El Partido Popular ha elevado la presión sobre la ministra de Sanidad, Mónica García, al reclamar abiertamente su cese por la gestión del conflicto que mantiene enfrentado al Ministerio con parte de los profesionales sanitarios y que ha desembocado en meses de movilizaciones y jornadas de huelga en distintos puntos del país.

La vicesecretaria de Organización Territorial del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado este domingo que la continuidad de la ministra dificulta cualquier salida al conflicto y pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tome medidas ante una situación que considera enquistada.

"Mientras ella siga en el Gobierno será imposible solucionar esta cuestión. Cada acto médico cancelado supone que se llega tarde a atender a un paciente. Y en sanidad, llegar tarde a veces es no llegar", ha sostenido Fúnez durante su participación en la III Carrera Solidaria Madrid con la ELA.

Fúnez ha responsabilizado también al jefe del Ejecutivo de la situación al considerar que ha evitado asumir su papel en el conflicto sanitario. "Ese ministerio también le compete", ha señalado, al tiempo que ha acusado a Sánchez de "no mojarse" ni pronunciarse sobre el conflicto. "Poco se puede esperar de él", ha subrayado.

La dirigente popular ha señalado a García por haber impulsado la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario sin el consenso necesario con los profesionales, las organizaciones sindicales y una parte significativa de las comunidades autónomas.

Según ha defendido, el Ministerio ha optado por una estrategia basada en la imposición en lugar del diálogo, provocando un rechazo generalizado al texto presentado.

Fúnez ha asegurado que la oposición a la propuesta no se limita a las comunidades gobernadas por el PP y subrayó que también existen discrepancias en territorios administrados por el PSOE. En tono crítico, ha afirmado que la ministra ha conseguido generar más unidad entre quienes cuestionan su gestión que dentro de su propio espacio político.

Desde el PP sostienen que las consecuencias de esta situación ya están teniendo un impacto directo sobre los pacientes. Según los datos manejados por la formación, el conflicto ha contribuido a la suspensión, aplazamiento o cancelación de millones de citas médicas durante los últimos meses.

Durante su participación en el acto solidario dedicado a los afectados por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), Fúnez también ha reclamado al Gobierno una mayor agilidad en la aplicación de las ayudas previstas para los pacientes y sus familias.

"Pedimos al gobierno de Pedro Sánchez que no vuelva a apostar por leyes, que no vuelva a aprobar leyes sin memoria económica y sin presupuesto y que su debilidad parlamentaria lo que hace es generar frustración. Piensen que las ayudas de ELA se tramitan a través de la ley de dependencia y se le está pidiendo a las comunidades autónomas que pongan un presupuesto que el Gobierno no ha puesto", ha reclamado.

La comisión del Congreso encargada de investigar los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017 afronta su recta final con profundas discrepancias entre los grupos parlamentarios sobre las conclusiones que deben extraerse de aquellos hechos.

Junts y ERC pretenden que el informe final recoja la existencia de negligencias o fallos institucionales por parte del Estado en la prevención de los ataques, una tesis que rechazan PSOE, PP y Vox en los documentos de conclusiones registrados ante la comisión.

Los textos, que deberán ser debatidos y votados primero en la propia comisión y posteriormente, en su caso, en el Pleno del Congreso, reflejan visiones muy diferentes sobre la actuación de los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y las administraciones implicadas antes y después de los atentados.

La propuesta de Junts sostiene que una parte de la responsabilidad política de los atentados puede atribuirse a una actuación negligente o temeraria de los servicios de inteligencia por no haber esclarecido adecuadamente su relación con Abdelbaki Es Satty, considerado el líder de la célula terrorista.

La formación independentista considera que se ocultó información relevante sobre los vínculos entre el imán de Ripoll y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y sostiene que esa decisión respondió a criterios políticos.

En sus conclusiones, Junts afirma que la investigación judicial no logró resolver todos los interrogantes relacionados con la planificación de los atentados ni con las posibles responsabilidades derivadas de la actuación de organismos públicos. Por ello, reclama que la Fiscalía impulse nuevas diligencias de investigación y que se haga pública toda la documentación aún clasificada relacionada con el caso. Según dicen, se prefirió poner los "intereses políticos y partidistas" del Gobierno del PP "por delante de unas víctimas inocentes que tenían derecho a saber toda la verdad de lo que acababa de suceder".

Así, Junts hace suya la tesis que expuso en su día el comisario José Manuel Villarejo de que al CNI "se le fue de las manos" su relación con el imán de Ripoll y señala a la cúpula del Ministerio del Interior que entonces dirigía el 'popular' José Ignacio Zoido y a la responsable política de los Servicios de Inteligencia, a la sazón la vicepresidenta primera Soraya Sáenz de Santamaría, pero también al actual Gobierno de coalición porque dicen estar convencidos de no se ha desclasificado toda la información sobre esta cuestión.

ERC comparte parte de ese diagnóstico, aunque utiliza una formulación más moderada. La formación sostiene que existen indicios de una posible negligencia en la gestión y transmisión de información relacionada con Es Satty y considera que el Estado falló en sus mecanismos de prevención.

Según su propuesta, la falta de intercambio de determinados datos entre organismos de seguridad y los Mossos d'Esquadra constituye un elemento central para entender lo sucedido y pone de manifiesto deficiencias en la coordinación institucional.

Para Esquerra, ese supuesto fallo obliga a asumir responsabilidades políticas y a promover reformas que eviten que una situación similar pueda repetirse en el futuro.

Sumar pide nuevas actuaciones

El grupo plurinacional Sumar también apuesta por profundizar en el esclarecimiento de los hechos, aunque desde una perspectiva centrada en el derecho a la verdad y la transparencia institucional.

Entre sus propuestas figura la desclasificación completa de la documentación relacionada con los atentados y la posibilidad de que la Fiscalía General del Estado valore la apertura de diligencias preprocesales de investigación.

La formación defiende además la elaboración de un relato institucional y público sobre lo ocurrido que contribuya al reconocimiento de las víctimas, favorezca el cierre social de aquella tragedia y evite la proliferación de teorías conspirativas.

PSOE y PP, mismo criterio

Frente a estas posiciones, PSOE y PP rechazan que la comisión concluya que existieron negligencias por parte de los organismos estatales.

Los socialistas destacan la actuación de los Mossos d'Esquadra durante la gestión de la emergencia y subrayan los avances registrados desde 2017 en materia de coordinación policial e intercambio de información. También apuestan por reforzar los mecanismos de cooperación entre cuerpos de seguridad, servicios penitenciarios y organismos de inteligencia para mejorar la prevención de procesos de radicalización.

Por su parte, el PP admite que la radicalización de los autores de los atentados y la preparación de la célula terrorista pasaron inadvertidas para los distintos organismos competentes, pero considera que ello no puede interpretarse como una actuación negligente.

Los populares sostienen además que Abdelbaki Es Satty no fue colaborador ni confidente de los servicios de inteligencia españoles y rechazan cualquier responsabilidad del CNI, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o de los Mossos en la preparación de los atentados.

Asimismo, incorporan a sus conclusiones críticas a la gestión política realizada entonces por el Gobierno catalán y recuerdan la polémica generada en torno a las alertas internacionales sobre un posible atentado en Las Ramblas.

Pese a las diferencias sobre las responsabilidades políticas, la mayoría de grupos coinciden en la necesidad de seguir reforzando los mecanismos de coordinación entre cuerpos policiales, servicios de inteligencia y administraciones públicas.

También existe un amplio acuerdo sobre la conveniencia de mejorar la atención y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo. En este ámbito, el PSOE propone revisar la legislación vigente para ampliar la definición legal de víctima y garantizar una protección más inclusiva.

Vox, por su parte, considera que los trabajos de la comisión no han aportado elementos nuevos respecto a las investigaciones judiciales y policiales ya realizadas y concluye que no se ha acreditado ninguna de las sospechas que motivaron su creación.

