Mientras el debate se centra a menudo en cuántas horas trabajamos, el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universitat de València Adrián Todolí abre el marco y señala al 'cómo' lo hacemos. En España, la mitad de las personas sostienen que están expuestas a “presiones de tiempo o sobrecarga de trabajo” y, en paralelo, somos de los países europeos con más estrés y depresión por el trabajo. Estos datos empujaron a este jurista a investigar el problema y a dedicarle un libro a las posibles soluciones. Porque, defiende, “la sobrecarga de trabajo es una vulneración de derechos fundamentales”.

Se trata de abordar un problema de salud, pero no solo. “La sobrecarga de trabajo también está generando una sociedad cansada” y “cabreada”, advierte Todolí. Incapaz de desconectar, de tener ocio de calidad cuando termina su jornada laboral, de movilizarse en su barrio o de salir del sofá, sostiene en esta entrevista con elDiario.es tras la publicación de La huida del trabajo: sobrecarga de trabajo, salud mental y derechos fundamentales (Aranzadi La Ley, 2026).

Como jurista especializado en Derecho del Trabajo, ¿por qué decidió hacer un libro sobre salud mental y, en concreto, sobre sobrecarga laboral?

Hay varias razones. Una es jurídica: se empiezan a ver sentencias que establecen la sobrecarga de trabajo como concepto jurídico, tras demandas de personas que consideran que sus derechos fundamentales han sido afectados. Pero es secundaria. La razón principal, que lleva precisamente a estas sentencias, es que vivimos en una sociedad sobrecargada de trabajo. Y lo demuestran los datos. 

El 51% de los trabajadores consideran que están sobrecargados en el trabajo, de acuerdo con los estudios de OSHA (Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo). Hay un aumento de incapacidades temporales por salud mental que prácticamente se ha triplicado en los últimos ocho años. Intento investigar cuáles son las razones que hay detrás de eso, para dar soluciones al problema.

¿Qué soluciones se pueden dar a esta sobrecarga desde el mundo del Derecho? 

El marco preventivo es jurídico. En la historia, los sindicatos siempre han buscado que sus reivindicaciones sean norma, que es lo que garantiza los derechos en un Estado democrático. 

La cuestión es que históricamente se ha regulado la jornada de trabajo, porque se entendía que si trabajabas ocho horas, luego tenías tiempo para disfrutar de la vida. Y ahora nos estamos dando cuenta de que, incluso trabajando ocho horas, por el hecho de haber trabajado muy intensamente o porque la carga de trabajo es muy grande (y cuando estás en casa estás pensando que al día siguiente te espera un montón de trabajo, de correos…), al final tu tiempo libre no queda a tu disposición. Estás tan cansado mentalmente o físicamente, o tan estresado, que no puedes disfrutar de la vida. 

Creo que esto hace 30 años no pasaba, pero hay una serie de causas que provocan que ahora mismo el límite histórico de 'ocho horas de descanso, ocho horas de trabajo y ocho horas de ocio' sea insuficiente. Hay un problema de sobrecarga de trabajo y hace falta darle soluciones jurídicas.

Muchas personas acaban el trabajo tan cansadas mentalmente o físicamente, o tan estresadas, que no pueden disfrutar de la vida en su tiempo libre

Entre las propuestas que plantea está establecer límites máximos de carga de trabajo. ¿Cómo se puede hacer esto?

Ahora mismo, la empresa recoge todos tus datos para poder exigirte más velocidad y más intensidad, y la tecnología también se puede utilizar en sentido inverso, para establecer límites. Hay ya ejemplos muy interesantes, como el caso de Polonia, donde en los trabajos físicos se establece un mínimo y un máximo de kilojulios de energía consumidos en una jornada. Hace 15 años, para medir las kilocalorías probablemente se necesitaba unos electrodos o mucha tecnología. Ahora mismo, todo el mundo mide cuántas calorías ha quemado en el día simplemente con un reloj.

Es decir, ahora la tecnología permite de manera muy fácil establecer esos controles. Y se podría incluso individualizar. Por ejemplo, hay personas que, porque su corazón va más acelerado, consumen más calorías sin cansarse, y a lo mejor su límite podría ser superior. O al revés. Ahora la Ley de Prevención ya exige que la esta sea individual, no general.

Y respecto a los trabajos del conocimiento, aunque está menos desarrollado, también hay ejemplos de que se puede medir la carga mental y el cansancio por el trabajo.

¿Como cuáles?

Se ha hecho históricamente con los pilotos de avión. Porque se entiende que un avión es muy caro y está la vida de muchas personas en juego, por lo que es importante medir la carga mental de esa persona para que no haya un accidente.

