El 21 de febrero de 2023, y tras tres años de trabajo, se cerró en el cementerio de San Fernando de Sevilla la fosa común franquista de Pico Reja, la mayor abierta en España en ese momento y la más importante en Europa occidental desde la de Srebrenica en Bosnia Herzegovina tras la guerra de los Balcanes. Ahora, más de seis años después de que se empezara a excavar, el ADN ha conseguido por fin ponerle nombre y apellidos a la primera de las 1.786 víctimas de la represión que comandó el general golpista Gonzalo Queipo de Llano: se llama José León Trejo, un sevillano que tenía 56 años cuando lo arrancaron de su casa en pijama para no volver nunca. Era catedrático de instituto de Francés y fue concejal en el Ayuntamiento hispalense durante el periodo republicano.

La confirmación le llegó a uno de sus nietos, Fernando Sarmiento, hará un par de meses, después de otra llamada que abrió un periodo de incertidumbre porque sí, había coincidencia genética, pero había que hacer pruebas complementarias. ¿La razón? Además de a José, fusilaron a otros dos hermanos León Trejo, también docentes, uno de los cuales (Manuel) también se cree que está en Pico Reja. La tumba del tercero se ubica en el municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos: se llamaba Joaquín y es el bisabuelo de los actores Paco y María León.

“Dimos muestras varios de los primos”, rememora Fernando Sarmiento, que a sus 70 años es de los nietos más jóvenes de José León Trejo, que dejó viuda y nueve hijos. Su detención y, al cabo de varias semanas, su fusilamiento el 17 de octubre de 1936 en la tapia del propio cementerio de San Fernando es algo que “ha flotado siempre en nuestras vidas” y que en la familia se llevó con “resignación, silencio y mucha indignación”. En aquellos durísimos tiempos, las viudas de los tres hermanos quedaron al cargo de nada menos que 16 pequeños.

Detención del cardenal Segura

José León nació en Sevilla en 1880 y, entre otros cargos, fue profesor de Francés en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de la capital hispalense. El centro ya se llamaba San Isidoro de Sevilla (muy conocido en la ciudad) cuando, por la conjunción republicano-socialista (luego pasaría por el Partido Radical de Lerroux), consiguió acta de concejal en el Consistorio sevillano en las elecciones de 12 de abril de 1931 que precipitaron el advenimiento de la II República.

Poco después sería nombrado gobernador civil de Guadalajara, y como tal le tocó arrestar el 14 de junio al cardenal Segura –arzobispo de Toledo y primado de España– para mandarlo al exilio. El historiador Juan Ortiz Villalba relata en Del golpe militar a la guerra civil, Sevilla 1936 que Segura (arzobispo de la Diócesis hispalense desde 1937) nunca se lo perdonó y llegó al extremo de que cada 17 de octubre, la fecha de su fusilamiento, oficiaba una homilía en la que cargaba contra él.

“Mi abuelo fue políticamente muy activo”, resalta Fernando Sarmiento, que estará presente junto a otros de sus primos cuando, el próximo 24 de junio, el Ayuntamiento de Sevilla le haga entrega de sus restos. Descansarán en el mismo cementerio de San Fernando, donde la familia tiene una tumba en la que reposan su esposa y algunos de sus hijos.

El atasco de las pruebas de ADN

Para Juan Manuel Guijo, el arqueólogo y antropólogo forense que dirigió la excavación de Pico Reja, la identificación de José León le produce un choque de sentimientos enfrentados, ya que la satisfacción por este hecho contrasta con que se han necesitado más de seis años para llegar a este momento. Esto, lamenta, habla bien a las claras del atasco que hay en las pruebas de ADN.

Eso sí, esto de paso refrenda la cronología propuesta, porque inicialmente se decía que Pico Reja se colmató entre julio y agosto de 1936, algo que desmontó las “pruebas arqueológicas”. “Esto debería ser el empujón definitivo para invitarnos a releer y reinterpretar la historia de las fosas en Sevilla”, ya que a su juicio en estos momentos no se sabe ni cuál existió antes, si ésta o la de Monumento, la más grande de Sevilla y cuya excavación no termina de arrancar.

