Detenido por segunda vez el proyecto hotelero sobre los números 1 y 3 de la calle Cabestreros. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decretado la paralización de la obra y de su consiguiente derribo, admitiendo las medidas cautelarísimas reclamadas por el PSOE y por asociaciones en defensa del patrimonio, ante la posibilidad de que desaparecieran dos edificios con alto valor histórico.

Un informe pericial firmado por doctor y profesional en arquitectura y patrimonio desmiente la resolución de la Comunidad de Madrid de finales de mayo, en la que descartaba cualquier tipo de protección para los inmuebles. A principios de año, la propia Consejería de Cultura había asegurado que iba a dar protección ambiental al espacio, donde se encontraba uno de los restaurantes senegaleses más famosos de la ciudad, el Baobab, que cerró para dar paso al proyecto de un hostel con 260 camas.

El anuncio de la paralización judicial lo ha hecho el concejal socialista Antonio Giraldo, quien en un vídeo posterior ha explicado que la resolución es temporal, pero con ella el recurso gana tiempo para poder demostrar las incongruencias presentes en la resolución del Gobierno de Ayuso, que sospechan pueden basarse en un informe “de parte”, elaborado por la propia empresa que impulsa la construcción del hotel.

El proyecto hotelero pasó en el año 2020 por la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural y emitió dictamen favorable a la demolición en el año 2022 “al considerarse que no había ningún elemento que proteger”, indican desde el Ayuntamiento de Madrid. Pero luna denuncia del PSOE y de varias asociaciones al comenzar el derribo, justo después de las pasadas navidades, frenó los trabajos.

En ese momento, el Ayuntamiento de Madrid elevó la consulta a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid solicitando instrucciones sobre la licencia en vigor y se paralizaron las obras. Entonces el Gobierno regional aseguró que pediría la protección ambiental del edificio, lo que parecía frenar el proyecto hotelero, algo que finalmente no se produjo. La resolución de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid apuntaba a que los dos edificios se habían visto fuertemente alterados desde su origen, con modificaciones significativas, y que el estudio arqueológico, histórico y arqueométrico concluye que estas edificaciones no son las que aparecen en las planimetrías del siglo XVII y XVIII, sino que tienen su origen “a mediados del siglo XIX”.

El edil Antonio Giraldo avisó en su momento que los posibles valores patrimoniales del edificio y al conocer la resolución de la Consejería de Cultura calificaba de “noticia nefasta para el patrimonio madrileño” la falta de protección del inmueble. No obstante, ya entonces advertía de la existencia de “datos contradictorios en la resolución final” de la Comunidad de Madrid, “y fechas que no concuerdan con elementos arquitectónicos presentes en ambas edificaciones”.

“La capacidad actual del vertedero está a punto de llenarse”. Esta frase es una de las justificaciones con las que se plantea el proyecto de ampliación del vertedero de Las Dehesas, el lugar al que Madrid arroja la mayor parte de su basura, ubicado en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. Lo hará con dos nuevas zonas para acumular residuos no peligrosos, debido a que su volumen está cerca de colmatar las siete celdas diseñadas en el año 1997, cuando se puso en marcha este espacio. Los espacios propuestos por la concesionaria del Ayuntamiento de Madrid son unas nuevas celdas numeradas como 8 y 9, que estarán situadas al sur de las actuales instalaciones, en el entorno del Parque Regional del Sureste.

“El emplazamiento seleccionado es la última reserva disponible de suelo libre en el interior de la parcela que se encuentra en contacto con las celdas existentes”, apunta el proyecto, que ya tiene luz verde de la Comunidad de Madrid en su parte ambiental, documentación a la que ha tenido acceso este periódico y que acaba de salir a información pública.

La concesionaria de estas instalaciones municipales elige la ampliación del vertedero como la opción “más sostenible”, ya que de esta forma “se retrasa la necesidad de buscar un nuevo emplazamiento, que implicaría impactos ambientales y económicos mayores”. Con los dos nuevos vertederos, la vida útil de esta parte de Valdemingómez aumentaría en 7,4 años, según los cálculos del informe.

Las dos nuevas celdas sumarán 127.120 metros cuadrados si se unen las superficies de la 8, más grande (78.920 metros cuadrados, contando los taludes exteriores y viales de acceso), y la 9 (48.200 metros cuadrados). Su capacidad máxima será de 2.495.547,14 metros cúbicos y 1.476.038,83, respectivamente.

