La Associació Víctimes de la dana 29 octubre 2024, que ejerce una de las acusaciones particulares en la causa que instruye la magistrada de Catarroja, ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) el aforamiento del expresident Carlos Mazón.

Toñi García, que perdió a su marido y a su hija en la dana, ha criticado este viernes ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) el aforamiento de Mazón, así como el hecho de que continúe como diputado autonómico del PP. “Es inaguantable ya no solo él, sino todo el Consell”, ha afirmado.

“No solo hace mal su faena, sino que encima se le premia con una subida de sueldo”, ha dicho Toñi García en referencia a la comisión parlamentaria sin prácticamente actividad en la que el PP colocó a Carlos Mazón. “Todos sabemos que está más tiempo en la playa que ocupando su escaño”, ha apostillado.

Por su parte, Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la dana 29 octubre 2024, ha tildado de “ofensivos” los mensajes del grupo de WhatsApp del Consell durante la catástrofe entregados por la vicepresidenta primera, Susana Camarero: “Nos están gobernando unos incompetentes”.

“Vamos a llegar donde haga falta para obtener verdad, justicia y reparación”, ha advertido Gradolí sobre el recurso ante el TC.

La abogada Míriam Salmerón, que ejerce la representación jurídica de la asociación, ha explicado que Mazón conserva su acta de diputado en las Corts “de manera espuria”, algo que, a su juicio, está teniendo “consecuencias muy negativas para la causa judicial” que se instruye en Catarroja, y ha advertido de que la personación del expresident es “una situación rocambolesca, alegal y que no está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

El “absentismo sistemático” de Mazón en las Corts

El recurso de amparo de la asociación considera que Mazón mantiene “de forma puramente artificial” el acta de diputado autonómico del PP valenciano de Juan Francisco Pérez Llorca, tras su dimisión como president el pasado 3 de noviembre.

El escrito recuerda el “absentismo sistemático” por parte de Mazón en la cámara autonómica, su “renuncia material al derecho al voto” y la “inactividad absoluta” de la Comisión de Reglamento, de la que el expresident forma parte. También alude a sus “estancias en la playa en horas y días laborables”, tal como desveló este diario.

La misma acusación ya solicitó ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) la “inaplicación” del aforamiento por la “absoluta falta de vínculo funcional con el delito y el uso abusivo del acta parlamentaria”. Tras la decisión del alto tribunal autonómico de descartar la imputación de Mazón, la acusación planteó un recurso de súplica, iniciando así la vía del amparo constitucional.

El recurso recuerda, de entrada, que el aforamiento, lejos de erigirse en un “privilegio de carácter personal” o en un “derecho subjetivo de los ciudadanos que ejercen la política”, supone una “prerrogativa excepcional de carácter estatutario orientada de forma exclusiva a salvaguardar la independencia e inmunidad de las cámaras legislativas”.

Aplicación “formalista y ciega” del aforamiento

Así, la “aplicación automática, formalista y ciega” del aforamiento por parte del TSJ-CV “pulveriza” la “interpretación restrictiva” de esa figura en la jurisprudencia del TC y del Tribunal de Estrasburgo.

Los hechos del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que dejó 230 fallecidos “fueron ejecutados en el exclusivo ejercicio de las funciones” como jefe del Consell, afirma el recurso de la asociación.

El escrito recuerda que Mazón, tras su dimisión como jefe del Consell a consecuencia de la “negligente” gestión de la emergencia “retuvo de forma nominal e ininterrumpida su escaño y acta de diputado autonómico por la circunscripción de Alicante”.

“Extender el fuero derivado de su escaño legislativo actual por la circunscripción de Alicante para archivar delitos ejecutivos pretéritos supone una analogía extensiva expresamente prohibida por la ley”, apostilla el escrito.

El antecedente de Miguel Ángel Gallardo

El recurso considera que “permitir” que el estatuto de diputado autonómico “opere como una inmunidad absoluta para delitos cometidos en el ámbito estrictamente ejecutivo y ajeno a la Cámara” vulnera la Constitución Española.

El escrito pide al TC que avale la no aplicación del aforamiento de Carlos Mazón al igual que se acordó por parte del TSJ de Extremadura con el líder socialista y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, en la causa contra el hermano de Pedro Sánchez.

