“No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”. Con estas palabras se ha dirigido Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, al auditorio de la sesión plenaria de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, en el Palacio de las Naciones de Ginebra. Díaz ha advertido que “está en juego” el mandato de esta institución de la ONU dedicada al mundo del trabajo y ha defendido que siga avanzando en sus normas, en un momento en el que se debate un convenio de mínimos sobre plataformas digitales, que cuenta con el rechazo frontal de Estados Unidos.

“Se pretende, sobre todo por la Administración norteamericana, desregular completamente el mundo del trabajo de la mano de la IA. Esto es la barbarie”, ha sostenido la ministra de Trabajo a los medios de comunicación antes de entrar en el auditorio.

Yolanda Díaz ha explicado que la delegación del Gobierno de España “está empujando e intentando” que la convención de derechos laborales mínimos en plataformas digitales salga adelante, tras la experiencia española pionera en regular esta materia, en la llamada la Ley Rider.

“Frente a ese modelo de 'ley de la selva', lo que estamos señalando justamente es tener instrumento normativo de mínimos con capacidad de desarrollo de normas propias, para que tengamos la posibilidad de tener normas laborales, derechos humanos y competencial leal entre las empresas”, ha argumentado la vicepresidenta.

La OIT “no puede ser una mercancía”

Ya desde el atril de la Conferencia Internacional del Trabajo, Yolanda Díaz ha afirmado que “si el trabajo no es una mercancía”, como recoge la Declaración de Filadelfia, “tampoco puede serlo la organización que lo representa”.

La vicepresidenta ha lanzado cuatro reflexiones al auditorio, comenzando por las “turbulencias financieras” que atraviesa la organización internacional, ante una merma de la financiación de EEUU, pero ha sostenido que no puede salir de ellas “poniendo en riesgo sus valores fundamentales”.

Hace unos días, Reuters publicó que la OIT suspendió el nombramiento de un alto funcionario estadounidense, Sheng Li, que estaba previsto que ocupara el cargo de subdirector general de la organización este mismo julio, por el impago de cuotas de EEUU.

“Asegurar el mandato de la OIT es nuestra verdadera misión”, ha afirmado Yolanda Díaz, que ha reivindicado que la OIT siga avanzando en sus normas laborales. “Sin normas es una organización inane frente a los grandes cambios digitales y verdes que tenemos la obligación de gobernar”, ha sostenido.

La vicepresidenta ha añadido que se puede “discutir cómo han de ser esas normas, seguramente más atentas a las particularidades regionales, pero no las normas en sí mismas”.

La IA y la digitalización como debate “de época”

Yolanda Díaz ha insistido en los debates de “época” que afronta la humanidad con la irrupción de la Inteligencia Artificial, los algoritmos y otras tecnologías vinculadas a la digitalización.

“El director general, al que le agradezco el impulso de este debate civilizatorio, nos pide que reflexionemos sobre la inteligencia artificial y el impacto en el mundo del trabajo. Creo que no hay nada más oportuno. El Papa León XIV acaba de recordarnos en mi país que la automatización, la robótica y la inteligencia artificial están transformando la estructura misma del trabajo”.

“Para evitar que la tecnología sea un regreso al pasado, debemos convertir la inteligencia artificial en una oportunidad. Y los sistemas deben diseñarse, como dice su encíclica, centrados en las personas y no solo en el rendimiento”, ha emplazado Díaz.

En la DANA de Valencia, la mayor catástrofe climática que ha vivido España con más de 230 víctimas mortales, bomberos y bomberas de todo el país “tuvieron que acudir con sus propios medios, con furgonetas, organizados entre ellos” para trabajar en las labores de emergencias. Otros bomberos de la propia ciudad denunciaron que no fueron movilizados ese día. “¿Cómo es posible?”, denuncian los representantes de CCOO y UGT, que han presentado este lunes una plataforma para exigir una ley estatal de coordinación de estos profesionales.

En concreto, los dos sindicatos mayoritarios exigen, tanto al Gobierno como a las distintas Administraciones públicas y a los partidos políticos, la aprobación de una Ley Básica de Bomberos y Bomberas. Una reclamación continua desde hace años –y en aumento ante el auge de catástrofes y emergencias– para coordinar los 130 Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de todo el país, así como para garantizar unos recursos y unas condiciones mínimas para la prestación de este servicio público ante emergencias.