En cuanto a la afección de estas nuevas instalaciones, el informe asegura que no existen riesgos significativos sobre la salud de las poblaciones del entorno, debido a su distancia con respecto a las zonas residenciales más próximas de Madrid, Getafe y Rivas (entre cuatro y ocho kilómetros) y la aplicación de algunas medidas preventivas. “La distancia que existe entre las futuras celdas y las zonas urbanas indican que sus efectos serán muy bajos o inexistentes”, declara la documentación consultada.

“A pesar de que la población residente en unos 6-8 kilómetros alrededor del proyecto es de 500.000 habitantes, las zonas más sensibles habitadas suman unas 9.000 personas en Perales del Río y unas 80.000 en Rivas Vaciamadrid. Los olores, principal afección de las instalaciones, afectarían a unas 5.000 personas en el entorno de influencia, situado entre cuatro y cinco kilómetros.

Un estudio específico sobre los niveles de olor en el entorno indican que la ampliación del vertedero incrementará en un 2% la extensión de las isodoras, cantidad que considera “poco significativa”. Aunque el mismo estudio admite que “el problema de los olores generados en el Complejo de Las Dehesas es un impacto sobre el que se está actuando de forma intensa desde hace años, sin haber conseguido todavía un control de las emisiones hasta niveles aceptables que eviten la afección a los núcleos urbanos del entorno”.

También pone el acento en “el efecto acumulativo”, a la vez que reclama “la necesidad de desarrollar actuaciones integrales no solamente sobre el conjunto de las instalaciones municipales (Parque de Valdemingómez y EDAR Sur), sino también en las instalaciones del DCR de Pinto, por lo que se requiere el desarrollo de un plan de actuación supramunicipal”.

Reforestación de al menos 68.000 metros cuadrados

El estudio ambiental viene acompañado de un informe de la División de Parques Regionales, que depende de la Consejería de Medio Ambiente y que alerta de los efectos que tendrá la construcción de las nuevas celdas de vertidos en el Hábitat de Interés Comunitario, compuesto por matorrales y pastizales que alojan diferentes especies animales del entorno del Parque Regional del Sureste.

El informe pide por ello “compensar, en la medida de lo posible, toda afección apreciable sobre los hábitats y taxones de interés comunitario albergados en el espacio, derivada de la ejecución del plan”. Como el cálculo de zonas de especial valor natural que desaparecerán bajo el vertedero es de 34.000 metros cuadrados, la reforestación deberá ser de 68.000, el doble de la superficie afectada, para compensar los daños a la biodiversidad.

Por último, la valoración de riesgos ambientales avisa de la presencia de arsénico en los terrenos por encima del nivel de referencia de la legislación autonómica. Pero la conclusión es que la presencia de componentes de carácter peligroso “comportan un riesgo aceptable para la salud humana para un uso industrial del suelo y para las vías de exposición consideradas”.

El Parque Tecnológico de Valdemingómez cuenta entre otras instalaciones con el vertedero de Las Dehesas y la estación de tratamiento de Las Lomas, en el límite municipal entre Madrid y Rivas. Desde su creación a finales de los setenta, la instalación lleva años rodeada de debate y episodios controvertidos a causa de su impacto ambiental, intensificados cuando a partir de 2006 los desarrollos urbanos de Valdecarros empezaron a atraer residentes que sufrían sus olores y molestias. Parte de los desarrollos del sureste, donde el Ayuntamiento apuesta por construir la gran bolsa de vivienda de la ciudad, se encuentran afectados por su área de influencia.

Un entorno natural joven pero con extraordinario valor biológico corre peligro. Está situado al sureste de la Puerta del Sol, en el extremo del municipio de Madrid con Coslada, y sus aguas y riberas las ocupan más de un centenar de especies de aves que han encontrado en este lugar un pequeño vergel encajado entre núcleos urbanos.

Hablamos de las Lagunas de Ambroz, un lugar que comenzó como mina de sepiolita y que se convirtió en varias lagunas por la inundación de los terrenos, debido a las filtraciones del subsuelo originadas durante la explotación del lugar entre los años 1997 y 2007. Su posterior abandono originó este oasis para las aves y cientos de especies de invertebrados, que tomaron el lugar. Un informe ecologista que enumeró todas las especies que allí habitaban lo calificó como “uno de los mayores tesoros naturales de los que dispone el municipio de Madrid”.

Este “tesoro” puede desaparecer en poco tiempo, porque el pasado mes de abril, la Comunidad de Madrid anunció la prórroga para la concesión minera parada durante casi dos décadas. Lo hacía por la revalorización de la sepiolita, debido a su aplicación en nuevas tecnologías renovables. Y concedió a la empresa Tolsa una extensión del permiso de explotación, apurando una antigua Declaración de Impacto Ambiental, sin tener en cuenta los cambios ambientales ocasionados en el lugar en los últimos 19 años.

