Un informe del Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, la organización no gubernamental que asesora a la Unesco en materia de patrimonio cultural) alerta de que la tramitación del proyecto para volver a explotar la mina de Touro - O Pino (A Coruña) arrastra incumplimientos desde su mismo nacimiento, reclama que se anule cualquier permiso para estos planes y que se vuelva a la casilla de salida para elaborar una evaluación previa de impacto sobre el patrimonio porque hay riesgo de que se vea afectado el Camino de Santiago, el eje sobre el que gira buena parte de la política económica del Gobierno gallego y toda su estrategia de turismo.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es y figura al final de esta información, enfatiza que la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural celebrada en París en 1972 estableció que cualquier actuación sobre bienes declarados Patrimonio Mundial [el Camino de Santiago figura en la lista desde 1993], así como en las áreas buffer, que son las que rodean al propio bien, debe ser, “con carácter previo”, consultada a la Unesco o con el propio Icomos. Recalca que la notificación debe ser “lo antes posible (por ejemplo, antes de la redacción de los documentos básicos de proyectos específicos) y antes de que se tomen decisiones difícilmente reversibles”. Así lo recogen textualmente las Directrices Operativas de la Convención. Pero, advierte, el “dato alarmante” es que, en el caso del proyecto minero de Touro, “no consta que se actuase conforme a las directrices expuestas, con el riesgo que ello supone para los bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial”.

El Icomos elabora su informe, con fecha del 21 de mayo, en respuesta a una consulta hecha por el concejal de Medio Ambiente e Camiño de Santiago del Ayuntamiento de Touro, Darío Rey, que trasladaba su preocupación por los posibles impactos. En el texto, la entidad avisa de que, tras consultar la documentación relacionada con el proyecto, “no existe constancia” de que se hayan solicitado esos estudios de impacto patrimonial ni por parte los ayuntamientos afectados, ni de la Xunta, ni del Estado. Su conclusión es que “se han incumplido diferentes determinaciones de carácter procedimental, algunas de ellas fundamentales”. Y concreta que entre los puntos que no se han respetado está la obligación de “notificar por adelantado al Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, antes de considerar cualquier acción, toda cuanta propuesta pueda tener un impacto en y sobre el Patrimonio Mundial”. “Es decir, y en el presente caso, las autorizaciones concedidas para la explotación minera de la mercantil Cobre San Rafael en el entorno del Camino de Santiago [...] debieran anularse, toda vez que no han sido consultadas previamente con la Unesco”, sostiene.

Además, la organización recuerda que las evaluaciones de impacto patrimonial deben “iniciarse desde el mismo instante en que se considere que cualquier actuación o proyecto de intervención pueda afectar al Patrimonio Mundial” y que ese proceso de comprobación debe ser “continuo en el tiempo” y mantenerse durante el desarrollo y después de ejecutada la acción. “Cualquier decisión debe ser considerada con carácter previo y a través de una evaluación de impacto, que deberá tratar los bienes del Patrimonio Mundial como elementos sensibles y valiosos”, agrega el Icomos, que enfatiza que los análisis deben tener carácter preventivo. Deja, asimismo, un aviso relacionado con la implicación de colectivos y vecinos de las zonas afectadas: la evaluación de impacto “debe promover y fomentar la participación efectiva, inclusiva y equitativa de los titulares de derechos, las comunidades locales y otras partes interesadas”. Y para ello “no basta con el cumplimiento de un proceso de exposición pública a fin de dar conformidad a un derecho establecido por un texto legislativo”.

El informe recuerda que el proyecto estuvo abierto a consulta pública desde el 25 de noviembre de 2024 -el proceso terminó el 31 de enero de 2025- y revela que el 4 de febrero de 2025 Icomos España envió un escrito a la Consellería de Cultura y otro a la de Economía para recordarles que es necesario cumplir las directrices de la Convención de Patrimonio Mundial y para trasladarles su “total y desinteresada colaboración” para crear una mesa de trabajo con la administración y la empresa promotora para proteger el Camino de Santiago. El Icomos supervisa el estado de conservación de los bienes Patrimonio Mundial. Cuando se planteó construir un teleférico entre el centro de Santiago y la Cidade da Cultura, se posicionó en contra. La Unesco terminó por rechazarlo también y el Ayuntamiento paralizó el plan por el riesgo de comprometer la declaración de la ciudad como Patrimonio de la Humanidad.

