La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha publicado este miércoles su Segunda opinión sobre los riesgos fiscales a los que se ha enfrentado la economía española en las últimas décadas. Entre ellos, los riesgos climáticos, que han un coste fiscal acumulado de 65.085 millones de euros para las arcas públicas entre 2005 y 2025, una factura que incluye desde indemnizaciones por inundaciones, incendios o sequías hasta ayudas extraordinarias para hacer frente a la pandemia de Covid-19.

Concretamente, los más de 65.000 millones se desglosan en 16.500 millones de euros destinados a obras de emergencia y ayudas a damnificados, otros 12.800 millones en indemnizaciones abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) por riesgos hidrológicos, meteorológicos y geofísicos, así como más de 35.000 millones asociados a costes de respuesta extraordinaria, entre ellos los derivados de la pandemia.

De hecho, del documento de la AIReF se extrae que los mayores desembolsos se han efectuado en el último lustro. Por un lado, la pandemia representa por sí sola más de 35.745 millones de euros, cerca del 55% de toda la factura fiscal asociada a desastres naturales y eventos excepcionales analizados por el organismo. Y en segundo lugar figura la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, cuyo impacto económico superó los 12.200 millones de euros, tras movilizar más de 8.000 millones en ayudas y actuaciones públicas y otros 4.200 millones en indemnizaciones abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros. Es decir, entre ambos episodios concentran cerca de tres de cada cuatro euros del coste fiscal identificado por la AIReF.

A la vista de estos resultados, la institución considera necesario reforzar el análisis de los riesgos climáticos dentro de la planificación fiscal del Estado. Entre otras recomendaciones, propone mejorar las fuentes de información disponibles, crear una base de datos específica sobre el coste fiscal de los desastres naturales, incorporar de forma explícita estos riesgos en los presupuestos públicos y desarrollar estrategias de gestión tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas.

Riesgos macroeconómicos

Junto a los riesgos climáticos, la AIReF incluye otro tipo de riesgos. Entre ellos, los macroeconómicos, donde advierte de que perturbaciones como el endurecimiento de las condiciones financieras (es decir, la subida de los tipos de interés anunciada por el Banco Central Europeo la semana pasada), el deterioro del entorno internacional y el repunte de los precios de la energía tendrán un impacto significativo sobre las cuentas públicas. Además, el organismo concluye que estos shocks han sido determinantes en el pasado para explicar la evolución de la economía y reclama que la planificación fiscal incorpore análisis de sensibilidad y escenarios alternativos que permitan anticipar posibles desviaciones respecto a las previsiones oficiales.

Sentencias contra el Estado y empresas públicas

Asimismo, la institución presidida por Inés Olóndriz también alerta del creciente coste de las acciones legales contra el Estado. Solo las sentencias dictadas en 2024 y 2025 tuvieron un impacto superior a 14.400 millones de euros sobre el déficit público, de los que más de 11.200 millones se concentraron en 2024.

Además, la AIReF pone el foco por primera vez en las empresas públicas y alerta de que algunas podrían acabar incorporándose a las cuentas de las Administraciones Públicas. De producirse esa reclasificación, sus deudas pasarían a contabilizarse como deuda pública. En este sentido, el organismo recuerda que más del 60% de las entidades reclasificadas durante los últimos quince años acabaron integrándose en el perímetro de las administraciones.

El Fondo de Contingencia pierde su función original

Por último, la AIReF concluye que el Fondo de Contingencia, concebido para atender gastos imprevistos y no discrecionales, sigue destinando una parte relevante de sus recursos a financiar partidas recurrentes. De hecho, en 2025 el gasto considerado no imprevisible representó más del 71% del total utilizado. Por ello, el organismo reclama restringir su uso a auténticas emergencias y preservar su función como principal instrumento presupuestario para responder a acontecimientos extraordinarios.

La incapacidad del Gobierno para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado está alterando el funcionamiento de algunos de los instrumentos básicos de la política fiscal. Entre ellos, el del Fondo de Contingencia, concebido por la Ley General Presupuestaria para atender gastos imprevistos y no discrecionales, pero que en la práctica se ha convertido en una vía para financiar partidas ordinarias que no encuentran encaje en unas cuentas prorrogadas desde hace tres ejercicios. Esta es una de las principales conclusiones que se extrae del segundo informe sobre riesgos fiscales que ha presentado este miércoles la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), en el que analiza y cuantifica el impacto de distintas amenazas de índole macroeconómica, ambiental y legal que pueden afectar con fuerza a las finanzas públicas.

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