La ciudad sigue su ritmo. El tráfico, las conversaciones a media voz y personas que que se cruzan sin detenerse. Y, sin embargo, entre todo eso que parece cotidiano, hay realidades que permanecen ocultas, casi invisibles, como si no formaran parte del mismo paisaje. La lucha contra la trata y la explotación sexual vuelve ahora a hacerse visible, a ocupar un espacio en las calles que, durante demasiado tiempo, le ha sido negado.

En Córdoba, la Subdelegación del Gobierno, junto a la Asociación Aperfosa y la ONG Rescate, ha impulsado la campaña «Tu Historia Nos Importa. No Estás Sola». No es solo un lema. Es una declaración de intenciones. Una forma de romper el silencio y de tender una mano allí donde muchas veces solo ha habido miedo. Los carteles aparecen en lugares de paso, en rincones donde la vida sucede sin pausa. Y lo hacen con un mensaje que incomoda porque es cierto: “No es libertad, no es trabajo, es explotación”. No hay rodeos, no hay eufemismos. Solo una verdad que interpela a quien mira, que obliga a detenerse un segundo más de lo habitual. Porque detenerse es importante; mirar también lo es.

Las cifras hablan, pero no siempre consiguen contar la historia completa. En la provincia de Córdoba, alrededor de 250 mujeres son atendidas cada año en contextos vinculados a la trata y la explotación sexual. Detrás de ese número hay nombres, trayectorias, vidas atravesadas por el engaño, la violencia y el desarraigo. A nivel global, más de 1.300 mujeres reciben atención anualmente, una cifra que en 2024 superó las 1.800. No es solo un aumento. Es también la prueba de que algo empieza a emerger, de que lo que antes permanecía oculto comienza, poco a poco, a ser nombrado. Pero la trata no se entiende solo desde los datos. Se entiende desde las historias.

Historias de mujeres que fueron captadas con promesas que nunca se cumplieron. Que fueron trasladadas lejos de su entorno, de sus referencias, de todo aquello que podía protegerlas. Historias de control, de violencia, de decisiones arrebatadas. Y también, muchas veces, historias de silencio. Porque una de las formas más eficaces de la explotación es precisamente esa: pasar desapercibida, confundirse con lo cotidiano, disfrazarse de normalidad. Por eso esta campaña insiste en algo esencial: reconocerse. Saber poner nombre a lo que ocurre. Entender que hay situaciones que no son elecciones libres, aunque lo parezcan desde fuera. Y, a partir de ahí, abrir una puerta.

Esa puerta adopta la forma de un canal directo, seguro, discreto. Un espacio desde el que pedir ayuda sin exponerse, sin miedo inmediato. Porque el mensaje no se queda en la denuncia. Va más allá. Habla de acompañamiento, de procesos largos, de reconstrucción. Habla, en definitiva, de salida. Y decir que hay salida no es un gesto menor.

La campaña no se queda en Córdoba. Se extiende por otras ciudades, se despliega en distintos puntos del país como una red que busca abarcar lo que durante tanto tiempo ha permanecido fragmentado. Porque la trata no entiende de fronteras ni de contextos concretos. Es una estructura compleja, que atraviesa territorios y se adapta a ellos.

En este entramado, el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resulta imprescindible. No solo en la detección, también en la protección. Generar confianza es clave. Hacer entender que denunciar no significa quedar desprotegida, sino activar un sistema que, precisamente, busca lo contrario: proteger, acompañar, sostener. Pero no todo depende de las instituciones.

La campaña señala también hacia la ciudadanía. Hacia esa mirada que muchas veces pasa de largo, que no se detiene, que prefiere no ver. Y, sin embargo, ver puede marcar la diferencia. Detectar una situación, sospechar, preguntar, informarse. Pequeños gestos que pueden contribuir a romper el silencio que rodea a la trata. Quizá lo más valioso de esta iniciativa sea su forma de contar. No recurre al impacto fácil, no busca el golpe emocional inmediato. Prefiere la empatía, la cercanía, la reflexión. Invita a cuestionar lo que parecía asumido, a revisar lo que se daba por normal. A entender que, detrás de muchas realidades que parecen voluntarias, puede existir una estructura de explotación profundamente arraigada.