“No existe una justificación objetiva ni razonable para que las víctimas de la dana vean restringido su acceso a una instrucción penal ordinaria frente a un gestor público que ya no ostenta responsabilidades de gobierno”, concluye.

El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil acusa al teniente coronel interventor Miguel Ángel E. T. de armar una presunta trama de “corrupción sistémica” con sobrecostes de hasta un 348% en obras en cuarteles del Instituto Armado para luego adquirir tres viviendas ruinosas con fondos en metálico reformadas por los empresarios adjudicatarios de la red, según indica un informe al que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata del jefe de la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la VI Zona de la Guardia Civil, que comprende las comandancias de las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

El uniformado controlaba al frente de la UGE los anticipos de caja fija y la adjudicación de contratos de obra en los cuarteles, además de la facturación, y figura como investigado ante la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València desde que, en 2022, se iniciaron las pesquisas de Asuntos Internos y de la Fiscalía Anticorrupción.

Los investigadores cuentan con “indicios sólidos de corrupción” y consideran que el teniente coronel habría cometido los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública, cohecho, falsedad documental y, eventualmente, delitos contra la Hacienda Pública o blanqueo de capitales.

El investigado, perteneciente al Cuerpo Militar de Intervención y doctor en Derecho, “poseía el control discrecional de la adjudicación y la validación de obras, actuando simultáneamente como gestor de los fondos y beneficiario de los mismos”, según Asuntos Internos. Miguel Ángel E. T., apostilla el informe, “utilizó su posición de jefe de la UGE para favorecer a una red de empresarios que, en contrapartida, asumieron los costes de adquisición, reforma y equipamiento de su patrimonio inmobiliario privado, generando un beneficio patrimonial ilícito financiado por fondos públicos”.

El teniente coronel se aprovechó de su posición jerárquica para propiciar “sobrecostes sistemáticos y facturación de obras no ejecutadas” con una red de mercantiles contratistas que le abonaban presuntas mordidas, especialmente Carlos G. M., cuyas firmas llegaron a obtener adjudicaciones por un importe de casi un millón de euros.

“Relación de amistad muy fuerte” con el empresario

El jefe de la UGE de la VI Zona de la Guardia Civil encomendaba las obras en cuarteles “directamente” a Carlos G. M. (vinculado a las mercantiles Destino Empresarial SL y Works Pretor SL), con fraccionamiento sistemático de las facturas y “desmedidos sobrecostes” respecto al precio real de la ejecución, además de partidas por trabajos “nunca realizados”. El empresario, por su parte, “extraía parte del excedente y se lo entregaba al teniente coronel, eliminando así cualquier rastro en sus activos bancarios”.

Rares L., el albañil subcontratado por el empresario, confesó que Carlos G. M. mantenía con el teniente coronel Miguel Ángel E. T. una “relación de amistad muy fuerte” desde hace más de tres décadas. También declaró que el empresario y el guardia civil planeaban “montar” una mercantil juntos una vez el segundo se jubilara. De hecho, la investigación de Asuntos Internos ha acreditado que el teniente coronel y el contratista se alojaron en 2018, con sus respectivas parejas, en un hotel de cuatro estrellas en el Mar Menor de Murcia.

El albañil confirmó que el teniente coronel “daba el visto bueno” a los importes contenidos en los presupuestos. Además, aportó mensajes de WhatsApp con alusiones al reconocimiento de deudas por supuestas obras privadas facturadas a la Guardia Civil. De otros mensajes intervenidos por los investigadores —“Me dice que 500 son de él”— se desprende que el teniente coronel “recibía cantidades de dinero en efectivo del entramado”.

“La mecánica del fraude se fundamenta en la discrepancia premeditada entre la realidad física de las obras y su ficción documental”, remacha el informe.

La investigación también obtuvo un correo electrónico e informes fotográficos sobre fondos cobrados por Carlos G. M. por obras no realizadas. El albañil manifestó que fue “instruido” por el empresario para simular obras con el fin de “repartir el sobrante” del presupuesto anual de la unidad y “financiar reformas privadas” del teniente coronel, que también mantenía una “doble” relación profesional y personal con la firma Hermanos Tronchoni Navarro SL y con Gustavo William R. R.

