Los profesores catalanes han salido este martes a las calles con motivo de una nueva huelga educativa convocada por USTEC·STEs, CGT y La Intersindical, que ha coincidido con el inicio de la selectividad en Cataluña, la llegada de León XIV a Barcelona y una doble caída de la circulación de Rodalies. Una tormenta perfecta que amenazaba con el colapso de la ciudad condal, pero que ha acabado diluyéndose. El primer contratiempo en el sistema de transporte público catalán se ha producido a las 12:20 horas por una «incidencia», según ha informado Adif.

Esta ha afectado a los sistemas de regulación del tráfico y ha provocado la interrupción de la circulación de todas las líneas de la red ferroviaria de Barcelona durante unos 30 minutos. La segunda avería ha sucedido a las 15:14 y ha durado 15 minutos. «La implementación de este nuevo sistema nos está dando algunos problemas», ha reconocido en rueda de prensa la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, tras el Consell Executiu.

Se ha referido, a tal efecto, a la aplicación de un nuevo software de seguridad en el intento del Govern por unificar los centros de operaciones de Renfe y Adif. «Seguro que se corresponde a las incidencias que hemos tenido en los últimos meses desde que se está implementando», ha dicho. En paralelo, en la misma conferencia, Paneque ha hablado sobre la situación educativa que aborda Cataluña en la actualidad.

La portavoz del Govern ha explicado que el ejecutivo catalán quiere afrontar la «inquietud» de los docentes respecto a «la diversidad de las aulas» y que, por eso, mantiene «abierta» la vía de la negociación «sin condiciones». Eso sí, con la idea de aplicar las cláusulas del preacuerdo educativo lo antes posible para empezar el próximo curso escolar con normalidad. Todo ello, al mismo tiempo que más de 45.000 alumnos encaraban el inicio de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) —se han desarrollado «con normalidad» según Paneque— y ocurría la sexta huelga general educativa del curso.

«¿Y ahora qué?»

La visita papal, de hecho, ha marcado la jornada de protesta en varios sentidos: tanto en el discurso lanzado por los sindicatos como en la forma de reivindicación de los docentes. «No habemus acuerdo» o «Bienvenido León XIV, la educación está hecha un Cristo» han sido algunos de los nuevos lemas que se han leído en las pancartas de los maestros. Incluidas las que encabezaron la manifestación unitaria: «Pedimos hechos, no milagros». La CGT, incluso, ha montado un «Mamamóvil».

Diferentes maneras de ilustrar las demandas educativas, pero que evidencian una misma necesidad: «Dignificar la profesión». Así lo ha expresado a este diario José Manuel, docente jubilado, una vez se ha puesto en marcha la concentración en la Plaza España, pasadas las 11:00 horas. Las acciones han empezado a coger fuerza a media mañana, después de que los maestros pactaran comenzarlas a partir de las 9:00, a fin de no perjudicar la llegada de los estudiantes a las PAU.

Así, tras el rechazo al preacuerdo educativo la semana pasada en consulta por parte de varios sindicatos, entre los que se encuentran USTEC y CGT, hay una pregunta que ronda por la cabeza del colectivo: «¿Y ahora qué?». «La gente debe dar sentido a la continuidad y necesita establecer unos nuevos horizontes que ahora no tiene claros», ha declarado a los medios la portavoz nacional de la fuerza mayoritaria entre el profesorado catalán, Iolanda Segura.

Para la representante, estas movilizaciones escenifican que «el sistema educativo no funciona» y por ello ha pedido «un cambio estructural» del modelo educativo. Ha señalado, además, «la gran contradicción» de la Generalitat, porque según la portavoz, el Govern dice que no hay más inversión para esta materia, pero sí para recibir al Papa. Una opinión que ha apoyado el portavoz de la CGT, Isarn Pardes, que ha insistido en la dimisión de la consellera de Educación, Esther Niubó.

«El preacuerdo no es que ofrezca poco, es que no llega ni a los mínimos», ha asegurado a LA RAZÓN Anna, maestra en el Alt Empordà. Ha explicado que trabaja con 27 alumnos «de todas las diversidades» en clase y que a la espera de que lleguen más recursos, siente que cada día tiene estudiantes a los que no puede dedicarles «el tiempo que merecen». A su vez, la manifestación que ha congregado a miles de profesores —6.500 según la Guardia Urbana y 45.000 según los sindicatos— ha seguido su curso, recorriendo la Gran Via hasta llegar a la plaza Tetuán, el Parc de la Ciutadella y culminando en frente del Parlament de Cataluña.

