Las maniobras de las presuntas «cloacas del PSOE» para articular «diversas vías» con el objetivo de «desestabilizar» los procedimientos judiciales que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez llegaron hasta en forma de denuncia ante el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Se trata de un escrito con el que se pretendía atacar a la magistrada Beatriz Biedma, que instruye las pesquisas contra el hermano del presidente del Gobierno, y, por ende, tratar de destruir el procedimiento.

En este sentido, y según ha puesto ya de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en sus informes, la presunta trama criminal a cuyo frente el magistrado Santiago Pedraz sitúa a Santos Cerdán, se habría servido especialmente del exjuez José Sáenz de Tejada –apartado de la carrera judicial por un caso de violencia de género contra su exmujer– para articular un ataque contra Biedma en forma de denuncia. A cambio, las cloacas le prometieron el reingreso en la judicatura.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico y redactado por Sáenz de Tejada, describe una «presunta organización criminal» en el poder judicial de Badajoz que habría actuado durante años de forma coordinada y con el amparo o la pasividad de distintas instituciones judiciales y fiscales. El exmagistrado, que remitió este escrito a Garcia Ortiz, solicitó la investigación de una supuesta trama de corrupción judicial en la provincia extemeña y cuestionó duramente la actuación de la propia Fiscalía General del Estado tras el rechazo inicial de su escrito.

Pero hay que ir por partes. La denuncia también recoge que siendo él (Sáenz de Tejada) magistrado, ya había denunciado esta trama de «corrupción en el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)» y que ello sería una de las causas por las que ha sido «gravemente represaliado durante años y a dia de hoy siguen las represalias para impedirme entre otras cosas que pueda solicitar mi reingreso en la carrera judicial».

La denuncia sitúa entre los señalados a varios magistrados y profesionales del Derecho de Badajoz, además de la jueza Biedma, a los que atribuye una actuación conjunta que, según su relato, habría perjudicado a ciudadanos y letrados que intentaron cuestionar determinadas decisiones judiciales.

El abogado sostiene que la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado el 21 de octubre de 2024 estaba firmada por abogado y procurador y contenía una relación de hechos que, a su juicio, justificaban la apertura de una investigación. Entre los delitos que menciona figuran organización criminal, prevaricación continuada, falsificación en documento público, coacciones, tráfico de influencias, revelación de secretos y represalias contra denunciantes, entre otros.

Las fechas de estas denuncias coinciden con los avances de la instrucción de Biedma, que admitió a trámite el escrito puesto por Manos Limpias en mayo de 2014 para investigar al hermano del presidente del Gobierno. La instrucción se prolongó durante once meses, hasta que a finales de abril la jueza emitió el auto que convertía la instrucción en procedimiento abreviado que dejaba al borde del banquillo a los once imputados y que finalmente han sido juzgados. El caso está visto para sentencia.

En cualquier caso, la denuncia interpuesta por Sáenz de Tejada buscaba ejecutar un ataque directo conta la magistrada Biedma, contra quien las «cloacas» desplegaron una campaña de acoso y derribo y una operación en su entorno más cercano destinada a la búsqueda de trapos sucios.

Hay, no obstante, otro detalle que llama la atención en el escrito del magistrado apartado de la carrera judicial: la respuesta que recibió posteriormente desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Según relata en la denuncia, la fiscal de Sala jefa de la Secretaría Técnica, Ana Isabel García León, contestó a la denuncia mediante un escrito en el que indicaba que los hechos comunicados debían canalizarse a través de un canal facilitado en la carrera judicial para denunciar conductas ilícitas de algunos miembros de la judicatura. Asimismo, señalaba que el Ministerio Fiscal carecía de competencia para iniciar una investigación en ese ámbito concreto.

Esa contestación provocó una reacción inmediata del denunciante. En el nuevo escrito remitido directamente al fiscal general, Sáenz de Tejada califica la respuesta de la Secretaría Técnica como una actuación «insólita e ilegal» y sostiene que la Fiscalía sí dispone de capacidad para impulsar las investigaciones derivadas de una denuncia penal.

Con todo, los agentes de la UCO explican también que Leire Díez fue quien instruyó al exmagistrado condenado para que remitiese la denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la jueza Biedma, «porque ella consideraba que tenía control sobre la citada institución, y que allí le estarían esperando». «Que se remitieron al menos dos denuncias: una primera que no prosperó, y una segunda que no puede precisar con exactitud si salió adelante», refleja el informe.

