Elisa Mouliaá, la denunciante de Íñigo Errejón por un delito de agresión sexual, planta hoy por tercera vez al juez Arturo Zamarriego que tramita la querella que le puso el expolítico por un delito de calumnias.

Después de que ella le acusase públicamente de haber extorsionado a una testigo que declaró en la causa que mantienen abierta por un delito sexual y en el marco de la que el juez Adolfo Carretero llegó a dictar la apertura de juicio oral contra Errejón.

La actriz se mantiene fiel a su decisión de no comparecer este lunes en que está citada a declarar por el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, alegando que estará entre Dubái y distintas zonas del Mar Rojo, «trabajando bajo un contrato profesional internacional firmado el pasado 8 de junio».

El magistrado Arturo Zamarriego le advirtió de que si no asistía a este tercer requerimiento, se enfrentaba a que pueda acordarse «su detención y traslado a esta sede», de los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid), «con deducción de testimonio por si los hechos fueran constitutivos de un delito de desobediencia a la autoridad judicial», tal y como consta en una providencia del pasado mes de mayo.

Será la tercera vez que se ausenta, tras cambiar hasta en dos ocasiones de abogado en esta causa que nació por una querella que interpuso en su contra el que fuera portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados.

El magistrado Zamarriego tomó esta determinación tras recibir un informe médico forense en que los peritos del juzgado resolvieron que Mouliaá «presenta adecuada capacidad para declarar» en calidad de querellada.

Pues bien, Mouliaá y su última letrada, Yurena Carillo, decidieron presentar una recusación contra el juez Zamarriego en la que inciden en que «concurren circunstancias objetivas que comprometen gravemente la apariencia constitucional de imparcialidad judicial». A su parecer, porque el instructor no ha tenido en debida cuenta que «ostenta una condición de denunciante» en el otro procedimiento en que está ya acusado Errejón.

El magistrado rechazó, este pasado viernes, el intento de recusación porque «es un eslabón más en la estrategia procesal que viene siguiendo para no comparecer y ser oída». Las «causas invocada» por Mouliaá son –para Zamarriego– «responden a construcciones artificiosas que no tienen respaldo en la ley».

Hasta en dos ocasiones distintas a lo largo de estos meses, la intérprete se ha ausentado de su cita con el magistrado, alegando que se encuentra de baja médica y laboral y defendiendo que tiene derecho a no tener que coincidir en el mismo espacio con su supuesto agresor sexual.

Tras no asistir a su declaración por segunda vez, el juez Zamarriego envió un médico forense adscrito a su tribunal para evaluar si se encontraba o no en condiciones de contestar a las preguntas del instructor. El perito judicial dictaminó que no existía ningún impedimento para que cumpliese con su llamada.

Una vez el juez la citó, finalmente, para este lunes, con advertencia de que podía ser trasladada hasta Plaza de Castilla por agentes policiales, su nueva abogada sostuvo que era una medida de carácter «desproporcionado» y que Mouliaá está constitucionalmente amparada para no prestar declaración y, de hacerlo, existen –según Carillo– otros medios alternativos para recoger su testimonio que evitarían su revictimización, que a lo que –sostiene la abogada– se enfrenta.

El juez Zamarriego tampoco accedió a su petición de que dictase el sobreseimiento de esta causa paralela por calumnias, puesto que lo estimó «extemporáneo procesalmente», al no haberse practicado por el momento ninguna de las mínimas diligencias de investigación pertinentes que dicta la legislación.

En un extenso escrito de alegaciones, su representante legal no ve procedente que el juez haya ido «manteniendo nuevas citaciones y apercibimientos coercitivos», «pese a la existencia de documentación médica ya aportada y a las objeciones formuladas respecto de la proporcionalidad de las actuaciones».

Su abogada en este procedimiento que impulsó contra ella el que fuera portavoz parlamentario de Sumar insiste en la tesis de que «la acumulación progresiva de medidas coercitivas, la utilización de apercibimientos propios de supuestos de resistencia contumaz y la evolución material del procedimiento» implican a «una fundada percepción de pérdida de neutralidad y de tratamiento procesal excepcionalmente gravoso».

