El Partido Popular ha elevado la presión sobre la ministra de Sanidad, Mónica García, al reclamar abiertamente su cese por la gestión del conflicto que mantiene enfrentado al Ministerio con parte de los profesionales sanitarios y que ha desembocado en meses de movilizaciones y jornadas de huelga en distintos puntos del país.

La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado este domingo que la continuidad de la ministra dificulta cualquier salida al conflicto y pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tome medidas ante una situación que considera enquistada.

"Mientras ella siga en el Gobierno será imposible solucionar esta cuestión. Cada acto médico cancelado supone que se llega tarde a atender a un paciente. Y en sanidad, llegar tarde a veces es no llegar", ha sostenido Fúnez durante su participación en la III Carrera Solidaria Madrid con la ELA.

Fúnez ha responsabilizado también al jefe del Ejecutivo de la situación al considerar que ha evitado asumir su papel en el conflicto sanitario. "Ese ministerio también le compete", ha señalado, al tiempo que ha acusado a Sánchez de "no mojarse" ni pronunciarse sobre el conflicto. "Poco se puede esperar de él", ha subrayado.

La dirigente popular ha señalado a García por haber impulsado la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario sin el consenso necesario con los profesionales, las organizaciones sindicales y una parte significativa de las comunidades autónomas.

Según ha defendido, el Ministerio ha optado por una estrategia basada en la imposición en lugar del diálogo, provocando un rechazo generalizado al texto presentado.

Fúnez ha asegurado que la oposición a la propuesta no se limita a las comunidades gobernadas por el PP y subrayó que también existen discrepancias en territorios administrados por el PSOE. En tono crítico, ha afirmado que la ministra ha conseguido generar más unidad entre quienes cuestionan su gestión que dentro de su propio espacio político.

Desde el PP sostienen que las consecuencias de esta situación ya están teniendo un impacto directo sobre los pacientes. Según los datos manejados por la formación, el conflicto ha contribuido a la suspensión, aplazamiento o cancelación de millones de citas médicas durante los últimos meses.

Durante su participación en el acto solidario dedicado a los afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Fúnez también ha reclamado al Gobierno una mayor agilidad en la aplicación de las ayudas previstas para los pacientes y sus familias.

"Pedimos al gobierno de Pedro Sánchez que no vuelva a apostar por leyes, que no vuelva a aprobar leyes sin memoria económica y sin presupuesto y que su debilidad parlamentaria lo que hace es generar frustración. Piensen que las ayudas de ELA se tramitan a través de la ley de dependencia y se le está pidiendo a las comunidades autónomas que pongan un presupuesto que el Gobierno no ha puesto", ha reclamado.

La comisión del Congreso encargada de investigar los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 afronta su recta final con profundas discrepancias entre los grupos parlamentarios sobre las conclusiones que deben extraerse de aquellos hechos.

Junts y ERC pretenden que el informe final recoja la existencia de negligencias o fallos institucionales por parte del Estado en la prevención de los ataques, una tesis que rechazan PSOE, PP y Vox en los documentos de conclusiones registrados ante la comisión.

Los textos, que deberán ser debatidos y votados primero en la propia comisión y posteriormente, en su caso, en el Pleno del Congreso, reflejan visiones muy diferentes sobre la actuación de los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y las administraciones implicadas antes y después de los atentados.

La propuesta de Junts sostiene que una parte de la responsabilidad política de los atentados puede atribuirse a una actuación negligente o temeraria de los servicios de inteligencia por no haber esclarecido adecuadamente su relación con Abdelbaki Es Satty, considerado el líder de la célula terrorista.

La formación independentista considera que se ocultó información relevante sobre los vínculos entre el imán de Ripoll y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sostiene que esa decisión respondió a criterios políticos.

En sus conclusiones, Junts afirma que la investigación judicial no logró resolver todos los interrogantes relacionados con la planificación de los atentados ni con las posibles responsabilidades derivadas de la actuación de organismos públicos. Por ello, reclama que la Fiscalía impulse nuevas diligencias de investigación y que se haga pública toda la documentación aún clasificada relacionada con el caso. Según dicen, se prefirió poner los "intereses políticos y partidistas" del Gobierno del PP "por delante de unas víctimas inocentes que tenían derecho a saber toda la verdad de lo que acababa de suceder".