La votación de las conclusiones, aún pendiente de convocatoria, servirá para determinar qué relato político acaba imponiéndose sobre uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente de Cataluña y de España.

Junts per Catalunya ha instado al Gobierno a lograr "sin más dilación" la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea y plantea que España condicione su respaldo al próximo marco presupuestario comunitario a la consecución de ese objetivo.

La propuesta forma parte de una proposición no de ley registrada en el Congreso de los Diputados, en la que la formación independentista también reclama una profunda reforma institucional de la Unión Europea orientada a reforzar su capacidad de decisión, avanzar hacia una estructura más federal y reconocer de forma explícita la diversidad nacional y lingüística existente en el continente.

Entre sus demandas, Junts plantea que Cataluña disponga de una circunscripción electoral propia en las elecciones al Parlamento Europeo y que desaparezca la obligación de jurar o prometer la Constitución española para adquirir plenamente la condición de eurodiputado.

La iniciativa apuesta por una modificación de los tratados europeos que permita eliminar el principio de unanimidad en la toma de decisiones comunitarias, al considerar que este mecanismo bloquea actualmente el funcionamiento de la Unión.

Según Junts, la supresión de este requisito permitiría acelerar la toma de decisiones y facilitar una mayor integración política europea en ámbitos estratégicos como la política exterior, la seguridad y defensa, la energía, la industria, las tecnologías críticas, la resiliencia económica o la protección de los derechos fundamentales.

La formación sostiene que el fortalecimiento de la Unión debe ir acompañado de un mayor reconocimiento de la pluralidad nacional, cultural y lingüística europea y de una aplicación más efectiva del principio de subsidiariedad, con el objetivo de acercar la toma de decisiones a la ciudadanía.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la reforma de la legislación electoral para permitir que territorios como Cataluña puedan constituirse como circunscripciones específicas en los comicios europeos.

A juicio de Junts, las llamadas "naciones sin Estado" deberían poder elegir directamente a sus representantes en las instituciones comunitarias mediante un sistema diferenciado que refleje mejor su realidad política y social.

Asimismo, la formación propone revisar el modelo de elección de la presidencia de la Comisión Europea mediante un sistema de doble voto: uno destinado a escoger a los representantes territoriales y otro para elegir los liderazgos políticos europeos.

La iniciativa también reclama la adaptación inmediata de la legislación española a la doctrina emanada del denominado caso Junqueras.

Junts considera que debe eliminarse el requisito de jurar o prometer la Constitución para adquirir plenamente la condición de eurodiputado, en línea con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que estableció que los representantes elegidos al Parlamento Europeo obtienen dicha condición desde la proclamación oficial de los resultados electorales. Según la formación independentista, la normativa española debería adecuarse a esa interpretación para evitar restricciones adicionales al ejercicio del mandato parlamentario europeo.

En materia económica, Junts defiende que la gestión de los fondos europeos pueda ser asumida directamente por aquellas comunidades o territorios que así lo soliciten. La formación propone que el Gobierno español defienda en Bruselas un modelo descentralizado de administración de los recursos comunitarios, otorgando una mayor capacidad de decisión a los territorios en la ejecución de las políticas financiadas con fondos europeos.

Además, plantea regular mecanismos que permitan a las naciones sin Estado contar con representación propia y capacidad de decisión ante las instituciones europeas, al menos en proporción a su peso demográfico.

En la exposición de motivos de la iniciativa, Junts defiende que la Unión Europea debe entenderse no solo como un espacio económico o institucional común, sino como una comunidad política fundamentada en la democracia, los derechos fundamentales, la justicia social y el respeto a la diversidad de los pueblos que la integran.

La formación enmarca su propuesta en un contexto internacional marcado por las tensiones geopolíticas, el auge de los movimientos autoritarios, la competencia tecnológica global y los desafíos energéticos y de seguridad.

Ante ese escenario, sostiene que Europa necesita reforzar su autonomía estratégica y su capacidad de actuación conjunta, pero advierte de que ese proceso no puede construirse desde la uniformidad ni desde planteamientos centralizadores, sino reconociendo plenamente la pluralidad nacional, cultural y lingüística que caracteriza al proyecto europeo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a los dirigentes de su formación mantener la "tranquilidad" y evitar distracciones para concentrar el debate político en las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al PSOE.

La dirección nacional del PP considera que las distintas causas abiertas en los tribunales configuran un escenario de creciente desgaste para el Ejecutivo y pretende reforzar la idea de que existe una conexión política entre todos esos procedimientos. En este contexto, los populares han incorporado también a su discurso las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en relación con unas joyas halladas en un despacho vinculado a él. "¡Cómo que no son la mafia!", exclaman.

Desde la sede nacional del partido sostienen que la sucesión de investigaciones judiciales constituye un problema político de gran magnitud para los socialistas y aseguran que seguirán insistiendo en esa línea durante las próximas semanas.

Fuentes de la dirección popular afirman a Europa Press que cada semana aparecen nuevos episodios judiciales relacionados con personas vinculadas al PSOE o al entorno del Gobierno. En Génova consideran que estos procedimientos refuerzan su crítica al Ejecutivo y argumentan que la situación actual no tiene precedentes recientes en la política española.

Los populares subrayan que distintos órganos judiciales están instruyendo causas que afectan a responsables políticos, exdirigentes socialistas o personas del entorno del presidente. Por ello, rechazan las acusaciones del Gobierno sobre una supuesta actuación coordinada de los tribunales contra el Ejecutivo. "¿Qué juez fue el que metió joyas de origen árabe en la caja fuerte de Zapatero? ¿Qué juez ordenaba a Ábalos meter sobrinas en un piso y pagar con fondos públicos?", preguntan en el equipo de Feijóo.

La dirección del PP prevé una intensa actividad política durante los próximos días, coincidiendo con varias comparecencias judiciales y parlamentarias relacionadas con investigaciones en curso.

Entre ellas destacan la audiencia preliminar de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno; la comparecencia en el Senado de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por sus contactos con la exmilitante socialista Leire Díez; y las actuaciones judiciales relacionadas con el expresidente Rodríguez Zapatero.

Los populares consideran que esta sucesión de acontecimientos mantendrá la presión sobre el Ejecutivo y permitirá reforzar su estrategia de oposición centrada en la exigencia de responsabilidades políticas.

"No queremos protagonismo mediático; el foco debe estar en ellos", trasladan fuentes de la dirección nacional, que insisten en que su objetivo es dejar que las investigaciones sigan su curso mientras mantienen la presión política sobre el Gobierno.

Además de dirigir sus críticas al PSOE, el Partido Popular pretende extender el debate a los socios de investidura de Pedro Sánchez. La dirección de Feijóo considera que las formaciones que sostienen al Gobierno deberán pronunciarse sobre las distintas investigaciones y aclarar cuáles son sus límites políticos para seguir respaldando al Ejecutivo.

En este sentido, los populares seguirán cuestionando públicamente si las líneas rojas de esos grupos se limitan a cuestiones de financiación irregular o si también afectan a otros presuntos delitos que están siendo investigados por los tribunales.

Desde el PP también reprochan al presidente del Gobierno que descarte un adelanto electoral pese al deterioro político que, a su juicio, provocan las distintas causas judiciales abiertas.

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, está citada este lunes a las 18.00 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla para asistir a la audiencia preliminar del procedimiento en el que se investiga su presunta participación en delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

La comparecencia llega en una jornada de gran expectación mediática y coincidirá además con el debut de la selección española de fútbol frente a Cabo Verde.

Por el momento, sigue sin confirmarse si Gómez acudirá personalmente a la sede judicial o si estará representada únicamente por su defensa. Como ya ocurrió en anteriores ocasiones, sus abogados han solicitado que, en caso de asistir, pueda acceder a los juzgados a través del garaje para evitar la exposición pública.

Inicialmente, el magistrado instructor, Juan Carlos Peinado, había fijado la celebración de esta vista para el pasado 9 de junio. Junto a Gómez estaban citados también la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, igualmente investigados en la causa.

