La Organización de Naciones Unidas da de plazo a España hasta diciembre para informar de las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de Maricarmen, vecina de 87 años de Madrid que lleva más de 70 años residiendo en su vivienda. La ONU pide que se suspenda el desahucio mientras tramitan el procedimiento o que den alternativa habitacional adecuada a Maricarmen.

Después de una denuncia presentada a la ONU por la abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, en coordinación con el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comite DESC) ha comunicado al Juzgado la existencia de esta denuncia. Da plazo al Estado hasta diciembre para emitir un informe sobre las medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional de Maricarmen y solicita que se suspenda el desahucio o que ofrezcan alternativa habitacional adecuada.

Maricarmen lleva más de cinco años peleando contra el fondo buitre Urbagestión, que compró su bloque en 2018 y que pretende desahuciarla para especular con su vivienda. En ella ha pasado casi toda su vida. Cuando murió su padre, siendo ella muy joven, quedó subrogada a su madre debido a que la normativa franquista consideraba ya una delegación el paso de la propiedad del varón a la mujer. Por ello, cuando la progenitora falleció, Maricarmen no pudo beneficiarse de un alquiler de renta antigua (restringido a las primeras subrogaciones anteriores a que la Ley Boyer degorara esta figura).

El próximo 24 de junio Maricarmen se enfrenta a su tercer intento de desalojo, tras la paralización del primero en octubre de 2025 gracias a la presión y organización sindical y el aplazamiento del segundo intento de desahucio este 3 de junio en una medida que para el Sindicato de Inquilinas ha sido un “burdo intento” para desmovilizar todo el apoyo social que estaba recibiendo Maricarmen.

La paralización del desalojo, en manos de la Justicia

Ahora, tras el informe de la ONU, la jueza tiene la facultad de suspender el desahucio mientras se tramita la denuncia presentada a la ONU “para evitar daños irreparables a la autora (Maricamen)”. Entre tanto, la comunicación está siendo estudiada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid señalan que, si se ejecuta el desahucio el próximo 24 de junio, sería un desahucio ilegal, en contra de los tratados internacionales (de los que España es parte) y las recomendaciones de la ONU.

Una vez evitado el primer intento de desahucio a Maricarmen, varias organizaciones enviaron al Ministerio de Vivienda un dossier con alternativas para solucionar el conflicto de Maricarmen. La propia Maricarmen escribió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Seis meses después, ninguna de las dos comunicaciones han recibido respuesta.

Denuncian desde el Sindicato de Inquilinas que tanto la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, como el Ayuntamiento de Madrid que comanda José Luis Martinez-Almeida tampoco han ofrecido ninguna alternativa habitacional a Maricarmen.

La tercera jornada consecutiva con sabor extraño en parte del agua que consumen los madrileños ha servido para que el partido Más Madrid haya solicitado explicaciones al Gobierno de Ayuso, responsable de la gestión de este elemento. Lo ha hecho a través de la solicitud de sendas comparecencias del consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, y del consejero delegado de Canal de Isabel II, Mariano González.

Más Madrid reclama información sobre las incidencias registradas en las últimas horas en el abastecimiento, después de acusar al Canal de “no avisar de nada” cuando se produce alguna incidencia y que sean los propios usuarios los que preguntan e “investigan” qué ha ocurrido, denuncia en un comunicado remitido a los medios.

Fuentes del Canal informaron el lunes que el agua es “potable y apta para el consumo”, pero con un sabor distinto debido a unas maniobras que tuvieron lugar el domingo en los filtros de carbón activo de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Santillana, en el embalse de Manzanares El real.

Las alteraciones puntuales en el olor y el sabor del agua suministrada han afectado a algunos puntos de la región, incluidas zonas de la capital como el distrito centro o parte de Arganzuela, entre otros.

Más Madrid recuerda que en los últimos años el recibo del agua ha aumentado un 3% anual “con la excusa de realizar precisamente inversiones para mejorar la calidad del servicio”. Por último, el diputado Alejandro Sánchez ha lamentado “la gestión nefasta del Gobierno de Ayuso, la verdad es que está logrando deteriorar hasta el sabor del agua de Madrid, de la que alguna vez nos hemos sentido tan orgullosos en esta ciudad”.