El Interventor General de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa, ha dimitido de su cargo, aduciendo “motivos personales”. La dimisión de Figueroa, adelantada por ABC y confirmada por este medio, se conoce tras revelarse que sus siglas aparecen en el cuaderno de la exmilitante socialista Leire Díez como “nuestros ojos en la SEPI”.

Figueroa, interventor general de la Junta de Andalucía desde enero de 2025, llegó a ese puesto procedente de la Agencia IDEA, aunque antes había pasado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde estaba bajo el mando de su amigo y expresidente Vicente Fernández, hoy investigado por la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contrataciones públicas vinculadas a la SEPI y otras entidades públicas. Esta parte del caso sigue bajo secreto de sumario. No ha trascendido que Figueroa esté investigado.

Fuentes del Ejecutivo andaluz confirman a elDiario.es que Figueroa comunicó su intención de dimitir “hace unos meses”, cuando comenzaron a revelarse las primeras informaciones sobre el caso. Continuó, pero anunció que dimitiría tras las elecciones. Así ha sido. Estas mismas fuentes confirman que presentó su carta de dimisión el lunes.

Ahora, la renuncia debe pasar por el Consejo de Gobierno, antes de que se active el procedimiento de sustitución. La previsión es que eso ocurra la semana que viene. El procedimiento de sustitución es reglado, tal y como previene el Reglamento de funcionamiento de la Intervención: asume el puesto la persona titular de Dirección de División con mayor antigüedad en el cargo.

La Intervención General de la Junta de Andalucía es la encargada de controlar cómo se gestiona el Presupuesto de la Junta de Andalucía, más de 48.000 millones de euros, ejerciendo funciones de auditoría interna independiente dentro de la Administración. Controla la legalidad del gasto, realiza auditorías, lleva la contabilidad, colabora con los tribunales cuando se le requiere para ello...

Nombrado en enero de 2025

Figueroa se desempeñaba como interventor general desde hace año y medio, después de que en enero de 2025 el Gobierno andaluz cesara a su antecesora, María Antonia González Pavón, responsable del informe de actuación que alertó a la consejera de Hacienda del “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos menores en el SAS en 2021, un informe que dio pie a la apertura de diligencias en un juzgado de Cádiz por un supuesto delito de malversación.

Poco después de aterrizar, destituyó a cuatro de los ocho jefes de división, lo que motivó que la oposición hablase de purga. Casi simultáneamente, el Gobierno andaluz cambió el sistema de fiscalización interna de sus cuentas, en plena investigación judicial por los contratos sanitarios: la Intervención General asumió el control financiero permanente del SAS, esto es, las auditorías a posteriori que hasta entonces realizaban los interventores provinciales.

Esos informes de auditoría desfavorables elevados por los interventores provinciales del SAS están en el origen de la investigación judicial. El control de los informes determina también el de la relación con los órganos judiciales que puedan investigar posibles irregularidades.

En mayo, Figueroa reorganizó el trabajo, y la Intervención General pasó a asumir directamente la realización de esos informes.

José María García Urbano, alcalde de Estepona (PP), va a entrar de lleno en el negocio turístico. El regidor ha obtenido licencia del Ayuntamiento de Málaga para levantar veinte apartamentos turísticos en la capital de la Costa del Sol, donde la proliferación de esta modalidad de establecimientos está generando un ruidoso debate político en las últimas semanas. Tanto, que el alcalde Francisco de la Torre (PP) anunció hace doce días que el consistorio no concedería más licencias durante un año, sin aclarar desde cuándo. “Haremos todo lo posible, con rapidez y solidez jurídica” para fijar la moratoria “cuanto antes”, dijo. Por ahora sigue sin aprobarse y por esa rendija abierta va a colarse el edificio que pretende levantar La Corrala de Capuchinos.

Esta es una de las sociedades “históricas” del alcalde esteponero, constituida en 2003 y administrada por su mujer hasta 2019 y luego por él. Tiene un capital social suscrito de 600.000 euros, pero apenas ha tenido actividad en el tráfico mercantil en este tiempo. En la actualidad su domicilio está en el despacho profesional del concejal Salvador Pedraza, en Málaga capital, donde también tenía su domicilio Inversiones Delmar 2022, la empresa administrada por Nadia Odeh Núñez (nuera de García Urbano) que obtuvo la concesión del restaurante del lujoso Mirador del Carmen, en Estepona. Esa adjudicación, desvelada por este medio, está ahora siendo investigada por el juzgado de instrucción 4 de Estepona, que ha recibido ya tres informes de la UDEF donde se subraya el posible tráfico de influencias.

La Corrala de Capuchinos, que construirá los nuevos apartamentos turísticos en Málaga, tiene licencia de obras del Ayuntamiento para levantar un edificio en una parcela de la calle Eduardo Domínguez Ávila, muy cerca de la Plaza de Capuchinos, con una superficie total de 748 metros cuadrados, que destinaría íntegramente a veinte apartamentos turísticos de categoría “dos llaves”, una piscina en la cubierta y tres plazas de aparcamiento en el sótano. La inversión prevista es de algo más de 1,3 millones, y los alojamientos estarían listos dentro de año y medio. Aunque empezó a tramitarse en mayo de 2024, la concesión de la licencia data del pasado 8 de mayo, y este jueves pasará por el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

El regidor esteponero, que incumple la obligación legal de publicar su declaración de bienes al Ayuntamiento y pone trabas a la oposición para acceder a ella, compatibiliza su cargo con la llevanza del Registro de la Propiedad de San Roque (Cádiz), porque renunció al régimen de dedicación exclusiva. Esto le exime de la prohibición de realizar actividades lucrativas que establece la Ley de Bases de Régimen Local.