Sin embargo, Carlos G. M. fue el contratista que más fondos recibió en obras adjudicadas por la Guardia Civil: 952.664,89 euros desde 2008. El 82% de los ingresos totales de sus empresas provenían “exclusivamente” de contratos gestionados por el teniente coronel investigado, que mantenía un “conocimiento directo y detallado de la operativa ilícita”, según abunda Asuntos Internos.

Desvío de 144.730 euros para compra y reforma de viviendas

Los informes periciales elaborados por la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), en funciones de auxilio judicial a la Fiscalía Anticorrupción y a la jueza instructora, detectaron un desvío de fondos por un importe de 144.730 euros para la adquisición y reforma de tres viviendas en la localidad de Siete Aguas, situada en la comarca de la Hoya de Buñol.

Asuntos Internos cuenta con evidencias del “uso recurrente de dinero en efectivo de origen desconocido” en la adquisición de los bienes. También halló una “discrepancia masiva” entre los costes reales de las obras y los importes declarados, “confirmando el aprovechamiento ilícito de recursos públicos”. En definitiva, el informe ve una “operativa de prevalimiento y fraude orientada a la transformación de activos personales con fondos del erario” (de ahí que le impute indiciariamente un presunto delito de blanqueo de capitales).

Miguel Ángel E. T. compró en 2020 una vivienda en “ruina técnica”, construida en 1900 y con una superficie de parcela de 115 metros cuadrados, por 15.000 euros, sin que conste movimiento bancario alguno en sus cuentas que justifique su adquisición, por lo que “se desconoce” el origen de esa cantidad.

La ejecución de la reforma se hizo a cargo de la empresa Hermanos Tronchoni Navarro SLU, adjudicataria de 19 contratos de la Guardia Civil por un monto total de casi 100.000 euros. La firma usó una “infrarepresentación de costes masiva” (declaró 15.919 euros a pesar de que, según la tasación pericial de Antifraude, el valor real de la obra fue de 104.505,35 euros).

Además, “la vivienda fue acondicionada por una red de contratistas recurrentes de la Guardia Civil”, afirma el informe de Asuntos Internos. Cinco de los siete proveedores de la reforma (de rejas, ventanas, armarios, muebles de cocina y salón o de aire acondicionado) no recibieron abono alguno por parte del teniente coronel. Por el contrario, fueron adjudicatarias de un total de 102 contratos públicos.

“La reformamos y a ganar dinero”

La segunda vivienda en el mismo municipio (en “claro estado de deterioro”) fue adquirida un año más tarde, en 2021. Se trata de un inmueble construido en 1910 en una parcela de 150 metros cuadrados y adquirida por un total de 12.000 euros (2.000 euros fueron entregados en efectivo en concepto de arras), con un “componente especulativo” para su reventa tras la “reconstrucción casi total”. En una conversación intervenida en el marco de la investigación, el teniente coronel afirmaba ante su familia: “La reformamos y a ganar dinero... Luego la vendemos”.

Asuntos Internos detectó que la vivienda, una vez reformada, fue finalmente puesta a la venta en un conocido portal inmobiliario por 115.000 euros. De nuevo, el informe destaca que fue adquirida originalmente con fondos de origen desconocido, a tenor del análisis de las cuentas bancarias del investigado.

Los proveedores de la reforma sumaron 66 contratos públicos durante las obras privadas en el inmueble adquirido por el teniente coronel. La valoración pericial de la vivienda reformada cifró su valor en 67.428 euros (en ese periodo la empresa Hermanos Tronchoni Navarro SLU se hizo con 25 contratos públicos por un importe de 92.295 euros).

La tercera vivienda, un corral de uso industrial en una parcela de 115 metros cuadrados construido originalmente en 1898, fue adquirida en 2021 por el teniente coronel y su esposa, Subirana P., por un precio de 3.000 euros, abonados íntegramente en efectivo, siguiendo el “mismo esquema de irregularidad financiera y aprovechamiento directo de fondos públicos”, según Asuntos Internos. Se repitió el “patrón” de las reformas anteriores, esta vez con trabajos encargados a Gustavo William R. R.

Cuando la Guardia Civil registró la vivienda reformada se topó con enseres cuyas facturas originales de una conocida superficie comercial habían sido cargadas al erario. El investigado abonó 2.500 euros por los trabajos de reforma, a pesar de que la valoración técnica los cifró en 4.243 euros.