Pero volviendo a José León, fue detenido en 1932 durante la Sanjurjada, el golpe de Estado que el general Sanjurjo impulsó con nulo éxito desde Sevilla gracias a la decidida actitud del por entonces alcalde, José González de la Bandera. Ya en la Unión Republicana de González Barrios, con la victoria del Frente Popular fue reelegido concejal en 1936 y, según Ortiz Villalba, hasta se le ofreció ser alcalde, cargo que declinó y que finalmente asumió Horacio Hermoso. González de la Bandera fue fusilado en agosto de ese año, y Hermoso en septiembre.

A la hora de la siesta

Cuando se produce el golpe de Estado no era concejal, ya que el 9 de junio los ediles de Unión Republicana –15 en un Consistorio con un total de 50– pusieron sus cargos a disposición del partido, formalizando siete de ellos (incluido León Trejo) su renuncia tres días después. Algunos de sus sustitutos no llegaron a tomar posesión de sus actas.

Los golpistas no tardaron mucho en arrestarlo, “un día a la hora de la siesta se lo llevaron en pijama”, señala su nieto, Fernando Sarmiento, que apunta que su abuelo no huyó “porque pensó que no había hecho nada” que le pusiese en peligro. Preso en la cárcel de La Ranilla, en aplicación del bando de guerra se vio inmerso en un proceso judicial antes incluso de que se constituyeran los tribunales montados por Queipo de Llano. Fue fusilado junto al abogado Francisco García y García de Leániz.

La cosa no quedó ahí, porque un mes después de su asesinato fue suspendido de empleo y sueldo en el marco de la depuración del profesorado que se desarrolló en todos los niveles educativos. Ahora, casi 90 años después, sus restos son los únicos que tienen nombre y apellidos de los 1.786 que se le arrancaron a la tierra en Pico Reja, y así figurará en su tumba a partir del próximo 24 de junio.

“Se han adoptado las medidas correspondientes”. Sin entrar en mucha profundidad, la portavoz en funciones del Gobierno andaluz, Carolina España, considera que se ha actuado correctamente ante la imputación de Gustavo Fuentes, CEO de ADM, la principal productora de Canal Sur, por agresión y acoso sexual a una reportera, pero no ha aclarado ni cuándo ni cómo se tuvo constancia de los hechos. Eso sí, ha apuntado que la cuestión afecta a las competencias de dos consejeros, a los que ha señalado explícitamente: Antonio Sanz, titular de Presidencia, y Jorge Paradela, máximo responsable de Industria.

Ante la pregunta de cómo se enteró la Junta de Andalucía de esta situación y si considera que la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) ha actuado con la suficiente determinación, España ha señalado que no sabe “exactamente” cómo ha sido el proceso. Pero a renglón seguido ha recordado que las dos empresas públicas afectadas por este caso (la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y la RTVA) son competencia “de dos consejeros diferentes, están el consejero Paradela y el consejero Sanz, no sé exactamente cómo se han enterado, no he hablado con ellos directamente”.

Tras publicar, el martes por la mañana, que un juez de Violencia de Género investiga desde hace dos meses al CEO de la principal productora de Canal Sur por delitos sexuales contra una reportera, este periódico pidió explicaciones tanto a Presidencia como a Industria, que eludieron valorar la denuncia y la imputación de Fuentes.