Steven Spielberg siempre ha creído que no estábamos solos en el universo. Es una obviedad viendo su cine. La primera película que hizo tras reventar la taquilla y cambiar las normas del cine industrial de Hollywood con Tiburón fue Encuentros en la tercera fase (1977), una obra maestra donde mostraba cómo sería el primer encuentro entre los humanos y los alienígenas. Había en esta primera aproximación una tónica que se repetiría cinco años después con E.T. El extraterrestre (1982): el alienígena no es una amenaza. 

En Encuentros en la tercera fase la mirada hacia el cielo era casi mesiánica, como si los extraterrestres fueran una deidad que vinieran a explicarnos a nosotros mismos. En E.T. usaba la figura del alienígena para trazar una historia de amistad imposible entre un niño y un alien, alejando la narrativa de la amenaza exterior que llegaba al mundo y lo sometía que había estado habitualmente en películas como Ultimátum a la tierra o La invasión de los ladrones de cuerpos. 

Para Spielberg, cuyo cine está siempre atravesado por la emoción, no había que temer lo desconocido. Por eso sorprendió que en 2005 decidiera hacer una versión de La guerra de los mundos, donde por primera vez en su carrera los alienígenas eran el enemigo, el aniquilador. Muchos vieron en esa época en la filmografía del director las consecuencias de los atentados del 11S en su carrera y en acometer proyectos mucho más oscuros. 

Por ello no parece casualidad que el mismo año rodara Múnich, la que es su película más política, la más adulta, la más compleja y en la que por primera vez fue incluso señalado de antisemitismo por la comunidad judía a la que pertenece al, según ellos, equiparar los atentados de los JJOO de Múnich contra los atletas israelís con los asesinatos en venganza realizados por los agentes secretos de Israel. Parecía que Spielberg había perdido la fe. La fe en Dios. La fe en los alienígenas. La fe en el ser humano. 

Han pasado muchos años. Casi 50 desde Encuentros en la tercera fase, pero también más de 20 desde La guerra de los mundos. El mundo ha cambiado, Spielberg también, y por ello es tan significativo el lugar que escoge para contar su nueva aproximación al universo de los alienígenas en El día de la revelación, su nueva, esperada y maravillosa película. En un mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial —en la película por la tensión bélica entre Corea y EEUU— Spielberg pide recuperar la fe. La fe en los alienígenas como aliados y no como enemigos, y la fe en el cine como forma de abrir los ojos.

Lo hace convirtiendo su película en una metáfora clara sobre la empatía, sobre acoger al diferente, al extranjero, al refugiado. Si la filmografía de Spielberg suele dividirse entre sus proyectos serios y políticos (La lista de Schindler, Múnich o Lincoln) y los divertimentos que hacen que nos maravillemos como niños ante la pantalla de cine (Parque Jurásico o Indiana Jones), El día de la revelación se sitúa en un punto intermedio, siendo quizás su filme comercial más político hasta la fecha.

Spielberg parte de una historia original suya para contar el intento de unos disidentes de desvelar el secreto que una empresa privada y el Ministerio de Justicia, desde tiempos de Nixon, guardan: no solo la existencia de alienígenas, sino que el ser humano los ha torturado, utilizado y hasta expoliado usando su tecnología y conocimientos. La excusa es que el ser humano no está preparado para aceptar que hay un ser por encima de ellos. Entre otras cosas porque el propio concepto de dios y todas las religiones serían, en ese punto, inservibles. 

El acercamiento de Spielberg a este planteamiento se hace aceptando que el ser humano ha cambiado (las nuevas tecnologías, el cinismo, las redes sociales, las fake news) y que todo ello forma parte del caldo de cultivo donde esta revelación debe llegar. La pregunta es clara, ¿compensa arriesgarse a contar la verdad o es mejor agarrarse a lo conocido para no atreverse a un cambio? En el fondo Spielberg no hace más que plantear un viejo debate entre el progreso y lo conservador, que pretende agarrarse a los valores del pasado para no remover las cosas. 