Sin embargo, la comparecencia fue finalmente aplazada y reprogramada para este lunes.

En la resolución judicial que convocaba a las partes, el juez subrayó que los tres investigados debían acudir personalmente a la vista y advirtió de que una ausencia injustificada podría derivar en su conducción por las fuerzas de seguridad.

Las defensas mantienen, no obstante, una interpretación distinta. Consideran que la presencia física de los investigados no resulta obligatoria en esta fase procesal y que basta con que estén debidamente representados por sus respectivos abogados.

Pese a ello, Peinado ha reiterado en sucesivas resoluciones la obligación de comparecer, recordando además que la ley le faculta para adoptar medidas destinadas a evitar una eventual elusión de la acción de la justicia. Entre las posibles medidas cautelares figuran desde la retirada del pasaporte hasta la prisión provisional en los supuestos más extremos.

La audiencia preliminar constituye un trámite clave dentro del procedimiento. El magistrado ya ha propuesto que Gómez, Álvarez y Barrabés sean juzgados por un tribunal del jurado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

La estrategia de la defensa de Begoña Gómez pasa por solicitar la declaración de José Manuel Ruano, codirector de la cátedra universitaria que compartió con la investigada, así como por pedir la ratificación de distintos informes periciales incorporados a la causa.

La vista de este lunes será determinante para definir los siguientes pasos del procedimiento y para concretar el alcance de las pruebas que podrían practicarse en un eventual juicio ante jurado popular.

El exsecretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este viernes que la celebración de primarias abiertas a la ciudadanía debe ser la base para construir una candidatura unitaria de la izquierda alternativa al PSOE de cara a las próximas elecciones generales. No obstante, ha advertido de que para ello es necesario que las distintas organizaciones políticas asuman el "riesgo" y la "valentía" de someterse al veredicto de los votantes.

Durante una mesa de debate celebrada en la Fiesta de la Primavera de Podemos, en Madrid, Iglesias sostuvo que la participación ciudadana en la elección de candidatos sigue siendo la gran asignatura pendiente de la izquierda. A su juicio, las dificultades para alcanzar acuerdos electorales entre las distintas fuerzas progresistas hacen más necesario que nunca un mecanismo abierto que permita a la ciudadanía decidir.

Sus palabras llegan en un momento de intenso debate dentro del espacio situado a la izquierda del PSOE sobre cómo afrontar el próximo ciclo electoral. Mientras el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha mostrado dispuesto a encabezar un frente amplio si contribuye a la unidad, Podemos apuesta por una fórmula que combine el liderazgo del dirigente republicano con el de la exministra de Igualdad Irene Montero. Paralelamente, IU, Comuns, Movimiento Sumar y Más Madrid trabajan para reconstruir una alianza electoral amplia, aunque todavía sin candidato ni marca definidos.

Iglesias defendió que las experiencias políticas más exitosas de América Latina demuestran que las coaliciones más competitivas no son necesariamente las más homogéneas ideológicamente, sino aquellas capaces de articular mecanismos efectivos de participación popular.

En ese sentido, planteó que unas primarias abiertas permitirían implicar a amplios sectores sociales y reforzar la legitimidad de una eventual candidatura unitaria. "La gente vería que esto no va de repartirse sillones entre partidos, sino de construir un proyecto colectivo", vino a señalar.

El exvicepresidente recordó además que Podemos fue pionero en la implantación de procesos de primarias masivas en España y aseguró que algunas organizaciones son reticentes a competir en ese terreno. Por ello, insistió en que la izquierda alternativa debe demostrar "voluntad de riesgo" y "valentía" si realmente aspira a construir una alternativa sólida.

"Si las bases pueden votar un programa electoral, también pueden decidir quién encabeza una candidatura de unidad", argumentó. En tono irónico, llegó a afirmar que incluso dirigentes socialistas podrían presentarse a ese proceso: "Que se presente Óscar Puente a las primarias, no hay ningún problema. Si las listas las decide la gente y el programa lo decide la gente votando, entonces no hay problema".

Para Iglesias, el principal obstáculo sigue siendo el "miedo a la participación". A su juicio, si la izquierda quiere frenar el avance de la derecha y la ultraderecha en las próximas elecciones, debe apostar por mecanismos que permitan a la ciudadanía tomar decisiones directas. "Si lo más ilusionante que se presenta es simplemente el mal menor, ya sabemos cómo acaba eso", advirtió, en una aparente referencia crítica al espacio de Sumar.

Durante su intervención, Iglesias también cargó contra el PSOE por la gestión del denominado "caso Leire Díez". El exlíder de Podemos acusó a los socialistas de actuar sin determinación en cuestiones clave como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y afirmó que han terminado "haciendo el ridículo" con las informaciones relacionadas con el llamado "comando garrapata".

Según sostuvo, el Gobierno debería haber impulsado cambios legislativos para modificar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces en lugar de recurrir a estrategias que, en su opinión, han resultado contraproducentes.

Asimismo, cuestionó la actuación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que "está haciendo el ridículo" al mantener en puestos clave a responsables vinculados a posiciones conservadoras dentro del Ejecutivo. En concreto, señaló a los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska.

En el mismo acto intervino también el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, quien defendió la necesidad de construir candidaturas de unidad, aunque advirtió de que esos procesos no pueden realizarse desde la "prepotencia" ni mediante la marginación de algunos actores políticos.

Sánchez hizo referencia a la experiencia de la coalición Por Andalucía, donde Podemos quedó relegado a posiciones poco relevantes en las listas electorales. Aunque reconoció que algunos partidos consideraron que aquella fórmula permitió salvar la situación, reclamó una visión más amplia y centrada en el proyecto colectivo.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha endurecido este sábado su ofensiva contra Pedro Sánchez al acusar al presidente del Gobierno de ser capaz de "cualquier cosa", incluida una supuesta "cacería" contra jueces, fiscales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por ejercer sus funciones. Durante un multitudinario acto celebrado en O Pino (A Coruña), el dirigente popular ha sostenido que España atraviesa una grave crisis institucional y ha prometido una profunda regeneración política si llega a La Moncloa.

Ante unos 4.500 simpatizantes, según cifras facilitadas por el PPdeG, Feijóo ha convertido los casos de corrupción que afectan al entorno socialista en el eje central de su intervención y ha presentado lo que definió como los compromisos de un futuro Gobierno popular.

El presidente del PP ha confirmado que una de sus prioridades será impulsar una regeneración "política, institucional y moral" de la vida pública española. Para ello, ha prometido revisar en profundidad la actuación del actual Ejecutivo y depurar todas las responsabilidades que puedan derivarse de las investigaciones abiertas.

"Haré una limpieza total", ha asegurado Feijóo, convencido de que el Gobierno socialista "lo ha podrido todo". A su juicio, los escándalos conocidos en los últimos meses reflejan un proceso de degradación política que, según ha dicho, afecta a distintos ámbitos de la Administración. "No ha faltado nadie en esta podredumbre; es una serie interminable que se supera capítulo a capítulo", ha resumido.

Feijóo también ha recurrido a una de las expresiones más duras de su intervención al aventurar cuál será, en su opinión, el legado político de Pedro Sánchez. "El epitafio político está escrito", ha afirmado antes de definir al presidente como "un fariseo que no cumplió nada de lo que prometió".

En la misma semana que se ha conocido el valor de las joyas que Zapatero guardaba en su caja fuerte, el presidente de los 'populares' se ha referido a él como "el referente moral" y "la joya de la corona" de Pedro Sánchez, de cuyas siglas "P.S", ha enfatizado, están llenas las "cloacas" del PSOE.

"La cloaca lo ha manchado todo porque P.S. es realmente el que maneja la gran cloaca de la política españoles" y porque los socialistas, "que venían a limpiar de corrupción" el país, han gobernado estos años como "una organización criminal".

