Dirección musical: Giovanni Antonini. Dirección de escena: Marta Pazos. Intérpretes: Luca Pisaroni / Alejandro Baliñas, Sara Blanch / Anna Prohaska, Andrè Schuen / Samuel Hasselhorn, Adriana González / Anett Fritsch, Julia Lezhneva / Mercedes Gancedo, Roberto Scandiuzzi / Alejandro López, Mireia Pintó, Roger Padullés, Moisés Marín, Lucía García Guerrero, Luis López Navarro. Orquesta Sinfónica y Coro del Gran Teatro del Liceo. 9 y 10-VI-2026

La verdadera guinda de la gran tarta nupcial ideada por Marta Pazos para la escenografía de Max Glaencel de «Le nozze di Figaro» de Mozart en el Gran Teatro del [[LINK:TAG|||tag|||633614e95c059a26e23f7951|||Liceo ]]ha sido el imaginativo vestuario de Agustín Petronio, con el que cada personaje de la ópera se convierte en un ingrediente afín a su personalidad, ya sea una terrina de mantequilla, un paquete de cacao o un celebrado Ferrero Rocher para la Condesa. La imaginativa propuesta de Pazos da un colorido y unas dimensiones muy especiales a la trama mozartiana, que funciona a ratos magníficamente y que fue muy bien recibida por un público que se divirtió con la propuesta. A pesar del éxito alcanzado, la misma complica en los dos primeros actos la compleja trama escrita por Da Ponte, pero resuelve mucho mejor los dos últimos, especialmente en las escenas del jardín.

Del primer reparto merece destacarse al completo el plantel femenino del primer reparto: Adriana González fue una Condesa de emisión amplia y elegante, capaz de modular el fraseo con gran técnica. No así Anett Fritsch, de recitativo y presencia remarcables al igual que en el registro central pero que no estuvo convincente en un registro agudo, con algún problema al final del aria «Dove sono». La soprano Sara Blanch volvió a demostrar su gran momento de forma recreando una Susanna de gran nivel interpretativo y con un instrumento ideal por su maleabilidad, proyección y perfecta adecuación al estilo. Su personaje fue a más cerrando un último acto memorable con una gran profundidad interpretativa en su aria «Deh vieni, non tardar», mientras que Anna Prohaska mostró un instrumento que ha perdido algo de fluidez y musicalidad, siendo mucho más convincente en el aspecto teatral. Mireia Pintó fue una sobresaliente Marcellina de buena presencia escénica, mientras que el Cherubino de Julia Lezhneva fue la guinda del reparto con un muy divertido y juvenil Paje, vocalmente sorprendente, incluso jugando con chispeantes agilidades incorporadas a su parte, al estilo de épocas pasadas donde lo que imperaba era el virtuosismo de los artistas y no su fidelidad a la partitura. Mientras que Mercedes Gancedo lo interpretó con corrección pero sin la chispa y agilidad que requiere el personaje. Por su parte Lucía García fue un verdadero encanto como una pizzpireta Barbarina de notables medios vocales.

En el apartado masculino los dos reconocidos liederistas Andrè Schuen y Samuel Hasselhorn fueron dos muy competentes Condes, de gran naturalidad en la composición del personaje y perfecta dicción y estilo a pesar de una proyección canora algo limitada para ambos que cumplieron con gran dignidad. El Figaro de Luca Pisaroni presenta una muy cuidada madurez interpretativa de un personaje que domina a la perfección, mientras que el joven bajo gallego Alejandro Baliñas ofreció un instrumento de gran amplitud, calidad y belleza, en un personaje que sobresalió muy especialmente aunque todavía deba de madurarlo en próximas actuaciones. Muy correcto el resto de ambos repartos destacando Roberto Scandiuzzi y Alejandro López como Bartolo, el Curzio de Moisés Marín, el Basilio de Roger Padullés y el Antonio de Luis López Navarro. Excelente la vivaz y cuidada dirección musical de Giovanni Antonini ante un Orquesta Sinfónica del Liceo reducida pero de impecable sonoridad, con un muy notable acompañamiento al clave de Rodrigo de Vera. Bien el Coro del Liceo, a pesar de cantar en una ocasión desde el foso y muy interesantes las coreografías del grupo de bailarines que rellenaban algunos espacios vacíos de la escena, a pesar de que interferían en algunas de las arias más destacadas de la excelente partitura mozartiana.

La ciudad sigue su ritmo. El tráfico, las conversaciones a media voz y personas que que se cruzan sin detenerse. Y, sin embargo, entre todo eso que parece cotidiano, hay realidades que permanecen ocultas, casi invisibles, como si no formaran parte del mismo paisaje. La lucha contra la trata y la explotación sexual vuelve ahora a hacerse visible, a ocupar un espacio en las calles que, durante demasiado tiempo, le ha sido negado.