Así la instrucción supone una «presión procesal extraordinariamente intensa y potencialmente revictimizadora respecto de una persona que simultáneamente ostenta la condición de denunciante en la causa principal aún no definitivamente resuelta», en referencia al proceso en el Errejón se enfrenta al banquillo de los acusados por presunta agresión sexual a la actriz.

Pablo Iglesias afronta una serie de problemas judiciales vinculados a las publicaciones del medio digital que dirige, «Diario Red», y su vinculación al grupo de tuiteros autodenominado «Redbirds» (pájaros rojos, en español), al que la Justicia investiga en dos causas distintas por la práctica conocida como «doxeo», que consiste en revelar la identidad de la persona que está detrás de una cuenta que opera en redes sociales bajo un alias o pseudónimo.

Hoy mismo, el que fuera vicepresidente segundo del Gobierno está citado para mantener una audiencia previa a la celebración de un juicio en relación a la demanda que interpuso en su contra el exconcejal del Partido Popular (PP) en el municipio pacense de Peraleda del Zaucejo (465 habitantes) Gabriel del Rey Solomando.

A este antiguo edil popular se le acusó en un artículo publicado en su medio de «traficar con odio», de «implementar campañas de desinformación», incitar expresamente a la violencia o se publicaron imágenes de su cara sin consentimiento acompañadas del calificativo político peyorativo «ultraderecha», según consta en la demanda a la que tuvo acceso LA RAZÓN. Del Rey le reclama a Iglesias, al autor de la pieza (Isidro Román Cuesta) y a la sociedad limitada propietaria de «Diario Red», Agitprop Comunicación y Análisis Político el pago de una indemnización de 90.000 euros por haber vulnerado su derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.

En la vista de hoy, que se celebra en el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Córdoba, se pondrá sobre la mesa la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre ambas partes. Si no se produce, se fijarán las condiciones en que se desarrollará el hipotético juicio, tales como las pruebas documentales o testificales a practicar.

El que fuera líder de Podemos y el resto de demandados son representados en este procedimiento por dos letrados vinculados al partido, Jaime Montero Román (forma actualmente parte del equipo legal de la formación morada) y Gorka Ander Velle Bergado. Este último, de hecho, fue asistente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

Pero es que se da la circunstancia de que el abogado que representa a este expolítico popular de Badajoz, Jesús Santorio, mantiene, por su lado, otro litigio contra Iglesias y la agrupación de tuiteros conocida como «Red Birds», en relación a que destaparon que era el propietario de la cuenta de «X» @SrLiberal. Fue en agosto de 2025 cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles (Comunidad de Madrid) abrió diligencias previas contra el exvicepresidente de Pedro Sánchez, su medio, un colaborador y otras cuatro personas por los delitos penales de descubrimiento de secretos, asociación ilícita, acoso digital y discriminación.

Este pasado martes, este profesional de la abogacía acudió al tribunal mostoleño para ratificarse en su denuncia, tras haber sido citado por la instructora.

En el marco de este procedimiento judicial, el fundador de Podemos fue señalado en un informe de la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional. Concretamente, los agentes recogen que Iglesias compartió el 8 de mayo de 2025 a través de su perfil de «X» un artículo que se refiere a Santorio como «el abogado fascista tras la cuenta de @SrLiberal». Tras analizar la publicación en cuestión, la Policía identificó la existencia de una «discriminación indirecta o contextual, por el efecto social que este mensaje puede ocasionar identificando plenamente a la persona con nombres y apellidos» y utilizando «términos como ‘fascista’ y ‘ultraderechista’ como una etiqueta de exclusión social produciéndose una estigmatización totalizante».

El contexto del tuit de Iglesias –siempre según los expertos del equipo de extremismo violento y odio– «multiplicó el impacto del mensaje, facilitó su viralización mediante interacciones de terceros (comentarios, compartidos, citas) y aumentó el riesgo de señalamiento, estigmatización y hostigamiento de la persona identificada nominalmente (el abogado Santorio)». Lo que implica también una que se acabó «intensificando el daño reputacional y social derivado del contenido» de la publicación compartida por el exdirigente morado.