El dirigente popular ha reclamado además la convocatoria de elecciones generales anticipadas y ha defendido que la respuesta adecuada a la actual situación política pasa por devolver la palabra a los ciudadanos. A su juicio, la comparecencia de Sánchez en el Congreso no será suficiente para disipar las dudas existentes sobre los distintos casos que afectan al entorno del PSOE.

En este contexto, ha prometido que un eventual Gobierno del PP revisará todas las actuaciones bajo sospecha y ha asegurado que "no quedará una alfombra por levantar ni un cajón por abrir". También ha avanzado que exigirá responsabilidades políticas por todos los asuntos que actualmente se encuentran bajo investigación.

Y, en este punto, ha querido dejar claro que no se trata de cambiar al PSOE por el PP, sino de pasar "de la degeneración a la decencia, de devolver el dinero a los españoles, de recuperar las instituciones y de apartar a los partidos de los árbitros del Estado, que son los jueces, los fiscales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Más allá de la crítica al Ejecutivo, Feijóo ha aprovechado el acto para presentar algunas de las líneas maestras de su proyecto político. Entre ellas ha destacado la reforma del sistema de financiación autonómica, que, según ha apuntado, deberá construirse desde el consenso entre todas las comunidades y con el objetivo de garantizar servicios públicos de calidad en todo el territorio.

El líder popular ha rechazado cualquier modelo que responda a acuerdos puntuales o necesidades parlamentarias y ha defendido un sistema basado en criterios de igualdad y solidaridad entre territorios. "Lo que es de todos se habla entre todos y se reparte entre todos", afirmó.

Asimismo, ha denunciado que el Gobierno central favorece a determinadas comunidades autónomas por motivos políticos y ha criticado lo que considera un trato desigual hacia los territorios gobernados por el PP.

Finalmente, aunque ha reconocido que la convocatoria electoral depende de Pedro Sánchez y de los partidos que sostienen al Ejecutivo, Feijóo se ha mostrado convencido de que el cambio político llegará. "Antes o después habrá un cambio en España", ha apuntado, para concluir que el país necesita un Gobierno "a la altura de los españoles".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado este sábado que encabezará la candidatura de la formación morada a las próximas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, previstas para mayo de 2027, con el objetivo de disputar el liderazgo político a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

El anuncio se ha producido durante el acto central de la Fiesta de la Primavera, una de las principales citas políticas y programáticas de Podemos, donde Belarra ha confirmado su intención de liderar personalmente la batalla electoral en una comunidad que el partido considera estratégica para su futuro político.

"He decidido encabezar una candidatura para la Comunidad de Madrid porque creo que es lo que hay que hacer, porque creo que tenemos que dar esta pelea con toda la fuerza (...) torcerle de una vez por todas el brazo a esa mala persona insufrible que es la señora Ayuso", ha dicho.

Belarra ha cargado duramente contra la gestión del Gobierno regional y ha asegurado sentirse cansada de los actuales dirigentes políticos de la comunidad. "Tengo mucha rabia de que todo el mundo se haya rendido en esta comunidad", ha afirmado la dirigente de Podemos, que ha añadido que está harta de la "mierda de gobernantes".

El anuncio supone el primer gran movimiento de la formación morada de cara al próximo ciclo electoral autonómico y sitúa a Belarra como la principal apuesta del partido para recuperar espacio político en una comunidad donde Podemos ha sufrido una importante pérdida de representación institucional en los últimos años.

El movimiento de Belarra se asemeja al que hizo el exlíder de Podemos Pablo Iglesias en 2021, cuando decidió dejar su cargo de vicepresidente del Gobierno y presentarse como candidato de la formación morada ante el adelanto electoral en Madrid. Tras esos comicios, dejó la política activa.

La líder de Podemos ha subrayado que da el paso al ver que el PSOE "no pone más que candidatos de cuarta" en la Comunidad y que sus dirigentes se pelean por "no ir a Madrid". A su vez, ha apostillado que tampoco convence la opción de la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, pese a que dicen cosas que "están bien".

"Unos y otros ya han renunciado. Se nota, se siente que han renunciado. Por eso yo creo que esta pelea hay que darla con mucha más fuerza", han agregado para defender que la izquierda alternativa tiene que ofrecer una alternativa a la actual presidenta autonómica, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso.

El Ministerio del Interior ha salido al paso de las críticas del Partido Popular sobre la concesión de una medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Víctor de Aldama, el empresario investigado en el denominado 'caso Koldo', y ha defendido que el procedimiento seguido para otorgar estas distinciones cuenta con suficientes garantías de control, publicidad y transparencia.

La controversia ha resurgido después de que el PP denunciara el supuesto "oscurantismo" que, a su juicio, rodeó la concesión de la condecoración a Aldama en 2022, cuando el empresario mantenía una estrecha relación con distintos ámbitos de la Administración y antes de verse implicado en diversas investigaciones judiciales.

En una respuesta parlamentaria remitida a la Cámara Baja, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska rechaza las acusaciones de falta de transparencia y sostiene que la normativa vigente ya incorpora mecanismos destinados a garantizar la adecuada supervisión de las condecoraciones otorgadas por la Guardia Civil.

Según Interior, el procedimiento contempla distintas fases de control, entre ellas la propuesta de concesión, la instrucción del expediente, la emisión de informes, la resolución final y su publicación oficial. Además, recuerda que la legislación prevé incluso la apertura de expedientes para impedir el uso de una medalla cuando concurran circunstancias posteriores que cuestionen la idoneidad de quien la recibió.

La respuesta del Gobierno llega después de que el PP comparara la regulación de la Guardia Civil con la reciente reforma impulsada en la Policía Nacional para reforzar los criterios de ejemplaridad profesional exigidos a los condecorados. Los populares consideran llamativo que no se hayan introducido modificaciones similares en la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

En sus preguntas parlamentarias, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo señalaba expresamente el caso de Aldama y advertía de que sobre esta condecoración se había extendido "un manto de oscurantismo", al tratarse de una persona actualmente investigada por su presunta participación en distintas tramas de corrupción.

Sin embargo, Interior sostiene que la normativa de la Guardia Civil ya incorpora requisitos de conducta y mecanismos de control suficientes. Entre ellos destaca que las propuestas de concesión deben estar respaldadas por hechos concretos, informes justificativos y la correspondiente valoración jerárquica.

Asimismo, recuerda que la concesión puede ser denegada cuando la persona propuesta esté inmersa en procedimientos judiciales o disciplinarios, o mantenga antecedentes desfavorables que no hayan sido cancelados.

El Ministerio también pone el foco en una circunstancia que considera relevante para el debate político abierto en torno a esta medalla. Según recuerda, ya se ha iniciado un procedimiento para impedir que Víctor de Aldama pueda hacer uso de la distinción que recibió en 2022.

De hecho, el propio Marlaska defendió esta actuación durante una comparecencia en el Senado celebrada a finales del pasado año. Entonces explicó que el expediente para retirar la posibilidad de utilizar la condecoración ya estaba en marcha y subrayó además que la relación de Aldama con la Guardia Civil era anterior a la llegada del PSOE al Gobierno.

El ministro recordó que la colaboración del empresario con el Instituto Armado se remontaba, al menos, a 2017, durante el mandato de Mariano Rajoy. Según sostuvo, los contactos y actuaciones que sirvieron de base para la posterior concesión de la medalla comenzaron en una etapa en la que gobernaba el Partido Popular.

Vox ha presentado una querella contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por los presuntos delitos de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y tráfico de influencias, en relación con las actuaciones que se investigan en torno a la exmilitante socialista Leire Díez y sus reuniones con la Fiscalía General del Estado (FGE).

La iniciativa judicial de la formación de Santiago Abascal se produce después de que la institución reconociera ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso que Díez mantuvo al menos dos reuniones con Diego Villafañe, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica y considerado uno de los principales colaboradores de García Ortiz.

