para la investidura y agita el discurso del agravio constantemente. Este miércoles, la portavoz en la Cámara baja, Míriam Nogueras, volvió a quejarse ante Sánchez de que el Gobierno ha "abandonado" Cataluña y no ha pagado "ni un solo euro" de lo que le corresponde a la comunidad. Junts rechazó la senda de estabilidad en 2024 y 2025 con el argumento de que no concedía la mitad del margen de déficit a las CCAA. Y nunca se prestó a negociar los PGE.

Balance en la última semana de julio

Si el "escenario central" del Ejecutivo es el finalmente elegido, Sánchez podrá cerrar este curso político con la senda de estabilidad llevada al Congreso (y probablemente tumbada por él). La previsión es que la última reunión del Consejo de Ministros tenga lugar el 28 de julio —ese mismo día o en esa semana, previsiblemente, Sánchez hará balance de este año en rueda de prensa—, y dé paso a un largo periodo vacacional. Este año podrían ser cuatro las semanas sin reunión del Gabinete, de modo que el primer Consejo de Ministros de vuelta de vacaciones se celebre el martes 1 de septiembre.

Ahora mismo, la previsión del Ejecutivo es que el último Consejo de Ministros se celebre el 28 de julio, y no tenga lugar la primera reunión del Gabinete hasta el 1 de septiembre, cuatro semanas después

Sánchez, como ocurriera el año pasado, necesita que la temperatura y la tensión política se enfríen. Esta semana, él y su equipo están pudiendo refugiarse en la visita del Papa —ayer, el presidente, su mujer y una buena parte de sus ministros acudieron a la misa en la Sagrada Familia y a la posterior apoteósica inauguración de la Torre de Jesús, y hoy acompañará a León XIV en Gran Canaria— y confía en que el Mundial de fútbol también ayude a desplazar el foco. La competición deportiva comienza precisamente este jueves y se prolongará hasta el 19 de julio.

En la Moncloa esperan que el desempeño de la Selección española, una de las grandes favoritas, contribuya a mitigar el impacto de las noticias en terreno judicial que están por venir en las próximas semanas: la comparecencia en audiencia preliminar de Begoña Gómez (lunes 15), la declaración de Zapatero (miércoles 17 y jueves 18), las sentencias del caso mascarillas y del juicio al hermano del presidente, David Sánchez —en fecha por determinar—, y las declaraciones de varios testigos (entre ellos, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el 10 de julio) por el caso Leire. Elementos que nutrirán la comparecencia del presidente en el Congreso del 24 de junio y ante el comité federal de su partido del sábado 27. Pero el Ejecutivo se agarra sobre todo al efecto verano, a que el parón suponga un reset en la agenda política que le dé el oxígeno suficiente como para intentar recuperar el impulso a la vuelta, en septiembre. Y ahí los PGE jugarán un papel fundamental.

Si las cuentas son devueltas, Sánchez tendrá que decidir si continúa hasta la meta de 2027 o bien adelanta las generales y las sitúa antes que las municipales y autonómicas de mayo

Si la votación de totalidad de las cuentas públicas se produce en octubre, y estas son rechazadas, Sánchez tendrá que decidir si continúa, más debilitado, hasta la meta de julio de 2027, o bien adelanta las generales y las sitúa, como quieren muchos en su partido, antes de las municipales y autonómicas de mayo. Ni él ni los suyos se sitúan en ese punto. Hay varios partidos por jugar antes. Aunque, en realidad, todo el escenario esté embarrado por los distintos casos de presunta corrupción que amenazan a los socialistas y que roban al Gobierno todo el control de la agenda y buena parte de su capacidad de iniciativa. Todo lo devora el fuego de los escándalos.