La Kings League, empresa fundada por Gerard Piqué impulsora de un torneo de fútbol con mucho tirón en redes sociales y entre los jóvenes, ha comunicado el despido de 41 trabajadores, lo que supone el 50% de la plantilla para los trabajadores, aunque la empresa lo rebaja al 30%.

Tal y como ha adelantado La Vanguardia y ha confirmado el Col·lectiu Ronda, que representa a los trabajadores, la empresa no pondrá en marcha sus competiciones en Francia y Alemania, y los autónomos que trabajan en estos dos países también perderán sus puestos de trabajo.

La empresa ha afirmado que pretende “preparar el producto de cara al futuro”, aunque esta afirmación, para el despacho que defiende a los empleados, carece credibilidad. “Sin las personas calificadas que han hecho posibles los eventos, este futuro sencillamente puede no ser viable”, ha manifestado el Col·lectiu Ronda.

Los trabajadores también han cargado contra la gestión de la empresa de los despidos. Hace tres semanas, según la versión de Ronda, Kings League comunicó el inicio de un proceso de despido colectivo y se exigió “confidencialidad, incluso en tono amenazador” a la parte social para no perjudicar a los acuerdos comerciales de la empresa.

Los empleados aducen que cumplieron el pacto de confidencialidad, que en cambio han acusado a la empresa de romper “dos días antes de empezar las negociaciones filtrando a la prensa una versión edulcorada y poco realista de la situación, que perjudica a los intereses de los trabajadores y exime a la dirección de cualquier responsabilidad”

El comunicado de los trabajadores reprocha al director general de Kings League, Djamel Agaoua, incorporado en 2025, y a Gerard Piqué sus planes de expansión internacional “simultánea y sin medida” en Brasil, Alemania e Italia, que también debían asumir los empleados de España.

“Si algo queda claro es que el derroche y los excesos no han estado vinculados a los salarios de los trabajadores”, agregan los letrados de la plantilla. En febrero de 2026, la empresa cerró una ronda de inversión de 63 millones de euros por la que la comisión directiva “sacó pecho públicamente”, agrega la parte social.

Los trabajadores consideran que “cuesta creer que no existan vías alternativas a los despidos, una medida que la propia compañía admite que supone un ahorro de tan solo poco más de dos millones de euros”. “A los trabajadores no se nos ha planteado otra alternativa o medida de ahorro que no fuera despedir a las personas que hemos hecho todo esto posible”, apostillan.

Nuevas imágenes obtenidas por el Centro de Información para los Derechos Humanos de Israel, B’Tselem, revelan el momento en el que un bebé palestino de siete meses fue baleado y asesinado en Hebrón, en la Cisjordania ocupada, junto con sus padres, que resultaron heridos.

Las imágenes del tiroteo, ocurrido el viernes pasado, contradicen la versión del ejército israelí sobre el tiroteo que afirmó que sus tropas habían “percibido un vehículo que aceleraba hacia ellos” y que uno de los soldados había “respondido con disparos aislados hacia el vehículo”.

El vídeo muestran que el soldado israelí disparó contra el auto mientras este reducía la velocidad para detenerse, cerca de un puesto militar. El coche estaba lejos de los soldados y no representaba ningún peligro para ellos: “Las imágenes muestran claramente que el soldado israelí disparó contra el coche mientras este reducía la velocidad hasta detenerse”, declaró B’Tselem. “El coche estaba lejos de los soldados y no representaba ningún peligro para ellos”.

El soldado israelí disparó contra la familia palestina que regresaba a casa después de una visita familiar, mientras se encontraban en su vehículo en el barrio de Tel Rumeidah, en Hebrón. La familia fue baleada cuando el auto reducía la velocidad para detenerse por orden del soldado. El bebé de siete meses, que viajaba en brazos de su madre en el asiento trasero, recibió un disparo en la cabeza y falleció poco después. Los padres de también resultaron heridos por los disparos; su madre permanece hospitalizada.

En un segundo vídeo obtenido por la organización, se ve al padre del menor, Fahed Abu Haikal, justo después de que su hijo recibiera el disparo. El padre mantiene al bebé en brazos, intentando detener la hemorragia de su cabeza con las manos, mientras que la madre, Daniyah, quien también resultó herida por los disparos mientras sostenía a su hijo, aparece sentada en el suelo, junto al auto.

El progenitor declaró al medio israelí Hareetz que una bala le atravesó la mano e impactó en su hijo, que estaba en brazos de su madre en el asiento trasero. La familia, que también incluía al hijo de 11 años de la pareja y a la madre de Fahd, circulaba en coche por Hebrón cuando los soldados los detuvieron, según relató el padre.