En paralelo, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha negado que el exfiscal Álvaro García Ortiz diera instrucciones sobre la denuncia contra la jueza del «caso David Sánchez». Pero hay que recordar que las citas de la exmilitante socialista Leire Díez con la FGE coinciden con el intento de Sáenz de Tejada de personarse como acusación en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ha negado que el exfiscal Álvaro García Ortiz diera instrucciones sobre la denuncia contra la jueza del "caso David Sánchez", Beatriz Biedma, que interpuso el exjuez Luis José Sáenz de Tejada. En un comunicado, la institución ha asegurado que recibió el 21 de octubre de 2024 una denuncia presentada contra cuatro jueces y un abogado de Badajoz, pero que el escrito fue inicialmente archivado por defectos formales al haberse presentado al amparo de una normativa destinada a canalizar denuncias internas sobre posibles infracciones cometidas por miembros de la carrera fiscal.

Hay que recordar que, tal y como ha contado este periódico, que las citas de la exmilitante socialista Leire Díez con la FGE coinciden con el intento de Sáenz de Tejada de personarse como acusación en la causa por tráfico de influencias que instruía la magistrada Beatriz Biedma contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a cuenta de su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz.

En la denuncia se invocaba una normativa que prevé un canal interno para denunciar posibles infracciones de miembros de la carrera fiscal por parte de otros fiscales. En este caso, según explica la FGE, ni el denunciante ni los denunciados eran fiscales. La denuncia fue archivada por la Secretaría Técnica de la FGE por defectos formales. "El archivo y su motivación se notificó al denunciante", añaden.

"Ante ello, el denunciante dirigió una queja por burofax al Fiscal General del Estado quien, a su vez, siguiendo el trámite establecido y habitual, la remitió a la Secretaría Técnica de la FGE para que le diese el curso oportuno. En el burofax se solicitaba que se tramitara la denuncia en la forma que se considerase adecuada, independientemente de la normativa que el denunciante alegó en su primer escrito", apuntan.

La Secretaría Técnica de la FGE, cuyos dos miembros se reunieron con Leire Díez, optó entonces por remitir la denuncia el 29 de noviembre de 2024 a la Fiscalía territorialmente competente, que era la Fiscalía de la Comunidad autónoma de Extremadura, puesto que en la FGE no se realiza ningún tipo de actuación procesal.

Eso sí, aseguran con contundencia que, la FGE no dio ningún tipo de directriz a la Fiscalía competente sobre cómo proceder.

Las citas de la exmilitante socialista y el letrado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, con miembros de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la sede de la institución acerca la posibilidad de que el magistrado Santiago Pedraz acuerde nuevas declaraciones. Sobre todo, las comparecencias en calidad de testigos que empiezan a perfilarse como un escenario difícilmente evitable son las del entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica y actual fiscal del Tribunal Supremo Diego Villafañe y la de la ahora fiscal de la Audiencia Nacional Beatriz López Pesquera, que fueron quienes se reunieron con ambos y quienes también reportaron al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz el contenido de las citas.

Fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN aseguran que, por ahora, no se plantea la opción de citar a estos miembros de la Fiscalía a declarar como testigos. Hay que tener en cuenta que la ronda de comparecencias en el marco de estas diligencias comienza el próximo día 26 de junio y no termina hasta el 14 de julio con la declaración en calidad de investigada de la letrada Leticia de la Hoz –que ejerce el derecho de la defensa de Koldo García–. Sin embargo, otras fuentes consultadas de Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en los principales casos de corrupción que cercan al PSOE, han confirmado a este periódico que solicitarán al Partido Popular –que lidera la acusación popular– que se presente un escrito solicitando la testifical de Villafañe, López Pesquera e incluso García Ortiz.

El criterio de la acusación popular coincide con lo solicitado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ve pertinente la testifical de estos miembros de la carrera fiscal en aras de un ejercicio de «transparencia» y de conocer la verdad «oculta» que aún impera en la realidad de esos encuentros. De hecho, los fiscales tienen aún muchos interrogantes que resolver: cuál fue el motivo de dichas reuniones, qué objetivo perseguían y por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción sobre su contenido.

APIF ve necesario que testifiquen

Esta organización explicó ayer en un duro comunicado que veía insuficientes las explicaciones dadas por la Fiscalía General para justificar sus citas con Leire Díez y que esta secuencia de hechos apuntaban «indiciariamente a una posible cooperación» de la Fiscalía General «para apoyar las estrategias de influencias, corrupción y falsedad de los citados investigados en perjuicio del servicio a la Administración de Justicia y del impulso de determinadas causas judiciales».

En líneas generales, los fiscales tanto de esta organización como aquellos agrupados bajo el paraguas de la mayoritaria Asociación de Fiscales han arremetido contra la institución porque, a su juicio, estas citas acumulan demasiadas anomalías para ser consideradas un trámite ordinario. Para ellos, esta secuencia de hechos resulta difícil de explicar por varios motivos. Primero, porque es «anómalo» que se reciba a dos «particulares» en la sede de la institución. Segundo, porque estos intentan poner unas denuncias supuestamente carentes de fundamento, pero cuya información se pone en conocimiento del fiscal general del Estado. Y, tercero, porque no consta expediente ni registro administrativo alguno de aquellas visitas que ya definen sin «amparo legal». «Es precisamente esa concatenación de circunstancias lo que provoca extrañeza», señalan.