La Policía Nacional puso en valor ante la jueza María Inmaculada González que el perfil de Iglesias en «X» tiene dos millones y medio de seguidores, siendo esta cuenta una con «gran alcance, incrementando con ello la capacidad de señalamiento, exposición pública y hostigamiento público».

El tuit que le dedicó al artículo que desvelaba la identidad de Santorio como @SrLiberal, destacan los investigadores, «tiene 47 comentarios» y fue «reposteado» en 788 ocasiones. Acumuló un total de 1.400 me gusta y fue guardado o marcado 25 veces por terceros usuarios de la mencionada red.

En el mensaje compartido, Iglesias daba las gracias al autor del texto y del «doxeo» por el «tremendo trabajo» llevado a cabo y ahora bajo el ojo de la Justicia. Celebraba que se había podido «desenmascarar a @Sr.Liberal» y a otros perfiles vinculados, según él, a las ideas de extrema derecha.

El «caso Leire Díez» ha consolidado las dudas sobre la financiación ilegal y la «caja B» del PSOE. Ya adelantábamos en este periódico la semana pasada que el levantamiento del secreto de sumario del «caso SEPI, del que deriva el «caso cloacas», preveía ser un nuevo clavo judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez. Porque, si por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha conocido que el partido del Ejecutivo financió parte de la actividad orquestada para desestabilizar las causas judiciales que le cercan, se podría dar veracidad –a la espera de que se pronuncie la Justicia– a las pruebas que el comisionista Víctor de Aldama aportó en la Audiencia Nacional sobre la presunta financiación irregular de la formación.

La mayor parte de los comportamientos delictivos que el empresario ha ido señalando han terminado por tener un respaldo policial y jurídico. El comisionista entregó al juez instructor del «caso Koldo» –el magistrado Ismael Moreno– y a la Fiscalía Anticorrupción el pasado mes de marzo el «famoso» sobre que le había supuestamente dado la entonces vicepresidenta ejecutiva de Venezuela Delcy Rodríguez con el membrete de PDVSA, la empresa estatal de petróleo venezolana, y que probaría,a juicio del empresario, una presunta «caja B» del Partido Socialista. Según explicó Aldama, el contenido del sobre solo es un único documento relativo a un cupo de petróleo que tendría que correspondería con el relato del empresario sobre aportaciones a Ferraz y la Internacional Socialista.

Pero esta no es la única referencia que el comisionista de la trama ha hecho respecto a la posible existencia de una «caja B» del PSOE. En su declaración ante el Tribunal Supremo, el pasado mes de abril, Aldama señaló que el exasesor ministerial Koldo García le pedía que consiguiera «donaciones» de constructoras para la «financiación del partido».

Al hilo de esto, cabe no olvidar que le exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán está imputado por el presunto amaño de obras públicas, a cambio de «mordidas».

En esa misma comparecencia ante el alto tribunal, el comisionista llegó a desmenuzar la cantidad exacta que el partido del Gobierno habría ingresado a su caja contable con las comisiones que la «trama mascarillas» habría entregado: un total de 1,8 millones de euros.

Todas aquellas declaraciones del empresario cogen ahora más forma después de conocer que la trama de las «cloacas» encabezada por Cerdán, Díez, y otros tantos miembros, se valía de la logística del PSOE para poner en marcha su actividad presuntamente delictiva. En concreto, entre los pagos que están bajo sospecha tras los registros efectuados por la UCO en la sede de Ferraz y en otros puntos de interés estarían los 4.000 euros mensuales que la exmilitante Díez habría cobrado por tratar de destruir «cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno».

Se trata de unos montos de dinero que la «fontanera» habría recibido a través de la consultora del exvicepresidente socialista de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y de sociedades ligadas al letrado Ismael Oliver Romero. Para ello, contaban con el beneplácito de la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, también imputada en el procedimiento, que se encargaba de emitir órdenes de encargo sobre las que elaboraba «mendaces facturas» para permitir la transferencia de fondos a Leire Díez.

Otro de los pagos que está bajo el foco de los investigadores es el que la trama destinó a un medio de comunicación vinculado con los miembros de la presunta organización criminal en el marco de una campaña de publicidad de las elecciones europeas del año 2024.