En Córdoba, la Subdelegación del Gobierno, junto a la Asociación Aperfosa y la ONG Rescate, ha impulsado la campaña «Tu Historia Nos Importa. No Estás Sola». No es solo un lema. Es una declaración de intenciones. Una forma de romper el silencio y de tender una mano allí donde muchas veces solo ha habido miedo. Los carteles aparecen en lugares de paso, en rincones donde la vida sucede sin pausa. Y lo hacen con un mensaje que incomoda porque es cierto: “No es libertad, no es trabajo, es explotación”. No hay rodeos, no hay eufemismos. Solo una verdad que interpela a quien mira, que obliga a detenerse un segundo más de lo habitual. Porque detenerse es importante; mirar también lo es.

Las cifras hablan, pero no siempre consiguen contar la historia completa. En la provincia de Córdoba, alrededor de 250 mujeres son atendidas cada año en contextos vinculados a la trata y la explotación sexual. Detrás de ese número hay nombres, trayectorias, vidas atravesadas por el engaño, la violencia y el desarraigo. A nivel global, más de 1.300 mujeres reciben atención anualmente, una cifra que en 2024 superó las 1.800. No es solo un aumento. Es también la prueba de que algo empieza a emerger, de que lo que antes permanecía oculto comienza, poco a poco, a ser nombrado. Pero la trata no se entiende solo desde los datos. Se entiende desde las historias.

Historias de mujeres que fueron captadas con promesas que nunca se cumplieron. Que fueron trasladadas lejos de su entorno, de sus referencias, de todo aquello que podía protegerlas. Historias de control, de violencia, de decisiones arrebatadas. Y también, muchas veces, historias de silencio. Porque una de las formas más eficaces de la explotación es precisamente esa: pasar desapercibida, confundirse con lo cotidiano, disfrazarse de normalidad. Por eso esta campaña insiste en algo esencial: reconocerse. Saber poner nombre a lo que ocurre. Entender que hay situaciones que no son elecciones libres, aunque lo parezcan desde fuera. Y, a partir de ahí, abrir una puerta.

Esa puerta adopta la forma de un canal directo, seguro, discreto. Un espacio desde el que pedir ayuda sin exponerse, sin miedo inmediato. Porque el mensaje no se queda en la denuncia. Va más allá. Habla de acompañamiento, de procesos largos, de reconstrucción. Habla, en definitiva, de salida. Y decir que hay salida no es un gesto menor.

La campaña no se queda en Córdoba. Se extiende por otras ciudades, se despliega en distintos puntos del país como una red que busca abarcar lo que durante tanto tiempo ha permanecido fragmentado. Porque la trata no entiende de fronteras ni de contextos concretos. Es una estructura compleja, que atraviesa territorios y se adapta a ellos.

En este entramado, el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado resulta imprescindible. No solo en la detección, también en la protección. Generar confianza es clave. Hacer entender que denunciar no significa quedar desprotegida, sino activar un sistema que, precisamente, busca lo contrario: proteger, acompañar, sostener. Pero no todo depende de las instituciones.

La campaña señala también hacia la ciudadanía. Hacia esa mirada que muchas veces pasa de largo, que no se detiene, que prefiere no ver. Y, sin embargo, ver puede marcar la diferencia. Detectar una situación, sospechar, preguntar, informarse. Pequeños gestos que pueden contribuir a romper el silencio que rodea a la trata. Quizá lo más valioso de esta iniciativa sea su forma de contar. No recurre al impacto fácil, no busca el golpe emocional inmediato. Prefiere la empatía, la cercanía, la reflexión. Invita a cuestionar lo que parecía asumido, a revisar lo que se daba por normal. A entender que, detrás de muchas realidades que parecen voluntarias, puede existir una estructura de explotación profundamente arraigada.

En un tiempo en el que las cifras crecen y la capacidad de respuesta también lo hace, esta campaña representa algo más que una acción puntual. Es un paso. Uno necesario. Pero también es un recordatorio de todo lo que aún queda por recorrer. Porque la lucha contra la trata no se libra solo en grandes operaciones o en titulares. Se libra también en lo cotidiano, en la mirada, en la conciencia colectiva. Y, sobre todo, en la capacidad de no mirar hacia otro lado. Porque cada historia importa. Y porque recordarlo —de verdad— puede ser el comienzo de todo.

En marzo de 2018, los entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se reunieron en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, para consensuar medidas y visibilizar la preocupación existente en ambas administraciones por el crecimiento del narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Entre otras medidas, ese día, un 20 de marzo, Zoido anunció un real decreto para prohibir las conocidas como «narcolanchas». Su aprobación se materializó durante el primer Gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura contra Rajoy: el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptaban determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas.

Ocho años después, la situación ha empeorado cuantitativamente y cualitativamente. Ya no es una circunstancia localizada en el Campo de Gibraltar sino que se extiende por toda Andalucía, tanto por el litoral como por el río Guadalquivir.

La Guardia Civil informó ayer que agentes del cuerpo detuvieron durante la madrugada a una persona tras un tiroteo contra varios agentes por parte de unos narcotraficantes al ser sorprendidos cuando cargaban un alijo de 1.120 kilos de hachís en 56 fardos que se había descargado en la ría de Punta Umbría, en la provincia de Huelva. Previamente, se avistó una embarcación semirrígida a 14,8 kilómetros del municipio.

