La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, niega haber colaborado jamás en las andanzas de Leire Díez, la exmilitante del PSOE que colaboraba con Santos Cerdán para, presuntamente, interferir en investigaciones en marcha contra los socialistas o contra el Gobierno de Pedro Sánchez. “No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la UCO; ni influenciada por Leire Díez ni por ninguna otra persona. No he frenado ni he interferido en ninguna investigación”, ha dicho en el Senado.

“No he participado jamás, nunca, en ninguna campaña contra la Guardia Civil. No he adoptado jamás, nunca, ninguna medida contra ningún agente de la UCO, ni de la unidad de delincuencia económica o de cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Jamás. Ni como elemento de presión ni para alterar investigaciones que afecten ni al Gobierno ni a nadie”, ha incidido.

Mercedes González sí ha vuelto a reconocer que tuvo varios encuentros con Leire Díez, como desveló la UCO en los informes remitidos al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, pero afirma que “nunca” fueron destinados a participar en ninguna campaña de desprestigio “ni influenciada por la señora Díez ni otra persona”.

También ha dicho que no ha adoptado nunca “ninguna medida como elemento de presión” contra los agentes, tras apuntar la UCO a que se abrieron varias informaciones reservadas, lo que los agentes relacionaron con la influencia de Leire Díez sobre la directora general de la Guardia Civil.

“Cada uno de mis días al frente de esta institución los dedico a fortalecer la Guardia Civil, continuando la línea marcada por mis antecesores, Félix Azón, María Gámez y Leonardo Marcos, y de acuerdo siempre a la política marcada por el Ministerio del Interior y por su propio ministro”, ha aseverado.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha revelado este martes en el Senado que trasladó al teniente coronel Antonio Balas y al resto de la cadena de mando de la UCO que había mantenido encuentros con Leire Díez. La reunión se produjo, a iniciativa de González, tres días después de que El Confidencial publicara un audio en el que Leire Díez participaba en una reunión en la que aseguraba que quería ver “muerto” a Balas, jefe de las investigaciones que afectan al PSOE y al Gobierno.

elDiario.es informó en exclusiva de ese encuentro al día siguiente, el 30 de mayo de 2025. Este martes, González ha revelado dos datos nuevos. El primero, que en esa reunión no solo trasladó su apoyo y el del Gobierno a la labor de la UCO sino que también les habló de la exmilitante del PSOE: “Expresamente reconocí que conocía a Leire y que me había visto con ella en alguna ocasión”.

La directora de la Guardia Civil también ha revelado que la misma cadena de mando de la UCO fue convocada al día siguiente por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien también les trasladó personalmente su apoyo y el del Gobierno.

Niega las purgas

En sus turnos de respuesta, González ha rechazado todas y cada una de las acusaciones del PP y de Vox. La directora de la Guardia Civil ha cargado contra los grupos de la oposición por decirle en la Comisión de Interior del Senado que había promulgado una “purga” contra, entre otros, el teniente coronel Antonio Balas, máximo jefe de la lucha contra la corrupción en el instituto armado al frente de la UCO. “Dígame dónde está la purga, dígame dónde estaba el teniente coronel Balas cuando yo llegué y dígame dónde está el teniente coronel Balas cuando yo estoy aquí desde hace dos años”, le ha preguntado a Luis Santamaría, portavoz de los populares en la comisión de Interior.

“En el mismo sitio”, ha remarcado González, “haciendo su trabajo escrupulosamente”. “Lo defiendo sin ningún tipo de problemas a él y a todos los agentes que trabajan en esa unidad”, ha remarcado.

González ha asegurado, además, que sus encuentros con Leire Díez fueron informales y rechaza considerarlos reuniones. “Nunca me he reunido con Leire Díez. Fueron dos cafés, punto. O tés, porque todo el mundo sabe que yo no como ni tomo café”, ha dicho durante su comparecencia de este martes en el Senado. Y ha rechazado también que Díez acudiera nunca a dependencias de la Guardia Civil, ni recibida por ella ni por nadie de su equipo. “Jamás, nunca se reunieron desde mi gabinete. Ni el DAO, ni nadie. Ni se usaron fondos reservados. Jamás, nunca la guardia civil protegió a Leire Díez”, ha remarcado.