En el sumario del caso se expone que, poco después de la primera reunión de las «cloacas» en Ferraz en abril de 2024, el partido hizo llegar a Crónica Libre una cuantía cercana a los 20.000 euros y que fue supuestamente Ion Antolín, entonces jefe de prensa del PSOE, el encargado de gestionar esta operación.

Este periódico adelantó también la semana pasada que hubo una persona ajena a los miembros de la considerada como organización criminal que les avisó de que ese pago sería «ilegal». Tanto es así, que llegó a aconsejarles que declararan ese pago a Hacienda para no tener «líos».

Hay, no obstante, otra cantidad de dinero en el punto de mira. Según las indagaciones realizadas por la UCO, el letrado que ejerce la defensa de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, cobró del PSOE «al menos, 125.000 euros» hasta que el exsecretario de Organización fue imputado en una pieza del «caso Koldo», en junio de 2025.

Mientras, el abogado, según pudo saber este periódico, sostiene que ofreció asesoría jurídica a la formación socialista de manera completamente legal y de una forma que está correctamente documentada, pero la UCO apunta a que los pagos «quedaron amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz, cuya confección no habría resultado posible sin la confección de una nota de encargo por Díez a través de Cerdán y rubricada en última instancia por Fuentes, en calidad de directa gerente federal del PSOE».

Por otro lado, hay que tener en cuenta también la declaración en sede judicial de una empresaria imputada en el «caso hidrocarburos», Carmen Pano, que aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo en bolsas de plástico a la sede del Partido Socialista.

En línea con este testimonio, el sumario del «caso Leire» también ha revelado que supuestamente la abogada Leticia de la Hoz, que ejerce la dirección letrada de Koldo García, le ofreció 50.000 euros a cambio de que ésta cambiase su declaración en sede judicial. Esta última cantidad no se sabe si hubiese procedido o no de los fondos de la formación, pero está, en cualquier caso, bajo sospecha de los investigadores, aunque la letrada haya negado este ofrecimiento.

No es de extrañar, por tanto, que el magistrado del procedimiento, Santiago Pedraz, haya accedido a una petición de los agentes para ejecutar una radiografía completa de las cuentas bancarias del partido en los ejercicios 2024 y 2025.

Además, ha solicitado un informe exhaustivo al Ministerio de Hacienda sobre el estado y los movimientos de los productos bancarios del Partido Socialista y de empresas y particulares presuntamente implicados.

El juez del "caso Koldo" ha citado a declarar en calidad de investigado al Guardia Civil responsable de seguridad del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. El subteniente del Instituto Armado tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional el próximo 8 de julio a las 10.30 horas.

Se trata del agente que señaló, en su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo en el "caso mascarillas", al empresario Víctor de Aldama al asegurar que era la única persona que tenía acceso completo al aparcamiento de autoridades del Ministerio de Transportes sin pertenecer al departamento. En esa misma comparecencia, explicó que Koldo García le presentó en alguna ocasión al comisionista de la red.

"Yo, que trabajaba allí, no podía estacionar en el estacionamiento de autoridades. Sin embargo, el señor Víctor Gonzalo de Aldama, sí. Para mí es el único caso que conozco que, no perteneciendo al Ministerio, sí tenía acceso al Ministerio", dijo. "Subía y entraba sin pedir permiso a nadie", añadió.

El agente de la Guardia Civil solicitó que le levantaran la imputación en el marco de las pesquisas, pero tanto el juez como la Fiscalía se negaron al considerarle "vinculado" con Aldama y con Juan Carlos Cueto, uno de los socios del empresario en la mercantil de la trama ,Soluciones de Gestión, que obtuvo más de 50 millones de euros con la venta de mascarillas.

El Ministerio Fiscal respaldó su negativa a que se le levante la imputación en que aún "están pendientes de ser analizados" que los dispositivos digitales que le fueron intervenidos durante los registros en su residencia habitual de la localidad madrileña de Valdemoro y otra que posee en el municipio leonés de Truchas, a donde se desplazaba por el negocio de las pizarras.