«La Fiscalía es una institución básica en un Estado de Derecho y, por tanto, no solo debe funcionar de manera independiente, sino que, además, debe parecerlo. Estos comportamientos nos alejan seriamente de esa apariencia de neutralidad política y de independencia», han añadido.

Las anotaciones de la agenda de Leire Díez en febrero de 2025 y las dos reuniones reconocidas por la Fiscalía con la conocida como «fontanera del PSOE» y el abogado Jacobo Teijelo en marzo y abril de ese mismo año coinciden con fechas clave de la ofensiva de las «cloacas» socialistas para intentar despeñar la investigación judicial al hermano de Pedro Sánchez.

Leire Díez anotó en su agenda del día 19 de febrero de 2025 «Reunión FGE». Según ha podido constatar este periódico, ese mismo día el exjuez Luis José Sáenz de Tejada intentó personarse como acusación en la causa por tráfico de influencias que instruía la magistrada Beatriz Biedma contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a cuenta de su supuesto enchufe en la Diputación de Badajoz.

Además, Leire Díez y Teijelo se vieron con el entonces número dos de Álvaro García Ortiz, el jefe de la Secretaría Técnica Diego Villafañe y con la fiscal Beatriz López Pesquera el 6 de marzo de ese mismo año –según ha admitido la Fiscalía General del Estado–, tan solo 24 horas después de que la instructora del «caso David Sánchez», Beatriz Biedma, denegase al exmagistrado la posibilidad de personarse en el procedimiento.

Esta es una de las causas, según la investigación que lidera el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que las «cloacas del PSOE» tenían en el punto de mira para intentar desactivarlas (como la de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez). Y según ha puesto ya de manifiesto la Unidad Central Operativa (UCO) en sus informes, la presunta trama criminal a cuyo frente Pedraz sitúa a Santos Cerdán, se habría servido especialmente de Sáenz de Tejada para articular «diversas vías» con el objetivo de «desestabilizar» el proceso judicial en el que estaba siendo investigado David Sánchez (que acaba de ser juzgado por la Audiencia de Badajoz).

La personación del exjuez

La primera ofensiva, precisamente, pasaba porque el exmagistrado –apartado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia de género– se personase como acusación particular «para producir una parálisis en el procedimiento» –esgrimiendo, como efectivamente hizo, un auto de la Audiencia de Badajoz de 2015 en el que sustenta esa «enemistad manifiesta» de Biedma hacia su persona)–.

En esa resolución de 5 de junio de 2015, la Sala estimó por «mera prudencia» la recusación planteada por el exmagistrado al considerar que el hecho de que Biedma se hubiera reservado la posibilidad de ejercer acciones legales contra Sáenz de Tejada por comentarios que la propia Audiencia Provincial de Badajoz calificó como «intolerables», «irrespetuosos» y «al margen de su estricto derecho de defensa» podía comprometer su «apariencia de imparcialidad».

Una vez asegurada su presencia en el procedimiento (a la que la fiscal del caso se opuso), el objetivo era poner sobre la mesa esa «enemistad manifiesta» para apartar a Biedma de la causa.

Y es precisamente ese día en que se formaliza la petición de ser parte del procedimiento como acusación cuando Leire Díez anota en su agenda: «Reunión FGE».

«Vía» clave contra Biedma

Si esa reunión se produjo o no es una incógnita, pues la Fiscalía solo reconoce dos reuniones con la «fontanera del PSOE» y el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, a quien Ferraz pagó al menos 125.000 euros por trabajos de asesoría jurídica de los que la Unidad Central Operativa (UCO) sospecha, pues considera que la presunta trama recurrió a «facturas mendaces» del PSOE para enmascarar los pagos a las «cloacas». Pero solo una de esas reuniones tiene fecha, el 6 de marzo del pasado año, dado que la otra la sitúa entre finales de marzo y principios de abril de ese mismo año.

En todo caso, como se ha apuntado, esa reunión reconocida por la Fiscalía General del Estado el 6 de marzo de 2025 también está vinculada estrechamente con el «caso David Sánchez» y los intentos de la presunta trama de desestabilizarlo. No en balde, 24 horas antes, el 5 de marzo, Biedma había rechazado la personación del exjuez Sáenz de Tejada, con lo que esa primera «vía» de las «cloacas» para poner patas arriba la investigación judicial al hermano de Pedro Sánchez estaba condenada al fracaso salvo que la Audiencia de Badajoz diese la razón al exmagistrado (algo que no hizo).

La recusación de Biedma

De la segunda reunión de dos de los supuestos puntales de la «trama» con el círculo más próximo a García Ortiz no se conoce la fecha, pero la Fiscalía General del Estado la sitúa entre finales de marzo y principios de abril, cuando todavía estaba abierta esa ofensiva contra Biedma para intentar echar por tierra la investigación judicial a David Sánchez.