Lo sorprendente en El día de la revelación es cómo Spielberg se atreve a mezclar el cine de persecuciones con el drama íntimo, los cuentos infantiles (con explícita mención a Hansel y Gretel), el thriller político y hasta el cine de posesiones demoniacas para terminar logrando una película tremendamente humana y emocionante hasta la lágrima gracias a un clímax final perfecto, donde un (falso) material de archivo desvela la capacidad del cine de que empaticemos con el otro. Porque esa es lo que busca el cineasta en un filme que concluye pidiendo al espectador un acto que, en estos momentos de gritos, suena hasta revolucionario: escuchar.

Pero ya antes ha mostrado su talento como narrador. Spielberg desvela sus cartas pronto. Comienza El día de la revelación descolocando, poniendo a su personaje principal, un perfecto Josh O’Connor, en lo que en otra película sería su tercer acto: un encuentro para intercambiar el material que ha sustraído a cambio de recuperar a su novia. No hay explicaciones previas. Pone al espectador, y a su protagonista, en el disparadero y de ahí para arriba. 

Su historia se intercala con la de una presentadora del tiempo en televisión que un día comienza a hablar de forma fluida ruso y coreano y da un discurso en un idioma desconocido de sonidos guturales en directo delante de miles de espectadores y a la que interpreta una Emily Blunt que ofrece la que es, probablemente, su mejor interpretación hasta la fecha. Tan divertida como magnética.

La unión de sus dos historias llevará a Spielberg a construir set pieces espectaculares (el coche enganchado al tren, el coche que atraviesa paredes o la escena de la invisibilidad), pero también a ir desvelando los temas que subyacen bajo su cáscara de blockbuster: una reflexión sobre la fe, sobre Dios, sobre la ciencia y la empatía, la verdad y, al final, sobre la fe del cineasta en el ser humano en estos momentos. 

También en una defensa del cine de toda la vida, el que él mismo ayudó a construir y Hollywood ha manoseado hasta pervertirlo. Steven Spielberg nos devuelve la capacidad de maravillarnos en una pantalla grande igual que lo hizo con las películas por las que le colocaron el apodo del rey midas de Hollywood. Cree en un cine grande, espectacular, lleno de imágenes inolvidables pero, sobre todo, con corazón. Ese corazón es el que eleva su filme y lo lleva a un sitio que dignifica el cine popular. En una industria llena de IPs y franquicias, él sigue resistiendo. Spielberg es la paradoja andante: el director que dio las herramientas a Hollywood para destrozar el arte, y el mismo que se resiste a que eso ocurra con sus filmes.

Por ello es hasta coherente que, para lograrlo, recurra a sus colaboradores habituales. Por supuesto a John Williams al frente de una banda sonora que sorprende por su ausencia en las escenas de acción y como gatillo en las íntimas, pero también a Janusz Kaminski a cargo de la fotografía y David Koepp desarrollando una historia del mismo Spielberg. 

Es cierto que el filme se atasca en su parte central en una sucesión de persecuciones que parecen una concesión a la espectacularidad que vende su tráiler (y que se resuelven con algún deus ex machina algo patatero), pero también es cierto que uno no puede más que quitarse el sombrero ante un cineasta que con casi 80 años sigue encontrando decisiones visuales sorprendentes, como ese primer plano de la película de un pie pisoteando la propia cámara, la transición entre la previsión meteorológica y unos cereales cayendo o un plano para el recuerdo en el que la cara de un ciervo da paso, sin cortes, a la de uno de los extraterrestres.

Spielberg ha vuelto a los alienígenas para, irónicamente, hacernos creer en nosotros mismos y en el poder de contar historias. Y lo ha hecho con una película frenética, divertida, emotiva y que esconde en su interior una reflexión sobre el mundo actual mucho más adulta que lo que parece a simple vista.

En mayo de 2021 Rodolfo Reyes, empresario venezolano y por entonces accionista y consejero de la aerolínea Plus Ultra, intentó acceder a EEUU por el aeropuerto de Miami junto a su esposa. Pero las autoridades fronterizas norteamericanas le flanquearon el paso, le retiraron el visado que le permitía acceder y procedieron a subirle en un avión para mandarle de vuelta al destino de origen. No solo hicieron eso, fuentes cercanas al empresario consultadas por elDiario.es indican que fue en ese momento cuando se procedió a realizar una copia de su teléfono móvil.

Ese clonado acabó el 18 de marzo de 2026 en manos de la UDEF gracias a la colaboración policial internacional y sirvió para investigar por tráfico de influencias al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y dado que afecta de lleno a un procedimiento judicial inédito en España, nunca antes se ha investigado a un presidente del Gobierno, cabe preguntarse si esa interceptación del dispositivo por agentes de EEUU se ajustó a derecho.