Sobrecostes por “puertas inexistentes”

Los fondos, presuntamente, fueron birlados al presupuesto de la Guardia Civil para obras en sus instalaciones. Antifraude también analizó los “sobrecostes sistemáticos” en los contratos de obras ejecutadas en varios acuartelamientos del Instituto Armado.

En el cuartel de Benimaclet, sede de la VI Zona de la Guardia Civil, detectaron sobrecostes “extremos” de un 348%, mientras que en las viviendas logísticas del edificio de Fuente de San Luis, también en València, fue de un 72% (entre actuaciones en el subsuelo no verificables o “puertas inexistentes”).

En la residencia de descanso Almardá de Sagunt, la AVA destapó sobrecostes del 122%, con facturación de desbroce sobre arbolado “inexistente”.

Asuntos Internos constata un “entorno de impunidad” propiciado por el teniente coronel Miguel Ángel E. T., con facturación de “actuaciones repetidas o concurrentes” o un “excesivo número de horas de trabajo respecto a la entidad real de las obras”, entre otros mecanismos para hinchar el fraude cometido contra el Instituto Armado.

La vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, abandonó la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, a pesar de que se temía seriamente por la situación de 80 niños de un centro de menores situado en Alborache, un municipio de la comarca de la Hoya de Buñol del que “[la presa de] Forata está cerca”, tal como advertía el secretario autonómico Ignacio Grande en un mensaje de WhatsApp, al que ha tenido acceso elDiario.es, que consta en el sumario de la causa de la dana.

En el diálogo (reproducido íntegro al final de esta información), Camarero preguntó a su interlocutor a las 17.17, prácticamente al inicio de la reunión: ¿“Han dicho que hay 100 personas en tejados?”, en referencia a la situación en Utiel expuesta por el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset. “Sí”, contestó Grande con tres emoticonos de caras de preocupación. “Qué barbaridad”, apostilló.

La vicepresidenta, a las 17.24, reconoció: “Alborache me preocupa”, en referencia al centro de menores de la Generalitat. “Están nerviosos. Los de Alborache”, respondió el secretario autonómico. “Pues ahora te llamo al terminar. Pero pásame datos y teléfono del centro”, solicitó Camarero a su alto cargo.

Un minuto después, a las 17.25, Ignacio Grande escribió: “[La presa de] Forata está cerca de Alborache”, con los mismos tres emoticonos de preocupación.

La reunión del Cecopi trataba en ese momento la delicada situación (advertida por la Confederación Hidrográfica del Júcar) en la infraestructura hidráulica, que amenazaba con una catástrofe descomunal en caso de colapso.

Susana Camarero preguntó a su secretario autonómico:

—¿Cuántos niños tenemos?

—80.

—¿Buscamos alternativas para meterlos? Llamar [para] que nadie salga sin que lo establezca Protección Civil.

—A ver qué localidades dicen que hay que evacuar.

Mientras se producía esa conversación entre Camarero y Grande, la vicepresidenta se desconectó de la reunión del Cecopi, a pesar del potencial peligro en relación con el centro de menores, para asistir a un acto de entrega de premio organizado por la patronal, tal como reveló este diario. La entonces 'número dos' del Consell de Carlos Mazón apenas permaneció 38 minutos conectada a la reunión de coordinación de la emergencia, según indica la documentación que consta en el sumario.

Susana Camarero también aportó a la jueza instructora la relación de llamadas de su móvil corporativo de aquella jornada. La lista indica que, de camino a la entrega de premios, celebrada en la céntrica sede de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Camarero habló por teléfono dos veces con Ignacio Grande (a las 17.39 y a las 17.48) y, justo antes del evento, llamó a una responsable de la entidad patronal.

Previamente a la última llamada a Grande, el secretario autonómico había informado a la vicepresidenta de que en el Cecopi preocupaba la situación en localidades como Montroi, Real de Montroi o Chiva, cabecera del barranco del Poyo.

Al inicio del acto de la CEV, Camarero fue informada de que ni Buñol ni Alborache estaban entre los municipios que el Cecopi se planteaba evacuar. Sin embargo, a las 18.21, mientras la reunión permanecía pausada, Ignacio Grande seguía preocupado: “Pues el pantano de Forata está muy cerca. Aún no han empezado”.

