"No había modo de comprobar los visados, tenías que fiarte de lo que decía el ciudadano". Este es el panorama del Servicio Territorial de Vivienda descrito ante la jueza por el técnico de la Generalitat imputado por las polémicas adjudicaciones de pisos protegidos en el residencial Les Naus. Roberto Palencia visó los 140 expedientes de solicitudes de la urbanización de La Condomina, entre ellos el de su mujer, arquitecta municipal en el Ayuntamiento de Alicante, Elsa Lloret, y también imputada. Según las explicaciones de Palencia ante la magistrada, había diferentes decretos sobre viviendas protegidas que cambiaban el concepto de lo que era la "unidad de convivencia", un concepto fundamental para valorar las solicitudes.