Es en esas fechas cuando, por ejemplo, se estaba sustanciando la recusación de Biedma por parte de Sáenz de Tejada (la presentó el 19 de marzo) o, incluso, el intento de personación (visto que la vía del exjuez no prosperaba) de la hermana de Sáenz de Tejada, a quien Biedma fijó una fianza de 10.000 euros.

Los fiscales han alzado la voz en contra de las explicaciones que ha ofrecido la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a las dos reuniones de la exmilitante socialista Leire Díez en la sede institucional. Este jueves la Asociación de Fiscales (AF) expresaba en un comunicado su desconcierto ante el hecho de que dos "particulares" -Leire Díez y el letrado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo- se reunieran y dieran cuenta del contenido al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ahora, a sus reproches se ha sumado la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ha emitido otro duro comunicado en el que ha expresado su "preocupación" por las reuniones del entonces Teniente de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, y miembros de las ya denominadas "cloacas" del PSOE.

La organización considera que estos encuentros generan serias dudas sobre la independencia y la apariencia de neutralidad política de la institución fiscal. Más aún, que estas reuniones se conozcan cuando aún se están "recuperando de la situación vivida por el Ministerio Fiscal que tuvo que presenciar cómo su Jefe, el Fiscal General del Estado, sin dimitir de dicho cargo, tenía la condición de acusado y se sometía a un procedimiento penal en la Sala Segunda del Tribunal Supremo y, finalmente, fue condenado por la comisión

de un delito en el ejercicio de su cargo".

En el documento, la Asociación recuerda que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado es el órgano encargado de asesorar al Fiscal General y de elaborar documentos doctrinales de obligado cumplimiento para todos los fiscales del país. Por ello, la asociación se pregunta cuál fue el motivo de dichas reuniones, qué objetivo perseguían y por qué no se informó a la Fiscalía Anticorrupción sobre su contenido.

Para la organización, estos interrogantes "no han sido contestados por la FGE" y esto produce "una lógica intranquilidad porque tiñe a estas reuniones de fines espurios, de fines que no pueden explicarse porque no tienen amparo legal".

"La Fiscalía, el Ministerio Fiscal, es una institución básica en un Estado de Derecho y, por tanto, no sólo debe funcionar de manera independiente sino que además debe parecerlo. Estos comportamientos nos alejan seriamente de esa apariencia de neutralidad política y de independencia", aseguran.

En su comunicado, APIF sostiene que las informaciones conocidas sobre estos encuentros perjudican la credibilidad de la institución, profundizan el descrédito que afecta al Ministerio Fiscal, y va en contra de las manifestaciones de la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato, de "curar heridas" y "pasar página". Al contrario, dicen, "nos hunde aún más en un descrédito que no nos merecemos y, mucho menos, se merecen los ciudadanos".

Como medida inmediata, la asociación solicita a la Fiscalía General del Estado que ordene la apertura de diligencias de investigación para esclarecer los hechos. Asimismo, pide que se tome declaración a diversos fiscales que habrían tenido relación con los encuentros y con las circunstancias investigadas como son Álvaro Garcia Ortiz, Diego Villafañe y la fiscal de la Audiencia Nacional Beatriz López Pesquera.

El «caso Leire Díez» ha consolidado las dudas sobre la financiación ilegal y la «caja B» del PSOE. Ya adelantábamos en este periódico la semana pasada que el levantamiento del secreto de sumario del «caso SEPI, del que deriva el «caso cloacas», preveía ser un nuevo clavo judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez. Porque, si por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha conocido que el partido del Ejecutivo financió parte de la actividad orquestada para desestabilizar las causas judiciales que le cercan, se podría dar veracidad –a la espera de que se pronuncie la Justicia– a las pruebas que el comisionista Víctor de Aldama aportó en la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación irregular de la formación.

La mayor parte de los comportamientos delictivos que el empresario ha ido señalando han terminado por tener un respaldo policial y jurídico. El comisionista entregó al juez instructor del «caso Koldo» –el magistrado Ismael Moreno– y a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de marzo el «famoso» sobre que le había supuestamente dado la entonces vicepresidenta ejecutiva de Venezuela Delcy Rodríguez con el membrete de PDVSA, la empresa estatal de petróleo venezolana, y que probaría,a juicio del empresario, una presunta «caja B» del Partido Socialista. Según explicó Aldama, el contenido del sobre solo es un único documento relativo a un cupo de petróleo que tendría que correspondería con el relato del empresario sobre aportaciones a Ferraz y la Internacional Socialista.

Pero esta no es la única referencia que el comisionista de la trama ha hecho respecto a la posible existencia de una «caja B» del PSOE. En su declaración ante el Tribunal Supremo, el pasado mes de abril, Aldama señaló que el exasesor ministerial Koldo García le pedía que consiguiera «donaciones» de constructoras para la «financiación del partido».