En su escrito, Vox sostiene que existen elementos suficientes para investigar la actuación del exjefe del Ministerio Público y reclama la apertura de diligencias judiciales destinadas a esclarecer el alcance de los contactos mantenidos entre miembros de la Fiscalía General del Estado y personas vinculadas a la investigación.

La querella solicita que Álvaro García Ortiz sea llamado a declarar y pide además la incorporación de diversa documentación relacionada con denuncias, reuniones y comunicaciones que, a juicio del partido, podrían resultar relevantes para determinar posibles responsabilidades.

La formación también reclama que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para aclarar los hechos y verificar si existió alguna actuación irregular en el seno de la Fiscalía General del Estado.

El escrito hace referencia a las pesquisas abiertas sobre Leire Díez, investigada por presuntas maniobras destinadas a obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. Vox considera especialmente relevante la existencia de encuentros celebrados en la sede de la Fiscalía General del Estado durante la pasada primavera.

Según recoge la querella, los días 3 y 10 de abril de 2025 se celebraron dos reuniones en las dependencias de la Fiscalía en las que participaron Diego Villafañe, el abogado Jacobo Teijelo, defensor de Santos Cerdán, y la propia Leire Díez, que habría acudido presentada como colaboradora profesional del citado letrado.

La formación de Abascal subraya además que, de acuerdo con informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y mensajes atribuidos a la exmilitante socialista, Díez habría manifestado que tenía "vía libre para ir a ver al Fiscal General del Estado", una circunstancia que, a juicio de Vox, debe ser objeto de investigación judicial.

Con esta acción, el partido pretende que los tribunales determinen si los contactos mantenidos entre los distintos protagonistas del caso tuvieron alguna repercusión en las actuaciones de la Fiscalía y si de ellos puede derivarse algún tipo de responsabilidad penal.

La nueva investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por contrabando y delito fiscal tras aflorar en una caja fuerte de su despacho joyas valoradas en 1,3 millones de euros ha provocado una mezcla de inquietud y desconcierto en amplios sectores del PSOE. Hay que tener en cuenta que el exlíder socialista ha sido uno de los grandes "tirones" del "sanchismo" en cada uno de los comicios autonómicos de este año.

Pero ante la sorpresa de la situación judicial del expresidente, el PSOE mantiene una "confianza absoluta" en él. Así lo ha asegurado la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, días previos a la imagen de Zapatero ante un juez declarando en calidad de investigado.

En una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Servimedia, Mínguez ha indicado que el PSOE confía "en la presunción de inocencia" del expresidente. Además, aseguró que entonces Zapatero "se podrá defender y se podrá explicar".

A su juicio, es "normal" que haya pedido tiempo porque fue "todo muy rápido". "Hay muchas prisas en temas judiciales que afectan a la izquierda y mucha lentitud en temas policiales que afectan a la derecha. El señor Montoro está imputado desde hace un año y todavía nadie le ha llamado a declarar y el señor Zapatero lo imputaron un día y al cabo de siete tenía que estar declarando", ha recalcado.

La portavoz socialista ha indicado que el PSOE presta siempre "colaboración máxima" a la Justicia e ha insistido en su "confianza plena" en Zapatero. "Defendemos la agenda y la figura de Zapatero como persona y evidentemente confianza absoluta en él y en lo que tenga que decir", ha concluido.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha expresado su "absoluto respaldo" a los "grandes profesionales" de la carrera judicial y en especial a aquellos jueces que "se ven afectados por actuaciones y presiones que no son propias de una sociedad democrática avanzada, ni de un Estado de Derecho".

Perelló ha realizado estas declaraciones durante su discurso de clausura de las XXIV Jornadas de presidentes y presidentas de Audiencias Provinciales de España después de que el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, señalara esta semana que "hay jueces que prevarican" y que "si no son ellos, es alguien de su entorno".

En este acto, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ ha sostenido que "la democracia no consiste simplemente en votar. Ni los votos recibidos legitiman cualquier activación de los representantes elegidos por los ciudadanos, pues esta también está sometida a la ley y al derecho".

"La democracia se cumple también cuando cualquier persona, cualquiera que sea su posición, cualquiera que sea su situación, pueda encontrar un juez independiente que resuelva con arreglo a la ley", ha argumentado Isabel Perelló. EFE

La visita del Papa a Canarias llega en un momento significativo para el archipiélago. La presión migratoria sobre la ruta atlántica, la gestión de los menores extranjeros no acompañados, el acceso a la vivienda o la sostenibilidad del territorio forman parte de los grandes desafíos que afrontan ahora las islas. En este contexto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, considera que la presencia del Santo Padre supondrá una oportunidad histórica para visibilizar la realidad canaria y trasladar un mensaje de humanidad, solidaridad y responsabilidad compartida. Y avanza que le diría algo más, que Canarias es un puente entre Europa, África y América, ya que esa circunstancia forma parte de su presente e identidad. Quieren ser ese puente que se construya con justicia, con humanidad y con responsabilidad compartida.

¿Qué supone para Canarias recibir la visita del Papa y qué significado tiene para el archipiélago un acontecimiento así?

Canarias vive un acontecimiento histórico y profundamente simbólico. El Papa llega a unas islas que han estado demasiadas veces solas ante uno de los grandes dramas humanos de nuestro tiempo, pero que nunca han dejado de responder con dignidad, solidaridad y humanidad.

Esta visita tiene un significado enorme porque coloca a Canarias en el lugar que le corresponde: no como una periferia, sino como frontera viva de Europa, como puente entre continentes y como tierra que sabe muy bien lo que significa emigrar, llegar, despedirse y volver a empezar.

Canarias ha sido señalada en numerosas ocasiones por el Vaticano como un territorio especialmente sensible por su situación geográfica y humana. ¿Cree que una visita papal sirve para situar su realidad en el centro de la atención internacional?

Sin duda. Canarias vive en primera línea el fenómeno migratorio: en sus costas, en sus centros de acogida, en sus colegios, en sus servicios públicos y en la convivencia diaria de sus municipios. Pero demasiadas veces el debate se queda en la última milla, en la llegada, en la emergencia, en la imagen del cayuco. La visita del Papa puede ayudar a ampliar esa mirada y a situar a Canarias en el centro de una reflexión internacional más humana. Precisamente cuando entra hoy en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y Europa decide apostar por levantar muros, endurecer fronteras y desplazar el problema hacia otros territorios, desde Canarias se escuchará una voz de esperanza, dignidad y humanidad. Canarias sabe que ninguna persona se sube a un cayuco por capricho. Lo hace porque huye de la guerra, de la violencia, del hambre, de la falta de oportunidades o porque busca un proyecto de vida. Por eso, la presencia del Papa en las islas puede recordar al mundo que detrás de cada llegada hay una historia, que detrás de cada cifra hay una vida y que la respuesta no puede ser solo policial o fronteriza.

¿Qué aspectos del archipiélago le gustaría mostrar al Santo Padre durante su visita?

La Canarias humana, la que se ha hecho a sí misma pese a las dificultades que supone ser un territorio fragmentado, alejado y ultraperiférico. La abierta al mundo, la de los barrios, los pueblos, las familias, los jóvenes, los mayores, los trabajadores, las entidades sociales, los voluntarios y todas las personas que sostienen esta tierra cada día. En definitiva, la Canarias real, profundamente humana, solidaria y resiliente.

El Papa ha insistido en la necesidad de construir sociedades más solidarias e inclusivas. ¿Qué enseñanzas considera que pueden ser especialmente útiles para la realidad canaria?

Canarias comparte esa visión de una sociedad que no deja a nadie atrás. La solidaridad no puede ser solo una palabra bonita, tiene que traducirse en hechos. Canarias sabe que migrar forma parte de la historia de la humanidad y forma parte de nuestra propia historia, así como la del propio León XIV, que tiene raíces palmeras.

El Papa ha sido una de las voces internacionales más firmes en la defensa de los derechos de las personas migrantes. ¿Qué significado tiene que conozca de primera mano la realidad migratoria que vive Canarias?