ADM (Andalucía Digital Multimedia SA) es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, ya que controla un 47,81% del accionariado a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel, adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas que dirige Jorge Paradela, máximo responsable también de ADA. ADM es la principal productora de Canal Sur –es por ejemplo responsable de uno de sus programas más destacados, Andalucía Directo–, de ahí que la imputación de Fuentes salpique también a la RTVA, que depende de Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

No pertenecen a la Junta

Carolina España ha subrayado que ADM “no es una entidad de la Junta de Andalucía”, aunque considera que “se han adoptado las medidas correspondientes” en su consejo de administración, que ha acordado la “suspensión temporal de funciones” de Fuentes, asimismo presidente del Clúster Audiovisual y de Contenidos Digitales de Andalucía (LAND). Este puesto también ha dejado de ejercerlo de manera “temporal”, mientras que la dirección de Canal Sur ha descartado tomar cartas en el asunto con el argumento de que ya está abierta una vía judicial.

LAND es un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta que nació en el marco de la estrategia digital impulsada en su momento por Antonio Sanz, aunque estas competencias corresponden ahora a Paradela, a cuya consejería está adscrita la Agencia Digital de Andalucía.

Este periódico requirió el martes explicaciones a estas dos consejerías así como a la RTVA, que se pasaron la pelota el uno al otro, aunque desde Canal Sur se incidió en que es Sandetel la máxima responsable de ADM. La dirección de RTVA tardó casi 15 horas en lanzar un comunicado, para anunciar que no podía “actuar” contra Fuentes, porque ya existía un procedimiento judicial abierto. El Consejo de Administración de ADM, presidido por el director general de Sandetel, se reunió en secreto y tardó 18 horas en comunicar, próximo a la medianoche, que “suspendía temporalmente” al CEO de la productora.

La respuesta de la portavoz de la Junta en funciones, señalando directamente por sus nombres a Sanz y a Paradela, ha sorprendido dentro del propio Ejecutivo andaluz, donde es “un secreto a voces” la mala relación de la malagueña con el titular de Presidencia. Ambos son las personas más próximas al presidente Juanma Moreno que, en los próximos días, debe renovar su confianza (o no) en ellos para formar nuevo Gobierno, previo acuerdo político con Vox.

Tras las decisiones adoptadas por ADM y el Clúster, España ha zanjado este asunto con esta frase: “esperemos que la Justicia haga su trabajo también y que llegue hasta el final”. “Respeto absoluto a la Justicia y que se llegue al final”, además de trasladar el “total rechazo” del Gobierno andaluz “a cualquier abuso o cualquier acto que atente contra la dignidad de las personas”. Y ha insistido en más de una ocasión en que ADM “es de mayoría privada” y que, como el Clúster, son entidades “independientes” que cuelgan del organigrama de la Junta.

Una situación conocida

Por su parte, Gustavo Fuentes ha insistido este miércoles a Europa Press en su inocencia, con el argumento de que en sus más de 30 años de carrera profesional “nunca he tenido una conducta inapropiada de ningún tipo, especialmente de la tipología de la denunciada”. Asimismo, ha afirmado tener “plena confianza en la justicia, con la tranquilidad de quien no ha hecho nada, confiando en el esclarecimiento de los hechos a la mayor brevedad”.

También este miércoles han continuado las reacciones políticas. En este sentido, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado que por parte de ADM y de Canal Sur “no se haya querido actuar anticipadamente” ante esta denuncia por acoso sexual a una reportera.

“Parece que esta situación se conocía por parte de la empresa de la productora y de Canal Sur, no sé si también por parte del Gobierno de Andalucía, desde hace tiempo y no se había hecho absolutamente nada”, ha señalado Montero, que ha calificado de insuficiente la “suspensión temporal de funciones” de Fuentes acordada por ADM. “Aquí parece que habido un tapar, una dejación de funciones y ponerse de perfil”, ha subrayado.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que llevará a la primera comisión de la RTVA en el Parlamento una petición de explicaciones acerca del conocimiento que pudiese haber tenido la entidad acerca de este caso. “Queremos que se llegue hasta el final y queremos que se repare a esta mujer, a esta compañera”, además de lamentar que el se haya producido en una empresa que “tiene de mayoría en el accionariado la Junta de Andalucía”. “Es vergüenza”, ha subrayado García quien ha mostrado su apoyo tanto a la víctima como a la plantilla de la empresa.