Al hilo de esto, cabe no olvidar que le exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán está imputado por el presunto amaño de obras públicas, a cambio de «mordidas».

En esa misma comparecencia ante el alto tribunal, el comisionista llegó a desmenuzar la cantidad exacta que el partido del Gobierno habría ingresado a su caja contable con las comisiones que la «trama mascarillas» habría entregado: un total de 1,8 millones de euros.

Todas aquellas declaraciones del empresario cogen ahora más forma después de conocer que la trama de las «cloacas» encabezada por Cerdán, Díez, y otros tantos miembros, se valía de la logística del PSOE para poner en marcha su actividad presuntamente delictiva. En concreto, entre los pagos que están bajo sospecha tras los registros efectuados por la UCO en la sede de Ferraz y en otros puntos de interés estarían los 4.000 euros mensuales que la exmilitante Díez habría cobrado por tratar de destruir «cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno».

Se trata de unos montos de dinero que la «fontanera» habría recibido a través de la consultora del exvicepresidente socialista de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y de sociedades ligadas al letrado Ismael Oliver Romero. Para ello, contaban con el beneplácito de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, también imputada en el procedimiento, que se encargaba de emitir órdenes de encargo sobre las que elaboraba «mendaces facturas» para permitir la transferencia de fondos a Leire Díez.

Otro de los pagos que está bajo el foco de los investigadores es el que la trama destinó a un medio de comunicación vinculado con los miembros de la presunta organización criminal en el marco de una campaña de publicidad de las elecciones europeas del año 2024.

En el sumario del caso se expone que, poco después de la primera reunión de las «cloacas» en Ferraz en abril de 2024, el partido hizo llegar a Crónica Libre una cuantía cercana a los 20.000 euros y que fue supuestamente Ion Antolín, entonces jefe de prensa del PSOE, el encargado de gestionar esta operación.

Este periódico adelantó también la semana pasada que hubo una persona ajena a los miembros de la considerada como organización criminal que les avisó de que ese pago sería «ilegal». Tanto es así, que llegó a aconsejarles que declararan ese pago a Hacienda para no tener «líos».

Hay, no obstante, otra cantidad de dinero en el punto de mira. Según las indagaciones realizadas por la UCO, el letrado que ejerce la defensa de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, cobró del PSOE «al menos, 125.000 euros» hasta que el exsecretario de Organización fue imputado en una pieza del «caso Koldo», en junio de 2025.

Mientras, el abogado, según pudo saber este periódico, sostiene que ofreció asesoría jurídica a la formación socialista de manera completamente legal y de una forma que está correctamente documentada, pero la UCO apunta a que los pagos «quedaron amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz, cuya confección no habría resultado posible sin la confección de una nota de encargo por Díez a través de Cerdán y rubricada en última instancia por Fuentes, en calidad de directa gerente federal del PSOE».

Por otro lado, hay que tener en cuenta también la declaración en sede judicial de una empresaria imputada en el «caso hidrocarburos», Carmen Pano, que aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo en bolsas de plástico a la sede del Partido Socialista.

En línea con este testimonio, el sumario del «caso Leire» también ha revelado que supuestamente la abogada Leticia de la Hoz, que ejerce la dirección letrada de Koldo García, le ofreció 50.000 euros a cambio de que ésta cambiase su declaración en sede judicial. Esta última cantidad no se sabe si hubiese procedido o no de los fondos de la formación, pero está, en cualquier caso, bajo sospecha de los investigadores, aunque la letrada haya negado este ofrecimiento.

No es de extrañar, por tanto, que el magistrado del procedimiento, Santiago Pedraz, haya accedido a una petición de los agentes para ejecutar una radiografía completa de las cuentas bancarias del partido en los ejercicios 2024 y 2025.

Además, ha solicitado un informe exhaustivo al Ministerio de Hacienda sobre el estado y los movimientos de los productos bancarios del Partido Socialista y de empresas y particulares presuntamente implicados.

El reconocimiento por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de que dos de sus máximos responsables se reunieron en dos ocasiones en marzo del año pasado con la exmilitante socialista Leire Díez y el letrado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, ha caído como una piedra en una parte de la carrera fiscal. Entre el «desconcierto» y la «incredulidad», parte de los representantes del Ministerio Público consideran que las explicaciones ofrecidas hasta el momento no solo no despejan las dudas, sino que agrandan las incógnitas sobre unas reuniones que, a su juicio, acumulan demasiadas anomalías para ser consideradas un trámite ordinario. «Hay incoherencia en lo que se está contestando», explican fuentes consultadas a LA RAZÓN.