Según el portal de la US Custom and Border Protection (CBP), que viene a ser un departamento de aduanas y control fronterizo, las leyes y la jurisprudencia de EEUU avalan que se pueda inspeccionar los dispositivos electrónicos que cruzan la frontera con el objetivo de “mantener la seguridad en un mundo cada vez más digital”.

Especifica que todos los viajeros que cruzan la frontera están sujetos a la inspección de la CBP aunque matizan que “en raras ocasiones” se registrará el móvil el portátil, la cámara o cualquier otro dispositivo porque ese tipo de acción va encaminada a “identificar y combatir actividades terroristas, contrabando de drogas, tráfico de personas, contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo, violaciones de los derechos de propiedad intelectual y fraude de visas, entre otras infracciones”.

Esos registros en frontera de dispositivos electrónicos son vitales para conocer la intención de una persona cuando entra en EEUU,s egún la CBP, dado que proporcionan información adicional relevante. Pero advierte de que existen “directrices estrictas” para esas interceptaciones con el objetivo de que se lleven a cabo con “prudencia y responsabilidad”. De hecho, en esa misma página se indica que tan solo se le revisan los dispositivos a un número reducido de pasajeros -en 2025 a menos del 0,01% de los viajeros internacionales-.

Esa fuerza aduanera subraya que las inspecciones de dispositivos se realizan conforme a numerosas leyes federales y reglamentos vigentes, y con el beneplácito de la jurisprudencia aplicable de la Corte Suprema de EEUU y el US Code (Código de Estados Unidos) que “reconoce la autoridad del Gobierno para realizar dichas inspecciones”. Resalta así que todas las personas, independientemente de su ciudadanía, así como todo el equipaje y las mercancías que lleguen o salgan de Estados Unidos, “están sujetas a inspección”.

Prohibido el acceso a almacenamiento remoto

Por otro lado, explica que existen dos tipos de inspecciones, la básica y la avanzada. La primera solo consiste en una revisión por parte del agente del dispositivo pero sin ayuda de ningún equipo externo. En cambio, la segunda supone conectar equipos al dispositivo del pasajero. Esa conexión puede ser con o sin cable y la finalidad es copiar para luego analizar el contenido. Especifica que, en realidad, se considera una inspección avanzada cuando existe “una sospecha razonable de una violación de la ley aplicada o administrada por la CBP o una preocupación de seguridad nacional”. En ese caso, el agente debe requerir la aprobación de un superior (de nivel 14 o más alto) antes de realizar la búsqueda, pero en ningún caso se menciona que sea necesaria la autorización de un juez para llevar a cabo esa diligencia.

La CBP indica, además, que los viajeros compelidos a la inspección deben permitir el examen de sus dispositivos, y que en caso de que ese móvil esté protegido por una contraseña, cifrado u otro mecanismo de seguridad, podrá ser retenido y confiscado. En ese caso, los agentes de aduanas podrán tenerlo en cuenta a la hora de decidir qué medidas legales adoptan contra el pasajero.

En la información facilitada por la CBP se destaca además un hito relevante, y es que los agentes solo utilizarán el código de acceso que sea proporcionado por el dueño del dispositivo cuando sea necesario para realizar el examen, y matiza que solo se puede usar para la búsqueda dentro del dispositivo “y no podrá utilizarse para acceder a información almacenada únicamente de forma remota”.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha emitido una nueva resolución en el marco de la causa en la que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias. Es un auto relevante porque aborda un hito capital en la investigación: acuerda enviar una comisión rogatoria a EEUU para poder usar como fuente de prueba en el proceso penal la extracción del contenido del móvil de Rodolfo Reyes, el empresario venezolano que fue socio de Plus Ultra. Los chats de este empresario fueron claves para sostener el informe de la UDEF que derivó en la imputación del expresidente socialista.

El auto, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso elDiario.es, refleja además un dato clave, y es que ese móvil fue incautado por la Homeland Security Investigations (HSI) en 2021 pero la información no fue trasladada por los servicios norteamericanos hasta el 18 de marzo de 2026. Cinco años después. Fuentes fiscales consultadas explican que se trató de un “traslado espontáneo” de EEUU amparado por los cauces de colaboración internacional entre cuerpos policiales. Y así lo recoge también el instructor en su resolución.