Tiene un significado enorme. La ruta atlántica es una de las más duras, largas y mortales. Canarias la vive desde la cercanía, desde el dolor y desde la responsabilidad. El Papa conocerá una realidad que no puede reducirse a estadísticas. Detrás de cada embarcación hay personas que han perdido la fe en el mañana, que han visto cómo su país les cerraba cualquier posibilidad de futuro, que han entendido que quedarse también podía ser una forma de morir lentamente. El Santo Padre puede ayudar a poner rostro, nombre y dignidad a quienes llegan, a quienes no logran llegar y a quienes aquí los reciben, al pueblo canario. Y, asimismo, puede recordar a Europa que una frontera no puede ser solo un punto de control o un centro de retención; una frontera también debe ser un lugar de humanidad.

Las islas se han convertido en una de las principales puertas de entrada a Europa. ¿Qué mensaje cree que puede lanzar el Papa Prevost a las instituciones europeas?

El mensaje será claro: Canarias no puede estar sola. La frontera sur también es Europa. La UE no puede responder a un fenómeno global con muros, burocracia, externalización de fronteras o distancia ni con un Pacto de Migración y Asilo que deshumaniza los flujos migratorios. Canarias defiende una gestión compartida y responsable que mire al origen, refuerce la cooperación y proteja los derechos humanos como hemos hecho desde el minuto uno con los menores no acompañados que han llegado a nuestras costas.

Usted ha reclamado en numerosas ocasiones una mayor corresponsabilidad del Estado y de la UE en la gestión migratoria. ¿Considera que una visita papal puede ayudar a visibilizar aún más esta reivindicación?

Sin duda. Canarias ha pedido ayuda durante demasiado tiempo y asumió responsabilidades cuando otros miraban hacia otro lado. Lo hizo con mucha firmeza y con diálogo, y así consiguió que se entendiera que la atención a los menores no acompañados no podía ser una carga exclusiva de las islas. En 2024, la red de acogida del Archipiélago atendió a más de 5.800 niños, niñas y jóvenes que llegaron sin soporte familiar. Esos menores necesitaban educación, sanidad, protección, acompañamiento y futuro. Canarias dio esa respuesta, pero también tuvo que librar una batalla política y social para que el resto del Estado asumiera su parte.

La visita del Papa puede ayudar a que esa reivindicación se escuche con más fuerza: la solidaridad no puede ser voluntaria ni depender del código postal. La solidaridad tiene que ser una obligación compartida.

Más allá de las cifras, detrás del fenómeno migratorio hay miles de historias personales. ¿Qué le gustaría que el Papa conociera sobre la realidad humana que se vive en Canarias cada día?

Me gustaría que conociera las historias que hay detrás de cada llegada. Me gustaría que escuchara a menores que viajaron solos, a jóvenes que cruzaron el desierto antes de cruzar el mar, a madres que dejaron a sus hijos atrás, a personas que perdieron a amigos o familiares en la travesía y a quienes llegaron sin saber si iban a sobrevivir. También me gustaría que el Papa conociera a quienes están al otro lado de esa llegada: a los equipos de rescate, a los sanitarios, a las ONG, a los voluntarios, a los educadores, a los canarios y canarias que han demostrado que la humanidad no se proclama, se practica.

¿Qué valoración hace del esfuerzo que están realizando administraciones, organizaciones sociales y la propia ciudadanía para atender a las personas migrantes que llegan al archipiélago?

Canarias tiene que sentirse muy orgullosa y así me siento, muy orgulloso. Las administraciones, las organizaciones sociales, las entidades religiosas, los profesionales públicos, los voluntarios y la ciudadanía han dado una lección de humanidad al mundo.

Los movimientos migratorios se gestionan con recursos, con planificación, con cooperación, con humanidad y con responsabilidad. Por eso el esfuerzo de Canarias merece reconocimiento, pero también merece apoyo real.

Canarias afronta retos como el acceso a la vivienda, la sostenibilidad, el crecimiento demográfico o la cohesión territorial. ¿Qué reflexión le gustaría trasladar al Papa sobre el presente y el futuro de las islas?

Canarias quiere avanzar sin perder su alma y por eso estamos redoblando esfuerzos para proteger el territorio, avanzar en políticas de vivienda, ofrecer oportunidades a los jóvenes, cuidar los servicios públicos, defender la cohesión entre islas y mantener viva nuestra identidad. Tenemos muy claro que el crecimiento tiene que ser equilibrado. El desarrollo tiene que poner a la gente en el centro. Canarias no puede convertirse en una tierra donde nuestros jóvenes no puedan vivir, donde las familias no puedan acceder a una vivienda o donde el territorio soporte más presión de la que puede asumir. Necesita herramientas, una financiación justa y respeto a la singularidad y ultraperificidad de nuestra tierra.

¿Qué legado cree que puede dejar la visita en la sociedad canaria?

La visita puede dejar un legado de esperanza, de reconocimiento y de conciencia. Para Canarias será muy importante que el mundo vea lo que este pueblo ha hecho durante años en una situación muy difícil. El Papa puede ayudarnos a recordar que la migración no empieza cuando una embarcación aparece en el horizonte. La migración empieza mucho antes: en la falta de oportunidades, en los conflictos, en la pobreza, en el cambio climático, en el abandono internacional y en esa sensación devastadora de no tener futuro. Ojalá esta visita sirva para unirnos más como sociedad. Ojalá sirva para que España y Europa entiendan que la solidaridad no puede recaer siempre sobre los mismos territorios. Y ojalá sirva para que Canarias se mire a sí misma con orgullo, porque este pueblo ha estado a la altura.

¿Qué mensaje le gustaría enviar a los canarios y canarias ante una cita histórica para el archipiélago?

Que vivamos esta visita con orgullo, serenidad y sentido de pueblo. Canarias tiene mucho que mostrar al mundo: su hospitalidad, su diversidad, su fe, su cultura, su memoria migrante y su capacidad para responder con humanidad en los momentos más complejos.

Si tuviera la oportunidad de mantener una conversación privada con el Papa durante unos minutos, ¿qué le pediría para Canarias?

Le pediría, como ya hice anteriormente con el Papa Francisco en la audiencia que mantuve con él en el Vaticano, que siga dando voz a Canarias. Le pediría que ayude a que el mundo mire a este pueblo con justicia, sensibilidad y humanidad. Y le pediría también que no se olvide de quienes llegan a nuestras costas, ni de quienes aquí los reciben, los atienden y los acompañan. También le pediría que ayude a que Europa mire al origen. Si no entendemos lo que ocurre en África, si no invertimos en cooperación y en oportunidades, estaremos condenados a no entender nada y a repetir una y otra vez las mismas crisis. Y le diría algo más: Canarias es un puente entre Europa, África y América. Eso forma parte de nuestra historia, de nuestro presente y de nuestra identidad. No queremos dejar de serlo. Lo que queremos es que ese puente se pueda construir con justicia, con humanidad y con responsabilidad compartida.

Cuando el avión papal tome tierra en Canarias esta semana culminará una espera de meses para miles de personas repartidas por todo el Archipiélago. Pero la visita del Santo Padre no comenzará realmente en los aeropuertos de Gran Canaria o Tenerife. Para muchos canarios, empezó hace mucho tiempo, cuando las parroquias comenzaron a organizar desplazamientos, cuando las familias marcaron las fechas en el calendario o cuando algunos fieles reservaron su plaza para las celebraciones religiosas incluso antes de que terminara el año 2025.

La llegada del Papa se ha convertido en uno de los acontecimientos más importantes vividos en las últimas décadas por la comunidad católica de las islas.

Durante semanas, parroquias, movimientos religiosos, hermandades y grupos de jóvenes han preparado viajes, encuentros y actividades para participar en unos actos que quedarán grabados en la memoria colectiva de varias generaciones.