Así que me pregunto: ¿por qué no se hace con los médicos? También tienen la vida de muchas personas en sus manos. Y más allá: ¿por qué no pensamos en la vida del propio trabajador que, si está sobrecargado puede acabar con un ataque al corazón, con una depresión, un burnout o un accidente de trabajo? Existe la tecnología para hacerlo, pero no se está poniendo en práctica.

Hay también mucho temor de dar acceso a las empresas a tantos datos personales. ¿Esto no puede acabar penalizando a trabajadores, por ejemplo al revelar quiénes pueden asumir menos carga de trabajo de cara a un despido?

Legislativamente, esto está bastante resuelto. La Ley de Protección de Datos ya establece que los datos no pueden ser utilizados para fines incompatibles respecto a aquellos para los que se recogieron. Entonces, si se recogen datos para medir y limitar la carga de trabajo, no se podrían utilizar para un ERE. La cuestión sería que las empresas que lo hicieran realmente fueran sancionadas y perseguidas por ello.

Luego hay un argumento quizá más sociológico o incluso práctico: las empresas ya están utilizando la tecnología y ya están recogiendo datos, solo que ahora mismo lo están utilizando para los ERE y para los despidos. Así que lo mínimo es que se utilice también para proteger a la salud de las personas.

Las empresas ya están utilizando la tecnología y los datos para los ERE y los despidos, así que lo mínimo es que se utilice también para proteger a la salud de las personas

¿Cómo ve el Anteproyecto de Ley que aprobó el Gobierno para modernizar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales? Hay también pendiente un reglamento sobre riesgos psicosociales comprometido.

El Gobierno puede aprobar el reglamento de riesgos psicosociales, no necesita mayoría parlamentaria. Viendo la situación política, podría ser el momento de hacerlo. Ahí se podría incluir la necesidad de medir las cargas de trabajo, porque creo que tiene amparo de la ley, sin necesidad de cambiarla.

Respecto a los cambios que se proponen en la Ley de Prevención, considero que están muy bien, porque se da mayor especificidad a los riesgos psicosociales, a la digitalización y a que se tenga en cuenta la perspectiva de género, entre otras cuestiones. Todo lo que se aclare va a ser positivo, pero creo que la clave está en el reglamento. Ahí es donde se detallará qué cosas habrá que medir, cómo medirlas, qué validamos y qué no.

¿Qué está pasando en los casos que ya han llegado a los tribunales? ¿Cuándo se considera que los trabajadores han sido sobrecargados por sus empresas?

Los tribunales están siendo bastante sensibles a esto, creo que en parte porque los jueces han sido los primeros que han demandado por su propia sobrecarga de trabajo. Al Tribunal Supremo han llegado solo tres sentencias de este tema: una de jueces y dos de médicos en hospitales públicos.

Se están valorando varios indicios de sobrecarga. Por ejemplo, cuando un trabajador lleva tiempo diciendo por correo electrónico a sus jefes que tiene mucha carga o que necesita que se contrate a más personas, sin que esto suceda. También cuando hay varios compañeros que están de baja o que dimiten y la empresa no los sustituye, porque se entiende que la carga de trabajo ha tenido que aumentar para el resto. O cuando ya hay otros compañeros que han dimitido por la sobrecarga de trabajo.

Hay otro caso interesante, que afecta a los derechos de conciliación, que sobre todo ejercen mujeres. Estas se reducen la jornada, pero se les mantiene la carga de trabajo o se reduce muy poco. Al final tienen que hacer el trabajo en la mitad de tiempo, cobran la mitad, pero luego se les exige prácticamente lo mismo.

En el libro defiende que no hace falta que las personas afectadas lleguen a una situación de burnout o de baja médica por salud mental para poder demandar la situación de sobrecarga laboral.

El Tribunal Constitucional ha sido bastante protector, dice que hay vulneración de derechos fundamentales cuando una actitud o una forma de funcionar en la empresa pone en riesgo la vida o la salud de la persona, sin necesidad de que se produzca el daño.

Entonces, aunque no se llegue a un burnout, simplemente que haya un riesgo para la salud por situaciones objetivamente de sobrecarga es suficiente para entender que se vulnera el derecho fundamental. Tiene todo el sentido, porque la ley y la Constitución no quieren simplemente castigar a posteriori, cuando ya ha producido el daño, sino proteger antes de que pase.

Debido al aumento de bajas médicas, hay cada vez más críticas al "absentismo" en el lado empresarial. ¿Cómo les convencería ded este marco que plantea, de limitar las cargas de trabajo?