Calama reconoce que el material incautado a Reyes ya “ha sido utilizado hasta la fecha como elemento de investigación”, pero advierte de que dada su relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados, “resulta necesario determinar las condiciones de su eventual incorporación al proceso para poder ser utilizado, en su caso, en el plenario, como medio de prueba con plenos efectos procesales”. Es decir, busca asegurarse de que su contenido pueda ser usado en el juicio y no sea fuente de posibles nulidades futuras.

Explica en los fundamentos del auto que esa cooperación entre policías permitió que la UDEF tuviera en sus manos información relevante sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 “contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas”. Recuerda que esa red usaba empresas pantalla y realizaba operaciones internacionales que incluían sobornos, fraudes y el desfalco de fondos públicos.

El juez apunta que esa investigación transnacional se ha realizado en coordinación con las oficinas de HSI de en Nueva York, Tampa, Miami y Boston, y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal. El objetivo era “identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos”. Indica que una de las líneas se centraba en Rodolfo Reyes, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank. El HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente estaba orientada a ver si participó en contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales. Fue entonces cuando el HSI consideró que podría tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra.

Cabe recordar que el 9 de mayo de 2021, según informó la Cadena Ser y ha podido saber este periódico por fuentes cercanas al empresario, Reyes fue retenido por agencias norteamericanas en el aeropuerto de Miami y, tras un interrogatorio, las autoridades de EEUU decidieron retirarle la visa tanto a él como a su esposa y tramitar la deportación, o devolución, a Panamá. Ahí fue cuando, según estas fuentes, pudo realizarse el volcado de su móvil.

Antes que Calama, la jueza instructora del asunto en los juzgados de Madrid, Esperanza Collazos, ya cursó una Orden Internacional de Detención contra el empresario venezolano. Pero al cambiar el caso de juzgado (pasó a la Audiencia Nacional), la Interpol desactivó la alerta de busca y captura. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 reactivó esa orden internacional el 17 de marzo. Indicaba que le busca por llevarse parte de los 53 millones del rescate a Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Islas Mauricio. El sumario del caso Plus Ultra, al que tuvo acceso este periódico, explicaba que “Reyes y otros gestores de la aerolínea idearon un presunto plan para apropiarse” del rescate público de la compañía. Se considera que parte fue destinado mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo de la que presuntamente formaba parte el antedicho“.

Tanto en el auto de imputación de Zapatero como en los atestados de la UDEF se refieren numerosas conversaciones de Reyes con otros accionistas y con el entorno de la presunta trama con el objetivo de que Zapatero pudiera remar a favor de que la aerolínea consiguiera el rescate público en 2020. Por ejemplo, el 28 de abril de 2020 Reyes expresa a Julio Martínez Sola, entonces vicepresidente de la compañía, que habría conseguido acceso a Zapatero: “Acaba de hacerse el puente con ZP”. A esto, Martínez Sola responde le responde: “Aunque sea pagando un poquitín”.

La familia Trump cree que el mundo entero es su patio de recreo. Hace cinco años, Jared Kushner, el hombre que está definiendo desde las sombras el futuro de Oriente Medio, navegaba plácidamente en yate por el Mediterráneo con su mujer, Ivanka Trump, y con un amigo multimillonario cuando se toparon con una isla salvaje paradisíaca y deshabitada. Y claro, solo pensaron en hacerse con ella y construir un complejo turístico de lujo para ricos.

“Estábamos en el barco de un amigo, paramos para bañarnos y así la encontramos. Nadamos hasta la isla, dimos un paseo descalzos hasta arriba y nos cautivó. Desde entonces se ha quedado en nosotros”, contaba la semana pasada la hija del presidente en una amable entrevista. “Con el paso de los años, desarrollamos la oportunidad para ayudar a alcanzar su potencial y transformarla, pero con mucho cuidado. Es la culminación de toda mi experiencia en el negocio inmobiliario, de mis viajes y mucha reflexión sobre cómo quiero vivir e intentar construir algo que sea una manifestación tangible de todo eso”. Era la isla de Sazan, en Albania, uno de los países con menos renta per cápita de Europa.

Una noche de aquel viaje de verano de 2021 invitaron al primer ministro de Albania, Edi Rama, al yate y poco después ya estaban discutiendo las posibilidades de inversión. Tres años después, el Gobierno de Albania aprobó el proyecto de Ivanka y Jared en zona protegida y Kushner publicó rápidamente en sus redes imágenes del futuro complejo turístico, tal y como hizo con sus sueños de convertir Gaza en la nueva Riviera.