El concejal de Touro que motivó el informe con su consulta señala, preguntado al respecto, la preocupación por el impacto del proyecto minero en el territorio y en el patrimonio y recalca que la evaluación previa es “fundamental” en una empresa de este tipo por sus posibles efecgtos en los valores que justifican la protección internacional del Camino. Darío Rey destaca que Icomos ponga el foco en la “participación efectiva de las comunidades locales”. El Ayuntamiento, agrega, dispone ahora de un pronunciamiento oficial del principal organismo asesor de la Unesco en la materia en el que cuestiona “aspectos esenciales de la tramitación” y “refuerza la necesidad de extremar las garantías” en la protección tanto de la ruta de peregrinación como de su entorno.

Un proceso complejo en una mina con fuerte rechazo social

El yacimiento de Touro, que entra también en terrenos del municipio de O Pino, se explotó en los años 70 y hasta mediados de los 80, cuando quedó abandonado, sin que se hiciese una reparación ambiental de los terrenos. Esa contaminación persistente la tenían muy presente los vecinos cuando, en 2017, se presentó por primera vez el proyecto para retomar la extracción de cobre a cielo abierto en el lugar. Después de intensas movilizaciones impulsadas por los vecinos, la Xunta optó por guardar los planes en un cajón en 2020. Lo hizo a través de una declaración de impacto ambiental desfavorable en aquel año y con una confirmación de que le daba carpetazo en 2021. Pero ese no fue el final de un proyecto en el que se abrieron varios frentes judiciales y que ha derivado en una inusual situación.

Con el primer intento fracasado, Cobre San Rafael -empresa detrás de los planes para reabrir la mina y participada por Atalaya Mining- recompuso la documentación y volvió a iniciar los trámites ante la Xunta, que declaró, en 2024, proyecto industrial estratégico la propuesta. Esta figura que aplica el Gobierno gallego implica una tramitación más rápida. No obstante, dos años más tarde, sigue pendiente de la declaración de impacto ambiental. Entretanto, las plataformas vecinales, asociaciones ecologistas y colectivos afectados por los vertidos que ocasionaría la explotación minera, retomaron las movilizaciones -la próxima, convocada para el domingo-. Denuncian que el proyecto es fundamentalmente el mismo que el presentado en 2017 y que tendría un gran impacto ambiental en el terreno y aguas abajo, dado que los arroyos de la zona desembocan en el río Ulla y este, en la ría de Arousa.

En medio del trámite de alegaciones se dio una situación insólita: la empresa envió un comunicado para destacar que, entre los miles de documentos registrados ante la Xunta, había 6.000 que eran a favor del proyecto. Cobre San Rafael ha sido muy activa en estos últimos años en la propaganda de sus planes mineros, colaboraciones con equipos deportivos incluidas.

Una decisión judicial ha añadido complejidad al panorama: en mayo de este año, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló la declaración de impacto ambiental negativa con la que la Xunta había tumbado el proyecto en 2020 y, en consecuencia, la decisión del Gobierno gallego de ponerle fin. Las críticas de la Justicia se centran en que, ante un proceso que se dirigía a descartar los planes, la Xunta no diese trámite de audiencia a la empresa que los había presentado y le denegase “la última palabra”. A pesar de esta resolución, Cobre San Rafael no tiene intención de retomar ese proyecto, sino que quiere sacar adelante el actual, el que ha sido declarado estratégico.

Esta es solo una de las derivadas judiciales relacionadas con la mina de Touro, que está pendiente de otras: la declaración de proyecto industrial estratégico fue recurrida y Explotaciones gallegas, que es copropietaria de Cobre San Rafael, afronta una demanda penal por daños al medio ambiente.