“El soldado me hizo señas para que me detuviera. Detuve el coche por completo y levanté las manos del volante. Inmediatamente después, abrieron fuego contra el vehículo”, dijo.

ADVERTENCIA: EL VÍDEO QUE MOSTRAMOS A CONTINUACIÓN PUEDE HERIR TU SENSIBILIDAD.

“Me detuve como me ordenaron, y entonces simplemente dispararon contra el coche”, añadió. “No había ningún puesto de control visible, solo soldados parados en la calle. Me detuve cuando me lo pidieron, y entonces comenzaron los disparos”.

Según explicó, “el coche estaba completamente parado cuando dispararon, no se movía en absoluto”. Y cerró: “Un bebé de siete meses asesinado a sangre fría. No se merecía esto”.

Tras el tiroteo, el soldado que disparó y otro que lo acompañaba abandonaron el lugar sin inspeccionar el vehículo ni prestar ayuda al bebé gravemente herido ni a su madre.

La Secretaría de Estado de Función Pública ha aprobado las nuevas instrucciones pactadas con los sindicatos para la jubilación parcial del personal laboral incluido en el IV Convenio Único de la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de desbloquear este procedimiento tras los cambios introducidos en la reforma de pensiones de 2024.

La resolución, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sustituye a las instrucciones vigentes desde febrero de 2022 y establece los criterios para tramitar tanto la jubilación parcial ordinaria como para la jubilación parcial anticipada del personal laboral, explica la agencia Europa Press.

Como se recoge en el BOE, la actualización normativa responde a las modificaciones introducidas por la reforma de pensiones de 2024 que reformó la jubilación parcial y del contrato de relevo, con la obligación de que este último se incorporara a su puesto con un contrato indefinido.

Esta modificación bloqueó la disponibilidad de la medida en las Administraciones públicas, con procedimientos más complejos (y sobre todo que llevan más tiempo) para el acceso al empleo fijo. Los sindicatos y el Gobierno han estado negociando meses una salida, acordada ya hace varias semanas, pero no aprobada.

En el cuerpo de la Administración General del Estado la luz verde ha llegado con esta resolución en el BOE, pero se espera aún la aprobación de un real decreto ley para el resto de Administraciones Públicas.

Solución para el personal laboral del Estado

En concreto, la resolución recoge que podrán acceder a la jubilación parcial los trabajadores laborales fijos a jornada completa que cumplan los requisitos de edad, cotización y antigüedad establecidos en la normativa de Seguridad Socialm informa Europa Press.

Asimismo, regula las condiciones de reducción de jornada y la contratación de relevistas en los supuestos de jubilación parcial anticipada, adaptando estos procedimientos a los cambios legales en vigor desde el pasado 1 de abril.

La norma también incorpora los criterios acordados entre la Administración y las organizaciones sindicales en el seno de la Comisión Negociadora y la Comisión Paritaria del IV Convenio Único.

En vigor desde este miércoles

Según recoge el texto, las nuevas instrucciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE –es decir, este miércoles–y dejarán sin efecto las aprobadas por Función Pública en febrero de 2022.

Este mismo miércoles, en rueda de prensa, UGT ha asegurado que el problema generado por la aplicación de la nueva regulación de la jubilación parcial para el personal laboral de la AGE ha quedado “desbloqueado” tras la aprobación de esta resolución.

El coordinador general del Convenio Único en UGT, Alberto Pablos, ha señalado que los trabajadores afectados deberán volver a presentar las solicitudes de jubilación parcial que habían quedado paralizadas durante los últimos meses para que puedan ser tramitadas conforme al nuevo procedimiento.

Según ha explicado, los retrasos registrados durante el último año se debieron a la falta de adaptación de Función Pública a los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 11/2024 y ha defendido que el nuevo sistema beneficiará tanto a quienes accedan a la jubilación parcial como a los trabajadores que ocupen los contratos de relevo.

La Policía Local de Palma y la Policía Nacional han iniciado este miércoles a las 12.00 horas el desalojo forzoso de la antigua prisión de la ciudad, dando cumplimiento al auto dictado por el juzgado, que autorizó la ejecución de la actuación ante el grave riesgo existente para la seguridad de los que permanecen en el recinto. Unas 80 personas malviven en la antigua cárcel, que desde hace más de veinte años funciona como refugio precario de centenares de personas expulsadas del mercado de la vivienda.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, el dispositivo, coordinado conjuntamente por ambos cuerpos policiales, tal y como se estableció en la Junta Local de Seguridad extraordinaria de la pasada semana, se prevé que se prolongue a lo largo de la jornada. Durante toda la ejecución del desalojo permanecerán en el lugar los servicios sociales municipales y la presencia de una ambulancia del 061.