En un tiempo en el que las cifras crecen y la capacidad de respuesta también lo hace, esta campaña representa algo más que una acción puntual. Es un paso. Uno necesario. Pero también es un recordatorio de todo lo que aún queda por recorrer. Porque la lucha contra la trata no se libra solo en grandes operaciones o en titulares. Se libra también en lo cotidiano, en la mirada, en la conciencia colectiva. Y, sobre todo, en la capacidad de no mirar hacia otro lado. Porque cada historia importa. Y porque recordarlo —de verdad— puede ser el comienzo de todo.

En marzo de 2018, los entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se reunieron en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, para consensuar medidas y visibilizar la preocupación existente en ambas administraciones por el crecimiento del narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Entre otras medidas, ese día, un 20 de marzo, Zoido anunció un real decreto para prohibir las conocidas como «narcolanchas». Su aprobación se materializó durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura contra Rajoy: el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptaban determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas.

Ocho años después, la situación ha empeorado cuantitativamente y cualitativamente. Ya no es una circunstancia localizada en el Campo de Gibraltar sino que se extiende por toda Andalucía, tanto por el litoral como por el río Guadalquivir.

La Guardia Civil informó ayer que agentes del cuerpo detuvieron durante la madrugada a una persona tras un tiroteo contra varios agentes por parte de unos narcotraficantes al ser sorprendidos cuando cargaban un alijo de 1.120 kilos de hachís en 56 fardos que se había descargado en la ría de Punta Umbría, en la provincia de Huelva. Previamente, se avistó una embarcación semirrígida a 14,8 kilómetros del municipio.

En ese momento se estableció un dispositivo operativo con agentes de diferentes especialidades por tierra y por mar para la interceptación de la misma en la ría de Punta Umbría, donde se encontraba una furgoneta, un turismo y varias personas para realizar la descarga de la droga.

Fueron localizados tras abandonar el lugar, momento en el que los ocupantes abrieron fuego con armas largas contra los agentes, quienes respondieron a la agresión, sin que resultara herido ningún componente del cuerpo.

Seguidamente los autores huyeron a pie del lugar y los agentes detuvieron a una persona. Conocidos los hechos, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) lamentó la «situación que está soportando Huelva» como «consecuencia de la expansión del narcotráfico».

El problema es que no es solo Huelva. Las mismas advertencias vienen desde la provincia de Almería, la Costa Tropical de Granada, la Costa del Sol en Málaga, zonas costeras en Cádiz y desde municipios cercanos al cauce del río Guadalquivir.

Jucil advirtió de que estos hechos «no son un episodio aislado ni fruto de la casualidad, sino la consecuencia directa de años de falta de inversión en medios materiales, escasez de personal y ausencia de una respuesta contundente frente al avance del narcotráfico».

«Hoy estamos hablando de impactos de bala en un vehículo oficial pero es cuestión de tiempo que tengamos que volver a hacerlo si no se frena la expansión de esta lacra», advirtió la asociación.

El decreto que prohibe las narcolanchas de 2018 no ha servido para frenar la expansión del narcotráfico. Tampoco la nueva norma que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para castigar la actividad del transporte de gasolina, conocida en el argot del narcotráfico como petaqueo. El Ministerio del Interior ha anunciado la instalación de barreras móviles en el Guadalquivir para impedir la entrada de narcolanchas, pero los agentes advierten que sin la declaración de Zona de Especial Singularidad, un refuerzo real de efectivos, mayor protección jurídica y dotación de medios idóneos, la iniciativa será «un mero parche». Ocho años después, la situación va a peor.