El estudio de la empresa

La documentación presentada por Cobre San Rafael para pedir la autorización de la Xunta incluye referencias al Camino de Santiago: indica que el Camino Francés -el más popular- se encuentra cerca de la mina, a unos dos kilómetros de distancia de los límites del proyecto. Lo que denomina “ámbito de respeto del Camino”, sin embargo, llega, en el punto más cercano, a solo 200 metros de la mina. La empresa asegura que la explotación no afecta ni al Camino ni a esa zona alrededor en la que también se deben controlar posibles impactos. Aporta un estudio de la Universidade de Vigo sobre integración paisajística que sostiene que solo la zona noroeste de la explotación es visible desde el Camino de Santiago -cuyas dos últimas etapas pasan al norte de la mina- y que la visibilidad llega a ser elevada en “algunos promontorios”. En el trabajo de campo, dice el texto, “se ha prestado especial atención” al tramo que atraviesa el municipio de O Pino, “desde el que podría existir una relación especialmente sensible”. La conclusión es que “el propio sentido de la marcha, hacia el oeste, limita la percepción sobre la explotación minera, que queda a la espalda del peregrino”.

Cuando anunció la declaración de proyecto industrial estratégico para la mina de Touro en 2024, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que la inversión que se promete asciende a 200 millones de euros y los puestos de trabajo, a 394. También dio importancia a que se pretende extraer fundamentalmente cobre, un mineral considerado estratégico por la Unión Europea. El Gobierno gallego ha hecho de la minería una de sus apuestas fundamentales en materia industrial y ha manifestado su intención de reactivar explotaciones que tuvieron una fuerte oposición social. Dentro de su estrategia, encargó un informe sobre los recursos mineros de Galicia, firmado por un geólogo que trabaja para la mina de Touro. Ni la empresa promotora ni la Xunta habían contestado, en el momento de elaborar esta información, a las preguntas remitidas.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pone de perfil en los asuntos que en los últimos meses han cuestionado la buena marcha de los medios públicos gallegos. La última vez que dio un toque de atención a la CSAG, antes CRTVG, fue en noviembre de 2025, como reacción a los malos datos de audiencia. Este lunes ha rechazado pedir explicaciones por la relación entre la TVG y la productora de Roberto Vilar, su estrella televisiva. La empresa ha sido condenada por despido improcedente e impagos a un guionista del programa Land Rober. Rueda le ha quitado importancia: “Seguro que no será el único caso”.

El jefe del Gobierno gallego evitó este lunes dar su opinión sobre el asunto y se remitió a que no conoce los pormenores, a que la cuestión ya ha sido vista por una jueza y a que no hay una relación contractual directa con los medios públicos.

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) condena a Destino Bergen, que es la productora de Vilar, a pagar una cantidad superior a 40.000 euros a un guionista de Land Rober-Tunai Show por haberlo despedido de forma improcedente en 2024 y por pagarle menos de lo que fija el convenio estatal del sector audiovisual. La empresa trató de justificar en el proceso judicial que las cantidades asignadas de las arcas públicas para hacer el programa se adjudicaron a CTV, que es otra productora, y que esta subcontrataba después los servicios. La intención era hacer pasar el espacio por uno de tramo medio, dado que el sueldo de los escritores varía según el tramo.

El sindicato de guionistas ALMA ha criticado que esta situación se dé precisamente en los medios públicos, que consideran que deben ser “el ámbito en el que de manera más clara y más pulcra se cumpla con la ley, y el convenio colectivo es parte de la ley”. Rueda no ha hecho comentarios sobre este punto.

“Preocupantes declaraciones”

El sindicato de guionistas ALMA reaccionó a las afirmaciones de Rueda, que calificó de “preocupantes”, recordando que el convenio laboral tiene fuerza de ley y es de obligado cumplimiento. Y le ha pedido al presidente gallego que, si como ha dicho, está seguro de que no es el único caso, tome las medidas de su competencia que eviten estos incumplimientos.

Además, insisten en que las televisiones públicas deben garantizar “con el máximo celo que se respeten los derechos de las personas que trabajan para ellas y bajo su responsabilidad”.