Hay argumentos que podrían ser humanitarios, de protección de las personas, pero quizá a estos grupos les apela más la cuestión económica. Hay muchos estudios académicos que demuestran que la sobrecarga de trabajo perjudica la productividad, porque normalmente produce pérdidas de calidad del trabajo, más rotación de personal, menos capacidad de formación... Así que, desde una perspectiva puramente económica, también es bueno limitar la carga de trabajo.

Una sociedad cansada o estresada es incapaz de reaccionar como ciudadanos ante todo lo que está pasando y es también una sociedad cabreada, que busca un objetivo contra el que volcar su enfado

¿Cuáles son los riesgos de no abordar este problema de sobrecarga de trabajo?

Estamos viendo el incremento de incapacidades temporales por salud mental, que aunque muchas veces no se califiquen como accidentes de trabajo, sí están relacionados con él. Esto es importante porque estamos hablando de la vida de las personas.

Y no es necesario que a una persona le dé un ataque al corazón o que muera por el trabajo, que por supuesto hay que luchar contra ello. Simplemente es que hay muchas personas que acaban el trabajo tan cansadas que no disfrutan de su vida, de sus hijos o del ocio, porque lo único que hacen es ponerse en el sofá mirando Instagram o con un programa de la tele porque han consumido totalmente su energía.

Estamos generando una sociedad cansada, que es incapaz de tomar acciones políticas o apuntarse a asociaciones vecinales... Una sociedad estresada es incapaz de reaccionar como ciudadanos ante todo lo que está pasando y también es una sociedad cabreada, que busca un objetivo contra el que volcar su enfado, que a veces es la propia clase política o la inmigración.

Sorpresa en la luz verde de este jueves del Congreso de los Diputados a una ley que crea una pasarela para que miles de mutualistas puedan acceder a la Seguridad Social y tengan acceso a pensiones públicas en el futuro. El Pleno del Parlamento ha aprobado el proyecto de ley, que ahora pasa al Senado, pero con una enmienda del PP que cambia notablemente la pasarela que recogía la iniciativa del PSOE. La novedad más destacada es que ya no excluye a los ya pensionistas, ni a las personas con el mínimo cotizado de 15 años, como exigía el Gobierno, y que elimina varios detalles pactados en comisión parlamentaria y deja su definición a expensas de un reglamento.

Con estos cambios, se abre mucho más el acceso a la pasarela de mutualistas al RETA (el régimen de autónomos de la Seguridad Social) respecto a lo que se preveía, aunque es difícil concretar una cifra de beneficiarios. Algunas estimaciones de los colectivos apuntaban a unos 100.000 mutualistas activos que podrían beneficiarse de la pasarela, a los que habría que sumar ahora unos 50.000 profesionales con el mínimo cotizado –según cifró el Gobierno– y a quienes ya se hayan jubilado.

Por otro lado, ahora hay más indefinición sobre las condiciones de la propia pasarela, ya que han decaído varias condiciones pactadas por los grupos parlamentarios, y habrá que esperar a que el Gobierno las regule en un reglamento.

No obstante, la legislación aún no se ha aprobado de manera definitiva. El proyecto de ley pasa ahora al Senado, donde podrá seguir incorporando cambios y, en ese caso, volver a una segunda vuelta al Congreso de los Diputados.

Qué es la pasarela de mutualistas a la Seguridad Social

La ley en cuestión –proposición del PSOE en el Parlamento, en lugar de ser tramitada por el Gobierno– contiene una reclamación constante de los últimos años por parte de colectivos de abogados, procuradores, arquitectos y otros profesionales que cotizaban en mutualidades profesionales privadas y que ahora se enfrentan a pensiones muy reducidas, incluso de 300 y 400 euros.

Se trata de una pasarela para que puedan hacer un traspaso de sus derechos generados desde estas entidades privadas al régimen de autónomos de la Seguridad Social para poder acceder en un futuro a las pensiones públicas del sistema y no a las que les están ofreciendo en estas mutualidades, de muy escasa cuantía en muchos casos, incluso por debajo de las pensiones no contributivas.

La ley es el resultado de años de movilizaciones de varios colectivos de afectados por estas bajas pensiones, como Movimiento J2 (por jodidos), la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO), entre otros.

El debate de la norma ha sido muy complejo, porque surge de una situación casi de rescate público de estos profesionales, que percibirán pensiones muy escasas de estas entidades privadas, pero a las que en muchos casos han cotizado cantidades inferiores a las que marcaba la Seguridad Social.

Hasta 1995 era obligatorio pertenecer a estas mutualidades, pero después se abrió la posibilidad de pasar al RETA y hay profesionales que lo hicieron, pero otros decidieron quedarse en estas entidades privadas, ligadas a los colegios profesionales, en los que muchos de ellos depositaban su confianza.