En ese momento se estableció un dispositivo operativo con agentes de diferentes especialidades por tierra y por mar para la interceptación de la misma en la ría de Punta Umbría, donde se encontraba una furgoneta, un turismo y varias personas para realizar la descarga de la droga.

Fueron localizados tras abandonar el lugar, momento en el que los ocupantes abrieron fuego con armas largas contra los agentes, quienes respondieron a la agresión, sin que resultara herido ningún componente del cuerpo.

Seguidamente los autores huyeron a pie del lugar y los agentes detuvieron a una persona. Conocidos los hechos, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) lamentó la «situación que está soportando Huelva» como «consecuencia de la expansión del narcotráfico».

El problema es que no es solo Huelva. Las mismas advertencias vienen desde la provincia de Almería, la Costa Tropical de Granada, la Costa del Sol en Málaga, zonas costeras en Cádiz y desde municipios cercanos al cauce del río Guadalquivir.

Jucil advirtió de que estos hechos «no son un episodio aislado ni fruto de la casualidad, sino la consecuencia directa de años de falta de inversión en medios materiales, escasez de personal y ausencia de una respuesta contundente frente al avance del narcotráfico».

«Hoy estamos hablando de impactos de bala en un vehículo oficial pero es cuestión de tiempo que tengamos que volver a hacerlo si no se frena la expansión de esta lacra», advirtió la asociación.

El decreto que prohibe las narcolanchas de 2018 no ha servido para frenar la expansión del narcotráfico. Tampoco la nueva norma que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para castigar la actividad del transporte de gasolina, conocida en el argot del narcotráfico como petaqueo. El Ministerio del Interior ha anunciado la instalación de barreras móviles en el Guadalquivir para impedir la entrada de narcolanchas, pero los agentes advierten que sin la declaración de Zona de Especial Singularidad, un refuerzo real de efectivos, mayor protección jurídica y dotación de medios idóneos, la iniciativa será «un mero parche». Ocho años después, la situación va a peor.

Como todos los finales de curso, el calor en varias zonas de Andalucía aprieta y los alumnos sufren las consecuencias porque muchos centros no tienen los medios necesarios para combatirlo. De ahí que se retomen las protestas de docentes, asociaciones de padres y plataformas como Escuelas de Calor, que han pedido la movilización de la comunidad educativa en la región.

El Gobierno de España también se ha «sumado» a esta polémica, acrecentada por la huelga docente en la Comunidad Valenciana y ha anunciado que aprobará «en las próximas semanas» una partida de 200 millones de euros de dotación para actuaciones de climatización y rehabilitación energética en centros escolares de toda España, según explicó este martes la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, Elma Saiz.

«Se trata de una medida muy necesaria, los efectos del cambio climático en las aulas tienen consecuencias sobre nuestros hijos e hijas. Por eso, el Gobierno de España ha decidido actuar, porque nos tomamos en serio una preocupación lógica de los padres y también de los profesionales de la educación», apuntó.

La realidad es que ese mismo anuncio ya lo hizo en 2022 la entonces ministra de Educación Pilar Alegría. En agosto de ese año presentó un plan de «adaptación climatológica» en los colegios dotado con más de 200 millones de euros, pendientes de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y de consensuarlo con las comunidades autónomas. De él, como de las cuentas, nada más se supo.

Hoy, Pilar Alegría lidera la oposición en Aragón al igual que hace María Jesús Montero en Andalucía, que este martes criticó a la Junta de Andalucía y puso como ejemplo los 200 millones anunciados cuatro años después por el Gobierno.

En Andalucía, según datos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, todos los centros educativos públicos de la región tienen medidas de climatización, con una inversión de la el Gobierno autonómico desde 2020 de 234 millones de euros. Eso supone 34 millones más solo en la comunidad que los anunciados por el Ejecutivo central.

Las inversiones realizadas se concentran tanto en el Programa de Bioclimatización como en el nuevo Plan Mejora tu Centro para el Confort Térmico. El primero de ellos ha ejecutado obras en 534 centros desde 2020 con 510 millones ejecutados más otros 30 en ejecución.

Posteriormente, para agilizar el proceso, la Consejería aprobó el Plan de Confort Térmico. Esta iniciativa realiza una transferencia directa de fondos a la cuenta de gastos de funcionamiento de cada centro beneficiario y es la propio equipo directivo, junto a la comunidad educativa, la que elige las medidas que debe implantar para combatir la realidad climática de cada zona.

El reparto económico se hace en función del tamaño y el número de aulas, hasta un máximo de 60.000 euros. Según los datos de la Consejería, un 60% aproximadamente de los centros ya han invertido los fondos en climatización en función de sus necesidades. La mayor parte de las actuaciones puestas en marcha por los centros docentes se han concentrado en la instalación de ventilación y aire acondicionado, con un total de 13.236. El resto de las intervenciones se distribuye en 2.112 ventanas y cerramientos para mejorar el aislamiento; 1.721 radiadores; 1.378 estructuras de sombreado exterior (toldos o porches) y 1.044 árboles destinados a crear áreas verdes y sombras naturales.