Más Madrid acaba de llevar este caso a la Fiscalía Provincial de Madrid. En un escrito fechado el pasado 4 de junio y al que ha tenido acceso este periódico, el partido de Rita Maestre alerta de la posible comisión de prevaricación urbanística y de delitos contra el medio ambiente por parte de los responsables políticos y la propia empresa explotadora, al poner en riesgo el hábitat formado durante los últimos años.

Su denuncia explica que la falta de actividad minera e industrial en la zona es “la que originó el surgimiento del enclave natural de las Lagunas de Ambroz, considerado de especial interés en informes de la propia administración autonómica en atención a su biodiversidad”. Y recuerda que “la realidad física del terreno sobre el que se autoriza la prórroga minera no es la misma que en los primeros años de actividad”. También hace alusión a que “al no ejecutar la empresa minera el plan de restauración, el agua de la laguna atrajo a la vida formando un ecosistema único en la ciudad de Madrid”.

Por ello, Más Madrid considera que “carece de toda lógica jurídica dar por válido en estos momentos los informes obrantes en el expediente de ampliación de concesión del año 2007, eludiendo así la realidad actual consignada en los estudios sobre biodiversidad que se realizaron entre 2020 y 2022”. Y que la nueva actividad minera puede llegar “arrasando con toda la vida del perímetro de la Laguna de Ambroz”, poniendo como ejemplo algunas especies que ya se han visto afectadas por la intervención en plena época reproductora, como el avión zapador, especie catalogada como vulnerable en la Comunidad de Madrid. “Los ejemplares que ocupan uno de los taludes de la laguna están abandonando sus puestas a consecuencia de las obras y el daño ambiental causado por la maquinaria”, detalla.

El concejal de Más Madrid, José Luis Nieto Bueno, resume así la situación: “Ayuso y Almeida han decidido sacrificar un ecosistema único por una mina de sepiolita. Lo ha hecho con una prórroga concedida a toda prisa, con informes caducados y obviando a propósito los estudios que demuestran la biodiversidad extraordinaria de las Lagunas de Ambroz”. Y añade que desde el 1 de junio, Tolsa está vaciando la laguna “y arrasa su entorno, mientras crías de conejo quedan sepultadas, el avión zapador abandona sus nidos y especies protegidas por el Convenio de Berna son destruidas. Y todo esto ocurre en un espacio que organizaciones vecinales, ecologistas y Más Madrid llevamos más de un año trabajando para integrar en el Corredor Verde del Este y en el Bosque Metropolitano de Madrid”.

Más Madrid acude a la justicia para que investigue una posible prevaricación por conceder autorizaciones sabiendo que iban a causar daños ambientales y a especies protegidas así como posibles delitos contra el medio ambiente, al causar un daño evidenciable al ecosistema y a especies concretas, algunas dotadas de especial protección. “El PP tendrá que explicar ante la Justicia por qué eligió la mina antes que la naturaleza, antes que los vecinos y antes que el futuro verde de esta ciudad”, concluye Nieto.

“Más rico en biodiversidad que un bosque”

Colectivos ecologistas unidos en el Grupo de Trabajo para la Protección, Conservación y Restauración de las Lagunas de Ambroz elaboraron en los últimos años un inventario de fauna y flora presente en el entorno, con el que contabilizaron más de 1.800 especies: 1.080 invertebrados, 156 aves, 13 mamíferos, 449 taxones de flora, 11 especies de herpetofauna y 55 de hongos; destacando ejemplares de búho real o el águila real.

“No hay que dejarse engañar por el aspecto aparentemente desolado de un ecosistema semiestepario como este, mucho más rico en biodiversidad que cualquier bosque, e infinitamente mayor que cualquier zona ajardinada”, decía el informe. “Así, se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que es uno de los mayores tesoros naturales de los que dispone el municipio de Madrid”.

El descubrimiento de la riqueza natural contado en este otro reportaje sobre el entorno formado gracias a las aguas del arroyo de Ambroz, está formado por tres lagunas: una grande, en el centro del terreno, y dos más pequeñas, en los extremos del perímetro. Una de ellas ya ha sido tapada. El resto, depende ahora de la justicia.

Florentino Pérez será el presidente del Real Madrid -al menos- hasta el año 2030. Su victoria en las elecciones de este domingo ante Enrique Riquelme le asegura cuatro años de mandato en los que desarrollar algunos de sus proyectos más polémicos, aquellos en los que no necesita el respaldo automático de su masa social, y que han sido tumbados recientemente por la justicia o precisan de un largo camino burocrático.

