No puede dejarnos indiferente. España, lamentablemente, ocupa un lugar trágico en el mapa mundial de la pederastia. La magnitud estimada del Defensor del Pueblo es de alrededor de 440.000 niños, niñas y adolescentes víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica desde los años 40. Un fenómeno sistemático y global, que se ha caracterizado por décadas de encubrimiento institucional.

La respuesta que una sociedad da frente a la pederastia marca su medida democrática y ética. La respuesta debe ser inmediata, contundente y centrada en la protección de las víctimas; garantizando que no quede impune este delito abominable y muy grave que viola los derechos humanos fundamentales. Es inexcusable denunciar y actuar sin demora, incluso ante una sospecha. El silencio o la falta de acción es un acto cómplice. La prioridad es además proteger la integridad y la vida de la víctima, su seguridad física y emocional. Sin olvidar, desde la infancia, apostar por la educación sobre el respeto, la autoestima, la prevención de la violencia sexual infantil y la identificación de señales de riesgo. Incluyendo la concienciación familiar, escolar y comunitaria.

Este horrible atentado a la infancia y la dignidad humana causa un daño profundo y duradero, no solo en las víctimas, también en la sociedad. La condena social debe ser unánime y constante, porque cada estadística es una infancia robada y un dolor que persiste. Cada víctima merece reconocimiento efectivo; merece verdad, justicia, reparación y no repetición.