Dos minutos más tarde, la vicepresidenta, que seguía en el acto de la patronal, le escribió a su alto cargo: “Dime qué pasa en Carlet. Que Bea [presumiblemente en referencia a una directora general] se explica mal”. Ignacio Grande contestó que estaba “llamando” para que le explicaran “bien” la situación. Finalmente, averiguaron que la residencia de personas mayores de Carlet (con 280 usuarios) se había quedado sin luz, aunque el oxígeno funcionaba, al igual que los ascensores y la cocina.

Camarero, en su declaración testifical del pasado 10 de junio, explicó que la convocatoria al Cecopi fue genérica para su departamento y que, al irse al acto de entrega de premios, dejó a su secretario autonómico conectado a la reunión mientras ella seguía pendiente de la situación por teléfono. La testigo reconoció que en los 38 minutos que permaneció conectada a la reunión se habló ampliamente sobre la presa de Forata (algo que, después de que este periódico destapara su polémica ausencia, negó a pesar de las numerosas evidencias).

Mensaje de “confinamiento en las plantas más altas”

Los mensajes aportados a la jueza confirman en la reunión de coordinación se acordó recomendar a la población que buscara refugio en altura, a pesar de que finalmente no se hizo. Tras la pausa en el Cecopi, la reunión se reanudó a las 19.11, tal como informó Ignacio Grande a la vicepresidenta. A partir de las 19.16, el alto cargo avisó a Camarero de que el Cecopi había acordado enviar “mensajes” (tanto en medios de comunicación como en “SMS”) a la población de 30 municipios de las comarcas de la Ribera Alta y Baja y de alguno de la Hoya de Buñol.

“Los 30 municipios a los que se va a enviar SMS recomendando el confinamiento son los que están bajo la influencia del pantano [de Forata]”, informó Ignacio Grande a las 19.19. Poco más tarde, a las 19.30, el alto cargo actualizó la decisión del Cecopi: “A [la comarca de la] Ribera Baja también se les va a enviar mensaje [de] que se confinen en las plantas más altas”. “La cosa pinta muy mal”, apostilló.

Los whatsapps incorporados al procedimiento acreditan que el Cecopi acordó recomendar a la población que buscara refugio en altura y, a pesar de ello, el primer Es-Alert, enviado a las 20.11 a los móviles de la provincia de Valencia, no pedía esa permanecer en plantas altas (la jueza instructora considera que el aviso automático fue “tardío” y “erróneo” en su contenido).

“El presidente se ha conectado”

La vicepresidenta llamó a dos participantes en el Cecopi tras el acto de la patronal, según la lista de sus comunicaciones telefónicas cotejada por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), a la que también ha tenido acceso este diario. A las 19.44, telefoneó a Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias.

Y, a las 20.17, llamó a Josep Lanuza, un asesor electoral de Carlos Mazón que acompañaba al president en el coche oficial de camino al Cecopi. En su testifical, Camarero explicó que llamó a Lanuza para contactar con Mazón y dejar así despejada la línea telefónica del jefe del Consell.

Telefoneó de nuevo a Argüeso a las 20.24. Seis minutos después, llamó a Avelino Mascarell, el diputado provincial de Bomberos que participaba en el Cecopi codo con codo con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó.

El “horror” de Paiporta

Mientras Camarero seguía desconectada, el secretario autonómico le dijo a las 20.51: “Acaban de decir lo de Paiporta. Estamos intentando localizar al alcalde. El presidente se ha conectado”. La lista de llamadas detalla las numerosas llamadas que hizo la vicepresidenta en relación con la residencia de Paiporta, en la que hubo seis usuarios fallecidos.

La vicepresidenta se conectó de nuevo a la reunión del Cecopi, apenas un par de minutos, a las 20.58. Luego, a las 22.46, volvió a conectarse ocho minutos. Por su parte, Ignacio Grande seguía informando de la reunión, incluidas las pausas (“De vez en cuando paran”, dijo a las 21.07).

En un mensaje de las 22.39, Grande anunció: “Empieza Cecopi. Está conectado presidente”. Y, por fin, a las 23.12, informó: “Ya hemos contactado con Alborache. Todo bien. Hay luz pero no telefonía”. Más tarde, a las 23.24, Camarero expresó el “horror” que sentía ante un “vídeo de Paiporta”.