La iniciativa más ambiciosa es la que quiere desarrollar el reelegido presidente sobre las 85 hectáreas que el Real Madrid posee en Valdebebas y que mantiene sin urbanizar, al lado de su ciudad deportiva, valoradas en 1.000 millones de euros según reveló el propio Florentino Pérez durante la campaña electoral. Allí quiere levantar el Madrid Innovation District, un campus tecnológico que necesita de una inversión de 8.500 millones de euros. Para conseguirlo depende del Ayuntamiento de Madrid, que tiene que recalificar esos terrenos, actualmente solo aptos para usos deportivos y en los que quiere abrir centros universitarios pero también un gran complejo de ocio.

El Real Madrid no ha dado muchos detalles del proyecto. Pérez aseguró que quiere que se convierta en el “Silicon Valley” europeo y un vídeo de presentación publicado por el club deportivo indicaba que el campus albergará compañías relacionadas con la inteligencia artificial, el big data, la educación o la investigación, además de empresas biológicas, de biotecnología, farmacia, genética, medicina deportiva y nutrición. También otros negocios distintos a los puramente innovadores, como “empresas y universidades de ocio y tecnología, producción audiovisual, aplicaciones digitales, e-sports, arte digital y entretenimiento”.

El objetivo en este caso y en el de otros negocios con los que Florentino Pérez quiere modelar la ciudad a las necesidades merengues es que estos espacios generen “nuevos ingresos” para que el Real Madrid “siga siendo líder en lo deportivo, lo económico y lo social”. Lo mismo que ocurrirá con los conciertos del Bernabéu, si consigue volver a arrancarlos, algo que todavía está por ver si le deja la justicia, aunque la intención es esa.

Florentino Pérez reconoció durante la campaña haber gastado unos 1.300 millones de euros en la remodelación del estadio, buena parte de ellos en el hipogeo que oculta el césped para permitir la celebración de eventos de todo tipo, principalmente musicales. Eso ha generado una importante deuda a través de tres créditos, para los que el Real Madrid necesita generar ingresos a través de usar su estadio para citas como el encuentro que el Papa mantiene allí este lunes, pero también conciertos.

Las actuaciones musicales están paradas desde hace dos años, cuando el incumplimiento de los niveles sonoros en más de una decena de directos de cantantes y grupos que pasaron por el coso blanco generó un aluvión de multas por ruido a las promotoras y una querella criminal por parte de los vecinos contra la mano derecha de Florentino, José Ángel Sánchez. La segunda ha sido tumbada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero las primeras seguirán imponiéndose si el estadio incumple con las emisiones sonoras permitidas.

El Real Madrid lleva más de un año de obras para mitigar el impacto acústico de la música en las viviendas que rodean su estadio, pero va a tener que echar mano de influencia política para que tanto Ayuso como Almeida hagan “unas normas especiales” con las que esquivar los actuales límites por ruido. La Comunidad de Madrid le respondió que no elabora normas “ad hoc” aunque trabaja en una regulación que permitan relajar las exigencias acústicas en todos los eventos de la región. “Hay que entender que vivimos en una ciudad de ruido”, llegó a asegurar Isabel Díaz Ayuso. Los vecinos denunciantes, por su parte, recuerdan que las sanciones recaerían en las empresas promotoras de los eventos, lo que hace difícil que nadie quiera actuar en un recinto con problemas de ruido. Insonorizar el Bernabéu es una tarea “casi imposible”, aseguran expertos en acústica.

El otro proyecto parado que quiere reanudar Florentino Pérez es el de los aparcamientos públicos junto al Santiago Bernabéu, que el Gobierno de Almeida le concedió en un concurso hecho a medida para explotar una infraestructura municipal durante los próximos 45 años. Iba a horadar dos: uno bajo la calle Padre Damián y otro junto a la Castellana. Pero un tribunal anuló el concurso, declarándolo ilegal por varios puntos, entre ellos no ver “interés público” en el concurso, al que solo se presentó la empresa Madrid Estadio SL.

Como la sentencia de anulación la ratificó el TSJM, el caso está ahora en el Supremo, porque Florentino Pérez prefirió seguir allí con el caso. El Ayuntamiento, por su parte decidió no recurrir el fallo. El objetivo del Gobierno de Almeida y también el del Real Madrid es poder construir al menos el parking que ya estaba en marcha, el del paseo de la Castellana, con 1.500 plazas que iban a ser para visitantes y que ahora intentan ofrecere en parte a los vecinos para negociar una posible retirada de la demanda o, al menos, que no batallen judicialmente un segundo concurso hecho a medida del club merengue.