Entre medias, tuvieron que aprobar una ley que permitiera excepciones a la construcción en terrenos bajo protección medioambiental y parques nacionales. En 2024, una nueva ley excluía de la prohibición las “estructuras de excelencia, cinco estrellas o más”. En resumen: prohibido construir a no ser que hagas un hotel de superlujo. 

Entre 1946 y 1991, el dictador Enver Hoxha convirtió Sazan en una fortaleza militar inaccesible para defender al país de posibles ataques de la OTAN o el Pacto de Varsovia. Allí había unas 150 familias de militares y contaba con refugios antibombas, unos 16 kilómetros de túneles y unos 3.600 búnkeres. Según Kushner, algunas de estas estructuras de hormigón se conservarán y se integrarán en su gran proyecto inmobiliario.

Los flamencos estallan

El escándalo estalló cuando los albaneses descubrieron que la maquinaria pesada ya estaba operando en la otra parte del proyecto de Kushner y Trump, alojado en la zona protegida de Pishë Poro-Narta. Allí se produjeron el fin de semana pasado choques entre manifestantes y miembros de la seguridad privada del proyecto, que se llevaron a rastras a algunos de los activistas. Las imágenes desencadenaron protestas aún más grandes en la capital durante varios días. 

Los manifestantes adoptaron el flamenco como símbolo en referencia a las aves que viven en esta zona protegida. En pocos días, la revolución de los flamencos ha conseguido que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado de Albania haya tenido que abrir una investigación formal del caso. Miles de albaneses han conseguido lo que ni siquiera la UE fue capaz de hacer. En su informe de 2026 de Albania, el Parlamento Europeo pidió explícitamente la suspensión de la polémica ley que permite construir en espacios protegidos. Por su parte, la Comisión Europea advirtió en mayo que estaba siguiendo de cerca el caso y recordó al Gobierno de Albania que para cerrar el capítulo 27 de las negociaciones de acceso, relativo a la regulación medioambiental, la UE tiene que probar que el país en cuestión puede gestionar áreas protegidas.

“Por lo general, el hecho de que los ricos puedan salirse con la suya se suele ocultar tras un discurso sobre el interés público, situaciones extraordinarias y cosas por el estilo. Que se establezca expresamente en la ley que los complejos turísticos de lujo están exentos es realmente sorprendente”, decía a la CNN Ariel Brunner, director para Europa de la organización BirdLife. “Este es uno de los textos legislativos más brutales que he visto en el ámbito medioambiental a lo largo de mi carrera”, aseguraba.

Mientras tanto, Rama, irritado por las protestas, insiste en que las obras aún no han empezado y que se realizará una evaluación de impacto medioambiental. “[El proyecto] no echará cemento sobre las cabezas de los flamencos”, sino que demostrará que el desarrollo urbanístico y la naturaleza “pueden coexistir”, se escudó. Sin embargo, según alertan las organizaciones ambientalistas que están siguiendo las obras, “el daño ecológico es grave y, en algunos casos, ya es irreversible”.

Cómo Serbia expulsó a Kushner

Lo de Albania no es una excepción, es el modus operandi de Kushner y la familia Trump. El yernísimo ya puso la mira sobre los restos del histórico edificio del Ministerio de Defensa de Yugoslavia, destruido en el bombardeo ilegal de la OTAN en 1999. Las autoridades serbias habían decidido no restaurar la única obra de Belgrado del arquitecto modernista estrella de Yugoslavia, Nikola Dobrovic, para convertirlo en monumento a la memoria de la campaña de la OTAN, que dejó alrededor de 500 civiles muertos. El objetivo era levantar un nuevo Hotel Trump de lujo. 

Con dos edificios altos y escalonados enfrentados a un lado y al otro de la calle, el complejo representa el cañón del río Sutjeska, donde los partisanos derrotaron a las fuerzas alemanas e italianas en una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial para Yugoslavia.

