“La ministra se ha quedado sola”. El consejero vasco de sanidad, Alberto Martínez, ha tomado la palabra en nombre de todas las comunidades para avanzar una posición conjunta de cara a la reunión del Consejo Interterritorial que se celebra este miércoles. A las puertas de la sede ministerial, Martínez ha afirmado la disposición de los gobiernos autonómicos a “tender la mano al Ministerio para retomar la relación” con Mónica García para, a renglón seguido, avanzar que no intervendrán en ninguno de los puntos del día previstos para este encuentro.

Todas las consejerías, salvo Catalunya, han firmado un documento que leerán al inicio de la reunión. Será su única aportación a un Consejo en el que estaba previsto abordar cuestiones como el límite máximo de jornada ordinaria de 35 horas, la retribución de la hora de guardia, la creación de mesas específicas de negociación o la clasificación profesional.

Las consejerías justifican su decisión en que el estatuto marco contra el que se levantan los médicos es “una norma básica de carácter estatal, cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico”. Y son las comunidades autónomas, dicen, “como responsables de la organización y prestación de la asistencia sanitaria”, quienes están “asumiendo las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de un conflicto cuya raíz no se sitúa” en su “ámbito competencial”.

En el documento, que han leído en la reunión con Sanidad, exigen al Ministerio que reabra “con urgencia un proceso de diálogo, real, efectivo y constructivo” e impulse, “con carácter inmediato, medidas estructurales y sostenidas en el tiempo”.

“Al terminar la lectura y la explicación” del documento, señaló Martínez a la prensa, “daremos por terminada nuestra intervención”. El consejero vasco ha aclarado, no obstante, que no se levantarán de la mesa, aunque no realizarán más aportaciones.

Navarra ha hecho un apunte al documento, en el que hace constar que “puesto que todos sus profesionales son funcionarios del Gobierno de Navarra, el estatuto marco afecta tan solo en cuestiones relativas a la jornada, siendo las soluciones a la mayoría de las reivindicaciones del colectivo médico competencia de la propia comunidad, no estatal salvo en el caso de los médicos en formación, de manera diferenciada al resto de las comunidades”.

Desde el departament de Salud catalán aclaran que “el hecho de no adherirse a este texto no implica desacuerdo con su contenido”. “Compartimos buena parte de las reflexiones que en él se expresan, pero no compartimos iniciativas que puedan profundizar en el actual contexto de conflictividad”, apuntan.

El conflicto entre Sanidad y los sindicatos médicos se prolonga ya durante meses. De hecho, las organizaciones sindicales establecieron en enero un calendario de huelgas de una semana al mes, al menos hasta junio. La última prevista está convocada para el próximo lunes. “La responsabilidad de su resolución sigue estando exclusivamente en manos de las administraciones, por lo que mientras no lleguen propuestas serias para desbloquearlo, el colectivo médico mantendrá la movilización y responderá con la unidad, firmeza y determinación con las que lo ha hecho hasta ahora”, señalaban desde el Comité de Huelga en un comunicado la semana pasada.

Aunque el foco está puesto en la ministra, en varias comunidades los sindicatos han mantenido huelgas autonómicas, también frente a sus propias consejerías. Es el caso de la Comunitat Valenciana, Madrid o Aragón, donde algunos especialistas han renunciado a hacer 'peonadas', las horas extra con las que se rebajan las listas de espera.

García ha hecho referencia este martes al encuentro con las consejerías de sanidad. “Pondremos encima de la mesa aquellas reivindicaciones que no son de nuestra competencia”, insistió durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Entre ellas, enumeró “las retribuciones de la hora de guardia”, “la disminución más allá de los límites que hemos puesto en el estatuto marco de las guardias” , la puesta en marcha de ,esas de partición de decisión que sean exclusivamente médicas“ o la implantación de las ”35 horas de jornada laboral“.

“Lo que trae el estatuto marco son límites al abuso de aquellos que ejercen las competencias en materia de sanidad, que están transferidas desde el año 2002”, ha hecho hincapié la ministra: “Eso significa que la gestión, la planificación, los recursos humanos, las plantillas y el abordaje de las mejoras de las condiciones laborales son competencia de las comunidades autónomas”.