PSOE y Sumar han bloqueado el intento de PP y Junts de que el Congreso de los Diputados se pronuncie el próximo jueves sobre si el Gobierno debe adelantar las elecciones generales. La Mesa de la Cámara, donde la izquierda tiene mayoría, se ha reunido de urgencia para rechazar la constitucionalidad de dos enmiendas a este respecto presentadas, respectivamente, por los independentistas y por los populares a una moción de estos segundos, en lo que supone un paso más en la presión de los de Carles Puigdemont al Ejecutivo tras el estallido de los últimos casos de corrupción que afectan al PSOE.

Con su movimiento, Junts y el PP pretendían forzar a los grupos parlamentarios a posicionarse sobre si “la situación de extrema debilidad política y parlamentaria” del Ejecutivo debe llevar al presidente Pedro Sánchez a convocar comicios anticipados. No obstante, PSOE y Sumar consideran que “instar al presidente del Gobierno español a proponer la disolución de las Cortes Generales y convocar elecciones generales” —que es lo que pide la enmienda de los independentistas— supone que el Congreso se pronuncie “sobre una competencia que pertenece exclusivamente a la Presidencia del Gobierno”, según explican fuentes parlamentarias. Y, a juicio, de la izquierda, eso es algo que la Cámara Baja no puede hacer.

La decisión adoptada hoy, no obstante, supone un viraje de 180 grados con respecto a lo que decidió la propia Mesa del Congreso en enero de 2025. Entonces, el órgano admitió con el apoyo de PSOE y Sumar que se tramitara una proposición no de ley presentada por Junts en la que los independentistas exigían a Sánchez que presentara una cuestión de confianza a los diputados, otra prerrogativa que el presidente ostenta en exclusiva. Lo hizo, eso sí, después de que Junts hiciera algunas breves modificaciones en el texto original de su iniciativa, que inicialmente fue vetada por la Mesa. El cambio de opinión de PSOE y Sumar se produjo a cambio del apoyo de los independentistas para aprobar un decreto de escudo social.

Sin embargo, fuentes próximas a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, aseguran que “es habitual no autorizar” este tipo de iniciativas que se entiende que invaden competencias exclusivas del presidente del Gobierno, y afirman que “la excepción fue aquella del año pasado porque se explicitaba que no había voluntad legislativa”. Estas fuentes afirman que, el mismo martes pasado, la Mesa impidió que se incluyera en una proposición no de ley de Vox un punto que manifestaba “la necesidad de una convocatoria inmediata de elecciones generales con el objeto de dar voz a los españoles”, y explican que la misma decisión se tomó con respecto a iniciativas similares en diciembre de 2024 y diciembre de 2025.

El texto de este martes tenía visos de salir adelante, puesto que PP, Vox y Junts suman mayoría en el Congreso. No obstante, incluso aunque se hubiese aprobado la moción, la decisión sobre una convocatoria electoral seguiría siendo exclusivamente de Sánchez: lo que pretendían PP y Junts era evidenciar la debilidad parlamentaria del Gobierno. Y es que los grupos se verían obligados a posicionarse un día después de la declaración del Zapatero ante el juez Calama para responder sobre su posible papel en el rescate de Plus Ultra y una semana antes de la fecha prevista para que el propio Sánchez dé explicaciones en el Congreso.

Quien se ha posicionado ya ha sido la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que ha sido crítica con la propuesta de Junts: “Todo lo que sea pedir elecciones es favorecer a la derecha y creemos que no hay que facilitarle ese terreno”. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado que “aguantar para nada es tontería”. “O frenamos la especulación de la vivienda o es aguantar y asquear a la gente. Creo que la gente merece una izquierda que no dé vergüenza”, ha respondido en los pasillos del Congreso.

“Es una moción de confianza”

La portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, ha asegurado este martes que la moción pactada con Junts será una “moción de confianza” contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Esta cámara le va a estar diciendo que lo que tiene que hacer es disolverla”, ha asegurado Muñoz en rueda de prensa.

“Hace tiempo que Moncloa dejó claro que no respeta la democracia parlamentaria”, ha añadido después, ante las palabras del Gobierno asegurando que no tiene previsto adelantar elecciones. No obstante, la portavoz del PP considera que si se aprueba la moción “quedará claro y reflejado que Pedro Sánchez no tiene la red democrática del Parlamento”.