Así, Junts hace suya la tesis que expuso en su día el comisario José Manuel Villarejo de que al CNI "se le fue de las manos" su relación con el imán de Ripoll y señala a la cúpula del Ministerio del Interior que entonces dirigía el 'popular' José Ignacio Zoido y a la responsable política de los Servicios de Inteligencia, a la sazón la vicepresidenta primera Soraya Sáenz de Santamaría, pero también al actual Gobierno de coalición porque dicen estar convencidos de no se ha desclasificado toda la información sobre esta cuestión.

ERC comparte parte de ese diagnóstico, aunque utiliza una formulación más moderada. La formación sostiene que existen indicios de una posible negligencia en la gestión y transmisión de información relacionada con Es Satty y considera que el Estado falló en sus mecanismos de prevención.

Según su propuesta, la falta de intercambio de determinados datos entre organismos de seguridad y los Mossos d'Esquadra constituye un elemento central para entender lo sucedido y pone de manifiesto deficiencias en la coordinación institucional.

Para Esquerra, ese supuesto fallo obliga a asumir responsabilidades políticas y a promover reformas que eviten que una situación similar pueda repetirse en el futuro.

Sumar pide nuevas actuaciones

El grupo plurinacional Sumar también apuesta por profundizar en el esclarecimiento de los hechos, aunque desde una perspectiva centrada en el derecho a la verdad y la transparencia institucional.

Entre sus propuestas figura la desclasificación completa de la documentación relacionada con los atentados y la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado valore la apertura de diligencias preprocesales de investigación.

La formación defiende además la elaboración de un relato institucional y público sobre lo ocurrido que contribuya al reconocimiento de las víctimas, favorezca el cierre social de aquella tragedia y evite la proliferación de teorías conspirativas.

PSOE y PP, mismo criterio

Frente a estas posiciones, PSOE y PP rechazan que la comisión concluya que existieron negligencias por parte de los organismos estatales.

Los socialistas destacan la actuación de los Mossos d'Esquadra durante la gestión de la emergencia y subrayan los avances registrados desde 2017 en materia de coordinación policial e intercambio de información. También apuestan por reforzar los mecanismos de cooperación entre cuerpos de seguridad, servicios penitenciarios y organismos de inteligencia para mejorar la prevención de procesos de radicalización.

Por su parte, el PP admite que la radicalización de los autores de los atentados y la preparación de la célula terrorista pasaron inadvertidas para los distintos organismos competentes, pero considera que ello no puede interpretarse como una actuación negligente.

Los populares sostienen además que Abdelbaki Es Satty no fue colaborador ni confidente de los servicios de inteligencia españoles y rechazan cualquier responsabilidad del CNI, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o de los Mossos en la preparación de los atentados.

Asimismo, incorporan a sus conclusiones críticas a la gestión política realizada entonces por el Gobierno catalán y recuerdan la polémica generada en torno a las alertas internacionales sobre un posible atentado en Las Ramblas.

Pese a las diferencias sobre las responsabilidades políticas, la mayoría de grupos coinciden en la necesidad de seguir reforzando los mecanismos de coordinación entre cuerpos policiales, servicios de inteligencia y administraciones públicas.

También existe un amplio acuerdo sobre la conveniencia de mejorar la atención y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo. En este ámbito, el PSOE propone revisar la legislación vigente para ampliar la definición legal de víctima y garantizar una protección más inclusiva.

Vox, por su parte, considera que los trabajos de la comisión no han aportado elementos nuevos respecto a las investigaciones judiciales y policiales ya realizadas y concluye que no se ha acreditado ninguna de las sospechas que motivaron su creación.

La votación de las conclusiones, aún pendiente de convocatoria, servirá para determinar qué relato político acaba imponiéndose sobre uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente de Cataluña y de España.

Junts per Catalunya ha instado al Gobierno a lograr "sin más dilación" la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea y plantea que España condicione su respaldo al próximo marco presupuestario comunitario a la consecución de ese objetivo.

La propuesta forma parte de una proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados, en la que la formación independentista también reclama una profunda reforma institucional de la Unión Europea orientada a reforzar su capacidad de decisión, avanzar hacia una estructura más federal y reconocer de forma explícita la diversidad nacional y lingüística existente en el continente.

Entre sus demandas, Junts plantea que Cataluña disponga de una circunscripción electoral propia en las elecciones al Parlamento Europeo y que desaparezca la obligación de jurar o prometer la Constitución española para adquirir plenamente la condición de eurodiputado.