Según el censo realizado al inicio del procedimiento, en el interior de los módulos de la antigua prisión residían 206 personas, si bien a lo largo de estos meses la cifra se ha ido reduciendo progresivamente hasta situarse actualmente en torno a 70 u 80. Asimismo, en coordinación con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), 45 han sido derivadas a centros de acogida temporal y a programas de inserción social y laboral.

La resolución fundamenta el desalojo en los informes elaborados por la Policía Local, los bomberos y las autoridades sanitarias, que alertan de un “riesgo real, grave y actual” para la vida y la integridad física de los residentes debido al deterioro del inmueble. El auto judicial advierte de las deficientes condiciones de salubridad, las dificultades para una eventual evacuación y el elevado riesgo de incendio existente en el edificio.

Una vez ejecutado el desalojo, la Policía Local mantendrá en el entorno un dispositivo permanente de vigilancia las 24 horas del día para garantizar la seguridad y evitar nuevas ocupaciones y, posteriormente, el Ayuntamiento procederá al tapiado del recinto.

La vieja cárcel, símbolo de la crisis habitacional

La antigua cárcel de Palma fue inaugurada en 1968 y funcionó como prisión provincial hasta 1999, cuando los internos fueron trasladados al actual centro penitenciario, en las afueras de la ciudad. Tras su clausura, el recinto quedó abandonado entre promesas políticas de reconversión que nunca llegaron a materializarse. Con el paso de los años, las celdas vacías, los patios interiores y las dependencias en ruinas fueron ocupados progresivamente por personas sin alternativa habitacional que, en los últimos tiempos, han sobrevivido entre escombros, montones de basura y muros agrietados que apenas logran contener el frío y la humedad del exterior.

Como si de un termómetro extremo de la fractura habitacional de Palma se tratara, entre los muros del inmueble han convivido perfiles muy distintos: trabajadores de la construcción y de la hostelería, jubilados con pensiones insuficientes, personas migrantes en situación irregular o mujeres víctimas de violencia, a quienes en los últimos años se han sumado jóvenes abocados a encontrar soluciones alternativas para proteger su integridad física y mental.

Muchos compartían y comparten una misma trayectoria: habitaciones cada vez más caras, empleos precarios, desahucios silenciosos y la imposibilidad de acceder incluso al alquiler más básico en una ciudad donde la presión inmobiliaria no ha dejado de aumentar y en la que incluso quienes trabajan han dejado de poder permitirse una vivienda.

El Tribunal Supremo rechaza los recursos de la gran patronal española, CEOE, y su organización de pequeñas y medianas empresas (Cepyme) y respalda la presencia de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) en el Consejo Estatal de la pyme y el Observatorio de la Morosidad. Entre otros argumentos, advierte de que limitar la pluralidad de interlocutores equivale en la práctica a un “monopolio” de la representación empresarial.

En dos sentencias fechadas el 19 y el 28 de mayo a las que ha tenido acceso EFE, la sala de lo contencioso rechaza los recursos de Cepyme y CEOE, respectivamente, contra el decreto de 2024 que crea y regula el Consejo Estatal de la pequeña y mediana empresa y se regula el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.

Para rechazar la presencia de Conpymes en el Consejo Estatal, la CEOE alegaba que la representación institucional de las organizaciones empresariales en dicho consejo corresponde “exclusivamente” a las organizaciones empresariales de ámbito estatal y a las de ámbito autonómico de carácter intersectorial que alcancen los umbrales mínimos de representatividad que marca el Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, afirmaba que dichos umbrales de representatividad se determinan conforme a criterios objetivos vinculados al número de empresas asociadas y de trabajadores de estas, sin que resulte jurídicamente relevante el tamaño de las empresas. Así, consideraban que en estos órganos se estaba premiando en exceso a organizaciones de pymes y “discriminando” a sus patronales.

“Indebida monopolización” de la representación empresarial

El Supremo, en cambio, cree que de atender a los criterios de CEOE y Cepyme “conduciría, en la práctica, a una indebida monopolización de la representación institucional de las organizaciones empresariales, erigiéndolas en interlocutores exclusivos frente a las administraciones públicas”.

Tanto el Consejo y el Observatorio de la Morosidad son órganos colegiados de carácter no decisorio, y su función es esencialmente consultiva, destaca el Supremo.