La OIT (Organización Internacional del Trabajo) está en el centro de muchos corrillos políticos en España este lunes. Hace unos días, aprobó un convenio histórico para regular derechos de trabajadores en plataformas digitales en el mundo, pero el foco no se lo ha llevado este paso, sino las informaciones que sitúan a la vicepresidenta Yolanda Díaz como posible candidata a presidir el organismo. Aunque en el Ministerio de Trabajo niegan que exista una propuesta formal, su nombre está sonando como una posibilidad para las elecciones del próximo noviembre, según confirman fuentes sindicales.

La OIT es la entidad de las Naciones Unidas encargada de fomentar los derechos laborales a nivel internacional, “persiguiendo su misión fundadora: la justicia social es esencial para la paz universal y permanente”, recoge el organismo en su página web. En estos momentos afronta un importante reto: un gran bocado en su presupuesto por la demora en el abono de los fondos comprometidos por los Estados Unidos de Donald Trump.

Es la única agencia tripartita de la ONU, que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados Miembros con el objetivo de establecer las normas del trabajo, así como fomentar políticas y programas promoviendo el “trabajo decente”.

En la actualidad, la entidad está liderada por el togolés Gilbert F. Houngbo, director general elegido en marzo de 2022 para un mandato de cinco años, que llegan a su término en septiembre de 2027. El proceso para la elección del próximo director general de la OIT ya se ha iniciado, de momento con su única candidatura para la reelección, pero se espera que puedan surgir algunas opciones alternativas, entre las que algunas voces sitúan la de Yolanda Díaz.

Un “runrún” de una posible candidatura, que no es oficial

“Hay runrún con su nombre”, reconoce una fuente de los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, cuyos representantes estuvieron la semana pasada en Ginebra para participar en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, la asamblea anual de la OIT.

Oficialmente, el Ministerio de Trabajo evita pronunciarse sobre la posibilidad de que Díaz opte a liderar la OIT y se limitan a trasladar su preocupación por el estado de la organización, que expresó la vicepresidenta en un crítico discurso durante la Conferencia Internacional de hace unos días. “No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”, sostuvo.

Estas fuentes ministeriales explican que la vicepresidenta no ha recibido ninguna propuesta formal para dirigir la organización. Y, oficialmente, Díaz no se está planteando optar a suceder a Houngbo, pese a habérselo planteado de manera informal algunos dirigentes sindicales.

Una elección que también definen las patronales

El plazo para presentar las candidaturas al liderazgo de la OIT se alarga hasta el próximo 31 de agosto. Estas deberán ser presentadas por un Estado Miembro de la organización o por un miembro del Consejo de Administración de la OIT. La votación está prevista para el 16 de noviembre, que exige una mayoría simple, y el próximo mandato del director/a general se iniciará casi un año más tarde, en octubre de 2027.

En caso de que Yolanda Díaz decidiera presentarse, tendría un camino complicado para alcanzar el liderazgo de la OIT, coinciden varias fuentes. Pese a que podría lograr el apoyo de organizaciones sindicales, estas son solo una pata de los miembros que eligen al director general de la organización. En ellos también están representados patronales y gobiernos. Y en esos dos colectivos, especialmente en el primero, el nombre de la vicepresidenta de un Gobierno de coalición de izquierdas es una rara avis que genera muchas más reticencias.

Algunas fuentes sindicales consideran que la figura de Yolanda Díaz podría destacar como un liderazgo que “ponga coto a la irrupción del trumpismo en la OIT”, como catalizador de algo alternativo a la dirección actual, que trata de acercar a la administración estadounidense (sin mucho éxito, al menos en la consecución de los fondos prometidos).

Sin embargo, otras fuentes recuerdan que el nombre de Yolanda Díaz es solo uno de los que resonaron la semana pasada en Ginebra, y que el propio Gilbert F. Houngbo mantiene “bastantes apoyos”, especialmente entre los países africanos.

Además, hay otro factor que genera incertidumbres sobre una posible candidatura española de Díaz al liderazgo de la OIT y es la ya anunciada del ministro de Agricultura, Luis Planas, para encabezar la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Fuentes sindicales reconocen que podrían quitarse opciones mutuamente, ya que “España no podría conseguir dos liderazgos” de organismos de ONU.