Con la previsión ahora de unas pensiones insuficientes –que las entidades privadas dicen que eran conocidas, en lo que difieren los afectados, que se sienten engañados–, los trabajadores han reclamado una vía para pasar sus cotizaciones generadas a la Seguridad Social y acceder a las pensiones públicas.

Qué pasarela ha salido adelante en el Congreso

Tras el 'sí' a la enmienda 47 del PP, que ha salido adelante este jueves con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de Junts y BNG, la pasarela que recoge la ley cambia sustancialmente.

Estaba planteada para los mutualistas en activo, excluidos los “pasivos” (las personas ya jubiladas), así como aquellas que tuvieran el mínimo cotizado a la Seguridad Social. Estas dos exclusiones, que no contentaban a la gran mayoría de grupos parlamentarios, se eliminan en el texto planteado por el PP que ha salido adelante.

Por otro lado, el texto del PSOE recogía más detalle sobre la concreción de esta pasarela, pactados por la mayoría durante la comisión parlamentaria, que ahora se elimina. Por ejemplo, el coeficiente del 0,77 para el cálculo de los años cotizados en la Seguridad Social según el dinero acumulado en las mutualidades de cada profesional.

En la enmienda del PP, el detalle queda a expensas de desarrollo reglamentario: “Para el cálculo de los citados períodos se tendrá en cuenta la base mínima de cotización que habría correspondido al trabajador de haber estado incluido en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia Autónomos, actualizada al lPC y aplicando a dicha base un coeficiente que se modulará en función de los años en alta en la mutualidad alternativa, tomando como referencia los parámetros que reglamentariamente se determinen”.

También cae la mejora expresa pactada en Comisión para los mayores de 52 años llamada popularmente “1x1”, para que pudiera computarse cada mes completo de alta y cotizado en la mutualidad alternativa como un mes completo de alta en el RETA en el reconocimiento de la jubilación, a los efectos del porcentaje de cobro de pensión. Esta mejora, de las más destacadas por las fuerzas progresistas del debate parlamentario, no figura en la enmienda del PP.

Los 'populares' incluyen otra novedad importante: reconocen el derecho a que “todo el tiempo en el que estuvieron obligatoriamente integrados en una mutualidad de previsión social sustitutiva hasta que pasó a ser alternativa, se considere como tiempo de afiliación y alta al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a efectos del cómputo del periodo de carencia” que se exige para acceder a la jubilación de la Seguridad Social.

En el grupo socialista sostienen que este escenario “obliga a seguir trabajando en el Senado para recuperar” las condiciones mínimas pactadas “y garantizar que la ley llegue a su aprobación definitiva con la máxima claridad y protección posible”.

La Seguridad Social trabajará por una pasarela “equilibrada”

Fuentes de la Seguridad Social destacan que, durante la tramitación parlamentaria, en las fases de ponencia y comisión en el Congreso, “se habían introducido diferentes enmiendas que concretaban y mejoraban los derechos de los mutualistas que transfierieran sus fondos de la mutualidad al RETA”. “De manera inesperada, hoy se ha dado algún paso en la dirección contraria a lo trabajado”, lamentan.

La concreción de la pasarela queda a expensas de un desarrollo reglamentario y ya sin el plazo de tres meses que también habían pactado las fuerzas progresistas en la Comisión. De manera que, si prospera así la ley en el Senado y en el Congreso en segunda vuelta, todo indica que la pasarela tardaría más en concretarse y en llevarse a la práctica.

“Desde el Gobierno se seguirá trabajando en que el texto finalmente aprobado sea equilibrado, con la necesaria seguridad jurídica y que respete los principios del Sistema de solidaridad, equidad y contributividad”, añaden en el Ministerio de Elma Saiz.

La brecha salarial “se enquista” en los complementos salariales, sostiene un nuevo informe del gabinete económico de CCOO que desgrana qué factores explican la diferencia retributiva entre hombres y mujeres, que de media alcanza los 5.000 euros al año. La mayor parte se debe a las horas de trabajo, con muchas más jornadas parciales entre las mujeres, pero otro de los elementos clave son los pluses, que explican 4 de cada 10 euros de diferencia en los sueldos. La cuestión es que estos complementos siguen siendo muy superiores para los hombres incluso en perfiles laborales similares a las mujeres, cifra el sindicato.

Con datos de la Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial (EES) del INE, de 2022, el gabinete económico sitúa en el 20,6% la brecha salarial media, que calculan como lo que debería aumentar el salario de las mujeres para equipararse al de los hombres. En dinero, son unos 5.000 euros brutos menos al año que perciben las trabajadoras.

Esta brecha es más pronunciada en el sector privado, del 30,7%, frente al 8,8% del sector público. Debido al mayor problema en las empresas, y a que estas concentran al grueso de trabajadores y trabajadoras, el sindicato se centra en analizar los motivos que explican esta diferencia de remuneraciones en el sector privado.

