Estoy de vacaciones mientras sigo, desde el teléfono, todo lo relativo al caso de Marius Borg. La sentencia, la cobertura mediática, los comentarios en redes sociales… Porque su proceso judicial, más allá de las repercusiones legales para el hijo de Mette-Marit, tiene implicaciones que trascienden sus actos de los últimos años, por los que ha sido juzgado.

Marius Borg, por su cercanía a la familia real noruega, recuerda a otros casos en los que el privilegio de sangre azul -corra o no por las venas-, actúa como amortiguador frente al sistema judicial. Un sistema que, en teoría, debería hacernos a todos los ciudadanos iguales ante la ley, pero que, como ya vimos con el príncipe Andrés, no siempre opera en la práctica.

Entre la estancia de Marius en una prisión con comodidades como gimnasio, las visitas de la familia real (incluido el príncipe heredero Hakoon) y, por supuesto, una defensa que no cualquiera puede permitirse, la diferencia de clase es difícil de ignorar. También queda reflejado cómo cuando hablamos de agresiones sexuales, las mujeres seguimos enfrentándonos a barreras estructurales.

La revictimización durante el proceso judicial, lo relativamente reciente que es el reconocimiento legal del consentimiento o la facilidad con la que las estrategias de la defensa consiguen sembrar dudas, incluso cuando la víctima asegura haber sido agredida mientras estaba dormida.

Este, de hecho, es uno de los motivos por los que el tribunal de Oslo ha considerado que no había pruebas suficientes de dos de las acusaciones de violación, aquellas de las que el hijo de Mette-Marit ha sido absuelto. La condena final, cuatro años de cárcel y una indemnización de 57.000 euros a cada una de las cuatro mujeres reconocidas como víctimas, tampoco es definitiva. La defensa ya ha anunciado que van a apelar para intentar reducirla todo lo posible.

Noruega ha dejado claro que el derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencias, no ocupa el lugar prioritario en su país que debería. Y por ello la resolución ha provocado indignación en todo el mundo. En nuestro país, por ejemplo, cuatro años de cárcel es una pena que puede imponerse por delitos como el robo en viviendas o determinadas estafas. Ponerlos al mismo nivel de gravedad que una agresión sexual, resulta difícil de comprender.

"Qué barato le ha salido", "Eso no es justicia" o "Es una burla para las víctimas", son algunos de los comentarios que se repiten en las publicaciones que informan sobre la sentencia. Mientras que el sistema judicial del país nórdico ha decepcionado a muchas personas, sí que resulta inspiradora la respuesta unánime de quienes consideran que la condena no es suficiente. También dice mucho sobre el lugar que ocupan los derechos de las mujeres en el debate público.

Indignación aparte, la sentencia hace que nos preguntemos cuánto se valora en Noruega la libertad, la dignidad y la seguridad de las mujeres. Ya que la respuesta no es buena, quizás sirva para que revisen sus leyes y se planteen si los principios de reparación y no repetición están lo bastante protegidos. Y, si no, al menos habrá dejado una imagen poco habitual en la historia de las monarquías europeas: la de una persona estrechamente vinculada a la familia real entrando en prisión por ejercer violencia contra las mujeres.

Será un paso breve para Marius, sin duda, pero de gran valor simbólico. Esta condena está muy lejos de representar una justicia plena, pero sienta el precedente de que los apellidos ya no garantizan la misma impunidad que antes. Y que cada vez son más las sociedades dispuestas a cuestionar a quienes, durante siglos, parecían intocables.