El hecho de que los ricos puedan salirse con la suya se suele ocultar tras un discurso sobre el interés público, situaciones extraordinarias y cosas por el estilo. Que se establezca expresamente en la ley que los complejos turísticos de lujo están exentos es realmente sorprendente

Ariel Brunner — Birdlife

En noviembre de 2025, el Parlamento aprobó una ley para autorizar el proyecto de Kushner por su “importancia para la República de Serbia” pese a su protección. En un acuerdo secreto filtrado a la prensa, el Gobierno de Serbia había creado una empresa conjunta con Kushner en la que este último tenía el 77,5% y Serbia, el 22,5%. El Ejecutivo se comprometía también a retirar su protección como bien cultural y garantizaba un alquiler gratuito del terreno durante 99 años. El resultado: el ministro de Cultura está siendo juzgado por abuso de su posición por retirar el edificio de la lista de patrimonio cultural para facilitar su entrega a la familia Trump. Kushner se vio forzado a retirar su proyecto “por respeto a los ciudadanos de Serbia y la ciudad de Belgrado”.

“La respuesta de las autoridades al procesamiento del ministro no fue reforzar la independencia judicial, sino aprobar con carácter de urgencia un paquete de controvertidas reformas judiciales a pesar de las repetidas advertencias de la Unión Europea de que podrían socavar la autonomía de la Fiscalía y del Poder Judicial”, me cuenta desde Belgrado Nemanja Štiplija, fundador del think tank Centro de Política Contemporánea y editor del portal European Western Balkans. “En la práctica, los fiscales que habían llevado estos y muchos otros casos delicados fueron destituidos”, señala.

Štiplija explica que las implicaciones del proyecto de Belgrado han sido y son enormes pese a que Kushner lo ha retirado. “El caso en Serbia no se limitó a la retirada de un inversor, sino que puso de manifiesto los límites del sistema informal de control político, desencadenó una reacción institucional por parte de la Fiscalía, provocó una nueva oleada de retrocesos judiciales y dañó aún más el proceso de adhesión de Serbia a la UE y su acceso a la ayuda financiera de la Unión”, dice.

“El caso albanés guarda un gran parecido con el del Estado Mayor serbio en el sentido de que ambos proyectos están vinculados a Affinity Partners, la empresa de Jared Kushner; ambos afectan a bienes públicos de gran sensibilidad; y ambos han suscitado dudas en torno a la transparencia, el interés público, la captura institucional y el posible abuso de los procedimientos legales”, me dice el experto. 

“En Serbia, la cuestión central fue la retirada de la protección del patrimonio cultural de un complejo de importancia histórica y simbólica en Belgrado. En Albania, la cuestión central es la protección medioambiental de Sazan y la zona de Vjosa-Narta. La diferencia es que en Serbia el proyecto fracasó tras la oposición pública y los procedimientos judiciales contra los funcionarios. En Albania, el proceso sigue en curso, con protestas crecientes, una investigación de la Fiscalía y advertencias directas de la UE”.

“En ambos casos, sin embargo, la esencia es la misma: un proyecto de inversión con privilegios políticos ha puesto de manifiesto la debilidad de las instituciones y ha demostrado lo rápido que las obligaciones de adhesión a la UE pueden materializarse cuando las autoridades nacionales intentan eludir el Estado de derecho”, concluye. Esto último, quizá, es el lado bueno de la historia.

Ahora, pocos meses después del lío en Belgrado, los flamencos de Albania están a punto de echar a Kushner del país en otro revés en los Balcanes. Mientras tanto, el yerno de Trump sigue ejerciendo de diplomático no oficial de EEUU y dando forma a Oriente Medio para normalizar la ocupación israelí de Palestina, así como sus asentamientos y los asesinatos constantes en Gaza pese al acuerdo de alto el fuego que él mismo presumió de haber diseñado. 

Kushner ignora a las víctimas palestinas mientras piensa en sus proyectos inmobiliarios del lujo.

Tienes que escuchar...

La Kufiya Árabe, de la rapera palestina Shadia Mansour. Es un tema viejísimo, pero ahí lo dejo para quien no lo conozca. Un pequeño homenaje a ese padre que este fin de semana abrazaba con lágrimas en los ojos el cadáver de su bebé de siete meses asesinado por soldados israelíes en Cisjordania en un puesto de control en Hebrón.

“El soldado me hizo señas para que me detuviera. Detuve el coche por completo y levanté las manos sobre el volante. Inmediatamente después, abrieron fuego contra el vehículo”, denunciaba el padre del bebé, profesor en la Universidad de Belén. 

Nuestro pañuelo, lo quieren

nuestra cultura, la quieren

nuestra dignidad, la quieren

todo lo nuestro, ¡lo quieren!

Gracias por llegar hasta aquí.

¡Hasta la semana que viene!