Más de la mitad de la brecha, 15,6 puntos porcentuales, se debe a las desiguales jornadas laborales de hombres y mujeres, con más de un 70% de los empleos a tiempo parcial en manos de trabajadoras, ha explicado Natalia Arias, miembro del gabinete económico del sindicato. “Aquí están los cuidados”, ha advertido Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO. “Las mujeres no somos dueñas de nuestro tiempo tampoco para poder trabajar porque tenemos que cuidar”, ha explicado.

El segundo grueso de la brecha, casi 12 puntos, no puede atribuirse a ningún motivo de los que analiza el modelo de análisis: ni a la diferente jornada, actividad, tipo de contrato, ocupación, formación o tamaño de la empresa. En este grueso “no explicado”, la literatura académica suele situar la posible discriminación entre hombres y mujeres, más o menos directa.

En tercer lugar, la rama de actividad es otro de los motivos que más explica la desigualdad salarial, algo preocupante dados los escasos movimientos sectoriales por género de las últimas décadas, ha señalado Arias. Las mujeres se concentran en los sectores peor pagados, una situación a veces explicada por esta misma circunstancia: los empleos feminizados son en general peor pagados que los masculinizados.

Detrás de la brecha “no explicada” afloran los pluses

El gabinete económico se propuso ahondar en los motivos de esta brecha de género no explicada y en su informe analiza la situación de trabajadores y trabajadoras con un perfil laboral similar: misma jornada (tiempo completo), mismo contrato (indefinido) y empleados en el sector privado. La brecha salarial se reduce, pero no desaparece: se sitúa en un 11%.

Dentro de esta brecha de trabajadores similares, más del 60% se explica por los complementos salariales, ha destacado Natalia Arias.

El siguiente gráfico desgrana la brecha salarial de este perfil de trabajadores similares por sectores, con la parte de color morado oscuro que corresponde a los complementos salariales.

¿Por qué los hombres cobran mucho más en complementos que las mujeres? Los datos de la encuesta del INE no permiten analizarlo, ya que apenas desgranan el 'apellido' de estos pluses. Solo detallan los correspondientes a nocturnidad, turnicidad y fin de semana, que explican una parte muy pequeña del total y de la diferencia entre hombres y mujeres, ha señalado Arias. Para ello, CCOO reclama más transparencia salarial, para lo que será clave la transposición de la directiva europea pendiente desde el 7 de junio.

Sin embargo, por la experiencia del sindicato, Carolina Vidal ha situado dos focos principales de desigualdad en los complementos. Por un lado, los pluses que premian el tiempo, la disponibilidad y la presencialidad, a los que las mujeres no pueden acceder en muchos casos por la atención de cuidados familiares. Por otro, los complementos individuales, casi personales, que asignan muchas empresas de manera discrecional a la plantilla y que consideran que están premiando mucho más a hombres que a mujeres.

De nuevo, para aflorar estas desigualdades y poder resolverlas, CCOO ha exigido la negociación urgente de la transposición de la directiva europea de transparencia salarial, ha reclamado Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones estratégicas del sindicato. España debería haberla incorporado a nuestra legislación antes del 7 de junio.

Pacheco también se ha referido a los sesgos de género –también dentro de la negociación colectiva– que explican que tradicionalmente se hayan reconocido más salarialmente algunas condiciones más masculinizadas, como la disponibilidad o el trabajo a turnos, frente a otras más feminizadas, como “la resolución de conflictos, el trabajo en equipo, la atención al público, a domicilio...”. Esta es una de las materias que el sindicato quiere abordar en la negociación con la patronal del próximo gran acuerdo de negociación colectiva (AENC), atascado por el momento por la resistencia patronal a dialogar.

Para aterrizar esta diferencia salarial por sexos en trabajadores similares, el sindicato elige el sector con más brecha y muy pujante en la actualidad: las actividades profesionales, científicas y técnicas. Bajando al detalle de las ocupaciones, el estudio muestra cómo la distancia en lo que cobran hombres y mujeres se explica principalmente por los pluses. Sobre todo, en las categorías de más responsabilidad, como se ve en el siguiente gráfico.

De media, las directoras y gerentes en este sector cobran 4.512 euros al mes frente a los 5.479 euros de los gerentes. Son casi 1.000 euros menos al mes para ellas, de los que 900 se explican por los pluses, detalla el informe.

Además de transponer la directiva europea, Carolina Vidal ha urgido al Ministerio de Trabajo y al de Igualdad a que creen una mesa de diálogo social para afrontar el aumento de la brecha salarial que ha reflejado el INE en 2024, tras once años de descensos. CCOO considera que hay que tomar medidas específicas en el área de cuidados y también en materia laboral, como la reforma del contrato a tiempo parcial, para poder atajar esta situación. “La brecha no se cierra sola”, ha insistido por su parte Arias.