La iniciativa apuesta por una modificación de los tratados europeos que permita eliminar el principio de unanimidad en la toma de decisiones comunitarias, al considerar que este mecanismo bloquea actualmente el funcionamiento de la Unión.

Según Junts, la supresión de este requisito permitiría acelerar la toma de decisiones y facilitar una mayor integración política europea en ámbitos estratégicos como la política exterior, la seguridad y defensa, la energía, la industria, las tecnologías críticas, la resiliencia económica o la protección de los derechos fundamentales.

La formación sostiene que el fortalecimiento de la Unión debe ir acompañado de un mayor reconocimiento de la pluralidad nacional, cultural y lingüística europea y de una aplicación más efectiva del principio de subsidiariedad, con el objetivo de acercar la toma de decisiones a la ciudadanía.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la reforma de la legislación electoral para permitir que territorios como Cataluña puedan constituirse como circunscripciones específicas en los comicios europeos.

A juicio de Junts, las llamadas "naciones sin Estado" deberían poder elegir directamente a sus representantes en las instituciones comunitarias mediante un sistema diferenciado que refleje mejor su realidad política y social.

Asimismo, la formación propone revisar el modelo de elección de la presidencia de la Comisión Europea mediante un sistema de doble voto: uno destinado a escoger a los representantes territoriales y otro para elegir los liderazgos políticos europeos.

La iniciativa también reclama la adaptación inmediata de la legislación española a la doctrina emanada del denominado caso Junqueras.

Junts considera que debe eliminarse el requisito de jurar o prometer la Constitución para adquirir plenamente la condición de eurodiputado, en línea con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estableció que los representantes elegidos al Parlamento Europeo obtienen dicha condición desde la proclamación oficial de los resultados electorales. Según la formación independentista, la normativa española debería adecuarse a esa interpretación para evitar restricciones adicionales al ejercicio del mandato parlamentario europeo.

En materia económica, Junts defiende que la gestión de los fondos europeos pueda ser asumida directamente por aquellas comunidades o territorios que así lo soliciten. La formación propone que el Gobierno español defienda en Bruselas un modelo descentralizado de administración de los recursos comunitarios, otorgando una mayor capacidad de decisión a los territorios en la ejecución de las políticas financiadas con fondos europeos.

Además, plantea regular mecanismos que permitan a las naciones sin Estado contar con representación propia y capacidad de decisión ante las instituciones europeas, al menos en proporción a su peso demográfico.

En la exposición de motivos de la iniciativa, Junts defiende que la Unión Europea debe entenderse no solo como un espacio económico o institucional común, sino como una comunidad política fundamentada en la democracia, los derechos fundamentales, la justicia social y el respeto a la diversidad de los pueblos que la integran.

La formación enmarca su propuesta en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas, el auge de los movimientos autoritarios, la competencia tecnológica global y los desafíos energéticos y de seguridad.

Ante ese escenario, sostiene que Europa necesita reforzar su autonomía estratégica y su capacidad de actuación conjunta, pero advierte de que ese proceso no puede construirse desde la uniformidad ni desde planteamientos centralizadores, sino reconociendo plenamente la pluralidad nacional, cultural y lingüística que caracteriza al proyecto europeo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los dirigentes de su formación mantener la "tranquilidad" y evitar distracciones para concentrar el debate político en las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE.

La dirección nacional del PP considera que las distintas causas abiertas en los tribunales configuran un escenario de creciente desgaste para el Ejecutivo y pretende reforzar la idea de que existe una conexión política entre todos esos procedimientos. En este contexto, los populares han incorporado también a su discurso las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en relación con unas joyas halladas en un despacho vinculado a él. "¡Cómo que no son la mafia!", exclaman.

Desde la sede nacional del partido sostienen que la sucesión de investigaciones judiciales constituye un problema político de gran magnitud para los socialistas y aseguran que seguirán insistiendo en esa línea durante las próximas semanas.

Fuentes de la dirección popular afirman a Europa Press que cada semana aparecen nuevos episodios judiciales relacionados con personas vinculadas al PSOE o al entorno del Gobierno. En Génova consideran que estos procedimientos refuerzan su crítica al Ejecutivo y argumentan que la situación actual no tiene precedentes recientes en la política española.