Una sociedad, Comercializadora Pizarras Santa Bárbara, que, por otro lado, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió que utilizaban para invertir parte de las supuestas comisiones ilegales que obtuvieron de las adjudicaciones.

Asimismo, la UCO señaló que la relación del "hombre para todo" de Ábalos con este guardia civil era "de máxima importancia" porque "conecta de manera directa el nivel más elevado de la gestión de los contratos" bajo sospecha "con una de las sociedades en las que se ha invertido parte de los beneficios".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado tras un exhaustivo análisis de correos electrónicos y llamadas telefónicas que la asesora de Moncloa Cristina Álvarez contactaba "de forma habitual" con los patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En esas "labores de asistencia" a Gómez en sus actividades privadas, los agentes inciden en que las comunicaciones se centran sobre todo en el desarrollo del software para una plataforma dirigida a las pymes del que supuestamente se había apropiado la esposa de Sánchez pese a que fue costeado con dinero público.

Hasta el punto de que, dadas las "funciones de gestión y auxilio a la dirección de la catedra" que desarrolló, la Guardia Civil le considera "integrada en el equipo de trabajo de la cátedra". "Independientemente de la ausencia de una relación formal con la universidad", queda acreditada que llevó a cabo "una gestión activa" en el marco de la misma, como atestigua el examen de sus comunicaciones.

Así, la UCO ha hallado más de 200 correos en los que -bien como remitente, destinataria o en copia- se aborda el desarrollo del software. Entre otros, un total de 58 correos, entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023, con Deloitte, a la que se adjudicaron dos contratos de consultoría para el desarrollo de esa herramienta digital asociada a la cátedra. Comunicaciones entre las que se incluye, entre otras personas, a la propia Begoña Gómez.

En esos correos se abordan, por ejemplo, cuestiones relativas a reuniones de la cátedra para el proyecto del software (ocho correos entre el 23 y el 30 de noviembre de 2022), reuniones por videoconferencia (cinco correos para esas citas a las que es convocada entre diciembre de 2022 y enero de 2023) o la firma de convenios.

Los agentes contabilizan más de una veintena de correos desde finales de febrero a primeros de julio de 2022 relacionados con el desarrollo de ese software (con copia a la esposa de Sánchez).

95 correos con veinte empleados de Telefónica

En cuanto a los contactos con Telefónica, que aportó "material humano para el desarrollo de un módulo" de esa herramienta digital, el informe de la UCO señala que veinte empleados de la compañía "mantuvieron comunicaciones vía correo" con Álvarez, la mayoría vinculados con el desarrollo de la plataforma digital de medición de impacto social. En total, se intercambiaron 95 correos.

A su vez, Telefónica aportó 66 correos entre el 14 de enero de 2022 y el 1 de marzo de 2023 centrados en la convocatoria de reuniones a través de Zoom para el desarrollo de esa plataforma, entre cuyos destinatarios figura Begoña Gómez pero no su asesora.

Con Indra, figura como destinataria (o en copia) de 37 correos, aunque en la gran mayoría la Guardia Civil no aprecia una "intervención directa" de la asesora en las cuestiones tratadas sobre el software (salvo las gestiones para que Gómez se reuniera con el directivo de la compañía Ángel Bonet.

Con otra de las empresas que colaboraron con la plataforma, Making Science, los agentes han constatado un intercambio de comunicaciones en relación a tres reuniones celebradas entre enero de 2023 y febrero del año siguiente (cuando la sociedad realizó una oferta para una segunda fase del proyecto que finalmente no cuajó).

Los correos intercambiados con las distintas empresas implicadas en el proyecto son numerosos: Google (26 de mayo de 2022 a mayo de 2023); Devoteam (29 comunicaciones para reuniones de seguimiento, a una de las cuales fue convocada Álvarez)

Las llamadas telefónicas

La UCO cumplimenta así el encargo del juez Peinado de julio del pasado año, cuando el instructor encargó a la Guardia Civil el análisis de las llamadas efectuadas o recibidas desde su teléfono móvil con empresas vinculadas a la cátedra que codirigía Begoña Gómez en la Complutense, con la propia universidad y con el empresario Juan Carlos Barrabés y su grupo de sociedades.