La magistrada de la Audiencia Nacional Francisca María Ramis Rosselló ha emitido un voto particular contrario a la resolución de sus colegas jueces en el que sostiene que la entrada y registro en la sede de la acerera vasca Sidenor sí era necesaria porque, con esa diligencia, España cooperaba con la Corte Penal Internacional (CPI) en la investigación abierta por ese organismo para esclarecer si se han cometido crímenes de lesa humanidad en Gaza.

En el auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional —presidida por Teresa Palacios—, al que ha tenido acceso elDiario.es, las magistradas acordaban estimar el recurso del presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, contra la decisión del juez instructor de investigar otras operaciones de venta de acero para la fabricación de armamento a distintos países, algunos no pertenecientes a la Unión Europea, como era el caso de Vietnam. Así, revocaban esa resolución del magistrado Francisco de Jorge, como ya habían hecho con anterioridad con la entrada y registro en Sidenor, que tuvo lugar en febrero de este año. “Se corría el riesgo de practicar una investigación prospectiva”, destacaban.

Pero la magistrada Ramis Rosselló, en su voto, recuerda que el hecho de que sea la Corte Penal Internacional la competente para perseguir y enjuiciar el delito de lesa humanidad y el delito de genocidio en relación con altos cargos militares y políticos israelíes “no desplaza la competencia funcional de España para cooperar, asegurar y preservar” toda prueba que pueda ayudar en esa investigación. “La CPI ejerce una jurisdicción plenamente válida sobre los crímenes cometidos, en este caso concreto en Gaza, y su investigación complementa la labor del Tribunal Internacional de Justicia centrada en la responsabilidad de Israel como Estado”, añade.

Y subraya que la cooperación de otros estados es determinante porque cada uno, en el marco del Estatuto de Roma, “tiene la obligación jurídica de cooperar con la Corte Penal Internacional”, no como gesto político, sino en cumplimiento de la obligación internacional. Entiende la magistrada que en el caso de España, y más en concreto de la Audiencia Nacional, debe “facilitar pruebas, información y asistencia judicial”.

Al hilo, recuerda que si bien la modificación de la norma que acotaba los casos de justicia universal limitaba la participación de este tribunal especial a determinados vínculos de conexión, esta restricción solo afecta a la posibilidad de enjuiciar el asunto en España. Así, no altera en modo alguno la capacidad de cooperar con la Corte Penal Internacional. Y por eso considera que las diligencias acordadas por De Jorge en la causa que abrió tras la querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa deben entenderse como un “acto de cooperación”.

Cabe recordar que tanto la Fiscalía como la defensa de Jainaga interpusieron recursos pidiendo la nulidad de los registros y el análisis de los hallazgos de otras operaciones de venta de acero. Pero la magistrada recuerda al Ministerio Público que la Fiscalía General del Estado (FGE) en un decreto de septiembre de 2025 decía que en España “resulta legítimo abrir diligencias preprocesales para preservar e integrar prueba en un marco procesal que haga posible su utilización posterior por jurisdicciones internacionales”.

Además, la magistrada entiende que en el contexto internacional descrito en la querella, y en atención al Estatuto de la Víctima, sí concurría el requisito de perseguibilidad y, por tanto, no se podía negar legitimación ni a la asociación como acusación popular ni al médico gazatí que se personó como acusación particular y que finalmente fue expulsado de la causa por la Sala de lo Penal.

“Indicio potentísimo”

Vuelve a incidir en que los registros fueron una medida proporcional porque el delito de contrabando de materiales destinados a la fabricación de armamento “resulta especialmente sensible en el contexto internacional en que se ha producido”. “Da al contrabando una dimensión que excede de la defraudación a los intereses del Estado y, por lo tanto, la utilización del registro domiciliario como medida de investigación resultaba proporcionada a la gravedad de los hechos”, concluye.

Para finalizar, la magistrada incide en que los autos de De Jorge recogían indicios del delito de contrabando y del delito de complicidad en el delito de lesa humanidad o de genocidio. Y recuerda que se apoyaba en un oficio de la Comisaría General de Información de septiembre de 2025 relativo a la exportación de 42 partidas de acero no aleado a la empresa israelí IMI Sistems LTD con pleno conocimiento de que este es un fabricante de toda clase de armamentos.

Añadía que ese es un “indicio potentísimo” que se da en un momento y contexto muy específico, esto es, “los acontecimientos producidos en Gaza, la apertura de diligencias ante el TPI, y las denuncias de genocidio contra Israel por presunto delito de genocidio”.