La primera sorpresa, apuntan, es el propio escenario. No es habitual que un particular acuda directamente a la Fiscalía General del Estado para presentar denuncias o «informaciones de posible relevancia penal», que es bajo el objeto que se presentó el letrado de Cerdán, cuando existen otros cauces habituales para estos asuntos como la Fiscalía Provincial. «Es anómalo», dicen. Menos aún, explican, que estos dos investigados en el «caso cloacas» hayan sido recibidos «nada menos» que por quien está considerado la mano derecha del fiscal general del Estado, el fiscal Diego Villafañe, que llegó a estar imputado en el caso que acabó con la condena de Álvaro García Ortiz.

«Si el contenido de la reunión o de las denuncias no tenía relevancia y acabó en nada, ¿por qué se elevó la información al fiscal general?», se preguntan desde esta parte de la carrera fiscal tras conocer los detalles trasladados por la propia institución al juzgado. La cuestión, sostienen, resulta difícil de encajar con la versión oficial de que las «denuncias carecían de sustento suficiente para impulsar actuación alguna».

Estas mismas fuentes consultadas también ponen el foco en la ausencia de documentación formal de ambas reuniones: no hubo constancia de la apertura de un expediente administrativo ni tampoco de un registro formal de entrada de la exmilitante socialista y el letrado en la sede de la FGE.

En este sentido, recuerdan que una circular interna aprobada por la propia Fiscalía General del Estado hace dos años establecía la necesidad de «incoar expediente administrativo» para cualquier asunto. Por eso consideran especialmente llamativo que unas reuniones celebradas en la cúspide de la institución no hayan dejado, al menos de momento, rastro documental conocido. «Es bastante inusual. Si esa es la instrucción vigente, hay que explicar por qué aquí no existe constancia», añaden.

La secuencia resulta, a su juicio, difícil de explicar: unas denuncias supuestamente carentes de fundamento llegan a la Fiscalía General; son recibidas por altos cargos de la institución; la información se pone en conocimiento del fiscal general del Estado; y, sin embargo, no consta expediente ni registro administrativo alguno. «Es precisamente esa concatenación de circunstancias lo que provoca extrañeza», señalan.

Estas mismas fuentes recuerdan que, antes de que el magistrado Santiago Pedraz pidiese información a la institución relacionada con los encuentros de la exmilitante socialista y el letrado de Santos Cerdán, ellos mismos elevaron un escrito al Servicio de Inspección Fiscal no solo para pedir explicaciones sino también para corroborar que las informaciones sobre ello que se iban publicando en la prensa tuviesen veracidad.

Las críticas llegan después de que la propia institución haya reconocido los encuentros y haya sostenido que los datos aportados no permitieron impulsar ninguna actuación al no venir acompañados de elementos probatorios suficientes.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya expusieron en sus últimos informes que existió un «contacto directo» entre Leire Díez y el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y que los vínculos entre los miembros de las presuntas «cloacas» del PSOE y la Fiscalía eran un asunto recurrente en las conversaciones de la red. Tanto, que llegaron a cerrar otras presuntas reuniones en la sede del Ministerio Público para el letrado del excomisario José Manuel Villarejo. «Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho», le dijo Leire Díez al abogado Antonio García Cabrera en febrero del año pasado.

Hay, no obstante, otros mensajes entre Leire y Teijelo de mayo del año pasado donde esta le dice al letrado que pida «cita a nuestros amigos de FGE».

El juez del "caso Koldo" ha citado a declarar en calidad de investigado al Guardia Civil responsable de seguridad del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. El subteniente del Instituto Armado tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 8 de julio a las 10.30 horas.

Se trata del agente que señaló, en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en el "caso mascarillas", al empresario Víctor de Aldama al asegurar que era la única persona que tenía acceso completo al aparcamiento de autoridades del Ministerio de Transportes sin pertenecer al departamento. En esa misma comparecencia, explicó que Koldo García le presentó en alguna ocasión al comisionista de la red.

"Yo, que trabajaba allí, no podía estacionar en el estacionamiento de autoridades. Sin embargo, el señor Víctor Gonzalo de Aldama, sí. Para mí es el único caso que conozco que, no perteneciendo al Ministerio, sí tenía acceso al Ministerio", dijo. "Subía y entraba sin pedir permiso a nadie", añadió.

El agente de la Guardia Civil solicitó que le levantaran la imputación en el marco de las pesquisas, pero tanto el juez como la Fiscalía se negaron al considerarle "vinculado" con Aldama y con Juan Carlos Cueto, uno de los socios del empresario en la mercantil de la trama ,Soluciones de Gestión, que obtuvo más de 50 millones de euros con la venta de mascarillas.

El Ministerio Fiscal respaldó su negativa a que se le levante la imputación en que aún "están pendientes de ser analizados" que los dispositivos digitales que le fueron intervenidos durante los registros en su residencia habitual de la localidad madrileña de Valdemoro y otra que posee en el municipio leonés de Truchas, a donde se desplazaba por el negocio de las pizarras.

Una sociedad, Comercializadora Pizarras Santa Bárbara, que, por otro lado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió que utilizaban para invertir parte de las supuestas comisiones ilegales que obtuvieron de las adjudicaciones.