Tras analizar la documentación remitida por Telefónica, Vodafone, Indra y Google, entre otras, los agentes concluyen que Cristina Álvarez "formaba parte de forma habitual en diferentes comunicaciones efectuadas con los colaboradores" de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno (empresas que aportaron los correos electrónicos analizados).

Los investigadores no han hallado rastro de llamadas vinculadas con la Organización Mundial del Turismo (OMT), pero si una comunicación de noviembre de 2024 con el Círculo de Bellas Artes, constando en agosto de 2021 la participación de la cátedra en un foro de innovación en artes y humanidades celebrado en la sede de la institución en Madrid.

Cristina Álvarez también se dirigió a dos de las empresas vinculadas a la cátedra, Numintec Comunicaciones (que asumió el pago de 6.000 euros a la cátedra) y Conpymes. Igualmente, constan contactos telefónicos con la Fundación La Caixa, una de las entidades que suscribieron el convenio de creación de la cátedra codirigida por Begoña Gómez, con personal de la Complutense (en particular, con el codirector de la cátedra, José Manuel Ruano), pero no con Barrabés y sus empresas.

Casi un año antes de que el Gobierno de España rescatase, finalmente, al grupo empresarial español de ingeniería y construcción Duro Felguera, miembros de las presuntas «cloacas» del Partido Socialista se reunieron con el que era entonces CEO de la compañía José María Orihuela Uzal y con un expolítico socialista condenado por el «caso ERE».

A principios de abril de 2020, en los peores momentos de la Covid, Orihuela, por parte de Duro Felguera, mantuvo una reunión por Skype con el expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, que había sido cesado en octubre de 2019, tras su imputación en el «caso Aznalcóllar»; con la exmilitante socialista Leire Díez, y con el entonces presidente en funciones del ente dependiente del Ministerio de Hacienda, Bartolomé Lora Toro.

Esa cita, según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes conocedoras del encuentro, estaba dirigida a impulsar la concesión de una financiación pública a Duro Felguera para evitar su supuesta quiebra a consecuencia del parón de la pandemia.

El cuarto asistente a esa cita fue el histórico socialista andaluz Francisco Vallejo Serrano, que fue consejero de la Junta de Andalucía y hombre fuerte de Manuel Chaves. Y quien llegó a ser condenado por el «caso ERE» a siete años de prisión.

Finalmente, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) entregó una ayuda de 120 millones de euros de fondos públicos a Duro Felguera.

Después de que, en marzo de 2021, el Consejo de Ministros así lo acordase en la misma sesión en la que dio luz verde a otro rescate, ahora bajo sospecha de la Justicia. En concreto, el de la aerolínea Plus Ultra, a la que se le transfirieron 53 millones.

Se da la circunstancia de que este pasado lunes, tal y como informó este diario, el titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha citado como investigado a Lora, que aún ejerce como vicepresidente de la SEPI, por un delito de prevaricación administrativa en relación a la concesión del rescate a Air Europa, cuya factura para las arcas estatales se situó en los 475 millones de euros.

La compañía asturiana ha querido trasmitir a este periódico, por su parte, que la actual entidad es completamente «distinta a la de etapas anteriores». «Cualquier hecho que pudiera corresponder a gestiones pasadas deberá ser valorado en ese contexto y por quienes tuvieran entonces responsabilidades. La Duro Felguera de hoy está centrada en su continuidad, en su actividad industrial y en los más altos estándares de gobierno corporativo y cumplimiento normativo», ha explicado.

En cualquier caso, esta no fue la única gestión que las presuntas «cloacas» de Ferraz habrían llevado a cabo en favor de esta empresa de ingeniería asturiana. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil explicó en su último informe que las «cloacas» del PSOE ofrecieron al exfiscal Anticorrupción José Grinda una propuesta por la que se le daba un destino en el extranjero, y la retirada de la demanda que le interpuso una joven por un presunto delito de índole sexual, a cambio de que archivara varios casos judiciales.

Entre ellos, el «caso Duro Felguera» que se sigue en la Audiencia Nacional por presuntos sobornos en Venezuela, vinculado a la adjudicación de una central termoeléctrica durante el gobierno de Hugo Chávez.