El PSOE y Sumar intentan retomar algo de iniciativa política en una semana que se presenta enormemente complicada a nivel judicial para el Gobierno y, particularmente, para los socialistas. Ambos partidos anunciaron este lunes que han acordado reactivar la tramitación en el Congreso de la proposición de ley para reformar el Código Penal y eliminar del mismo delitos que restringen la libertad de expresión, como las injurias a la Corona, la ofensa a los sentimientos religiosos o los ultrajes a los símbolos nacionales. La norma comenzó a tramitarse en 2023, pero llevaba desde entonces congelada en la Cámara Baja porque los socialistas no la consideraban una prioridad.

En concreto, la proposición de ley cuya tramitación se reactivará contempla acabar con cinco delitos recogidos en el Código Penal. Además de las ya mencionadas injurias a la Corona, ultrajes a los símbolos nacionales y ofensa a los sentimientos religiosos, PSOE y Sumar también están de acuerdo en despenalizar las calumnias e injurias a las altas instituciones del Estado y en eliminar el tipo que pena las injurias contra las Cortes Generales o las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Por el contrario, ambos partidos han pactado renunciar a la eliminación del delito de enaltecimiento de terrorismo para evitar recelos de otros grupos, pese a que Sumar sí quería derogar ese artículo del Código Penal y sustituirlo por un agravante que permitiría castigar con más dureza los delitos que incluyan vejaciones a víctimas.

Esta reforma penal que ahora se reactiva es una propuesta que, como la de la ley mordaza, lleva años planteándose sin llegar a concretarse, a pesar de que a priori existe —como existía la pasada legislatura, cuando la propuso Unidas Podemos— mayoría parlamentaria para aprobarla. De hecho, en julio de 2024 Sumar y el PSOE ya anunciaron un pacto para suprimir los citados delitos de opinión y lo unieron a otro acuerdo para modificar la ley orgánica que rige el derecho al honor, con el fin de incluir una “reparación pública” ante procesos judiciales prolongados en el tiempo. Ese acuerdo nunca llegó a ponerse en práctica. Pero este lunes, el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago (IU), se mostró convencido de que esta vez la reforma del Código Penal se aprobará “pronto” y de que “todas las fuerzas democráticas van a apoyarla”.

Para reactivar la tramitación de la proposición de ley, PSOE y Sumar dejarán de ampliar los plazos de presentación de enmiendas, lo cual permitirá que dicho periodo se cierre y se pase al siguiente estadio del proceso, el debate de totalidad, dado que previsiblemente algunos de los partidos de la oposición presentarán enmiendas a la totalidad para intentar derribar la iniciativa. Si esos intentos de veto son rechazados, los grupos parlamentarios comenzarán a discutir el redactado final de la reforma, que aún necesitaría recibir luz verde del Congreso en otras dos ocasiones antes de pasar al Senado para finalizar su tramitación. Por tanto, por mucho que se acorten los plazos, a la propuesta le quedan semanas, si no meses, para entrar en vigor.

Dibujantes, cómicos o cantantes condenados

“Este país ha soportado condenas penales que ponen en entredicho el pleno ejercicio de la libertad de expresión”, argumentó Enrique Santiago para justificar la necesidad de poner en marcha de nuevo esta reforma del Código Penal. “Se ha condenado a cantantes o a dibujantes de cómics por injurias a la Corona, ha habido cómicos condenados por injurias religiosas, y otros que no han llegado a ser condenados, pero han sido sometidos a largos procesos judiciales” y al “escarnio público”, denunció Santiago, que aseguró que, con la derogación de estos tipos penales, no se “desprotege” a ninguna de las instituciones afectadas. “Todos los miembros de la Casa Real van a seguir gozando de protección ante injurias y calumnias”, pero será “la misma que el resto de los ciudadanos” a través del tipo penal estándar, ejemplificó.

“La libertad de expresión no ampara el derecho al insulto, pero sí la crítica desabrida, molesta, dura, exagerada, irónica, satírica, ácida, virulenta, mordaz”, aseveró por su parte el diputado del PSOE Artemi Rallo, que aseguró que así se han pronunciado en múltiples ocasiones tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal Supremo español. “La libertad de expresión ampara incluso el mal gusto”, y por ello, no tiene sentido que el Código Penal castigue prácticas que se enmarcan en el ejercicio de ese derecho, argumentó Rallo.