Por su parte, los sindicatos Satse, Comisiones Obreras, UGT y CSIF han enviado sendas misivas a las consejerías recordando que los asuntos que pretenden abordar “forman parte del ámbito propio de la negociación colectiva”. Es ese ámbito, en el que estas organizaciones están presentes, donde Sanidad pactó el nuevo estatuto marco.

En ese sentido, estos sindicatos muestran su “preocupación” porque los acuerdos que puedan adoptarse en el marco del Consejo Interterritorial, lleguen a “alterar o condicionar procesos de negociación ya iniciados o en curso en el Ámbito de Negociación”, “desplazar de facto la negociación colectiva hacia espacios distintos de los legalmente previstos”, “generar desequilibrios o respuestas parciales dirigidas exclusivamente a determinados colectivos profesionales” y “crear precedentes que debiliten los mecanismos ordinarios de participación y negociación colectiva”.

Los sindicatos del ámbito solicitan a las consejerías que cualquier asunto del orden del día que afecte a las condiciones laborales, clasificación profesional, jornada, retribuciones, organización del trabajo o estructuras de negociación “respete plenamente” el “espacio legítimo de negociación colectiva”. Además, piden que las comunidades, “como administraciones empleadoras y responsables de la gestión de los servicios sanitarios, participen activamente en el fortalecimiento de los espacios de negociación colectiva y diálogo social”.

Cualquier ciudadano que haya necesitado un medicamento financiado por el Sistema Nacional de Salud habrá visto a su farmacéutico cortar el cupón de la caja con un cúter y pegarlo con celo en una hoja. El fin de este proceso cotidiano, y arcaico, en las farmacias es trasladar la información a la administración que asume una parte o la integridad del coste del fármaco. Este sistema tiene los días contados.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para actualizar la regulación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos. La norma incluye la sustitución progresiva de ese cupón precinto por un identificador único que “permitirá avanzar hacia un modelo más digital para la gestión de la prestación farmacéutica, simplificando procedimientos administrativos y mejorando la eficiencia de los sistemas de información”, indican desde el departamento que dirige Mónica García.

La reforma, señalan, “adapta el marco normativo a la evolución tecnológica del sistema y actualiza determinados aspectos de su funcionamiento, para mejorar la interoperabilidad y el intercambio seguro de información en las administraciones sanitarias”.

El identificador que irá incorporándose en los envases permitirá “comprobar su autenticidad y garantizar su trazabilidad”. Así, se espera que suponga una barrera más a la entrada al sistema legal de fármacos falsificados en cualquier punto de la cadena de distribución.

Una nueva ley de organizaciones de pacientes

El Consejo de Ministros ha aprobado también el proyecto de ley de las Organizaciones de Pacientes, que “refuerza la participación de estas entidades en el desrrollo de las políticas sanitarias”. “Viene a cubrir una laguna jurídica”, ha indicado García.

La norma reconoce “derechos específicos de participción, información y representación institucional ante la Administración General del Estado” y mandata la participación de ocho representantes de estas organizaciones en el Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud.

En 2024, último año del que hay datos disponibles, se diagnosticaron en España unas 93.000 infecciones de transmisión sexual. La tendencia es ascendente para las principales ITS que monitoriza el Instituto de Salud Carlos III. Desde el año 2000, han aumentado la gonorrea, la sífilis y la clamidia, señalaba el último informe de vigilancia epidemiológica, del que se ha hecho eco este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García: “Las ITS existen y pueden estar más cerca de lo que pensamos”.

El Ministerio ha presentado su nueva hoja de ruta para el periodo 2026-2030, con el que busca revertir una tendencia que atribuye a “cambios en los comportamientos sexuales y en las formas de relación, así como a la mejora de la vigilancia epidemiológica y del acceso a las pruebas diagnósticas”, indican en un comunicado.

