Dejar la tecnología del sistema de identificación nacional del país en manos de una empresa estadounidense es una “amenaza para el interés público”. Este ha sido el motivo alegado por el Gobierno de Países Bajos para bloquear la venta de la firma local Solvinity a la multinacional estadounidense Kyndryl, una escisión de IBM que agrupa sus negocios de infraestructura. El acuerdo, que ya estaba cerrado entre ambas partes, ascendía a 100 millones de euros.

Solvinity, fundada en 2015 y con sede en Ámsterdam, es la encargada de DigiD, el sistema nacional de identificación neerlandés, utilizado por sus 18 millones de ciudadanos para acceder a servicios públicos y gubernamentales esenciales como el pago de impuestos, el acceso a historiales médicos, la gestión de pensiones, prestaciones sociales y expedientes académicos. También pone la tecnología que sirve de base a la plataforma de comunicación interna del Gobierno.

Permitir que esos contratos pasen a Kyndryl supondría un riesgo de “dependencia digital” por la “imprevisibilidad geopolítica”, según un dictamen confidencial del Ejecutivo neerlandés al que ha tenido acceso ahora el New York Times. “La amenaza al interés público solo puede evitarse prohibiendo la adquisición propuesta”, reza el documento.

Según detalla el documento, el temor de las autoridades es que leyes estadounidenses como la CLOUD Act permiten a la Casa Blanca obligar a la matriz de Kyndryl a entregar información sensible de la ciudadanía europea o a interrumpir el funcionamiento de suministros informáticos críticos. Este ha sido el motivo por el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tumbado en dos ocasiones los acuerdos internacionales para la transferencia de datos entre Bruselas y Washington.

Los comunicados de las empresas sobre la caída del acuerdo, emitidos a finales de mayo, ya dejaron entrever el problema real que había aflorado durante la operación. “La politización de este proceso ha eclipsado los claros e importantes beneficios que esta operación habría aportado a los clientes de Solvinity y a los ciudadanos neerlandeses”, declaró Kyndryl: “Nos sentimos profundamente decepcionados por la decisión del Gobierno de los Países Bajos de prohibir la adquisición de Solvinity”.

“Solvinity continúa dialogando con las autoridades pertinentes sobre las consideraciones formuladas en el contexto de la seguridad nacional, la autonomía digital y la protección de las infraestructuras críticas neerlandesas”, ha afirmado por su parte la empresa neerlandesa.

Este veto se produce en un marco de creciente debate en el continente respecto a la dependencia estratégica de la tecnología estadounidense. El pasado mes de abril, un informe del laboratorio de ideas Future of Technology Institute expuso que los sistemas informáticos esenciales de España y otros 22 países de la región presentan una alta exposición a las decisiones políticas de la Casa Blanca.

En este caso, la resolución de prohibir la venta a Kyndryl por parte de Países Bajos se mantuvo firme a pesar de la maquinaria diplomática que Washington desplegó entre bambalinas para intentar salvar la operación, destaca el New York Times. Según revelaron funcionarios neerlandeses y estadounidenses, el embajador de Estados Unidos, junto con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, presionaron intensamente para que se aprobara la compra. Los esfuerzos fracasaron. Fuentes de la Casa Blanca han expresado al citado medio que la decisión forma parte de una ofensiva europea contra sus empresas tecnológicas.