En esta agonía constante de legislatura, donde el Gobierno está, pero no gobierna, el presidente Sánchez, para mantenerse cinco minutos más en la cabecera del banco azul, vuelve a proponer regar con más dinero a Cataluña. De esa manera, ERC e Illa han firmado un pacto para sacar adelante los presupuestos catalanes a cambio de que el Gobierno invierta más en Cataluña. Es decir, más favoritismo para esa región, cuando su problema no es de recursos, sino de mala gestión de la izquierda y del independentismo.

Cataluña es una de las dos regiones más beneficiadas a lo largo del último siglo, por no decir que es la más beneficiada, privilegios que con Sánchez se han elevado exponencialmente, mercadeando constantemente, ya sea en unas competencias adicionales en inmigración, ya sea con la publicación de las balanzas fiscales, ya sea con un sistema fiscal propio, ya sea con más fondos, o ya sea con todo ello, con el único objetivo que tiene Sánchez, que no es otro que alargar la agonía de su estancia en La Moncloa. Así, el independentismo catalán tira de la cuerda, con cuidado de no romperla, para sacarle el máximo posible a Sánchez, que paga con dinero de todos los españoles, además de someter al conjunto de España a dicha humillación permanente, cosa a la que Sánchez está dispuesto porque sólo piensa en su propio interés.

Así, Cataluña –y, en buena medida, el País Vasco– ha sido una región altamente beneficiada desde el inicio del siglo XX. No hemos de olvidar el conjunto de medidas proteccionistas que se implantaron en España a inicios del siglo XX, una buena parte de ellas impulsadas por la burguesía catalana para defender sus intereses, aunque resultasen, a la larga, perjudiciales para el conjunto de España y empobreciese su economía. Igualmente, hay que recordar el trato preferencial que el franquismo dio a Cataluña, desde la instalación de la fábrica de Seat allí a todo el desarrollo industrial que incentivó para minimizar cualquier movimiento en esa región contrario a la dictadura. Después, todas las presiones de Pujol y del gobierno catalán desde inicios de los años ochenta fueron asfixiantes, vendiendo caros sus apoyos parlamentarios, revalorizados por la absurda ley electoral que los primaba en su región.

Posteriormente, desde la llegada de Maragall y el PSC, no dejaron de reclamar más ventajas, como aquella inserción en el estatuto catalán que exigía una inversión del Estado en Cataluña igual al peso del PIB catalán sobre el total del PIB nacional. Así, Zapatero, entre 2004 hasta 2011, regó con múltiples fondos a Cataluña con las inversiones regionalizables del Estado en los Presupuestos Generales del Estado. Así, Cataluña vio incrementar esas inversiones un 14,38% en ese período, en detrimento de lo recibido por Madrid, que en el mismo período vio cómo se reducían esas inversiones estatales en un 44,82%. Adicionalmente, el Sistema de Financiación Autonómica (SFA) se diseñó de la mano del consejero de Economía catalán, el señor Castells, marcando los parámetros que beneficiaban a Cataluña, aunque se equivocó al no contemplar un escenario bajista de la economía.

Ante la catastrófica gestión del socialismo y el independentismo en Cataluña, la región catalana acumuló un exceso de gasto no financiado que estrangulaba a los proveedores, siendo una de las regiones que hizo necesario que el Gobierno de la nación pusiese en marcha el plan de pago a proveedores, ya que la región catalana era una de las que más importe adeudaba a los proveedores.

Fuera de los mercados

Esa mala gestión expulsó a Cataluña de los mercados e hizo que no se pudiese financiar en ellos por sí misma. Por ello, tuvo que ir al mecanismo extraordinario de financiación que fue el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Cataluña es la que más recursos recibió del FLA y del Fondo de Facilidad Financiera, con más de 120.000 millones. También se modificó la ley del sistema de financiación para que no tuviese que devolver lo cobrado por el Impuesto de Patrimonio, previamente compensado. Con ello, en estos casi quince años, se ha premiado a Cataluña con entre 3.000 y 5.000 millones más por el cambio normativo para que se quedasen con la recaudación de un impuesto ya compensado previamente. Se beneficiaron todas las que lo repusieron, pero se hizo principalmente por Cataluña. Y ahora, Sánchez acrecienta los privilegios al independentismo catalán con la condonación de deuda, con una propuesta de sistema de financiación que beneficia a Cataluña, como paso previo para concederle un sistema fiscal propio, y con más inversiones, todo para prolongar la estancia en La Moncloa con una legislatura que lleva muerta desde que comenzó.