Asimismo, la UCO señaló que la relación del "hombre para todo" de Ábalos con este guardia civil era "de máxima importancia" porque "conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos" bajo sospecha "con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado tras un exhaustivo análisis de correos electrónicos y llamadas telefónicas que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez contactaba "de forma habitual" con los patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esas "labores de asistencia" a Gómez en sus actividades privadas, los agentes inciden en que las comunicaciones se centran sobre todo en el desarrollo del software para una plataforma dirigida a las pymes del que supuestamente se había apropiado la esposa de Sánchez pese a que fue costeado con dinero público.

Hasta el punto de que, dadas las "funciones de gestión y auxilio a la dirección de la catedra" que desarrolló, la Guardia Civil le considera "integrada en el equipo de trabajo de la cátedra". "Independientemente de la ausencia de una relación formal con la universidad", queda acreditada que llevó a cabo "una gestión activa" en el marco de la misma, como atestigua el examen de sus comunicaciones.

Así, la UCO ha hallado más de 200 correos en los que -bien como remitente, destinataria o en copia- se aborda el desarrollo del software. Entre otros, un total de 58 correos, entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023, con Deloitte, a la que se adjudicaron dos contratos de consultoría para el desarrollo de esa herramienta digital asociada a la cátedra. Comunicaciones entre las que se incluye, entre otras personas, a la propia Begoña Gómez.

En esos correos se abordan, por ejemplo, cuestiones relativas a reuniones de la cátedra para el proyecto del software (ocho correos entre el 23 y el 30 de noviembre de 2022), reuniones por videoconferencia (cinco correos para esas citas a las que es convocada entre diciembre de 2022 y enero de 2023) o la firma de convenios.

Los agentes contabilizan más de una veintena de correos desde finales de febrero a primeros de julio de 2022 relacionados con el desarrollo de ese software (con copia a la esposa de Sánchez).

95 correos con veinte empleados de Telefónica

En cuanto a los contactos con Telefónica, que aportó "material humano para el desarrollo de un módulo" de esa herramienta digital, el informe de la UCO señala que veinte empleados de la compañía "mantuvieron comunicaciones vía correo" con Álvarez, la mayoría vinculados con el desarrollo de la plataforma digital de medición de impacto social. En total, se intercambiaron 95 correos.

A su vez, Telefónica aportó 66 correos entre el 14 de enero de 2022 y el 1 de marzo de 2023 centrados en la convocatoria de reuniones a través de Zoom para el desarrollo de esa plataforma, entre cuyos destinatarios figura Begoña Gómez pero no su asesora.

Con Indra, figura como destinataria (o en copia) de 37 correos, aunque en la gran mayoría la Guardia Civil no aprecia una "intervención directa" de la asesora en las cuestiones tratadas sobre el software (salvo las gestiones para que Gómez se reuniera con el directivo de la compañía Ángel Bonet.

Con otra de las empresas que colaboraron con la plataforma, Making Science, los agentes han constatado un intercambio de comunicaciones en relación a tres reuniones celebradas entre enero de 2023 y febrero del año siguiente (cuando la sociedad realizó una oferta para una segunda fase del proyecto que finalmente no cuajó).

Los correos intercambiados con las distintas empresas implicadas en el proyecto son numerosos: Google (26 de mayo de 2022 a mayo de 2023); Devoteam (29 comunicaciones para reuniones de seguimiento, a una de las cuales fue convocada Álvarez)

Las llamadas telefónicas

La UCO cumplimenta así el encargo del juez Peinado de julio del pasado año, cuando el instructor encargó a la Guardia Civil el análisis de las llamadas efectuadas o recibidas desde su teléfono móvil con empresas vinculadas a la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Complutense, con la propia universidad y con el empresario Juan Carlos Barrabés y su grupo de sociedades.

Tras analizar la documentación remitida por Telefónica, Vodafone, Indra y Google, entre otras, los agentes concluyen que Cristina Álvarez "formaba parte de forma habitual en diferentes comunicaciones efectuadas con los colaboradores" de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno (empresas que aportaron los correos electrónicos analizados).

Los investigadores no han hallado rastro de llamadas vinculadas con la Organización Mundial del Turismo (OMT), pero si una comunicación de noviembre de 2024 con el Círculo de Bellas Artes, constando en agosto de 2021 la participación de la cátedra en un foro de innovación en artes y humanidades celebrado en la sede de la institución en Madrid.

Cristina Álvarez también se dirigió a dos de las empresas vinculadas a la cátedra, Numintec Comunicaciones (que asumió el pago de 6.000 euros a la cátedra) y Conpymes. Igualmente, constan contactos telefónicos con la Fundación La Caixa, una de las entidades que suscribieron el convenio de creación de la cátedra codirigida por Begoña Gómez, con personal de la Complutense (en particular, con el codirector de la cátedra, José Manuel Ruano), pero no con Barrabés y sus empresas.