Dada su naturaleza y las funciones que tiene atribuidas en materias que inciden directamente en las pequeñas y medianas empresas, “resulta razonable articular una composición que incorpore una pluralidad de interlocutores”.

Entre estos interlocutores cabe incluir “no sólo a las organizaciones empresariales más representativas de ámbito estatal, sin distinción por razón del tamaño de las empresas que integran, sino también a aquellas organizaciones específicamente representativas de las pequeñas y medianas empresas”.

Desde Conpymes valoran que la justicia confirme “de manera definitiva que las pymes tienen derecho a una voz propia e independiente en los órganos públicos de participación”, y rechace la pretensión de CEOE y Cepyme de concentrar en exclusiva dicha representación.

La resolución determina “con claridad que la representación de las pymes no puede quedar absorbida por las grandes estructuras empresariales”, añade Conpymes, que destaca que el Tribunal Supremo avala un modelo donde la pluralidad “es un derecho protegido por reglas concretas que impiden que una misma organización, o sus estructuras vinculadas, acumule puestos en órganos del Estado”.

¿De verdad los jóvenes dan la espalda al patrimonio (como a tantas otras cosas)? Esta es la pregunta que obsesiona a nuestros periodistas en el capítulo 7 de La memoria en ruinas. ¿Se trata de un tópico cierto, o solo es una más de esas ideas injustamente atribuidas a las nuevas generaciones? ¿Encontrarán Andrea Morán y José María Sadia ejemplos reales que echen abajo esta afirmación tan manida?

En esa búsqueda, tendrán que visitar distintos enclaves del país, algunos tan originales como remotos, e incluso viajar virtualmente fuera de España. Por ejemplo, emprenderán una expedición a tierras extremeñas para conocer una ermita en ruinas en la provincia de Badajoz. Allí aguarda un guía de excepción: el historiador José Luis Díaz comparte su proyecto “Arte en ruinas”, explica por experiencia propia qué pueden hacer nuestros jóvenes por el patrimonio… y también qué oportunidades de futuro ofrecen las piedras a las generaciones venideras.

La memoria en ruinas es un podcast de elDiario.es, codirigido por José María Sadia e Izaskun Pérez. José María Sadia también se ha encargado de la documentación y las entrevistas. Andrea Morán ha realizado la producción y ha escrito los guiones. Ambos, han viajado por España durante semanas grabando esta serie.

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Nadie duda a estas alturas de que la Sagrada Família es uno de los edificios más reconocibles de Barcelona. La obra del arquitecto Antoni Gaudí es también la construcción más alta de la capital catalana, además de la iglesia más alta del mundo. Desde que el pasado febrero colocaran la Torre de Jesús, el templo mide 172,5 metros. Es la construcción humana más alta de la ciudad, pero tiene unos pocos metros menos que la montaña de Montjuïc. Todo porque Gaudí quería evitar superar la obra de Dios.

La construcción de la Sagrada Família sigue en marcha –calculan que queda aproximadamente una década para acabarla completamente–, pero este año es especial. En 2026 se cumple el centenario de la muerte de Gaudí y para conmemorarlo, el Año Gaudí cuenta con la visita del papa León XIV, que ha acudido a Barcelona para bendecir la basílica.

El templo es una de las atracciones turísticas más visitadas de Barcelona, por donde pasan cada año casi cinco millones de personas. Pero más allá de admirar las fachadas, la curiosa forma de las columnas o el espectáculo de los colores de sus ventanales, pocos salen de su visita conociendo esas historias menos conocidas. Como por ejemplo, que hay una familia en Llinars del Vallès (Barcelona) que, cuando mira a la Sagrada Família, puede reconocer la huella de su estirpe. Son los Barbany, un linaje de picapedreros que llevan más de 130 años dedicados al oficio y que, durante cuatro generaciones, han suministrado su artesanía al templo de Gaudí.

Algunos tampoco se fijan en que en la fachada del Nacimiento del templo de Gaudí se pueden ver diversos animales como mantis religiosas, escarabajos, mariposas y caracoles, un detalle escultórico que esconde un simbolismo ligado a la naturaleza, que responde a que el arquitecto consideraba que la naturaleza era el gran libro de inspiración para la arquitectura. Fue precisamente esta fachada del Nacimiento la única de las tres principales fachadas del templo que el arquitecto llegó a ver terminada antes de su muerte en 1926.

Pero hay muchas más historias tras sus muros. Como dice Umberto Viotto, uno de los técnicos responsables de la recta final de la construcción del templo, y que acompaña a elDiario.es en un recorrido por el interior y exterior de la basílica: “Todavía quedan muchas incógnitas por resolver”.