En las islas no capitalinas, la organización ha requerido un esfuerzo añadido. Desde La Palma, La Gomera, El Hierro, Lanzarote o Fuerteventura partirán algunos grupos organizados que viajarán de madrugada para asistir a los actos programados en Gran Canaria y Tenerife.

Muchos regresarán el mismo día a sus hogares, después de jornadas que comenzarán antes del amanecer y terminarán bien entrada la noche.

Es el caso de un grupo parroquial de La Palma formado por unas 120 personas que lleva meses preparando el desplazamiento. «Salimos muy temprano para coger el primer vuelo y volvemos en uno de los últimos. Va a ser un día agotador, pero sentimos que es una oportunidad única», explica una de las participantes. Para ella, que nunca había vivido una visita papal, la experiencia tiene un componente espiritual, pero también emocional. «Mis padres siempre me contaban cuando venían grandes figuras de la Iglesia a España. Nunca imaginé que podría ver al Papa tan cerca de casa».

La historia se repite en otras islas. En Lanzarote, varios grupos parroquiales han coordinado desplazamientos colectivos para facilitar la asistencia de los fieles. «Hay personas mayores que llevan meses preguntando cómo podían ir».

La expectación no es reciente. Desde que se confirmó oficialmente la visita, las solicitudes para participar en las celebraciones comenzaron a multiplicarse. Algunos de los asistentes más previsores reservaron su espacio para las misas previstas en Gran Canaria y Tenerife desde diciembre de 2025. «Cuando se abrió la posibilidad de inscribirse no nos lo pensamos. Sabíamos que habría mucha demanda y queríamos asegurarnos estar allí», cuenta una mujer de Tenerife que tiene previsto acudir a los actos. «No queríamos perder una oportunidad así. Es algo que probablemente no volveremos a vivir».

La emoción se percibe especialmente entre quienes consideran que esta visita tiene un significado que trasciende lo religioso. Para muchos canarios representa un reconocimiento al papel del Archipiélago como territorio de encuentro entre continentes, culturas y realidades diferentes.

En los últimos días, las conversaciones en plazas, cafeterías y parroquias han girado con frecuencia en torno al mismo tema: dónde colocarse para ver al Pontífice, a qué hora acudir a los actos o cómo seguir los recorridos previstos.

Sin embargo, no todos podrán estar presentes físicamente. La elección de las fechas, un jueves y un viernes por la mañana, ha dejado fuera a numerosos fieles que, pese a su interés, no han podido reorganizar sus obligaciones laborales. Especialmente en las islas no capitalinas, donde asistir implica además desplazamientos interinsulares y una planificación compleja.

Una trabajadora del sector comercial en La Gomera reconoce que intentó buscar alternativas para viajar. «Me hacía muchísima ilusión verlo en persona, pero no puedo pedir dos días libres en estas fechas. Al final lo seguiré desde el trabajo por el móvil y después veré los resúmenes en televisión». Una situación similar vive un administrativo de Fuerteventura. «Cuando anunciaron la visita pensé que intentaría ir, pero entre los vuelos, los horarios y el trabajo era imposible. Me da pena porque es un acontecimiento histórico, pero al menos podremos seguirlo en directo».

Estos testimonios reflejan una realidad compartida por cientos de personas que vivirán la visita desde la distancia. Los canales de televisión, las retransmisiones en línea y las redes sociales se convertirán en la ventana desde la que muchos canarios participarán en un acontecimiento que, aunque se celebre físicamente en dos islas, se seguirá en todo el Archipiélago.

En numerosas parroquias ya se han preparado espacios para quienes prefieren vivir el momento en comunidad. Salones parroquiales, centros culturales y locales sociales acogerán retransmisiones colectivas de las celebraciones más importantes.

La visita también ha despertado interés entre personas que no se consideran especialmente practicantes. La dimensión histórica del acontecimiento ha llamado la atención de muchos ciudadanos que ven en la llegada del Papa una ocasión excepcional para Canarias.

«Soy creyente, pero no suelo participar mucho en actividades religiosas», reconoce un joven residente en Gran Canaria. «Aun así, quiero acercarme porque es algo que probablemente no volverá a ocurrir en muchos años. Es historia».

Esa mezcla de curiosidad, emoción y sentimiento colectivo explica en gran medida el ambiente que se respira estos días en las islas. Más allá de credos o sensibilidades, la presencia del líder de la Iglesia ha generado una movilización que atraviesa varias generaciones.

Personas mayores que recuerdan otras visitas papales a España, jóvenes que nunca habían vivido un acontecimiento de estas características y familias enteras que han organizado viajes para compartir la experiencia coinciden en una misma sensación: la de estar a las puertas de un momento irrepetible. Mientras ultiman maletas, preparan desplazamientos o consultan por los horarios de los actos, miles de canarios cuentan ya las horas para una visita que promete dejar imágenes para el recuerdo.

Porque cuando el Papa llegue a Canarias, no solo aterrizará en Gran Canaria y Tenerife. También estará presente en cada salón parroquial donde se siga la retransmisión, en cada trabajador que consulte el móvil durante una pausa para verlo pasar, en cada familia que madrugue para coger un avión, y en cada persona que ha esperado durante meses la oportunidad de formar parte de una cita que ya ocupa un lugar destacado en la historia reciente del Archipiélago.

La Fiscalía General del Estado ha informado al juez Santiago Pedraz que en marzo y abril de 2025 el que fuese mano derecha del ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz se reunió con el abogado Jacobo Teijelo y con la exmilitante socialista Leire Díez, que fue presentada como una "compañera de despacho".

Según informan fuentes fiscales, el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, se reunió el 6 de marzo de 2025 y posteriormente, entre finales de marzo y principios de abril, con este letrado y con Leire Díez -"una mujer que tuvo una intervención menor" y que supo de su identidad posteriormente por los medios de comunicación-.

"El fiscal general del Estado -entonces Álvaro García Ortiz- fue informado a posteriori de ambas reuniones", indican las fuentes, que subrayan que ni Villafañe ni la fiscal Belén López, que estuvo en una de las reuniones, recibieron "indicación alguna" de García Ortiz.

En las reuniones, el letrado informó de "hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal", y "de su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos", y los fiscales entendieron que sus alegaciones estaban "carentes de cualquier tipo de sustento probatorio concreto".

A mediados de noviembre de 2024, Rafael Sánchez (Jerez de la Frontera, 1980) salió a patrullar como el resto de días. Enfundado en su traje de la Guardia Civil, se montó junto a sus compañeros en una embarcación del Instituto Armado para vigilar la desembocadura del Río Guadalquivir, uno de los puntos más calientes del narcotráfico en el sur de la Península. A lo lejos, los agentes divisaron cinco narcolanchas cargadas de hachís que venían hacia ellos. Cuatro viraron a la derecha, «como marca la ley marítima» para evitar accidentes, explica a LA RAZÓN desde la playa de Chiclana de la Frontera. Pero una de ellas decidió saltarse la norma y fue directamente a por los guardias. «Vi la muerte», afirma mientras pone la vista en las olas, que rompen mansas. A 130 kilómetros por hora sobre el agua, el resultado del «accidente laboral, como algunos políticos lo llaman ahora», fue una lesión en la vértebra L5-S1 que no le ha permitido trabajar desde entonces. Este pasado jueves pasó el tribunal médico que debe valorar si está incapacitado para volver a prestar servicio vestido de verde. Quiere dedicarse a la abogacía, «no precisamente para defender a narcotraficantes», bromea.

La de Sánchez es una de las cientos de agresiones, físicas y verbales, que sufren los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su día a día en la lucha contra la entrada de droga. Al menos él lo puede contar. En los últimos dos años, cuatro guardias civiles han perdido la vida mientras se enfrentaban a las «gomas», como se les llama a estas embarcaciones ilegales que pueden alcanzar los 15 metros de largo, los 500 caballos de potencia y preparadas para llevar hasta 5.000 kilos de droga de una tacada. En febrero de 2024, Miguel Ángel González y David Pérez fueron arrollados repetidas veces en el puerto de Barbate por una de estas naves rápidas hasta causarles la muerte. Otro guardia terminó con heridas de gravedad. Las narcolanchas, cuando no embisten, son cuchillas que surcan las olas con el objetivo de quitar del mapa a algún guardia civil.