Casi un año antes de que el Gobierno de España rescatase, finalmente, al grupo empresarial español de ingeniería y construcción Duro Felguera, miembros de las presuntas «cloacas» del Partido Socialista se reunieron con el que era entonces CEO de la compañía José María Orihuela Uzal y con un expolítico socialista condenado por el «caso ERE».

A principios de abril de 2020, en los peores momentos de la Covid, Orihuela, por parte de Duro Felguera, mantuvo una reunión por Skype con el expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, que había sido cesado en octubre de 2019, tras su imputación en el «caso Aznalcóllar»; con la exmilitante socialista Leire Díez, y con el entonces presidente en funciones del ente dependiente del Ministerio de Hacienda, Bartolomé Lora Toro.

Esa cita, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes conocedoras del encuentro, estaba dirigida a impulsar la concesión de una financiación pública a Duro Felguera para evitar su supuesta quiebra a consecuencia del parón de la pandemia.

El cuarto asistente a esa cita fue el histórico socialista andaluz Francisco Vallejo Serrano, que fue consejero de la Junta de Andalucía y hombre fuerte de Manuel Chaves. Y quien llegó a ser condenado por el «caso ERE» a siete años de prisión.

Finalmente, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) entregó una ayuda de 120 millones de euros de fondos públicos a Duro Felguera.

Después de que, en marzo de 2021, el Consejo de Ministros así lo acordase en la misma sesión en la que dio luz verde a otro rescate, ahora bajo sospecha de la Justicia. En concreto, el de la aerolínea Plus Ultra, a la que se le transfirieron 53 millones.

Se da la circunstancia de que este pasado lunes, tal y como informó este diario, el titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha citado como investigado a Lora, que aún ejerce como vicepresidente de la SEPI, por un delito de prevaricación administrativa en relación a la concesión del rescate a Air Europa, cuya factura para las arcas estatales se situó en los 475 millones de euros.

La compañía asturiana ha querido trasmitir a este periódico, por su parte, que la actual entidad es completamente «distinta a la de etapas anteriores». «Cualquier hecho que pudiera corresponder a gestiones pasadas deberá ser valorado en ese contexto y por quienes tuvieran entonces responsabilidades. La Duro Felguera de hoy está centrada en su continuidad, en su actividad industrial y en los más altos estándares de gobierno corporativo y cumplimiento normativo», ha explicado.

En cualquier caso, esta no fue la única gestión que las presuntas «cloacas» de Ferraz habrían llevado a cabo en favor de esta empresa de ingeniería asturiana. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explicó en su último informe que las «cloacas» del PSOE ofrecieron al exfiscal Anticorrupción José Grinda una propuesta por la que se le daba un destino en el extranjero, y la retirada de la demanda que le interpuso una joven por un presunto delito de índole sexual, a cambio de que archivara varios casos judiciales.

Entre ellos, el «caso Duro Felguera» que se sigue en la Audiencia Nacional por presuntos sobornos en Venezuela, vinculado a la adjudicación de una central termoeléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez.

Además, hay referencias a la empresa asturiana en la famosa agenda «azul» de Leire Díez, en la que esta escribió: «Duro Felguera como antesala a la que se pueda dar en TTRR», en posible referencia a Tubos Reunidos, también rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez el 20 de julio de 2021 con 112, 8 millones de euros y bajo sospecha de los investigadores por el presunto cobro de comisiones ilegales.

Duro Felguera aparece también en el denominado «caso Koldo». Los investigadores hallaron unos mensajes entre el comisionista Víctor de Aldama y la entonces vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, donde el empresario trató de negociar con la que fuera mano derecha de Nicolás Maduro un plan de 287 millones para impulsar una central térmica de la compañía en Venezuela a cambio de hierro y oro.

En otros mensajes enviados entre Aldama, el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García, se desprenden referencias también a Duro Felguera: «La deuda que les dejan está en torno a 140 millones. Duro Felguera ofreció poner en marcha las plantas y cobrar en petróleo la deuda, pues no tiene el país recursos financieros, empezaron negociaciones, pero con los acontecimientos de allí el tema quedó paralizado».

Tales eran las negociaciones con la empresa asturiana, que Aldama coordinó un viaje secreto de Delcy Rodríguez a Madrid en enero de 2020, que incluiría una reunión también con el exCEO José María Orihuela.

Al hilo de la planificación de esta reunión, los agentes detectaron también una conversación entre Koldo y Ábalos del 16 de enero de 2020, donde el exministro socialista le remitió una captura de pantalla a su «hombre para todo» de un mensaje privado que le había enviado a Pedro Sánchez sobre ese viaje de Delcy Rodríguez y la deuda de la compañía en Venezuela.

«La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación (que es su hermano).

La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda», le escribió Ábalos a Sánchez a lo que este respondió con un simple «bien».