En cuestión de una semana he recibido dos malas noticias que afectan a dos amigos muy queridos: a ambos les han diagnosticado cáncer. Ninguno de los dos tiene antecedentes directos en sus familias y tampoco se les conocen malos hábitos –que hayan trascendido–, por lo que todo apunta a que debe haber algún motivo exógeno. Ambos trabajan en la industria química y a mí se me han encendido todas las alarmas. Los datos conocidos recientemente deberían provocar una profunda reflexión entre las administraciones públicas, las empresas y la sociedad en su conjunto. El cáncer es ya la principal causa de mortalidad relacionada con el trabajo en la Unión Europea, responsable de más de la mitad de las muertes de origen laboral y de cerca de 80.000 fallecimientos cada año. Sin embargo, pese a la magnitud del problema, sigue siendo una enfermedad insuficientemente reconocida y, en demasiadas ocasiones, invisible para las estadísticas oficiales. La situación en España resulta especialmente preocupante. Mientras las estimaciones científicas apuntan a unos 8.000 casos anuales de cáncer laboral, durante 2025 apenas se notificaron 105 casos como enfermedad profesional. Esta enorme diferencia evidencia que existe un grave problema de infradiagnóstico e infradeclaración que impide conocer la verdadera dimensión del fenómeno y limita los derechos de las personas afectadas. Ante esta realidad, resulta urgente revisar las normativas laborales y sanitarias relacionadas con las enfermedades profesionales. Es necesario actualizar los sistemas de vigilancia, mejorar los mecanismos de detección temprana, reforzar las inspecciones y ampliar el reconocimiento de patologías vinculadas a exposiciones laborales. Asimismo, debe fortalecerse la prevención mediante controles más rigurosos y una mayor protección frente a los agentes cancerígenos presentes en los lugares de trabajo. La salud no debe ser una estadística, sino una prioridad.