La Fiscalía General del Estado (FGE) ha negado que el exfiscal Álvaro García Ortiz diera instrucciones sobre la denuncia contra la jueza del "caso David Sánchez", Beatriz Biedma, que interpuso el exjuez Luis José Sáenz de Tejada. En un comunicado, la institución ha asegurado que recibió el 21 de octubre de 2024 una denuncia presentada contra cuatro jueces y un abogado de Badajoz, pero que el escrito fue inicialmente archivado por defectos formales al haberse presentado al amparo de una normativa destinada a canalizar denuncias internas sobre posibles infracciones cometidas por miembros de la carrera fiscal.

Hay que recordar que, tal y como ha contado este periódico, que las citas de la exmilitante socialista Leire Díez con la FGE coinciden con el intento de Sáenz de Tejada de personarse como acusación en la causa por tráfico de influencias que instruía la magistrada Beatriz Biedma contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a cuenta de su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz.

En la denuncia se invocaba una normativa que prevé un canal interno para denunciar posibles infracciones de miembros de la carrera fiscal por parte de otros fiscales. En este caso, según explica la FGE, ni el denunciante ni los denunciados eran fiscales. La denuncia fue archivada por la Secretaría Técnica de la FGE por defectos formales. "El archivo y su motivación se notificó al denunciante", añaden.

"Ante ello, el denunciante dirigió una queja por burofax al Fiscal General del Estado quien, a su vez, siguiendo el trámite establecido y habitual, la remitió a la Secretaría Técnica de la FGE para que le diese el curso oportuno. En el burofax se solicitaba que se tramitara la denuncia en la forma que se considerase adecuada, independientemente de la normativa que el denunciante alegó en su primer escrito", apuntan.

La Secretaría Técnica de la FGE, cuyos dos miembros se reunieron con Leire Díez, optó entonces por remitir la denuncia el 29 de noviembre de 2024 a la Fiscalía territorialmente competente, que era la Fiscalía de la Comunidad autónoma de Extremadura, puesto que en la FGE no se realiza ningún tipo de actuación procesal.

Eso sí, aseguran con contundencia que, la FGE no dio ningún tipo de directriz a la Fiscalía competente sobre cómo proceder.

Los fiscales han alzado la voz en contra de las explicaciones que ha ofrecido la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a las dos reuniones de la exmilitante socialista Leire Díez en la sede institucional. Este jueves la Asociación de Fiscales (AF) expresaba en un comunicado su desconcierto ante el hecho de que dos "particulares" -Leire Díez y el letrado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo- se reunieran y dieran cuenta del contenido al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ahora, a sus reproches se ha sumado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ha emitido otro duro comunicado en el que ha expresado su "preocupación" por las reuniones del entonces Teniente de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, y miembros de las ya denominadas "cloacas" del PSOE.

La organización considera que estos encuentros generan serias dudas sobre la independencia y la apariencia de neutralidad política de la institución fiscal. Más aún, que estas reuniones se conozcan cuando aún se están "recuperando de la situación vivida por el Ministerio Fiscal que tuvo que presenciar cómo su Jefe, el Fiscal General del Estado, sin dimitir de dicho cargo, tenía la condición de acusado y se sometía a un procedimiento penal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, finalmente, fue condenado por la comisión

de un delito en el ejercicio de su cargo".

En el documento, la Asociación recuerda que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado es el órgano encargado de asesorar al Fiscal General y de elaborar documentos doctrinales de obligado cumplimiento para todos los fiscales del país. Por ello, la asociación se pregunta cuál fue el motivo de dichas reuniones, qué objetivo perseguían y por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción sobre su contenido.

Para la organización, estos interrogantes "no han sido contestados por la FGE" y esto produce "una lógica intranquilidad porque tiñe a estas reuniones de fines espurios, de fines que no pueden explicarse porque no tienen amparo legal".

"La Fiscalía, el Ministerio Fiscal, es una institución básica en un Estado de Derecho y, por tanto, no sólo debe funcionar de manera independiente sino que además debe parecerlo. Estos comportamientos nos alejan seriamente de esa apariencia de neutralidad política y de independencia", aseguran.

En su comunicado, APIF sostiene que las informaciones conocidas sobre estos encuentros perjudican la credibilidad de la institución, profundizan el descrédito que afecta al Ministerio Fiscal, y va en contra de las manifestaciones de la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de "curar heridas" y "pasar página". Al contrario, dicen, "nos hunde aún más en un descrédito que no nos merecemos y, mucho menos, se merecen los ciudadanos".

Como medida inmediata, la asociación solicita a la Fiscalía General del Estado que ordene la apertura de diligencias de investigación para esclarecer los hechos. Asimismo, pide que se tome declaración a diversos fiscales que habrían tenido relación con los encuentros y con las circunstancias investigadas como son Álvaro Garcia Ortiz, Diego Villafañe y la fiscal de la Audiencia Nacional Beatriz López Pesquera.