La reforma laboral de 2021 elevó sustancialmente las probabilidades de los jóvenes de acceder a un contrato indefinido en España, que además se acompañó de un aumento de los días de trabajo de estos primeros empleos, así como de una mayor ganancia salarial, según un estudio presentado este martes por el think tank Fedea.

La reforma laboral de 2021 ha desplomado la tasa de trabajadores temporales en España a mínimos históricos, a algo menos del 12%, en una “auténtica transformación de la contratación”, ha señalado el economista Marcel Jansen, uno de los autores de la investigación.

Los autores indagan en este aumento de los contratos indefinidos, especialmente en el grupo de jóvenes, así como en indicadores de calidad de estos primeros empleos.

Mucha más probabilidad de ser indefinidos

Sus resultados indican que la reforma produjo un “cambio muy sustancial en la contratación”. Para el estudio, Marcel Jansen ha explicado que comparan el comportamiento en el empleo de aquellas provincias con mayores índices de empleo temporal antes de la reforma legislativa respecto a aquellas con menor tasa de temporales.

Con el cambio normativo, el acceso de los jóvenes a contratos indefinidos aumentó de forma intensa, especialmente en las provincias donde antes de la reforma existía un mayor exceso de temporalidad.

“Las estimaciones muestran que la reforma elevó en 6,4 puntos porcentuales adicionales la probabilidad de acceder a algún tipo de contrato indefinido en estas provincias, lo que supone eliminar aproximadamente el 87% de la brecha previa respecto a las provincias menos expuestas”, indican en Fedea.

“Está claro que la reforma ha reducido los márgenes de discrecionalidad que permitían a las empresas ofrecer contratos peores de lo que correspondería”, ha sostenido Marcel Jansen, también profesor en la Universidad Autónoma de Madrid.

Mejora también la calidad del empleo, pero con menos intensidad

En cuanto al análisis de calidad de ese primer empleo de los jóvenes (centrado en su duración, la probabilidad de superar los seis meses y las ganancias salariales), el estudio recoge mejoras en todas las variables, pero con menor intensidad. “Los efectos sobre la duración del empleo y los ingresos son positivos, pero más modestos”, indica el think tank.

La duración del primer contrato aumentó en 8,2 días de media en los nuevos indefinidos de las provincias antes más expuestas a la temporalidad, lo que “redujo aproximadamente un 40% de la brecha previa en la duración del primer empleo” respecto a las otras regiones con empleos más estables.

Por otro lado, se redujo en “un 32% de la brecha en la probabilidad de que el primer empleo durase al menos seis meses” y “un 14% de la brecha en los ingresos acumulados durante ese primer empleo”. Este aumento de los ingresos salariales se atribuye principalmente al alza de los días trabajados tras la reforma, no a un incremento del salario por hora, han explicado los autores en la rueda de prensa de presentación del estudio.

Fedea también lanza una mirada a medio plazo, que abarca dos años y medio de reforma laboral (30 meses) y que compara nuevos trabajadores indefinidos justo antes del cambio normativo con los nuevos contratos firmados justo después. En este escenario, se detecta un “mayor impacto” en el aumento de días de trabajo de los indefinidos post reforma laboral, ha explicado Sergi Jiménez Martin, investigador de Fedea y de la Universitat Pompeu Fabra.

La investigación analiza un grupo de trabajadores jóvenes, con un aumento de 11,5 días adicionales, un 9% más que el grupo de control, y otro de los trabajadores mayores (de 52 a 60 años) que “es sustancialmente mayor”, ha subrayado Jiménez Martín, de 54,4 días adicionales, un 24% más que grupo de control.

Los nuevos contratos indefinidos son 100 días más cortos

Pese a estas mejoras, el estudio refleja que la duración media de los nuevos contratos indefinidos disminuyó en más de 100 días tras la reforma laboral. El principal motivo es justamente el trasvase de lo que antes eran empleados temporales a nuevos indefinidos. “La reforma te obliga a ofrecer un contrato indefinido en situaciones en las que antes no se hacía”, ha recordado Marcel Jansen, también en “tareas menos estables intrínsecamente, no todo es abuso”.

Por tanto, los nuevos contratos indefinidos son más cortos que antes de la reforma, “pero hay muchas más personas y muchos más jóvenes que ocupan estos contratos”, ha explicado el economista. Entre los motivos de cese de los contratos, Florentino Felgueroso –también autor del estudio– ha señalado que no se registra un aumento de los despidos, mientras que sí se ha producido un notable auge de las salidas voluntarias de trabajadores y de la no superación del periodo de prueba.