El aumento de los casos no es negativo per se, si este se debe a un mayor control y una mejora de los diagnósticos, porque cada positivo que se detecta y se trata corta la propagación de la infección. De hecho, dos de las palancas que quiere activar Sanidad en su nuevo plan son la “innovación en el diagnóstico” y la “universalidad” en el acceso a la protección de la salud para personas extranjeras.

En el primer caso, el Ministerio ha autorizado el primer kit de autotoma de muestras en España para “facilitar el diagnóstico de ITS fuera de los entornos clínicos convencionales”. En el segundo, “se impulsa la capacidad diagnóstica en la Atención Primaria”.

En el apartado de prevención, el Gobierno tiene previsto destinar más de nueve millones de euros para financiar, a partir de 2027, preservativos para jóvenes de entre 16 y 22 años. “La mayoría de los diagnósticos se produce en adultos jóvenes con una afectación superior en hombres que en mujeres en todas las ITS, a excepción de la clamidia, donde la proporción de mujeres menores de 25 años es elevada”, indican desde el Ministerio, cuya campaña recuerda “que estas infecciones no se limitan a una población, edad o contexto específicos”.

Por otro lado, Sanidad priorizará el control de la gonorrea multirresistente. Una infección que preocupa especialmente, “ante el riesgo de aparición de cepas que comprometan los tratamientos actuales”. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, estas resistencias afectan a fármacos como las tetraciclinas, los macrólidos, las combinaciones de sulfonamidas y trimetoprim y, más recientemente, las quinolonas, lo que dificulta el abordaje de la enfermedad.

En 2024 se notificaron 37.257 casos de infección gonocócica, lo que supone una tasa de 77 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de la Chlamydia trachomatis, se detectaron 41.918 infecciones, con un aumento del 19.6% desde 2016. La sífilis alcanzó los 11.930 casos, un 19,4% más que en 2021.

Además, se notificaron 1.966 casos de linfogranuloma venéreo. No obstante, desde el ISCIII, recordaban en su informe de vigilancia epidemiológica que es necesario implantar el seguimiento de esta enfermedad en todas las comunidades autónomas.

El Papa ha cargado este lunes contra el aborto y la eutanasia durante su comparecencia en el Congreso. León XIV ha aprovechado su intervención en la sede de la soberanía nacional para defender que “la dignidad inviolable de la persona humana” no puede “quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento”.

Prevost, que a lo largo del fin de semana había alertado contra “enfoques identitarios” y contra la “polarización” y había dado voz a migrantes y jóvenes, ha aprovechado en esta ocasión para lanzar un mensaje político ante “quienes tienen la grave responsabilidad de ordenar jurídicamente la convivencia social”.

Al margen de las mayorías parlamentarias que configuran la legislación española, León XIV ha considerado que “la convivencia puede verse amenazada por la cultura del descarte”. “Si la vida deja de ser reconocida como un valor fundamental, ¿qué futuro pueden tener nuestras sociedades? ¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás?”.

La de este lunes era la primera vez que un Papa toma la palabra en el Congreso español. Desde una posición de honor, León XIV ha insistido en que “toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia”. “Cuando esa certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas y la ley pierde su significado más profundo: servir y proteger a cada persona”.

Las palabras de Prevost llegan en un momento en el que el Gobierno trabaja por blindar el aborto en la Constitución. Una reforma que se está tramitando en la Cámara Baja, pese al rechazo del PP y Vox y algunas críticas de los socios por la fórmula elegida. El objetivo es que los poderes públicos garanticen “el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva en cuantas prestaciones y servicios sean necesarios”.

En cuanto a la eutanasia, el Congreso la aprobó a finales de 2020, con los únicos votos en contra de PP, Vox y UPN, tras 25 años de intentos fallidos. Desde entonces, asociaciones ultras como Abogados Cristianos han batallado contra esa normativa. El último capítulo ha sido el aval del Tribunal Supremo a que un familiar con una “vinculación particularmente estrecha” con un solicitante pueda recurrir judicialmente su muerte digna, aunque esta ya esté avalada por los médicos.