Los populares subrayan que distintos órganos judiciales están instruyendo causas que afectan a responsables políticos, exdirigentes socialistas o personas del entorno del presidente. Por ello, rechazan las acusaciones del Gobierno sobre una supuesta actuación coordinada de los tribunales contra el Ejecutivo. "¿Qué juez fue el que metió joyas de origen árabe en la caja fuerte de Zapatero? ¿Qué juez ordenaba a Ábalos meter sobrinas en un piso y pagar con fondos públicos?", preguntan en el equipo de Feijóo.

La dirección del PP prevé una intensa actividad política durante los próximos días, coincidiendo con varias comparecencias judiciales y parlamentarias relacionadas con investigaciones en curso.

Entre ellas destacan la audiencia preliminar de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; la comparecencia en el Senado de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por sus contactos con la exmilitante socialista Leire Díez; y las actuaciones judiciales relacionadas con el expresidente Rodríguez Zapatero.

Los populares consideran que esta sucesión de acontecimientos mantendrá la presión sobre el Ejecutivo y permitirá reforzar su estrategia de oposición centrada en la exigencia de responsabilidades políticas.

"No queremos protagonismo mediático; el foco debe estar en ellos", trasladan fuentes de la dirección nacional, que insisten en que su objetivo es dejar que las investigaciones sigan su curso mientras mantienen la presión política sobre el Gobierno.

Además de dirigir sus críticas al PSOE, el Partido Popular pretende extender el debate a los socios de investidura de Pedro Sánchez. La dirección de Feijóo considera que las formaciones que sostienen al Gobierno deberán pronunciarse sobre las distintas investigaciones y aclarar cuáles son sus límites políticos para seguir respaldando al Ejecutivo.

En este sentido, los populares seguirán cuestionando públicamente si las líneas rojas de esos grupos se limitan a cuestiones de financiación irregular o si también afectan a otros presuntos delitos que están siendo investigados por los tribunales.

Desde el PP también reprochan al presidente del Gobierno que descarte un adelanto electoral pese al deterioro político que, a su juicio, provocan las distintas causas judiciales abiertas.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, está citada este lunes a las 18.00 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla para asistir a la audiencia preliminar del procedimiento en el que se investiga su presunta participación en delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

La comparecencia llega en una jornada de gran expectación mediática y coincidirá además con el debut de la selección española de fútbol frente a Cabo Verde.

Por el momento, sigue sin confirmarse si Gómez acudirá personalmente a la sede judicial o si estará representada únicamente por su defensa. Como ya ocurrió en anteriores ocasiones, sus abogados han solicitado que, en caso de asistir, pueda acceder a los juzgados a través del garaje para evitar la exposición pública.

Inicialmente, el magistrado instructor, Juan Carlos Peinado, había fijado la celebración de esta vista para el pasado 9 de junio. Junto a Gómez estaban citados también la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, igualmente investigados en la causa.

Sin embargo, la comparecencia fue finalmente aplazada y reprogramada para este lunes.

En la resolución judicial que convocaba a las partes, el juez subrayó que los tres investigados debían acudir personalmente a la vista y advirtió de que una ausencia injustificada podría derivar en su conducción por las fuerzas de seguridad.

Las defensas mantienen, no obstante, una interpretación distinta. Consideran que la presencia física de los investigados no resulta obligatoria en esta fase procesal y que basta con que estén debidamente representados por sus respectivos abogados.

Pese a ello, Peinado ha reiterado en sucesivas resoluciones la obligación de comparecer, recordando además que la ley le faculta para adoptar medidas destinadas a evitar una eventual elusión de la acción de la justicia. Entre las posibles medidas cautelares figuran desde la retirada del pasaporte hasta la prisión provisional en los supuestos más extremos.

La audiencia preliminar constituye un trámite clave dentro del procedimiento. El magistrado ya ha propuesto que Gómez, Álvarez y Barrabés sean juzgados por un tribunal del jurado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

La estrategia de la defensa de Begoña Gómez pasa por solicitar la declaración de José Manuel Ruano, codirector de la cátedra universitaria que compartió con la investigada, así como por pedir la ratificación de distintos informes periciales incorporados a la causa.

La vista de este lunes será determinante para definir los siguientes pasos del procedimiento y para concretar el alcance de las pruebas que podrían practicarse en un eventual juicio ante jurado popular.