La Fiscalía General del Estado (FGE) ha negado que el exfiscal Álvaro García Ortiz diera instrucciones sobre la denuncia contra la jueza del "caso David Sánchez", Beatriz Biedma, que interpuso el exjuez Luis José Sáenz de Tejada. En un comunicado, la institución ha asegurado que recibió el 21 de octubre de 2024 una denuncia presentada contra cuatro jueces y un abogado de Badajoz, pero que el escrito fue inicialmente archivado por defectos formales al haberse presentado al amparo de una normativa destinada a canalizar denuncias internas sobre posibles infracciones cometidas por miembros de la carrera fiscal.

Hay que recordar que, tal y como ha contado este periódico, que las citas de la exmilitante socialista Leire Díez con la FGE coinciden con el intento de Sáenz de Tejada de personarse como acusación en la causa por tráfico de influencias que instruía la magistrada Beatriz Biedma contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a cuenta de su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz.

En la denuncia se invocaba una normativa que prevé un canal interno para denunciar posibles infracciones de miembros de la carrera fiscal por parte de otros fiscales. En este caso, según explica la FGE, ni el denunciante ni los denunciados eran fiscales. La denuncia fue archivada por la Secretaría Técnica de la FGE por defectos formales. "El archivo y su motivación se notificó al denunciante", añaden.

"Ante ello, el denunciante dirigió una queja por burofax al Fiscal General del Estado quien, a su vez, siguiendo el trámite establecido y habitual, la remitió a la Secretaría Técnica de la FGE para que le diese el curso oportuno. En el burofax se solicitaba que se tramitara la denuncia en la forma que se considerase adecuada, independientemente de la normativa que el denunciante alegó en su primer escrito", apuntan.

La Secretaría Técnica de la FGE, cuyos dos miembros se reunieron con Leire Díez, optó entonces por remitir la denuncia el 29 de noviembre de 2024 a la Fiscalía territorialmente competente, que era la Fiscalía de la Comunidad autónoma de Extremadura, puesto que en la FGE no se realiza ningún tipo de actuación procesal.

Eso sí, aseguran con contundencia que, la FGE no dio ningún tipo de directriz a la Fiscalía competente sobre cómo proceder.

Las citas de la exmilitante socialista y el letrado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, con miembros de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la sede de la institución acerca la posibilidad de que el magistrado Santiago Pedraz acuerde nuevas declaraciones. Sobre todo, las comparecencias en calidad de testigos que empiezan a perfilarse como un escenario difícilmente evitable son las del entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica y actual fiscal del Tribunal Supremo Diego Villafañe y la de la ahora fiscal de la Audiencia Nacional Beatriz López Pesquera, que fueron quienes se reunieron con ambos y quienes también reportaron al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz el contenido de las citas.

Fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN aseguran que, por ahora, no se plantea la opción de citar a estos miembros de la Fiscalía a declarar como testigos. Hay que tener en cuenta que la ronda de comparecencias en el marco de estas diligencias comienza el próximo día 26 de junio y no termina hasta el 14 de julio con la declaración en calidad de investigada de la letrada Leticia de la Hoz –que ejerce el derecho de la defensa de Koldo García–. Sin embargo, otras fuentes consultadas de Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en los principales casos de corrupción que cercan al PSOE, han confirmado a este periódico que solicitarán al Partido Popular –que lidera la acusación popular– que se presente un escrito solicitando la testifical de Villafañe, López Pesquera e incluso García Ortiz.

El criterio de la acusación popular coincide con lo solicitado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ve pertinente la testifical de estos miembros de la carrera fiscal en aras de un ejercicio de «transparencia» y de conocer la verdad «oculta» que aún impera en la realidad de esos encuentros. De hecho, los fiscales tienen aún muchos interrogantes que resolver: cuál fue el motivo de dichas reuniones, qué objetivo perseguían y por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción sobre su contenido.

APIF ve necesario que testifiquen

Esta organización explicó ayer en un duro comunicado que veía insuficientes las explicaciones dadas por la Fiscalía General para justificar sus citas con Leire Díez y que esta secuencia de hechos apuntaban «indiciariamente a una posible cooperación» de la Fiscalía General «para apoyar las estrategias de influencias, corrupción y falsedad de los citados investigados en perjuicio del servicio a la Administración de Justicia y del impulso de determinadas causas judiciales».

En líneas generales, los fiscales tanto de esta organización como aquellos agrupados bajo el paraguas de la mayoritaria Asociación de Fiscales han arremetido contra la institución porque, a su juicio, estas citas acumulan demasiadas anomalías para ser consideradas un trámite ordinario. Para ellos, esta secuencia de hechos resulta difícil de explicar por varios motivos. Primero, porque es «anómalo» que se reciba a dos «particulares» en la sede de la institución. Segundo, porque estos intentan poner unas denuncias supuestamente carentes de fundamento, pero cuya información se pone en conocimiento del fiscal general del Estado. Y, tercero, porque no consta expediente ni registro administrativo alguno de aquellas visitas que ya definen sin «amparo legal». «Es precisamente esa concatenación de circunstancias lo que provoca extrañeza», señalan.