Además de gobernar Estepona con mayoría absoluta desde 2011, García Urbano es Presidente de la Comisión de Haciendas Locales y Financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cargo desde el que representa la voz de los entes locales en la reforma de su financiación, que el Gobierno quiere abordar próximamente, o en la posible implantación de una tasa turística.

El regidor no ha contestado a las preguntas de este medio, entre ellas: “¿Considera que la entrada en el negocio turístico condiciona su desempeño como alcalde de Estepona o en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias?”.

Con Málaga: “El PP y sus representantes públicos son sinónimo de especulación”

“El PP y sus representantes públicos son sinónimo de especulación”, ha criticado Toni Morillas, concejala de Con Málaga en el Ayuntamiento y coordinadora provincial de IU, quien ha calificado de “infame e indecente” la concesión de licencia en un contexto de “emergencia habitacional” en la ciudad. “¿Cómo va a prohibir la especulación el PP si es un partido lleno de especuladores? ¿Cómo va a hacer una moratoria si son sus alcaldes y concejales quienes tienen intereses directos en el negocio especulativo?”.

El desembarco de García Urbano como empresario turístico en Málaga se produce en un contexto de fuerte polémica con la figura de los apartamentos turísticos en la capital de la Costa del Sol. Llega a las puertas de la manifestación convocada para el próximo 27 de junio por Málaga para Vivir, que se ancla en el alza de precios y alquileres, la multiplicación de desahucios y el avance de la gentrificación, que ya toca a los barrios.

El manifiesto apunta a quienes “se enriquecen con este modelo de ciudad depredador, rentistas y especuladores”. La ciudad sufre desde hace años una presión inmobiliaria desbocada, con crecimientos interanuales del precio de compra y alquiler superiores al 10%, que hacen que encontrar vivienda asequible sea tarea imposible.

Desde las primeras manifestaciones multitudinarias por esta cuestión el alcalde De la Torre (PP) reconoce que el principal problema en la ciudad es el de la vivienda. Para afrontarlo, tiene un marcha un Plan de Vivienda que va sacando VPO con cuentagotas, pretende reformar el PGOU, ofrece medidas para facilitar la promoción inmobiliaria y pone restricciones legales a los negocios que compiten con las casas. La declaración de zona tensionada la descarta.

En esa línea, desde hace dos años y particularmente antes de cada manifestación, anuncia alguna nueva norma. Sin embargo, nada tiene el efecto de contener los precios. Ante el crecimiento desmedido de las viviendas turísticas (llegó a haber más de 13.000 registradas), fue poniendo medidas restrictivas que no contuvieron su expansión, hasta que, finalmente, fijó una moratoria de tres años con efectos desde el pasado agosto.

Sólo esto ha permitido reducir su número levemente, pero la prohibición de las VUT ha movido el interés de los inversores a la categoría “hermana” todavía permitida: los apartamentos turísticos. Estos tienen que ubicarse en edificios dedicados por completo a esta modalidad (no pueden “compartir” espacio con viviendas) y requieren una licencia empresarial.

Desde la pandemia, su número se ha duplicado: de 173 registrados en enero de 2021 a 362, con más de 9.000 plazas, en la actualidad, según datos del registro andaluz. Un 18% más desde que empezaron las restricciones a las VUT en junio de 2024. En marzo y abril se autorizaron un centenar más en cuatro edificios: 200 nuevas plazas. Basta levantar la mirada: el cartel azul AT se reparte por doquier no solo en el Centro, sino en barrios populares donde proliferan las puertas blancas estandarizadas.

Su exsocio y amigo también en el negocio

La aprobación de esta nueva licencia para García Urbano se produce apenas unos días después de que su íntimo amigo y exsocio Bonifacio Solís comenzara a explotar otra veintena de apartamentos turísticos en los antiguos locales municipales de Estepona que el Ayuntamiento le vendió por la mitad de su valor catrastral. Solís explotará esos establecimientos a través de una sociedad de la que es socio único Omega 93, que a su vez fue socia de José María García Urbano (a través de Nogales de María) y del prófugo Juan Hoffmann en la sociedad propietaria del polémico edificio de Urbanismo de Marbella.

García Urbano, que hace años llegó a postularse como sustituto de De la Torre en el Ayuntamiento de Málaga, afronta un complicado horizonte judicial en los próximos meses. Está a un paso del banquillo por contratar para el ayuntamiento a una amiga íntima que nunca trabajó, y está investigado por otro juzgado por conceder el lujoso Mirador del Carmen a su nuera.

Los delitos que se le imputan en ambos casos (prevaricación y malversación en el primero; prevaricación y tráfico de influencias, en el segundo) conllevan penas de cárcel y de inhabilitación para el ejercicio de cargo público.