Además, hay referencias a la empresa asturiana en la famosa agenda «azul» de Leire Díez, en la que esta escribió: «Duro Felguera como antesala a la que se pueda dar en TTRR», en posible referencia a Tubos Reunidos, también rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez el 20 de julio de 2021 con 112, 8 millones de euros y bajo sospecha de los investigadores por el presunto cobro de comisiones ilegales.

Duro Felguera aparece también en el denominado «caso Koldo». Los investigadores hallaron unos mensajes entre el comisionista Víctor de Aldama y la entonces vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez, donde el empresario trató de negociar con la que fuera mano derecha de Nicolás Maduro un plan de 287 millones para impulsar una central térmica de la compañía en Venezuela a cambio de hierro y oro.

En otros mensajes enviados entre Aldama, el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García, se desprenden referencias también a Duro Felguera: «La deuda que les dejan está en torno a 140 millones. Duro Felguera ofreció poner en marcha las plantas y cobrar en petróleo la deuda, pues no tiene el país recursos financieros, empezaron negociaciones, pero con los acontecimientos de allí el tema quedó paralizado».

Tales eran las negociaciones con la empresa asturiana, que Aldama coordinó un viaje secreto de Delcy Rodríguez a Madrid en enero de 2020, que incluiría una reunión también con el exCEO José María Orihuela.

Al hilo de la planificación de esta reunión, los agentes detectaron también una conversación entre Koldo y Ábalos del 16 de enero de 2020, donde el exministro socialista le remitió una captura de pantalla a su «hombre para todo» de un mensaje privado que le había enviado a Pedro Sánchez sobre ese viaje de Delcy Rodríguez y la deuda de la compañía en Venezuela.

«La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de Comunicación (que es su hermano).

La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda», le escribió Ábalos a Sánchez a lo que este respondió con un simple «bien».

El Gobierno de Pedro Sánchez le concedió finalmente la nacionalidad española al que fue, entre los años 2004 y 2006, viceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, tras la presunta intervención en el procedimiento de las cloacas del PSOE, según han confirmado a LA RAZÓN fuentes gubernamentales.

Además, el Ejecutivo ya ha facilitado al magistrado instructor del caso de las cloacas de Ferraz en la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, la abundante documentación que pidió para poder analizar, con detalle, cómo fue el proceso que culminó en que Villalobos se convirtiese en un súbdito español.

En concreto, el juez Pedraz requirió a la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil (dependiente del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) para que enviase, además del expediente completo con identificación de los funcionarios encargados de tramitar la solicitud, otros datos como los que se pudieron recabar del CNI, Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Así como la «relación total de accesos a través de la plataforma digital habilitada para la consulta del citado expediente durante la tramitación y hasta la actualidad, con identificación de las personas que habrían accedido».

Las cloacas del PSOE también actuaron presuntamente a favor de este ex dirigente chavista que está acusado en la causa contra Duro Felguera por el supuesto pago de sobornos para poder construir una central termoeléctrica en el país caribeño.

Se espera que se siente en el banquillo de la Audiencia Nacional a partir del próximo 19 de octubre. También estuvo implicado en el «caso Columbus». El abogado defensor de Villalobos es uno de los investigados por su presunta pertenencia a las cloacas, Ismael Oliver, al que habría pagado la formación socialista y que representó también al exasesor Koldo García.

Pues bien, según las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, habrían intentado «condicionar la actuación» del que fuera fiscal Anticorrupción al cargo de las mencionadas causas, José Grinda, por dos vías.

Por un lado, «utilizando» el testimonio de la mujer, llamada Miriam Serrano, con la que mantuvo un pleito por delito sexual y, por otro, planteado el pago de 300.000 euros a este miembro del Ministerio Público «por, entre otras cosas, archivar» los procedimientos que afectan a Villalobos, «reconociendo que han sido fruto o consecuencia de actuaciones abusivas».

A cambio, la exmilitante del Partido Socialista Leire Díez habría intentado, a petición del letrado Oliver, que el exviceministro chavista lograra una «pronta resolución del expediente de concesión de nacionalidad española y la titularidad de cuentas bancarias» en nuestro país, «valiéndose de sus contactos».