Un marco estatal como el que consiguieron los bomberos forestales y los agentes medioambientales en 2024, también tras años de lucha y en un contexto de empeoramiento de los incendios forestales cada verano, y que reclaman el resto de cuerpos de bomberos que atienden en ciudades y pueblos tanto en la extinción de incendios como en accidentes de tráfico y otro tipo de emergencias.

“Los ciudadanos se ven expuestos a más riesgos o a perder la vida”

Los representantes sindicales han explicado que los servicios de bomberos dependen competencialmente de ayuntamientos y diputaciones, así como de las comunidades autónomas en el caso de algunos cuerpos regionales, un “batiburrillo” de distintos cuerpos para los que reclaman un paraguas legal a nivel estatal para facilitar la coordinación en las emergencias que suceden a diario. En la actualidad, esta es “ineficiente” en muchos casos, lo que puede poner en riesgo vidas, han denunciado CCOO y UGT.

Los sindicatos han señalado el caso de la DANA como el más paradigmático, pero han denunciado problemas de coordinación continua en emergencias de “menor entidad”. “Una emergencia no tiene por qué ser atendida actualmente por el parque de bomberos más cercano”, ha puesto como ejemplo Almanzor Guerra, responsable del sindicato de Bomberos de UGT Servicios Públicos, algo que retrasa las intervenciones en situaciones en las que cada segundo es clave para salvar vidas.

Esto sucede “de manera más frecuente de lo que pensamos”, lamenta Guerra a elDiario.es. El bombero menciona recientemente el accidente mortal por el que dos mujeres fallecieron ahogadas en Palencia al salvar a un niño de cinco años. “El parque de bomberos más cercano era el del Ayuntamiento de Palencia, pero la zona pertenecía a la diputación, que tardaron más tiempo en llegar”, apunta.

“¿Cómo es posible que el parque de bomberos más cercano, se quede en el parque, queriendo ir a una intervención que está relativamente cerca de ellos para salvar vidas, y por competencias o por falta de coordinación y legislación, los ciudadanos se vean expuestos a más riesgos o incluso a que pierdan la vida?”, ha denunciado Carlos Sánchez Oliva, portavoz de la Agrupación Estatal de Bomberos de CCOO.

“Si en vez de acudir en cinco minutos, o en diez, acudimos en 20 minutos no podemos garantizar la seguridad y salud de la gente. Esto es lo que nos tiene aquí fundamentalmente, el poder hacer el trabajo en condiciones de calidad y de coordinación”, ha insistido Sánchez Oliva.

El portavoz de CCOO ha alertado además de que “faltan medios humanos”. “No es posible que en la visita del Papa en la ciudad de Madrid falten bomberos y recursos para poder atender las emergencias habituales, ya sin contar con la afluencia de público por este acontecimiento”, ha sostenido. 

Condiciones mínimas laborales y del servicio público

Los sindicatos piden así una Ley Básica de Bomberos y Bomberas que “debe establecer como servicio público esencial para la ciudadanía la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y el salvamento, y fijar contenidos mínimos y estándares homogéneos”, así como los protocolos para la coordinación.

Una de estas condiciones mínimas es la atención “del parque de bomberos más cercano”, que priorice la respuesta temprana por encima de posibles conflictos de competencias.

Desde el marco estatal, piden también que se desarrollen leyes autonómicas de SPEIS, así como la creación de cuerpos de bomberos autonómicos (que no existen en todas las comunidades en la actualidad) y “el establecimiento de la integración voluntaria y progresiva de los SPEIS de entidades locales medianas y pequeñas a estos cuerpos autonómicos”.

La plataforma sindical propone varios “contenidos mínimos” que deben ser recogidos en la ley. Entre ellos se incluyen “la simplificación de la denominación del cuerpo de bomberos” y sus funciones, la obligación de coordinación y cooperación recíproca entre las distintas Administraciones públicas, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como ciertas condiciones mínimas de formación y clasificación profesional y el reconocimiento de enfermedades profesionales.

CCOO y UGT han exigido además que se acote la figura de los voluntarios, “que no pueden sustituir” a los bomberos en ningún caso, ha subrayado Almanzor Guerra (UGT). “No se sostiene que en una primera intervención donde se juega la vida la gente acudan voluntarios. La prestación de servicio de bomberos es obligada. La vida de la gente no puede estar a expensas de si es una persona que acude voluntariamente o no”, ha coincidido Carlos Sánchez Oliva (CCOO).