Acerca del debate sobre el coste del despido, Marcel Jansen ha apuntado que en contratos indefinidos de corta duración “es relativamente barato”, pero ha apostado por un sistema de incentivos bonus malus (que castigue a las empresas de más rotación y premie a las más estables) frente a una legislación que endurezca por ley el despido, como pretende el Ministerio de Trabajo y los sindicatos.

“No creo que nadie se sorprenda en esta sala si digo que la OIT está en crisis”. Con estas palabras se ha dirigido Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, al auditorio de la sesión plenaria de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, en el Palacio de las Naciones de Ginebra. Díaz ha advertido que “está en juego” el mandato de esta institución de la ONU dedicada al mundo del trabajo y ha defendido que siga avanzando en sus normas, en un momento en el que se debate un convenio de mínimos sobre plataformas digitales, que cuenta con el rechazo frontal de Estados Unidos.

“Se pretende, sobre todo por la Administración norteamericana, desregular completamente el mundo del trabajo de la mano de la IA. Esto es la barbarie”, ha sostenido la ministra de Trabajo a los medios de comunicación antes de entrar en el auditorio.

Yolanda Díaz ha explicado que la delegación del Gobierno de España “está empujando e intentando” que la convención de derechos laborales mínimos en plataformas digitales salga adelante, tras la experiencia española pionera en regular esta materia, en la llamada la Ley Rider.

“Frente a ese modelo de 'ley de la selva', lo que estamos señalando justamente es tener instrumento normativo de mínimos con capacidad de desarrollo de normas propias, para que tengamos la posibilidad de tener normas laborales, derechos humanos y competencial leal entre las empresas”, ha argumentado la vicepresidenta.

La OIT “no puede ser una mercancía”

Ya desde el atril de la Conferencia Internacional del Trabajo, Yolanda Díaz ha afirmado que “si el trabajo no es una mercancía”, como recoge la Declaración de Filadelfia, “tampoco puede serlo la organización que lo representa”.

La vicepresidenta ha lanzado cuatro reflexiones al auditorio, comenzando por las “turbulencias financieras” que atraviesa la organización internacional, ante una merma de la financiación de EEUU, pero ha sostenido que no puede salir de ellas “poniendo en riesgo sus valores fundamentales”.

Hace unos días, Reuters publicó que la OIT suspendió el nombramiento de un alto funcionario estadounidense, Sheng Li, que estaba previsto que ocupara el cargo de subdirector general de la organización este mismo julio, por el impago de cuotas de EEUU.

“Asegurar el mandato de la OIT es nuestra verdadera misión”, ha afirmado Yolanda Díaz, que ha reivindicado que la OIT siga avanzando en sus normas laborales. “Sin normas es una organización inane frente a los grandes cambios digitales y verdes que tenemos la obligación de gobernar”, ha sostenido.

La vicepresidenta ha añadido que se puede “discutir cómo han de ser esas normas, seguramente más atentas a las particularidades regionales, pero no las normas en sí mismas”.

La IA y la digitalización como debate “de época”

Yolanda Díaz ha insistido en los debates de “época” que afronta la humanidad con la irrupción de la Inteligencia Artificial, los algoritmos y otras tecnologías vinculadas a la digitalización.

“El director general, al que le agradezco el impulso de este debate civilizatorio, nos pide que reflexionemos sobre la inteligencia artificial y el impacto en el mundo del trabajo. Creo que no hay nada más oportuno. El Papa León XIV acaba de recordarnos en mi país que la automatización, la robótica y la inteligencia artificial están transformando la estructura misma del trabajo”.

“Para evitar que la tecnología sea un regreso al pasado, debemos convertir la inteligencia artificial en una oportunidad. Y los sistemas deben diseñarse, como dice su encíclica, centrados en las personas y no solo en el rendimiento”, ha emplazado Díaz.

En la DANA de Valencia, la mayor catástrofe climática que ha vivido España con más de 230 víctimas mortales, bomberos y bomberas de todo el país “tuvieron que acudir con sus propios medios, con furgonetas, organizados entre ellos” para trabajar en las labores de emergencias. Otros bomberos de la propia ciudad denunciaron que no fueron movilizados ese día. “¿Cómo es posible?”, denuncian los representantes de CCOO y UGT, que han presentado este lunes una plataforma para exigir una ley estatal de coordinación de estos profesionales.

En concreto, los dos sindicatos mayoritarios exigen, tanto al Gobierno como a las distintas Administraciones públicas y a los partidos políticos, la aprobación de una Ley Básica de Bomberos y Bomberas. Una reclamación continua desde hace años –y en aumento ante el auge de catástrofes y emergencias– para coordinar los 130 Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de todo el país, así como para garantizar unos recursos y unas condiciones mínimas para la prestación de este servicio público ante emergencias.