Aunque la droga nunca se va, los problemas de la Benemérita para enfrentarse a los narcos se han vuelto a poner de manifiesto hace una semana. En Huelva –hacia donde se ha desplazado la entrada de los fardos gracias a la presión policial–, dos embarcaciones del Servicio Marítimo perseguían a una motora. Eran una Aister HS60, la más moderna y rápida con la que cuentan los agentes, y una narcolancha incautada. Durante la persecución, las dos chocaron, provocando el fallecimiento de Germán Pérez y Jerónimo Jiménez. En estos momentos hay una investigación interna para dilucidar lo ocurrido, y un juzgado tiene abierta la vía penal, pero los agentes lo tienen claro. «El piloto hizo una maniobra evasiva para generar olas, que nuestra embarcación saltase y chocasen. De accidente laboral nada de nada», resume el portavoz de Jucil en Cádiz, Agustín Domínguez. Los otros dos muertos por narcolanchas fueron un militar de la Guardia Nacional Republicana (GNR) de Portugal en octubre del año pasado, y un menor de nueve años en 2018. Era el hijo de un importante narcotraficante, y una «goma» lo arrolló cuando estaba en una embarcación de recreo. Provocó un cisma entre distintos clanes de Cádiz.

Habla Rafael Sánchez, el agente que sobrevivió al impacto de una «goma» a 130 kilómetros por hora. «El problema es que estamos atados de pies y manos legislativamente. Lo único que podemos hacer es perseguirlos y darles el alto, pero ellos no se van a parar. Es imposible abordarlas, tenemos que esperar a que se les rompa un motor». Los agentes reclaman al Ministerio del Interior «seguridad jurídica» para poder disparar a los motores de las narcolanchas para detenerlas, pero el departamento de Fernando Grande-Marlaska «no quiere ni oír hablar de ello», explican mandos policiales. Hace un año, se planteó la posibilidad de desarrollar una norma para actuar de esta manera. Fue en una mesa de coordinación regional del Plan Especial del Campo de Gibraltar, activo desde 2018, pero el entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, lo rechazó porque «la sociedad no lo entendería». El problema es que el fondo de las embarcaciones de la droga son un enorme depósito de gasolina, donde caben hasta 1.500 litros de combustible. «Un simple chispazo las haría saltar por los aires», resume el portavoz de Jucil, Agustín Domínguez. La imagen de barcas explosionando es una foto que Interior no puede permitirse.

Chiclana, centro del petaqueo

En los últimos años, la Fiscalía Antidroga ha puesto el foco en el fenómeno del «petaqueo», una actividad fundamental para el narcotráfico. Se trata de pequeños barcos que parten de la costa hacia mar adentro, en busca de las narcolanchas que fondean a unas 10 o 15 millas náuticas. Van allí a abastecer de gasolina, ya que los motores fueraborda de cientos de caballos no se apagan nunca, a la espera del momento perfecto para ir a recoger la mercancía de naves nodrizas y meterla en las playas gaditanas.

Chiclana de la Frontera, donde se realiza este reportaje, se ha convertido en un punto clave de estos trabajos. El jueves, la Guardia Civil se hizo con cientos de garrafas a bordo de varias naves. Este municipio de Cádiz se levanta sobre varios humedales. En ellos se producen varios caños que salen del principal, el de Sancti-Petri. Un laberinto donde perderse es lo primero que hace un recién aterrizado. «Los tienen estudiados, saben por dónde tienen que tirar para ir sacando la droga», explica Domínguez. Junto a lo sinuoso del terreno, la vegetación hace el resto para dar cobertura a los narcos. Las cañas hacen imposible ver qué hay detrás de ellas. «Podría haber una «goma» ahí mismo y nosotros no verla. Las escuchamos, pero es imposible encontrarlas», sigue el agente de la Guardia Civil, natural de Chiclana y conocedor a la perfección de la situación. El dron de LA RAZÓN, por suerte, verifica que no hay moros en la costa. Estas aeronaves no tripuladas son otras de las reclamaciones que piden los guardias de la zona, precisamente, para localizar las lanchas.

Durante el último temporal que azotó Chiclana, los expertos pudieron hacer un censo no oficial del número de «go fast» que hay en el municipio, unas 100 activas. El último informe del Departamento de Seguridad Nacional, gracias a los trabajos de la Armada, calcula que existen unas 600 operando en la «vía atlántica» de la droga, que incluye las Islas Canarias. Pero la mayoría están en el Estrecho de Gibraltar. Su prohibición en 2018, así como los trabajos policiales, han obligado a los narcos a refugiarse en las costas de Marruecos o en las aguas internacionales que separan ambos países. Menos de 14 kilómetros en su punto más cercano que tardan minutos en recorrer. El mismo documento abunda en el aumento de la violencia por parte de las organizaciones, usando habitualmente armas de guerra o las propias narcolanchas contra los agentes de la Guardia Civil.

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el 'caso Plus Ultra', que reclame a Estados Unidos más información sobre cómo tuvo acceso al contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea también investigado en la causa.

En un escrito al que ha tenido acceso Ep, el letrado de Zapatero, Víctor Moreno, pone de manifiesto la "ausencia de los datos completos" acerca de la aprehensión del dispositivo de Reyes, así como del método de volcado, la autenticidad de las comunicaciones y de la conservación y custodia del dispositivo al que la policía estadounidense accedió.

Todo ello después de conocerse que Calama ha solicitado "cooperación jurídica internacional" a Estados Unidos para utilizar como medio de prueba el contenido del teléfono de Rodolfo Reyes, en el marco de la investigación que apunta a Zapatero como presunto líder de una red de tráfico de influencias en torno al rescate de 53 millones que el Gobierno concedió a Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus.

En ese sentido, Moreno señala que las circunstancias en la que se produjo el intercambio de información entre las policías estadounidense y española plantea "dudas razonables sobre el respeto del derecho a proceso con todas las garantías".

Por ello, el abogado de Zapatero insta al juez a que reclame a Estados Unidos "la concreta resolución judicial", orden o autorización administrativa que amparó la incautación o el clonado del celular de Reyes y la posterior extradición y análisis del dispositivo en España.

También se interesa por la indicación del procedimiento o la investigación abierta contra el exdirectivo de Plus Ultra en Estados Unidos, en el curso de la cual se produjo la intervención del móvil, y los informes y actas relativos a la extracción telefónica, identificando a la autoridad estadounidense que llevó a cabo la actuación.

Asimismo, pregunta el detalle sobre el alcance de la extracción que se practicó, indicando si se trató de una extracción "total, parcial, física, lógica, remota o selectiva", así como el 'software' o la herramienta utilizada para ese fin y la autoridad que llevó a cabo el análisis del dispositivo, según el escrito.

El abogado del expresidente pide que se informe de los mecanismos de verificación de la integridad de la información ofrecida, incluidas las actas de desprecinto y el volcado del dispositivo intervenido.

También que se informe sobre el modo de preservación de la información obtenida y del dispositivo intervenido y la cadena de custodia de dicha información hasta la entrega a las autoridades españolas, además de la remisión de las evidencias a las unidades policiales españolas, indicando la forma y la fecha de entrega, así como las comunicaciones precedentes entre las unidades policiales españolas y la Homeland Security Investigations (HSI) estadounidense.

Por último, el letrado del exlíder socialista solicita que Estados Unidos informe sobre las autorizaciones del órgano competente en ese país que hayan permitido "la remisión de las conversaciones de WhatsApp a la unidad policial española", así como "su alcance para ser utilizada tanto en las investigaciones policiales como en la instrucción judicial".