«La Fiscalía es una institución básica en un Estado de Derecho y, por tanto, no solo debe funcionar de manera independiente, sino que, además, debe parecerlo. Estos comportamientos nos alejan seriamente de esa apariencia de neutralidad política y de independencia», han añadido.

Las anotaciones de la agenda de Leire Díez en febrero de 2025 y las dos reuniones reconocidas por la Fiscalía con la conocida como «fontanera del PSOE» y el abogado Jacobo Teijelo en marzo y abril de ese mismo año coinciden con fechas clave de la ofensiva de las «cloacas» socialistas para intentar despeñar la investigación judicial al hermano de Pedro Sánchez.

Leire Díez anotó en su agenda del día 19 de febrero de 2025 «Reunión FGE». Según ha podido constatar este periódico, ese mismo día el exjuez Luis José Sáenz de Tejada intentó personarse como acusación en la causa por tráfico de influencias que instruía la magistrada Beatriz Biedma contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a cuenta de su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz.

Además, Leire Díez y Teijelo se vieron con el entonces número dos de Álvaro García Ortiz, el jefe de la Secretaría Técnica Diego Villafañe y con la fiscal Beatriz López Pesquera el 6 de marzo de ese mismo año –según ha admitido la Fiscalía General del Estado–, tan solo 24 horas después de que la instructora del «caso David Sánchez», Beatriz Biedma, denegase al exmagistrado la posibilidad de personarse en el procedimiento.

Esta es una de las causas, según la investigación que lidera el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que las «cloacas del PSOE» tenían en el punto de mira para intentar desactivarlas (como la de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez). Y según ha puesto ya de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) en sus informes, la presunta trama criminal a cuyo frente Pedraz sitúa a Santos Cerdán, se habría servido especialmente de Sáenz de Tejada para articular «diversas vías» con el objetivo de «desestabilizar» el proceso judicial en el que estaba siendo investigado David Sánchez (que acaba de ser juzgado por la Audiencia de Badajoz).

La personación del exjuez

La primera ofensiva, precisamente, pasaba porque el exmagistrado –apartado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia de género– se personase como acusación particular «para producir una parálisis en el procedimiento» –esgrimiendo, como efectivamente hizo, un auto de la Audiencia de Badajoz de 2015 en el que sustenta esa «enemistad manifiesta» de Biedma hacia su persona)–.

En esa resolución de 5 de junio de 2015, la Sala estimó por «mera prudencia» la recusación planteada por el exmagistrado al considerar que el hecho de que Biedma se hubiera reservado la posibilidad de ejercer acciones legales contra Sáenz de Tejada por comentarios que la propia Audiencia Provincial de Badajoz calificó como «intolerables», «irrespetuosos» y «al margen de su estricto derecho de defensa» podía comprometer su «apariencia de imparcialidad».

Una vez asegurada su presencia en el procedimiento (a la que la fiscal del caso se opuso), el objetivo era poner sobre la mesa esa «enemistad manifiesta» para apartar a Biedma de la causa.

Y es precisamente ese día en que se formaliza la petición de ser parte del procedimiento como acusación cuando Leire Díez anota en su agenda: «Reunión FGE».

«Vía» clave contra Biedma

Si esa reunión se produjo o no es una incógnita, pues la Fiscalía solo reconoce dos reuniones con la «fontanera del PSOE» y el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, a quien Ferraz pagó al menos 125.000 euros por trabajos de asesoría jurídica de los que la Unidad Central Operativa (UCO) sospecha, pues considera que la presunta trama recurrió a «facturas mendaces» del PSOE para enmascarar los pagos a las «cloacas». Pero solo una de esas reuniones tiene fecha, el 6 de marzo del pasado año, dado que la otra la sitúa entre finales de marzo y principios de abril de ese mismo año.

En todo caso, como se ha apuntado, esa reunión reconocida por la Fiscalía General del Estado el 6 de marzo de 2025 también está vinculada estrechamente con el «caso David Sánchez» y los intentos de la presunta trama de desestabilizarlo. No en balde, 24 horas antes, el 5 de marzo, Biedma había rechazado la personación del exjuez Sáenz de Tejada, con lo que esa primera «vía» de las «cloacas» para poner patas arriba la investigación judicial al hermano de Pedro Sánchez estaba condenada al fracaso salvo que la Audiencia de Badajoz diese la razón al exmagistrado (algo que no hizo).

La recusación de Biedma

De la segunda reunión de dos de los supuestos puntales de la «trama» con el círculo más próximo a García Ortiz no se conoce la fecha, pero la Fiscalía General del Estado la sitúa entre finales de marzo y principios de abril, cuando todavía estaba abierta esa ofensiva contra Biedma para intentar echar por tierra la investigación judicial a David Sánchez.

Es en esas fechas cuando, por ejemplo, se estaba sustanciando la recusación de Biedma por parte de Sáenz de Tejada (la presentó el 19 de marzo) o, incluso, el intento de personación (visto que la vía del exjuez no prosperaba) de la hermana de Sáenz de Tejada, a quien Biedma fijó una fianza de 10.000 euros.