Un marco estatal como el que consiguieron los bomberos forestales y los agentes medioambientales en 2024, también tras años de lucha y en un contexto de empeoramiento de los incendios forestales cada verano, y que reclaman el resto de cuerpos de bomberos que atienden en ciudades y pueblos tanto en la extinción de incendios como en accidentes de tráfico y otro tipo de emergencias.

“Los ciudadanos se ven expuestos a más riesgos o a perder la vida”

Los representantes sindicales han explicado que los servicios de bomberos dependen competencialmente de ayuntamientos y diputaciones, así como de las comunidades autónomas en el caso de algunos cuerpos regionales, un “batiburrillo” de distintos cuerpos para los que reclaman un paraguas legal a nivel estatal para facilitar la coordinación en las emergencias que suceden a diario. En la actualidad, esta es “ineficiente” en muchos casos, lo que puede poner en riesgo vidas, han denunciado CCOO y UGT.

Los sindicatos han señalado el caso de la DANA como el más paradigmático, pero han denunciado problemas de coordinación continua en emergencias de “menor entidad”. “Una emergencia no tiene por qué ser atendida actualmente por el parque de bomberos más cercano”, ha puesto como ejemplo Almanzor Guerra, responsable del sindicato de Bomberos de UGT Servicios Públicos, algo que retrasa las intervenciones en situaciones en las que cada segundo es clave para salvar vidas.

Esto sucede “de manera más frecuente de lo que pensamos”, lamenta Guerra a elDiario.es. El bombero menciona recientemente el accidente mortal por el que dos mujeres fallecieron ahogadas en Palencia al salvar a un niño de cinco años. “El parque de bomberos más cercano era el del Ayuntamiento de Palencia, pero la zona pertenecía a la diputación, que tardaron más tiempo en llegar”, apunta.

“¿Cómo es posible que el parque de bomberos más cercano, se quede en el parque, queriendo ir a una intervención que está relativamente cerca de ellos para salvar vidas, y por competencias o por falta de coordinación y legislación, los ciudadanos se vean expuestos a más riesgos o incluso a que pierdan la vida?”, ha denunciado Carlos Sánchez Oliva, portavoz de la Agrupación Estatal de Bomberos de CCOO.

“Si en vez de acudir en cinco minutos, o en diez, acudimos en 20 minutos no podemos garantizar la seguridad y salud de la gente. Esto es lo que nos tiene aquí fundamentalmente, el poder hacer el trabajo en condiciones de calidad y de coordinación”, ha insistido Sánchez Oliva.

El portavoz de CCOO ha alertado además de que “faltan medios humanos”. “No es posible que en la visita del Papa en la ciudad de Madrid falten bomberos y recursos para poder atender las emergencias habituales, ya sin contar con la afluencia de público por este acontecimiento”, ha sostenido. 

Condiciones mínimas laborales y del servicio público

Los sindicatos piden así una Ley Básica de Bomberos y Bomberas que “debe establecer como servicio público esencial para la ciudadanía la prestación del servicio de prevención, extinción de incendios y el salvamento, y fijar contenidos mínimos y estándares homogéneos”, así como los protocolos para la coordinación.

Una de estas condiciones mínimas es la atención “del parque de bomberos más cercano”, que priorice la respuesta temprana por encima de posibles conflictos de competencias.

Desde el marco estatal, piden también que se desarrollen leyes autonómicas de SPEIS, así como la creación de cuerpos de bomberos autonómicos (que no existen en todas las comunidades en la actualidad) y “el establecimiento de la integración voluntaria y progresiva de los SPEIS de entidades locales medianas y pequeñas a estos cuerpos autonómicos”.

La plataforma sindical propone varios “contenidos mínimos” que deben ser recogidos en la ley. Entre ellos se incluyen “la simplificación de la denominación del cuerpo de bomberos” y sus funciones, la obligación de coordinación y cooperación recíproca entre las distintas Administraciones públicas, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así como ciertas condiciones mínimas de formación y clasificación profesional y el reconocimiento de enfermedades profesionales.

CCOO y UGT han exigido además que se acote la figura de los voluntarios, “que no pueden sustituir” a los bomberos en ningún caso, ha subrayado Almanzor Guerra (UGT). “No se sostiene que en una primera intervención donde se juega la vida la gente acudan voluntarios. La prestación de servicio de bomberos es obligada. La vida de la gente no puede estar a expensas de si es una persona que acude voluntariamente o no”, ha coincidido Carlos Sánchez Oliva (CCOO).